En audiencias con la JEP, Jaime García, exdirectivo de Fondo Ganadero, empezó refiriéndose a las relaciones políticas y de la sociedad con las autodefensas, en Córdoba; además de las relaciones de su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento.En sus declaraciones, Jaime García habló sobre reuniones en las que empezó a acompañar a su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento, cuando los magistrados indagaron sobre su llega a a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge García se refirió a un encuentro que tuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso."Yo llegué donde Carlos resulta que un día por x motivo me encuentro con Mancuso en una finca de él, fui con el senador Julio Manzur a qué, yo no me acuerdo, pero llegamos allá y, allí, estaba reunido de casualidad digo yo, no sé o nosotros llegamos de casualidad Jorge '40', un señor Tovar Edward Cobo que, en ese momento, yo no sabía que era de ellos y lo supe mucho después, Edward Cobo, en ese momento Edward Cobo era un ganadero de Córdoba (...) Mancuso hablando con Mansur le dijo a propósito senador le voy a quitar CBC a Juancho López, el que era el directo en ese momento de la CBC era una cuota política de Juan Manuel López Cabrales, y Mansur le dijo hombre y a quien vas a montar hay y dijo Mancuso voy a montar a Aquilino Londoño", reveló el exdirectivo del Fondo Ganadero ante la Sala de Reconocimiento.En el mismo sentido señaló que él empezó a hacer campaña para llegar a la CBC y antes de la elección lo habría llamado el gobernador de ese entonces, Ángel Villa Diego Hernández, quien le habría mostrado una carta en la que Carlos Castaño le pedía al gobernador que apoyara a García, de esta manera él habría llegado a la CBC.Gobierno estimuló a privados en zonas de violencia: Jaime GarcíaSe refirió a gestiones que habría hecho su papá ante el Gobierno nacional, según su relato, para lograr que se instalaran batallones en el departamento de Córdoba; en donde dejó claro que el Estado tuvo responsabilidad en el despojo de tierras en algunas zonas del país."El mismo Estado facilitaba y estimulaba la inversión de privados en zonas de violencia o deprimidas por la guerra que había habido en esas regiones. Argumentaban que invertir en esas zonas era generar empleo y bienestar para las familias que habitaban allí (...) Si usted observa las tierras que compró el Fondo Ganadero y que compró mucha gente en Urabá en esa época empresarios, narcotraficantes, que, entre otras cosas, hay cantidades de créditos otorgados por la banca para invertir en esas zonas no tenían medidas cautelares, pues eran tierras que estaban expuestas a la oferta. Yo me hago si el Estado sabía lo que estaba pasando" explicó.¿Quién es Jaime Garcia?Jaime García Exbrayat, fue un integrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y ha asistido a algunas audiencia en las JEP, en el marco de las investigaciones del caso 04, para esclarecer lo sucedido con el despojo de tierras en la región conocida como Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. Lo que se ha comprobado es que hubo una compra masiva de tierras que incluyó el previo desplazamiento forzado de 130 familias por parte de los paramilitares en asocio con algunas personas pertenecientes al Fondo Ganadero.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
El Gobierno Nacional ha estado trabajando en su política de estado para lograr la "paz total" en el país, un término que ha sido explicado varias veces por el presidente Gustavo Petro y su equipo.La política ha sido liderada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha estado negociando con diferentes grupos armados al margen de la ley en busca de un acuerdo de paz.Sin embargo, la política del Gobierno no ha estado exenta de críticas y oposición. El fiscal general, Francisco Barbosa, ha sido un fuerte opositor a la Ley de Sometimiento, un proyecto radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el Congreso. Barbosa ha argumentado que la ley podría beneficiar a grupos criminales y que el presidente Petro se equivocó al ordenar el cese al fuego en el marco de la política de paz total.Además, el Fiscal ha advertido que la ley podría poner en riesgo el apoyo antidrogas de los Estados Unidos a Colombia.En este especial: Colombia, entre la guerra y la paz total, hablamos con férreos defensores y opositores de la política del Gobierno, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y el senador del Pacto Histórico Iván Cépeda. Además, escuchamos las voces de las regiones que reclaman seguridad, pero al mismo tiempo le apuestan y tienen esperanza en la llamada paz total.Escuche aquí el especial:
Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, le envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que pide que haya negociación política con el Clan del Golfo, que se discuta el tema de la extradición en la ley de sometimiento y cuestionó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.El exjefe de las AUC, lanzó fuertes cuestionamientos a Rueda, de quien asegura está actuando de la misma manera en que se dio el proceso de paz con los paramilitares, con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.“Con mentiras, como lo ha hecho el Estado en todas sus negociaciones de paz, desmovilizan las organizaciones armadas para luego dejarlas a merced de la inseguridad jurídica y física, la extradición y el gatillo de los enemigos y verdugos de la paz. Es urgente que hablemos de manera pública, responsable y clara sobre las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad”, señaló en la carta.Por su parte, Rueda respondió a esta carta asegurando que respeta las posiciones de todas las personas frente al proceso de paz total, pero que no conoce ninguna iniciativa de paz por parte de Mancuso.“Es un ejercicio de libertad de expresión, pero hasta donde conocemos en este momento Salvatore Mancuso tiene en curso en asuntos judiciales y hasta el momento no conocemos cuál es el proceso de construcción de paz que quiere abanderar o liderar como para empezar a discutir lo que él ha planteado, ¿Salvatore Mancuso a quién representa? ¿Qué intervención quiere hacer en el proceso de paz?”, señaló Rueda.El alto comisionado para la Paz también se refirió a las declaraciones que hizo el abogado del Clan del Golfo según las cuales este grupo no contemplaría acogerse a la ley de sometimiento.“Todo se conversa, esa es la persona delegada y hemos tenido un primer encuentro y pues del primer encuentro no podemos sacar conclusiones tajantes”, indicó Rueda.Le puede interesar:
La Corte Constitucional admitió el estudio de la demanda presentada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que pide revisar la ley de la paz total y la figura de negociadores y voceros de paz.Entre los argumentos principales presentados por el representante, está que dicha ley habría incurrido en vicios de forma porque no tuvo en cuenta el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal ni fue sometida a discusión ni votación en la mesa directiva de la Cámara de Representantes.Además, dice Uscátegui, que se estaría vulnerando la separación de poderes y desconoce los derechos de las víctimas como el de la verdad, reparación y su protección judicial.Tras verificar que estos cargos cumplían con los requisitos, el magistrado Antonio José Lizarazo admitió el estudio de la demanda, notificó oficialmente de la decisión a los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como a la Presidencia del Congreso y les dio un plazo de 10 días para que expongan sus razones y defiendas las justificaciones de la ley en cuestión.Además, trasladó el proceso a la procuradora General para que en un periodo de 30 días rinda el concepto desde su competencia.Le puede interesar:
Aunque el Gobierno nacional, en un principio, solo inició diálogos formales con el ELN, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tuvo acercamientos en fase exploratoria, con las disidencias al mando de 'Iván Mordisco': las mismas que nunca suscribieron el acuerdo de paz, firmado en 2016 por las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos.Según se supo, este proceso con las disidencias ha registrado avances importantes y pronto empezaría una etapa formal de diálogos.Al referirse al punto en el que se encuentra este proceso de diálogos, Rueda aseguró que se activaron los mecanismos judiciales necesarios para que, algunos disidentes que hacen parte de los mandos de esta guerrilla, puedan ir a reunirse con el grupo armado. Y así discutir las condiciones finales para poder empezar una etapa de diálogo con el Gobierno."Estamos esperando que algunas personas puedan ser, conforme a la Constitución y las disposiciones legales, excarceladas durante 10 días y suspendida su condición de privados de la libertad. Estarán en la reunión de esos mandos y regresarán a la cárcel", señaló Rueda a los medios de comunicación.Este diálogo será de carácter político, teniendo en cuenta que este grupo armado ilegal nunca firmó el acuerdo de paz, al que sí se acogieron otros frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.En las últimas semanas este proceso de exploración con las disidencias de 'Mordisco' han tenido avances importantes y por eso, en cuestión de semanas empezaría una fase de diálogo con los voceros de esta guerrilla que ya fueron elegidos durante un proceso interno, esta negociación será de carácter político, pues el Gobierno decidió que ya que este grupo nunca suscribió el acuerdo de paz, podrá recibir esta designación.Gobierno adelantaría los mecanismos y protocolos judiciales, teniendo en cuenta que los voceros de este grupo armado que empezarían el proceso de diálogo tienen órdenes de captura activas, las cuales deben suspenderse con el fin de que los guerrilleros puedan movilizarse a la zona donde empezarían las negociaciones.Le puede interesar:
