La Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el caso de corrupción en la fallida licitación para llevar Internet a los colegios más apartados del país, conocido como Centros Poblados, por el que hubo el pago de un anticipo de 70 mil millones de pesos.
El Ministerio Público decidió archivar el caso contra Abudinen, más de tres años después de haberse conocido el escándalo, en mayo de 2021, argumentando que la exministra no participó en la planeación ni en la estructuración de la licitación ni en la adjudicación del contrato, funciones que delegó a la Secretaría General del Ministerio.
Adicionalmente, consideró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que aunque Abudinen delegó las anteriores funciones, cumplió con la obligación de control al haber solicitado la suspensión de la audiencia de adjudicación, una vez conoció que las garantías presentadas por Centros Poblados eran falsas.
Sobre las garantías falsas, la Procuraduría considera que Abudinen no tuvo responsabilidad en su aprobación, porque esas funciones, así como la ejecución del contrato, las tenían otros funcionarios del Ministerio TIC.
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Esta decisión ha generado mucha controversia, por ejemplo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en su cuenta de X “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”.
Sobre la afirmación del exvicepresidente: el pasado primero de agosto la Fiscal General Luz Adriana Camargo firmó un principio de oportunidad con Juan Carlos Ángel Cáceres, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se revela que Cáceres ya devolvió 3.302 millones de pesos y se comprometió con cronograma en mano a devolver otros seis mil millones de pesos en los próximos meses.
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En ese documento, la Fiscalía avaluó en 15.239 millones de pesos, el dinero que Juan Carlos Ángel Cárdenes, Emilio Tapia, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde se robaron del anticipo de los 70.000 millones de pesos para el contrato.
Penalmente han sido condenados Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, Jorge Enrique López y sumado a esto se encuentra el principio de oportunidad de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.
El único “cabo suelto” en materia penal del robo del anticipo de Centros Poblados es el tristemente célebre Emilio Tapia, quien permanece detenido, no exento de controversias en sus sitios de reclusión y quien estuvo cerca de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, que se “cayó” en mayo de este año.
En materia disciplinaria, fueron sancionados la exsecretaria general del MinTIC, Adriana Meza, Sandra Orjuela, la exsubdirectora de Gestión Contractual, Camilo Jiménez, exdirector de infraestructura, Luis Fernando Duque, representante de UT Centros Poblados y Paola Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales.
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Aunque la Procuraduría haya decidido archivar la investigación contra Karen Abudinen, lo cual la exime de responsabilidad disciplinaria, la verdad es que el mayor costo para la exministra ha sido tener que asumir la responsabilidad política del escándalo de Centros Poblados, no solamente con su salida en su momento del Gobierno de Iván Duque, sino también porque ese episodio precipitó el final de su carrera política.
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