Argumentos de la Procuraduría para suspender al canciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes

La decisión de la Procuraduría de suspender de su cargo por tres meses al canciller Álvaro Leyva por las posibles irregularidades que cometió al suspender la licitación para adjudicar la expedición de pasaportes , produjo una “cascada” de reacciones y un verdadero “terremoto” político.

La determinación está sustentada en un documento de 122 páginas, que está firmado por tres Procuradores de la Sala Disciplinaria, quienes además de dictar la medida cautelar de suspender de sus funciones al Canciller, ante el riesgo de que reitere las mismas conductas en el nuevo proceso licitatorio que prepara la entidad, van más allá y llaman a Álvaro Leyva a juicio disciplinario, es decir, lo lleva ad portas de una destitución, por haber cometido presuntamente dos faltas disciplinarias consideradas como gravísimas.

La “almendra” de la decisión está en que desatendiendo los análisis y las advertencias que hicieron los expertos del Comité de Contratación, el canciller Álvaro Leyva primero, declaró desierta la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes, que tiene un valor cercano a los 600 mil millones de pesos, a pesar de que la firma Thomas Greg and Sons había cumplido con todos los requisitos previos y segundo, decidió no conciliar con esa firma para evitar una demanda contra la Nación por más de 117 mil millones de pesos.

La Procuraduría consideró que Leyva actuó de manera caprichosa en todo el episodio de la licitación para expedir pasaportes, argumento que no le gustó al presidenteGustavo Petro, quien anoche a través de redes sociales, reconoció que el Canciller siguió sus instrucciones y agregó: “no acepto pliegos de licitación sastre, la ley no los permite”, algo que es muy discutible, porque aunque no es ideal que al final de un proceso licitatorio llegue una única firma o consorcio para su adjudicación, la ley 80 de 1993 que rige la contratación pública, sí lo permite.

A las presuntas irregularidades que habría cometido el canciller Álvaro Leyva, la Procuraduría le suma la firma del contrato de emergencia con Thomas Greg and Sons para evitar que hubiera un colapso en la expedición de pasaportes, una vez decidió suspender el proceso de licitación.

Ahora la pregunta que queda es: cuál será el camino que adoptará el presidente Gustavo Petro ante la decisión de la Procuraduría, que tendrá que reconocer y aplicar, en aras del respeto al Estado de Derecho, pero que eventualmente podría tener algunos recursos para intentar mantener al polémico Álvaro Leyva como canciller.