Acusación de la Fiscalía a Sergio Fajardo desató tormenta política

Una “tormenta” política y judicial desató la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia y actual candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, por posibles irregularidades en la adquisición de un préstamo.

La historia se remonta al 5 de diciembre de 2013, hace más de siete años, cuando Fajardo, siendo gobernador, suscribió un crédito por 77 millones de dólares con el banco Corpbanca, para el pago de varias deudas del departamento con otros bancos, según la Fiscalía, sin estudios que demostraran que era necesario solicitar el préstamo en moneda extranjera y sin contratar un seguro de riesgo cambiario.

Según la Fiscalía, en 2013, en el momento en el que se toma el préstamo, el dólar costaba 1.926 pesos, mientras que en 2015 ya superaba los 3.140 pesos y a 2020, había causado un detrimento patrimonial superior a los 320 mil millones de pesos.

Por esos hechos, la Fiscalía le imputará a Fajardo dos delitos graves: peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, lo que en caso de ser hallado culpable, le daría para el pago de una condena mínima de ocho años de cárcel.

Fajardo anunció que pedirá un comité encabezado por el Fiscal General de la Nación para que se revoque la imputación de cargos en su contra y se defendió argumentando que la compra de un seguro cambiario hubiera sido en ese momento mucho más costoso que el préstamo.

Aunque este caso no es nuevo, pues había sido denunciado en su momento por el sucesor de Sergio Fajardo, Luis Pérez Gutiérrez, la determinación ha generado voces de diferentes sectores que consideran que tomar un seguro cambiario como lo afirma la Fiscalía hubiera sido muy costoso y además señalan, como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que bajo la tesis de la Fiscalía de Francisco Barbosa, todos los funcionarios que adquirieron créditos en dólares antes de 2014 tendrían que ser responder penalmente ante la justicia.

Por otro lado, en materia política hay prácticamente unanimidad en el respaldo al exgobernador Fajardo, desde la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, hasta el senador y candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, consideraron inapropiada la determinación y algunas voces se pronunciaron en el sentido de considerar que en esta determinación, la Fiscalía de Francisco Barbosa está actuando con motivaciones electorales, buscando cerrar la puerta de la Casa de Nariño a uno de los más firmes aspirantes a la Presidencia de 2022.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá un juez de la República, que como en otro caso controvertido como el de preclusión al expresidente Alvaro Uribe, tendrá que definir si acepta o no los argumentos de la Fiscalía.

Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU: