Bernardo Moreno Villegas fue el “hombre fuerte” del gobierno de Álvaro Uribe durante varios años desde la dirección del DAPRE, desde donde tenía el manejo del poderoso “computador de Palacio”, que lleva un riguroso control de la burocracia que entregan los gobiernos a los congresistas, a cambio de apoyo a sus proyectos en el Legislativo.Moreno fue detenido anoche en el Quindío, tras la confirmación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de una condena de cinco años y siete meses de cárcel en su contra, por el delito de tráfico de influencias, por haber entregado cargos en el Estado a la excongresista Yidis Medina a cambio de que apoyara el proyecto de reelección presidencial de Álvaro Uribe.En la sentencia, la Corte explicó que si bien Moreno nunca se reunió directamente con Yidis Medina a ofrecerle puestos a cambio de su apoyo para la reelección que finalmente fue aprobada, sí usó su cargo en el gobierno Uribe “para cumplir con las cuotas burocráticas ofrecidas por otros funcionarios a Medina Padilla, como contraprestación por su voto favorable al proyecto de acto legislativo modificatorio de la Constitución Política”.20 años después, la justicia colombiana afronta el reto de determinar si el escándalo de la “Olmedopolítica” puede considerarse similar al de la “Yidispolítica”, teniendo en cuenta que según los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, ellos habrían entregado dinero en efectivo y contratos a congresistas a cambio de que apoyaran proyectos y solicitudes del Gobierno en el Legislativo.Dejando como capítulo aparte la presunta entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, lo que tendrá que determinar la justicia es si el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cometió o no un delito al pedirles a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo que le entregaran contratos a seis congresistas, en medio de múltiples cuestionamientos, presuntamente a cambio de su apoyo a un mayor endeudamiento del Gobierno.
Este viernes, 2 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra de Bernardo Moreno. Estos hechos están relacionados con el ofrecimiento de nombramientos burocráticos para influir indebidamente en la entonces congresista Yidis Medina Padilla y lograr su apoyo para la aprobación de la reelección presidencial.Fue en octubre de 2023 cuando este alto tribunal profirió la condena en contra del exfuncionario, tras hallarlo culpable de este delito. La Corte Suprema le impuso una multa de 139,579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 147 millones de pesos, además de su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días.Cabe resaltar que la Corte le negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria y, en ese sentido, ordenó librar la orden de captura en su contra.>>> Lea también: Exfuncionario del INDER denunciado por estafa colectiva reside en Estados UnidosEsta condena se dio por el papel que jugó Bernardo Moreno cuando era director del DAPRE, desde el 19 de julio de 2004 hasta el 7 de agosto de 2010. En este caso, la Corte concluyó que, mientras desempeñaba ese cargo, Moreno influenció de manera indebida a cinco servidores públicos para que gestionaran el nombramiento o contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina.“Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declara responsable penalmente a Bernardo Moreno Villegas del delito de tráfico de influencias de servidor público en modalidad continuada”, expresa la decisión.La YidispolíticaFue en el año 2008 cuando estalló este escándalo de corrupción a raíz de las declaraciones de Yidis Medina, exrepresentante a la Cámara, quien admitió haber recibido sobornos por parte de funcionarios del Gobierno, en esa época en cabeza de Álvaro Uribe, para votar a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe.Así las cosas, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre Moreno pesa la condena de cinco años y 7 meses de prisión por los delitos que se le atribuyeron.
