A Javier Ordóñez le dieron golpes y más choques eléctricos en CAI de Villa Luz: testigo

Uno de los retos que tiene el Estado para enviar un mensaje de tranquilidad a los colombianos tras la muerte violenta del abogado Javier Ordoñez a manos de dos policías en Villa Luz, consiste en garantizar que no haya impunidad para identificar y castigar a los responsables de estos hechos.

La Fiscalía investiga el crimen con un equipo encabezado por la directora de seguridad ciudadana, Carmen Torres, quien ordenó adelantar los actos urgentes para tener una mayor claridad sobre lo que sucedió: se pidió el pasado judicial de Ordoñez, fueron escuchados testigos y espera los resultados de la necropsia para conocer las causas exactas de su muerte.

Para la Fiscalía, la muerte violenta de Javier Ordoñez debe ser investigada por la justicia ordinaria, entre otras cosas porque los policías que lo atacaron en el piso con la pistola Teaser, pudieron haber cometido el delito de tortura, lo cual no es un acto del servicio.

Los fiscales también tienen en su poder un testimonio según el cual, Javier Ordoñez habría sido víctima de nuevas descargas eléctricas y de golpes, encontrándose en estado de indefensión, en el baño del CAI de Villa Luz, una vez fue trasladado del sitio en el que se grabó el video.

Con ese contexto y a la espera del dictamen de Medicina Legal, la Fiscalía espera nuevos elementos para asignar el caso a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y en menos de una semana podrían conocerse las primeras determinaciones penales en el proceso.

Para otros abogados consultados, hay conceptos divididos, mientras unos consideran que la actuación de los policías constituye una violación de los derechos humanos y automáticamente causaría que el caso fuera a la justicia ordinaria, otros juristas creen que inevitablemente este caso debería ser conocido por la justicia penal militar.

Ayer, el juzgado 143 de instrucción penal militar había iniciado una indagación preliminar por estos hechos, por eso, en caso de que la Justicia Penal Militar considere que debe asumir el proceso, tendrá que entablar una colisión de competencias que definirá el Consejo Superior de la Judicatura.

El tema de fondo sin duda es la necesidad de una reforma que garantice que no haya impunidad en las investigaciones a los integrantes de la fuerza pública. Ahí queda planteada la idea de una reforma que haga que solamente actos relacionados con el conflicto por parte de la policía sean conocidos por la justicia penal militar, lo demás en la justicia ordinaria.

Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU: