El Consejo de Estado tomó una decisión que da por terminada la polémica promovida por el presidente Gustavo Petro sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.
Luego de más de un año de incertidumbre, la Sala Plena del Contencioso Administrativo decidió acatar una sentencia de la Corte Constitucional del año 2023, que obliga a los magistrados del Consejo de Estado a practicar una revisión automática de sanciones como suspensión o destitución de su cargo o inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos contra funcionarios elegidos por voto popular.
En la práctica, el fallo de la Corte Constitucional acogido por el Consejo de Estado mantiene las facultades de la Procuraduría para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular con la aclaración de que esas sanciones no entrarán en vigencia hasta que el Contencioso Administrativo efectúe una revisión automática de esas decisiones.
Hay varias precisiones importantes: esta decisión del Consejo de Estado solamente aplica a partir de este momento, lo que quiere decir que las sanciones impuestas hasta ahora contra funcionarios elegidos por voto popular, están en firme y no serán revisadas. De igual manera, es una decisión transitoria, mientras el Congreso expide el estatuto legal que defina principio de reserva judicial, con base en los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El vicepresidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, ponente de la decisión, fue muy claro al señalar que “la competencia de la Procuraduría (para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular) no solamente es constitucional sino convencional”, así como “el control automático de revisar esas sanciones se inscribe en los parámetros convencionales, en el entendido de que es un juez autónomo e independiente el que revisa”.
Tras conocerse la sentencia, la procuradora Margarita Cabello dijo que esta decisión reafirma y fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción. Este panorama sobre uno de los “caballitos de batalla” sobre el que ha hecho históricamente campaña política el Presidente Gustavo Petro desde su destitución como alcalde de Bogotá por el entonces Procurador Alejandro Ordoñez, recibe al nuevo procurador general, Gregorio Eljach, cuya independencia del Ejecutivo estará bajo una crucial prueba de fuego frente al proyecto que presente ante el Congreso para definir las competencias del Ministerio Público.
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