Jaime Granados, el abogado de Bernardo Moreno, presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyaran reformas del Gobierno del expresidente Uribe.Según la corte, Bernardo Moreno influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla, como retribución por haber votado favorablemente la reelección presidencial inmediata.El abogado argumentó que esa condena contra Moreno no debería cumplirla en la cárcel sino en detención domiciliaria, porque su cliente casi cumplirá 65 años, y destacó que el artículo 68 del Código Penal podría cobijarlo, pues indica: "Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia”.“Ahora bien, en segundo término y de carácter subsidiario a lo anterior, debe indicarse que, en la actualidad mi representado tiene 64 años, por lo cual, es factible que al momento de emitir sentencia de segunda instancia ya haya cumplido la edad de 65 años, por lo cual podría estar inmerso en la excepción de aplicación del artículo 68A del Código Penal”, dice el documento.En la próxima audiencia se conocerá si la corte deja firme la condena en segunda instancia del exsecretario del presidente Uribe y si le permite o no cumplir esos años de condena en su casa o si está enviado a la cárcel por haber cometido delitos dentro del escándalo conocido como la 'yidispolitica'.Vea también
Bernardo Moreno, exfuncionario de la administración de Álvaro Uribe, apelará la decisión de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia por el cargo de tráfico de influencias en el escándalo de la 'Yidispolítica'En contacto con Blu Radio en el Quindío, Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, manifestó que analiza sus opciones de defensa jurídica y por eso apelará el fallo de la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia."Primero estamos estudiando la Providencia. Segundo, enfocando la apelación que tenemos hasta el próximo jueves, en noviembre, y presentaremos la apelación. Ahí tenemos esa instancia de la sala penal plena, y, bueno, tratar de desvirtuar estos argumentos", detalló.Cabe recordar que, dentro del fallo de primera instancia, Bernardo Moreno Villegas fue condenado a cinco años y siete meses de cárcel, se le impuso una multa de 139,579 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 82 meses. Lo anterior por presunto tráfico de influencias a favor de la congresista Yidis Medina para lograr la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el escándalo denominado como la 'Yidispolítica'.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyarán reformas del Gobierno Uribe.La Corte también le impuso a Bernardo Moreno una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, y le fue negada la prisión domiciliaria. Además, ordenó librar la orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.Cuando Bernardo Moreno Villegas fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, según la Corte, determinó que influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.Lo que pasó con esto es que personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en Etesa, el Sena, y en notarías.La sentencia señala que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces Gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, señala el fallo de condena contra Moreno.Por estos hechos han sido condenados los excongresistas: Yidis Medina Padilla, Teodolindo Avendaño Castellanos e Iván Díaz Mateus, así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exdirector del Dapre, AlbertoVelásquez Echeverri.Le puede interesar "Podemos tener administraciones sanas: Guillermo Torres, exfarc que logró cargo de elección popular":
La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que presentó su defensa contra los magistrados que tienen en sus manos este trámite.El argumento central es que la misma corte compulsó copias para que se investigará a Diego Palacio por falsa denuncia, cuando éste los denunció ante la comisión de investigaciones y por ende estaban impedidos.El magistrado Luis Hernández, ponente de la decisión, considera que no se cumplen con las condiciones exigidas por la ley penal y los argumentos de Palacio Betancur no se encuentran contemplados como causales de recusación, por este motivo la sala de decisión conformada por los magistrados Gerson Chaverra Castro, Diego Eugenio Corredor Beltrán y Eugenio Fernández Carlier deberán fallar la revisión de su condena.
La Corte Suprema de Justicia ha recibido 84 solicitudes de personas que han sido sentenciadas en única instancia o primera condena.La Sala Penal de la Corte se encuentra revisando caso por caso ya que el propio alto tribunal recordó en septiembre de este año que todas las personas condenadas en Colombia en única instancia o con primera sentencia condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, tenían plazo hasta el viernes 20 de noviembre de presentar un recurso para que se revisara su caso.Aquellos que podían presentar esta solicitud eran quienes no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, pero que ahora tendrán la oportunidad de impugnar sus condenas.Entre la lista de 84 se encuentran nombres como el de los exministros del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y Andrés Felipe Arias, condenados por escándalos como la de Yidispolítica y Agro Ingreso Seguro.También figuran dos exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado y Miguel Maza Márquez y los secretarios de Presidencia, Bernardo Moreno y Alberto Velásquez.En la lista de peticiones figuran dos exgobernadores: Julio Enrique Acosta, de Arauca, y Julio Ibargüen, quien fue gobernador del Chocó.Congresistas como el caso de Iván Diaz Mateus, Álvaro García Romero, Luis Fernando Almario y Dixon Ferney Tapasco. Así mismo el exfiscal Rodrigo Aldana, quien fue condenado por recibir un apartamento del exsenador Otto Bula.
La Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia en contra del exministro de Protección social Diego Palacios, condenado a seis años por el escándalo de la ‘Yidispolìtica’.Aunque el exfuncionario ya pagó su condena, pidió la revisión del alto tribunal amparándose en el fallo de la Corte Constitucional que concedió la segunda instancia en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.El alto tribunal determinó que como la condena de Palacios se emitió en 2015 (y la sentencia de la Corte permitía la revisión de condenas de aforados emitidas después de 2014) y que la petición para revisarla se presentó antes de que se cumplieran los seis meses de emitida la sentencia de la Corte constitucional, procederá a revisarla. Así lo determinó el magistrado Fabio Ospitia a quien llegó la solicitud.Ahora el caso deberá ser repartido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y estudiado por un ponente y otros dos magistrados que no tengan impedimentos o hayan participado en la ejecución de la primera condena.El exministro fue uno de los altos funcionarios condenados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe por ofrecer dádivas para la aprobación en el Congreso de la reelección presidencial en 2004.
