Más de 160.000 personas están afectadas en Maicao, Guajira, sin acceso al servicio de agua potable desde hace una semana por cuenta de un bloqueo indígena que afecta la salida del líquido vital de la planta de tratamiento ubicada en el corregimiento de Carraipía, luego de estos cerraran el bocatoma que surte al municipio. Pese a que la protesta empezó el pasado 10 de mayo, la situación se agravó desde las 6:00 de la mañana de este viernes, luego de que la comunidad impidiera la movilización de los carrotanques con los que se estaba abasteciendo a los usuarios. La crisis, incluso, está afectando a hospitales e instituciones educativas del municipio. A esto se suma que no hay servicio de energía, lo que afecta al comercio. Sin control: denuncian que volvió la gasolina venezolana de contrabando a La GuajiraLa protesta, que ya completa una semana, se da en medio de las molestias de los ciudadanos de Maicao por las altas tarifas de energía y la instalación de medidores inteligentes, lo que consideran que debe ser revertido. Incluso han estado solicitando una tarifa diferencial y un perdón de la deuda que tienen desde que Electricaribe era el operador del servicio. Además, las juntas de acción comunal del municipio realizaron una toma de la zona de acceso a la empresa Air-e. A raíz de la crisis que ha generado la protesta para el acceso al agua potable, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo declaró el pasado 16 de mayo la alerta amarilla e instó al alcalde a que tomara las medidas de contingencia que correspondan. Sin embargo, las conversaciones desarrolladas en mesas de diálogo entre los manifestantes, la empresa Air-e y los funcionarios de la alcaldía, no han permitido que se establezca un acuerdo, pues asegura la compañía prestadora del servicio, que varios de los ítems pedidos corresponden a acciones que están fuera de las funciones de las empresas. "Aguas de la Península hace un llamado a las autoridades para que sean tomadas las medidas necesarias para resolver la crítica situación de orden público", indicó la empresa prestadora del servicio de acueducto a través de un comunicado. ¿Qué dicen los comunidad?"Estamos sufriendo, por lo menos yo que tengo mi negocio y en estos momentos voy a buscar un burrito o un carrotanque, algo para que me eche agua para poder trabajar, porque sin el agua no se hace nada. Imagínese usted, en la tubería cuando vienen nos las pones cada un mes y ahora 7 días sin agua", dijo Giovanni Castaño, morador del barrio San Martín de Maicao.Los habitantes de Carraipía, el epicentro de la protesta, cerraron las válvulas de la planta que abastece al acueducto de Maicao en protesta contra la empresa de energía eléctrica Aire." Queremos que quiten el proyecto como tal, segundo que la cartera quede en cero, cuarto también hablar de las altas tarifas, porque de nada nos sirve que nos quede la cartera en cero y que no bajen las tarifas", dijo Eda Ávila, corregidora de Carraipía.La gerente de la empresa Aire explicó en Blu Radio que era inviable por ley desmontar el proyecto de mejora del servicio y condonar las deudas de los usuarios."Perdonar o retirar la deuda que tiene los habitantes de Carraipía, desmontar el proyecto eléctrico que ya está instalado, devolverle la infraestructura eléctrica y una tarifa preferencial para los habitantes de Carraipía, está por fuera de la ley y excede las competencias de Air-e", dijo Martha Iguarán, gerente de la empresa Air-e en La Guajira.
Sobre esta denuncia se pronunció Javier Rojas, líder indígena wayúu. ''Ésa línea no la atienden personas que hablan la lengua wayuunaiki, que es la lengua nativa de nosotros aquí en La Guajira. Por qué sigue el Gobierno omitiendo esta situación colocándole más barreras a toda esta situación que está matando a nuestros niños'', agregó el Líder indígena. Según relata Rojas, por el momento se han enterado de cinco casos en los cuales las familias han tenido que trasladar ellos mismos a sus hijos a centros asistenciales por cuenta de este problema. Escuche en este audio más información sobre: -52 vehículos particulares, 2 buses y 2 motos colombianos que estaban en Venezuela, ya están en Cúcuta. Por Arauca, el proceso de retorno avanza con normalidad. En Paraguachón, sin embargo, no se ha habilitado el paso. -Esta tarde se cumple el sepelio de los dos mineros fallecidos tras la emergencia en una mina de oro ubicada en el municipio de Andes, suroeste de Antioquia. -El Abrazo de la Serpiente ya recibió su nominación oficial a los premios Óscar. -Los colombianos Cristian Zapata y Carlos Bacca, son titulares a esta hora con el Milán que juega ante el Torino…Informa Johana Quintero. - Autoridades sanitarias de Honduras informaron sobre el primer caso de una mujer con 17 semanas de embarazo con el síndrome Guillain-Barré, trastorno que se sospecha que está vinculado con el virus del Zika.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
