Están en un momento clave, los procesos de paz que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro con algunas facciones de las disidencias de las Farc y con el ELN.
Luego de la ruptura de las disidencias que originalmente eran lideradas por alias 'Gentil Duarte' y divididas en dos facciones, el gobierno busca la forma de garantizar la prolongación de un cese del fuego con el grupo cuyos cabecillas son alias 'Calarcá' y alias 'Arbey', que representan cerca del 40 % del total de hombres en armas.
Se están ultimando detalles sobre la forma en que las Fuerzas Militares podrían identificar y georreferenciar 15 zonas del país en las que se mantendría el cese con ese grupo de disidentes que siguen en un proceso de paz con el Gobierno, con el fin de no interrumpir la ofensiva contra las disidencias de alias 'Iván Mordisco', quien lidera una ofensiva terrorista y violenta en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
Sobre el cese bilateral con las disidencias de alias 'Calarcá', crece los reclamos de la población civil porque ese grupo ilegal ha decidido multiplicar sus 'tentáculos' criminales, sometiendo a miles de personas a tener que pagarles extorsión en Huila, Caquetá, Meta y otros departamentos del país.
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Por su parte, las disidencias de alias 'Iván Márquez', que se hace llamar la Segunda Marquetalia, que había anunciado un supuesto cese unilateral del fuego, evidentemente no lo está cumpliendo, tras el asesinato de un militar y de amenazas e intimidaciones a la población civil en Nariño.
Frente al ELN, el gobierno emitió un comunicado el pasado fin de semana advirtiendo que a pesar de la insistencia del Estado, esa guerrilla ha dilatado su decisión sobre si acepta la prórroga de un cese del fuego que está vigente desde hace varios meses.
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A los expertos les inquieta que estos ceses del fuego no hayan sido punto de llegada sino punto de partida de los proceso de paz, toda vez que todavía no hay un compromiso de esos grupos ilegales por abandonar la criminalidad, en todo caso, la actual coyuntura es una buena oportunidad para pedir que funcione efectivamente el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que se denuncien incumplimientos y haya consecuencias.