William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Colombia y principal asesor del Centro para Estrategias y Asuntos Internacionales, habló en Mañanas BLU sobre los señalamientos que hizo sobre el paro nacional, en el sentido de que detrás de las protestas habría “presencia e involucramiento” de “organizaciones narcotraficantes”. “Es un proceso lógico y me pregunto: ¿hay personas, hay organizaciones, hay grupos criminales que tienen interés en una situación de falta de estabilidad, una situación caótica en las calles y ciudades de Colombia? Y la respuesta es sí”, dijo el exdiplomático. “Sin duda alguna, una organización criminal, una organización narcotraficante, por ejemplo, tiene mucho interés en tener 20.000 o 30.000 policías en las calles para responder a las marchas, en vez de hacer investigaciones y en vez de aplicar la ley en contra de la droga ilícita”, indicó. Según Brownfield, hablando del caso colombiano, pero también de Perú, Ecuador y Chile, hay evidencia de esta situación. “Todos han indicado que hay evidencias de intromisión de elementos criminales y quizás ideológicos de otros países en las marchas y las protestas”, sostuvo. “Si hay bastante humo, probablemente hay fuego abajo”, declaró. Le puede interesar: Extrañamos el apoyo de Juanes, Vives o Silvestre en concierto del paro: Doctor KrápulaEl exembajador estadounidense, aseguró que no se puede generalizar frente a la filtración de ilegales en las protestas. “La gran mayoría, 99 % de los que protestan, de los que marchas son personas sinceras, son personas que tienen peticiones auténticas, tienen interés en el mejoramiento de sus vidas y la vida nacional de la República de Colombia. En eso no hay duda alguna, al menos en mi mente, pero lo que digo también es que elementos que no son sinceros, elementos que protestan”: William Brownfield.“En otras palabras, no creo que 200.000 jóvenes o manifestantes están manipulados, creo que 200.000 manifestantes están protestando y dos o tres organizaciones criminales quieren aprovecharse de sus protestas”, aclaró. Escuche esta entrevista: Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
En diálogo exclusivo con Blu Radio, William Brownfield, exdiplomático de carrera y exembajador de los Estados Unidos en Colombia, defendió la opción que evalúa el gobierno del presidente Donald Trump de incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo junto con Irán, Syria, Sudán y Corea de Norte. Bronwfield dice que existen vínculos de Venezuela con la guerrilla del ELN, las Farc, Hezbollah y Hamas, organizaciones consideradas terroristas por el Departamento de Estado. Ver también: Venezuela está próxima a convertirse en un "narcoestado": William Brownfield El exembajador considera que la designación de país patrocinador del terrorismo sirve para ejercer mayor presión internacional sobre el régimen de Maduro y promover un cambio positivo en el gobierno. La solicitud fue presentada formalmente por el senador republicano, Marco Rubio y las diferentes agencias del gobierno involucradas en el proceso analizan el impacto que podría tener esta decisión porque automáticamente corta los fondos de asistencia humanitaria que Estados Unidos ejecute en Venezuela. Brownfield también considera que el grado de involucramiento de funcionarios e instituciones venezolanas con organizaciones internacionales de criminales, hacen que Venezuela sea ya un “mafia estado”. El exdiplomático estadounidense sostiene que la crisis migratoria de Venezuela requiere una solución de fondo urgente porque en la medida en que los refugiados no tengan posibilidades de subsistencia en los países a los que han emigrado, la situación podría generar problemas de violencia. Brownfield es uno de los nombres que la administración considera para el cargo de enviado especial para el tema de Venezuela, debido a su conocimiento sobre el país y la región durante 30 años de carrera diplomática.