La Fiscalía informó, a través de su cuenta de Twitter, que fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión el actual secretario de la Comisión Séptima del Senado, Jesús María España Vergara. Un juez de la República lo encontró culpable del delito de falso testimonio contra el excongresista Iván Díaz Mateus, en el caso de la ‘Yidispolítica’.Específicamente, la justicia asegura que el hombre mintió en la declaración que rindió ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelantaba contra el excongresista Mateus. Vea aquí: Condenan al Estado por “seguimientos ilegales a Yidis Medina”El excongresista le concedió su curul a Yidis Medina después de que se reveló el escándalo por la entrega de comisiones a un grupo de representantes a la Cámara para que estos cambiaran su voto a favor del proyecto que buscaba el aval de la reelección presidencial.
BLU radio conoció en primicia que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se inicie una investigación en contra de Alberto Velázquez Echeverri, exsecretario de presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, por su presunta participación en el escándalo de corrupción del denominado ‘cartel de la toga’.Velásquez, supuestamente, habría pagado 150 millones de pesos para recibir información privilegiada de su proceso por la ‘Yidispolítica’.La decisión del Alto Tribunal se da luego de que el extraditado fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, asegurara en sus declaraciones ante la Corte, que por solicitud del exmagistrado Francisco Ricaurte y del magistrado Gustavo Malo se le pidieron 300 millones de pesos a Velázquez para influir en su proceso penal por la ‘Yidispolítica’.Sin embargo, en este caso no había nada que hacer pues el proceso estaba en el despacho del magistrado José Luis Barceló, hoy presidente de la Corte, y ya había proyecto de fallo condenatorio.No obstante, de acuerdo con las declaraciones de Moreno, el acuerdo del pago se mantuvo a cambio de que Velázquez tuviera acceso a información de su proceso que estaba bajo reserva, como, por ejemplo, el momento en el que se emitiría un fallo y el sentido del mismo.Vea aquí: Corte Suprema llama a indagatoria a representante Argenis Velásquez por el cartel de la toga"Me dice ‘reúnete con Alberto, cuando se entera que viene la condena es posible que se le diera un subrogado, no sé si domiciliaria, ese tipo de mensajes era los que llevaba a Alberto", dijo Moreno en sus declaraciones. Según esta misma declaración, Velázquez alcanzó a entregar un cheque de 150 millones de pesos para tales fines. "Él me dio un cheque de 100 o 150 millones. Yo le dije a Francisco (Ricaurte), ‘oiga me va a dar un cheque, me responde recíbalo, con él no hay problema, hice canje y le entregué los dineros a Francisco", relató Moreno. Para la Corte resulta extraño, o por lo menos sospechoso, que el día en que se iba a realizar la sala para debatir el proyecto de fallo en el caso Velázquez, el magistrado Gustavo Malo no llegó a la reunión, pero manifestó que quería estar en la discusión de ese tema, razón por la cual la decisión tuvo que ser aplazada. Fuentes de la Corte advierten, además, que días después de postergarse la sentencia debido a la ausencia de Malo, Velázquez salió del país y posteriormente se presentó ante las autoridades, como si con anticipación hubiese conocido cuál sería su suerte jurídica.La hipótesis que maneja la Corte, es que Velázquez recibió información privilegiada y oportuna sobre la sentencia que se emitiría en su contra y alcanzó a organizar algunos detalles y su posterior entrega. Aunque entregarse a las autoridades por voluntad propia no le generaba beneficios jurídicos, sí pudo influir positivamente en la percepción que tendrían las autoridades judiciales para decisiones con respecto, por ejemplo, al su lugar de reclusión.La Corte además tiene pruebas de que el magistrado Gustavo Malo, pese a no tener nada que ver con este proceso, había solicitado pruebas que obraban en el expediente de Alberto Velázquez.Y es que, aunque no se incidió en la decisión judicial, pues Velázquez finalmente fue condenado a cinco años de cárcel, el hecho de presuntamente haber pagado para acceder a información bajo reserva sí constituye un delito, razón por la que se pide la investigación de la Fiscalía.La Corte además le pide al ente acusador que incluya al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien está en juicio por el cartel de la toga, en estas investigaciones.Cabe recordar que en enero de este año Alberto Velázquez quedó en libertad tras haber cumplido su condena por haber ofrecido dádivas y comisiones a varios representantes a la Cámara a cambio de que votarán favorablemente la reelección de Uribe. El exfuncionario gozaba de casa por cárcel por supuestos quebrantos de salud.Por este mismo escándalo denominado ‘Yidispolítica’, también fueron condenados la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina y los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio.
