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Con el espejo de 'Yidispolítica', justicia debe determinar si se repite el escándalo

Bernardo Moreno, “hombre fuerte” del gobierno de Álvaro Uribe, fue detenido anoche en el Quindío, tras la confirmación de una condena de cinco años y siete meses de cárcel en su contra.

Bernardo Moreno Foto: Archivo EFE
Bernardo Moreno
Foto: Archivo EFE

Bernardo Moreno Villegas fue el “hombre fuerte” del gobierno de Álvaro Uribe durante varios años desde la dirección del DAPRE, desde donde tenía el manejo del poderoso “computador de Palacio”, que lleva un riguroso control de la burocracia que entregan los gobiernos a los congresistas, a cambio de apoyo a sus proyectos en el Legislativo.

Moreno fue detenido anoche en el Quindío, tras la confirmación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de una condena de cinco años y siete meses de cárcel en su contra, por el delito de tráfico de influencias, por haber entregado cargos en el Estado a la excongresista Yidis Medina a cambio de que apoyara el proyecto de reelección presidencial de Álvaro Uribe.

En la sentencia, la Corte explicó que si bien Moreno nunca se reunió directamente con Yidis Medina a ofrecerle puestos a cambio de su apoyo para la reelección que finalmente fue aprobada, sí usó su cargo en el gobierno Uribe “para cumplir con las cuotas burocráticas ofrecidas por otros funcionarios a Medina Padilla, como contraprestación por su voto favorable al proyecto de acto legislativo modificatorio de la Constitución Política”.

20 años después, la justicia colombiana afronta el reto de determinar si el escándalo de la “Olmedopolítica” puede considerarse similar al de la “Yidispolítica”, teniendo en cuenta que según los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, ellos habrían entregado dinero en efectivo y contratos a congresistas a cambio de que apoyaran proyectos y solicitudes del Gobierno en el Legislativo.

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Dejando como capítulo aparte la presunta entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, lo que tendrá que determinar la justicia es si el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cometió o no un delito al pedirles a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo que le entregaran contratos a seis congresistas, en medio de múltiples cuestionamientos, presuntamente a cambio de su apoyo a un mayor endeudamiento del Gobierno.

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