Venezuela está próximo a convertirse en un "narcoestado", afirmó el viernes un alto diplomático responsable de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos. William Brownfield, subsecretario adjunto de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos del Departamento de Estado, consideró que "sin duda alguna" el gobierno de Nicolás Maduro está "penetrado" e "influenciado" por el tráfico de drogas. "Narcoestado para mí quiere decir un Estado cuyo gobierno es formado o dominado por representantes de la industria de la droga ilícita y en este momento Venezuela se acerca a ese punto", dijo en declaraciones en español durante una conferencia de prensa telefónica. Lea también: Canadá anuncia sanciones económicas a Nicolás Maduro y figuras de su gobierno El diplomático defendió las sanciones impuestas por Washington a Caracas, en particular las emitidas contra Maduro y algunos de sus colaboradores, a los que acusa de quebrantar la democracia, propiciar la corrupción o violar derechos humanos. "Es importante recordarles no solo a los venezolanos, sino (al resto del mundo) qué tipo de personas están en este momento involucrados en el gobierno", dijo. "Probablemente habrá más sanciones durante los meses que vienen y la verdad es que creo que sería buena idea hacerlo", añadió, al señalar el "hecho irrefutable" de que muchos miembros del gobierno de Maduro están involucrados en actividades de narcotráfico. Brownfield, que fue embajador en Caracas entre 2004 y 2007, deploró la situación en este país sudamericano, sumido en los últimos años en una grave crisis política y económica. "La Venezuela de hoy es muy distinta a la Venezuela de hace diez años. Y en casi todos los aspectos de una manera negativa", opinó. Brownfield subrayó el compromiso de Estados Unidos con el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, algo que reitera Caracas cada vez que recibe cuestionamientos de Washington. Sin embargo, el diplomático instó a considerar el "derecho de una comunidad de naciones" de garantizar que un pueblo tiene acceso a alimentación, atención médica, seguridad y respeto de los derechos humanos y políticos. "Tenemos que ver hasta qué punto un gobierno puede insistir en su derecho de no intervención, en comparación con la obligación de cuidar de su propio pueblo", resumió, advirtiendo que "explosión" en Venezuela tendrá impacto en toda la región. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, consideró que Colombia no debería ser desertificada por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Esto en relación con la advertencia que hizo, hace unas semanas, el presidente Donald Trump, quien dijo que si para el próximo año Colombia no reduce sustancialmente los cultivos, se podría tomar esa determinación. Le puede interesar: Comunicado de EE.UU. no refleja lo que hace Colombia en lucha antidrogas: Pardo. “No creo que Colombia merece, ni mereció y, ojalá, ni merecerá una decisión de decir que ha fallado concretamente en sus obligaciones”, agregó. Brownfield pidió rigor en la selección de miembros de las Farc que podrían ser extraditados a los Estados Unidos.
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El secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, renunciaría a su cargo en el mes de septiembre, de acuerdo al reporte de la revista Foreign Policy. Esto sucede cuatro meses después de que su esposa, Kristie Kenney, uno los funcionarios más antiguos del servicio exterior en el Departamento de Estado, anunciara también su renuncia. Brownfield ocupaba ese cargo desde el 10 de enero de 2011. De momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, analizaron el posconflicto y el aumento de los cultivos de coca y producción de cocaína en el país andino durante el último año, según datos de EE.UU. y la ONU. A la reunión, que se desarrolló a puerta cerrada en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, también asistieron el embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, la canciller colombiana, María Angela Holguín; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Asimismo, el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el almirante de Guardia costera de los Estados Unidos, Paul F. Zukunft; el director de seguridad Presidencia colombiana, Juan Carlos Restrepo; y el general en retiro Oscar Naranjo. La Presidencia de Colombia no ofreció detalles de la reunión, aunque sí fotografías y un vídeo de la sesión de trabajo que se extendió por más de dos horas. La reunión fue precedida de una realizada el martes, también a puerta cerrada ni declaraciones posteriores, entre Villegas, Brownfield y el embajador Whitaker. Según medios locales, el consejero Pardo explicó a la delegación estadounidense los convenios que gestiona el Gobierno con comunidades campesinas para que, de forma voluntaria, sustituyan 50.000 hectáreas sembradas de coca. Por su lado, Villegas ahondó en que si el Gobierno no logra acuerdos con los pequeños cocaleros, se procederá a la erradicadación forzosa a través de los diferentes mecanismos que tiene para estos fines. Un informe anual sobre cultivos ilícitos del Departamento de Estado de EE.UU. enviado el pasado sábado al Congreso señala que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 42 % en 2015 respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo se incrementó en un 60 % la producción de cocaína. Otro estudio, divulgado el mismo día en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas indica que la superficie dedicada al cultivo de coca aumentó en Colombia desde las 69.000 hectáreas de 2014 a las 96.000 de 2016, un 39 por ciento más.
