El espionaje ilegal que cometió el gobierno de Alvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia usando al desaparecido DAS, produjo una drástica condena administrativa contra la Nación.
En un fallo de 36 páginas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el pago de una millonaria indemnización al exmagistrado jefe de las investigaciones de la “parapolítica” Iván Velásquez y a su familia, quienes fueron víctimas de los seguimientos ilegales adelantados por agentes del DAS por órdenes del entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
La historia de los seguimientos a Iván Velásquez comienza, según el exfuncionario del DAS Fernando Tabares, tras una orden del presidente de la República, en ese momento Alvaro Uribe, para que el DAS lo mantuviera informado sobre lo que pasaba en la Corte Suprema.
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A partir de 2006, las relaciones entre la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia se deterioraron por las decisiones de los magistrados frente al escándalo de la “parapolítica”, que llevó a la cárcel a más de 40 congresistas por vínculos con los paramilitares.
El gobierno de la época justificó en su momento los seguimientos a la Corte argumentando que estaban detrás de posibles nexos de algunos magistrados con el narcotráfico, algo que nunca se comprobó, por lo que según el Tribunal, no había ninguna razón legítima para que el Ejecutivo estuviera haciendo inteligencia en el alto tribunal.
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Sobre el caso de Iván Velásquez, el DAS infiltró su esquema de seguridad luego de que uno de sus escoltas se convirtiera en informante sobre movimientos, actuaciones e incluso sobre asuntos íntimos y familiares, según lo que afirmó ante la justicia la llamada “Mata Hari”, Alba Luz Florez Gelvez, motivo que llevó finalmente a la condena contra la Nación.
En contraste, en el caso Tasmania, en el que la subdirectora del DAS viajó a Medellín a escuchar las denuncias de ese exparamilitar contra Iván Velásquez, asunto que fue publicitado por la Presidencia, el Tribunal consideró que en ese caso el DAS actuó dentro de la ley, pues se trataba de afirmaciones muy serias en contra del presidente de la República.
Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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