Asesinato de militares en Antioquia, una muestra de la falta de resultados de la paz total

El asesinato de seis militares en Valdivia, Antioquia, tras caer en un campo minado por presiones del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, muestra una radiografía clara y preocupante de la falta de resultados de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, en medio de la expansión criminal de los grupos armados hacia diferentes municipios y departamentos del país.

Mientras el presidente ofrece de nuevo la rama de olivo al Clan del Golfo para iniciar negociaciones de paz y vuelve a plantear la vieja idea de campaña de promover el “perdón social” vía constituyente, los indicadores de Naciones Unidas confirman el deterioro de la situación humanitaria para centenares de miles de colombianos, víctimas de los grupos ilegales a los cuales el Gobierno dócilmente les tiende la mano.

Según las cifras de OCHA, organización humanitaria de la ONU, entre enero y mayo de este año se reportaron más de 80 mil víctimas de desplazamiento forzoso y confinamientos por combates entre grupos ilegales, distribuidos en 32 municipios de 11 departamentos del país. Esto significa que el número de desplazados aumentó en 36% frente al año pasado, mientras que el número de personas confinadas aumentó en 171% frente al 2023, sobre todo en el suroccidente del país, en el sur de Bolívar y en La Guajira.

De acuerdo con la misma agencia, en los primeros cinco meses del año, las acciones armadas en el país han aumentado en 12%, se reportan 442 homicidios en persona protegida, 26.600 personas amenazadas de muerte, 230 combates entre grupos armados ilegales, 152 víctimas de secuestro, 95 víctimas de atentados y 53 víctimas de minas antipersonales.

Lo más preocupante es que ni el Gobierno ni los garantes de los procesos de paz en marcha parecen interesados en buscar que las disidencias y el ELN dejen de victimizar a la población civil: en las últimas horas se supo que alias “Calarcá”, cabecilla del EMC en Meta y Caquetá, extorsiona y amenaza a los habitantes de San Juan de Arama y otros municipios y otros grupos de disidencias siguen reclutando niños para sus filas incluso utilizando redes sociales.

Es claro que hay que hacer todos los esfuerzos para lograr la paz en los territorios, pero eso no implica que el Estado asuma una actitud temerosa, complaciente e indolente que lleva a que los grupos ilegales repliquen el modelo criminal, ante la ausencia de una respuesta firme de la institucionalidad.