El presidente Juan Manuel Santos se reunió con el subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE.UU., William Brownfield, quien en las últimas horas advirtió que podría haber recortes en las ayudas de su país ante el aumento de los cultivos ilícitos. Al encuentro también asistieron la canciller, María Ángela Holguín; el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el director de seguridad Presidencial; Juan Carlos Restrepo; el general Oscar Naranjo y próximo vicepresidente; el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; y el almirante de Guardia costera de los Estados Unidos, Paul F. Zukunft. La semana pasada las Naciones Unidas reveló que en Colombia se dispararon los cultivos ilícitos y Estados Unidos evalúa cómo será el apoyo ante este panorama. Cabe recordar que hace unas semanas la canciller se comunicó telefónicamente con el Secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, quien le aseguró que continuará el trabajo conjunto para apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y justamente este martes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que espera que Estados Unidos no disminuya los aportes para hacerle frente a este flagelo.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio apertura a la jornada electoral junto a Jaime Hernando Suárez, delegado Nacional para el electoral de la Registraduría y el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Los ciudadanos podrán votar en los mismos puestos de votación de las elecciones pasadas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde de este domingo, 24 de noviembre."Damos apertura de manera oficial a la jornada electoral por la consulta popular del Área Metropolitana del sur occidente colombiano. En Cali tenemos 2.284 mesas de votación habilitadas por la Registraduría Nacional. La jornada irá desde las 8:00 am hasta el cierre de mesas a las 4:00 pm. ¡Los invito a salir a votar temprano!", expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Para este ejercicio democrático se esperan 2'418.096 votantes entre Cali, Jamundí, Palmira, Dagua, Candelaria, Puerto Tejada y Villa Rica, con un total de 3.075 mesas de votación, de las cuales 2.284 se encuentran en Cali.Una vez al cierre, está todo preparado para que los jurados luego de realizar el conteo de los votos por el sí, por el no estarían emitiendo los boletines en un tiempo confiable.La ley seca se mantiene hasta las 6:00 de la mañana de este lunes, 25 de noviembre.
Las autoridades adelantan investigaciones por las actividades ilícitas de ‘Los Clandestinos’, una red señalada de comprar ganado enfermo, maltratado y golpeado en ferias ganaderas de Medellín y su área metropolitana, llevarlo a mataderos ilegales y sacrificarlo para vender la carne.Por ello, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional capturó a cinco de los presuntos integrantes de este grupo delincuencial en Medellín, Copacabana y Bello, identificados como Juan Carlos Cardona Atehortúa, Robinson Alberto Marín Pérez, Carlos Armando Osorio Cañas, Juan Gonzalo Mesa Avendaño y Rigoberto de Jesús Tobo Marín, todos enviados a la cárcel por un juez de control de garantías.Además, en los procedimientos se encontró un menor de edad que quedó a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y fueron incautados tres armas de fuego, 11 cartuchos y dos toneladas de carne bovina.Según la Fiscalía, hay afectaciones ambientales en el sitio donde se disponía de los animales, producto del vertimiento de líquidos en cuerpos de agua y el abandono de residuos sólidos, que generaba alteraciones en el suelo. Adicionalmente, las indagaciones evidenciaron que la carne era almacenada en condiciones precarias de salubridad, transportada en vehículos improvisados que no conservaban la cadena de frío y comercializado en establecimientos de comercio.Un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, corrupción de alimentos, daño en los recursos naturales, porte o tenencia de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
El Gobierno Nacional presentará en el primer semestre de 2025 un proyecto de ley para transformar el Icetex en un banco financiado por el ahorro publico, esto en medio de la incertidumbre porque no se han girado los recursos para garantizar las lineas de crédito.El ministro de Educacion, Daniel Rojas, explicó como funcionaria esto a través de su cuenta de X.“No será el presupuesto nacional la fuente de recursos para acceder al crédito estudiantil, crédito que la banca del saber debe expandir hasta la primera empresa cooperativa de las y los egresados. Será el ahorro del público la fuente de financiación. Los grandes empresarios pueden demostrar su compromiso con la educación, ahorrando sus ganancias en el banco del saber”, escribió.Cabe mencionar que la polémica en torno a la institución se da por dos razones puntuales, en primer lugar, no se han girado a las universidades recursos por $ 420.000 millones de los créditos de este año, pero además está en riesgo la convocatoria del otro semestre porque falta $ 1 billón.El presidente Gustavo Petro ya se había referido a este tema dando pistas de lo que su Gobierno buscaría hacer con el Icetex.“Nosotros no endeudamos estudiantes, el erario es para fortalecer la universidad pública, hacerla gratuita y de calidad”, indicó en un trino el presidente Petro.
En un ataque sicarial falleció un abogado de 30 años en un establecimiento comercial, ubicado en la carrera 27 con calle 9, barrio La Universidad de Bucaramanga. Según las autoridades, llevaba un importante caso y habría recibido amenazas contra su vida.El abogado Edgar Felipe Vargas, de 30 años, habría salido a compartir con unos amigos a un establecimiento de la ciudad ubicado en el barrio La Universidad, sin tener en cuenta las amenazas de muerte que habría recibido contra su vida. Cuando se encontraba en el lugar, llamó a su novia, que estaba reunida con varios amigos, para que se acercara allí. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, Vargas estaba hablando afuera del lugar cuando se acercó un hombre que tenía un buzo de color negro, pantalón jean azul, casco cerrado de color negro, a bordo de una motocicleta NKD de color negro, de placas DJC-50H, quien, sin mediar palabras, disparó en repetidas ocasiones contra Felipe Vargas. Varios proyectiles impactaron en su cuerpo y los demás en la pared del lugar. Ninguno de los que estaba en el sitio salió herido.Los amigos y la novia, como pudieron, lo trasladaron al Hospital Universitario de Santander. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, llegó sin signos vitales.Una vez el agresor cometió el hecho, huyó del lugar con rumbo desconocido, sin contar que cuadras más adelante la motocicleta falló y la dejó abandonada cerca de un edificio de la zona.Autoridades activaron el plan candado y, por las cámaras de vigilancia del edificio donde se averió la moto, sumadas a las del establecimiento comercial, se logró identificar al hombre que cometió el hecho y tiene orden de captura.La motocicleta utilizada habría sido robada en días anteriores. El proceso por el cual habría recibido amenazas de muerte era el cobro de unas letras de cambio por el valor de 180 millones de pesos, que le había dado poder un prestamista para hacerlas efectivas. Según las autoridades, esto habría sido el detonante para cometer el delito.La Policía recomienda a las personas no hacer caso omiso de amenazas de muerte y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes.
Luego de la polémica foto del personero de Medellín, Mefi Boset Rave, besando una de las tres camionetas recientemente adquiridas para el desarrollo de las funciones de la entidad, no paran las críticas frente a presuntos malos manejos al interior de esa agencia del Ministerio Público.Además, la Personería Distrital sigue en el ojo del huracán luego de que se revelaran millonarios contratos suscritos en los últimos meses con varias entidades de otros municipios antioqueños, entre ellos están algunos con la Empresa Autónoma de El Peñol, municipio donde Rave fue personero y teniendo en cuenta que la actual gerente de la entidad, Anngy Uribe, fue contratista de la Personería de la capital antioqueña por varios años sumando cerca de mil millones de pesos. Actualmente, la Empresa Autónoma tiene contratos de logística, mantenimiento de vehículos, transporte y mantenimiento de infraestructura física.Volviendo al tema de las camionetas, para el concejal por el Pacto Histórico, José Luis Marín, uno de los puntos que debe tenerse en cuenta es por qué se adquirieron en momentos en los que hay necesidades apremiantes como las inundaciones frecuentes en la sede de la Personería, pero también manifestó que el Concejo le pondrá la lupa a las denuncias en redes sociales en contratación pública. "Han salido otras denuncias en redes sociales que vamos a estar pendientes de ellas porque apenas las vi sobre contrataciones con algunas empresas recién fundadas, sobre otros elementos que hay que jalar de la pita para cuidar siempre los recursos públicos de Medellín porque recordemos que la personería funciona con impuestos que la gente de Medellín paga, entonces hay que cuidar esa plata", detalló.Por su parte, el concejal Sebastián López, del Centro Democrático, confío en que en este proceso no hubo actos de corrupción, mientras que sí se presentó una tergiversación de esta compra, a raíz del polémico beso a las camionetas y las publicaciones en redes sociales."Lo que pasa es que un vehículo es una herramienta de trabajo que se requiere en la Personería, se requiere en el Concejo, se requiere en la Alcaldía. Yo creo que no hay corrupción en la compra de los carros. Creo que fue una fuerte equivocación hacer un evento innecesario para recibir unos vehículos, que es una herramienta de trabajo, que eso genera una tergiversación de la gestión de la Personería", expuso López.A su vez, el concejal Alejando De Bedout, del movimiento Creemos, calificó como desafortunada la forma en la que se comunicó, incluyendo el evento y la foto."La comunidad tiene que entender que para el funcionamiento de esta ciudad y una entidad tan importante como la personería, pues se necesitan herramientas para poder trabajar. Lo que pasa es que es desafortunada la forma como se comunicó, la forma como se mostró al público, algo que no era necesario hacerlo de esa manera", opinó.Por lo pronto, el concejal Marín está a la espera de que esta agencia del Ministerio Público dé respuesta a un derecho de petición que deberá ser tramitado en cinco días hábiles y en el que le pide ampliar la información sobre cómo esta compra aporta a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos de Medellín.“Siempre buscando cuidar el recurso público, porque yo como concejal lo digo sinceramente no puedo salir a decir es que hay una corrupción, hay que revisar los contratos, hay que revisar en qué se gastaron, hay que revisar la pertinencia y en el marco de toda esa revisión realizar las denuncias pertinentes. Los concejales tenemos una responsabilidad política de indagar, preguntar y llegar a conclusiones y eventualmente si esas conclusiones nos arrojan que hay una malversación de fondos, por ejemplo llevarla ante los entes de control”, detalló el concejal.Más contratosVale la pena mencionar que otros de los asuntos que han llamado la atención es que recientemente se suscribió por parte de la Personería un contrato con la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes para la adquisición de servicios de software e infraestructura relacionada por 2.150 millones a pesar de haber sido creada durante el primer semestre de este año y, por lo tanto, con certificación de poca experiencia para la suscripción de tales montos.Ante este tipo de cuestionamientos, también en medio de la promesa de austeridad desde esta y otras entidad relacionadas con el gobierno distrital, han figurado voces solicitando un control político más estricto a la gestión que se lleva en la Personería por lo que no se descarta que en los próximos días puedan conocerse solicitudes al respecto desde el Concejo de Medellín.