Quedó en libertad el hijo Enilce López, ‘La Gata’, Jorge Luis Alfonso López, quien permanecía en prisión domiciliaria con una condena de 29 años.López a quien se le otorgó la boleta de libertad el pasado 2 de febrero, ahora será facilitador de paz del Gobierno de Gustavo Petro. La determinación se dio luego de una resolución del Alto Comisionado de Paz, en el que lo nombró como facilitador de paz.La resolución señala que se autorizó a López “para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.Además, la resolución agrega que “para que se desempeñe como facilitador dentro del proceso de paz con grupos armados ilegales el despacho decretará la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta".Lo anterior, ratifica la resolución para que “actúe como facilitador del proceso de paz según los lineamientos del Alto Comisionado para la Paz y del Presidente de la Republica y hasta que dicha labor sea cumplida, según la decisión que se tomen por el gobierno nacional dentro del marco de la política nacional de búsqueda de la paz”.Alfonso López fue procesado por los homicidios del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, Édgar Carrasquilla y el empresario Yamil Kasser Alí; lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito de particulares; concierto para delinquir, y finalmente una acción de extinción de dominio.Esta es la aprobación de solicitud de levantamiento de las medidas que pesan contra Jorge Luis Alfonso López, tras ser delegado por la Presidencia de la Republica - Alto Comisionado como facilitador de los procesos de paz: Esta es la boleta de libertad de Jorge Luis Alfonso López: Escuche el informe en Mañanas Blu:
Este jueves, 26 de septiembre, la juez cuarta del Penal Municipal de Control de Garantías, de Neiva, les negó la libertad a 4 jóvenes, señalados integrantes de la Primera Línea, nombrados por la Oficina del Alto Comisionado como voceros de paz, el pasado 30 de diciembre.Se trata de Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga, quienes hoy están con detención domiciliaria. La Fiscalía les imputo los delitos de concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y obstrucción a las vías públicasDe acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los ahora “voceros de paz” habrían participado en varios hechos delictivos registrados durante el paro nacional, entre ellos, la incineración de varios vehículos incluso del servicio público, así mismo, del CAI del barrio Santa Inés y del secuestro de un médico el 3 de junio, de 2021, cuando se encontraba en la clínica Medilaser.” En mérito de lo expuesto, el juzgado cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías del municipio de Neiva, resuelve negar por improcedente la solicitud de libertad de los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga. Segundo, negar por improcedente las peticiones de suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento impuestas a los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga”, puntualizó la jueza.Según ella, en las resoluciones que nombra a los cuatro procesados como “voceros de paz”, no hay un marco jurídico que defina la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura.“Frente a la suspensión de órdenes de captura que tan solo está prevista para quienes tienen la condición de miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, además de voceros de los grupos armados, excluyendo a los voceros integrantes de organizaciones sociales, humanitarias designados por el presidente”, recalcó la jueza.Además, señalo que, ante la falla en la técnica legislativa, los jueces no pueden sustituir las funciones exclusivamente asignada al legislador.¿Quiénes son los nombrados voceros de paz de Neiva?Andrés Felipe Yara Vargas, según el Gobierno y organizaciones sociales de Neiva, ha sido líder comunitario y gestor cultural de la comuna 10 de la capital del Huila.Él, según registros de la Fiscalía, fungió como comunicador y entregaba información contraria a la realidad, utilizando para ello redes sociales, las cuales usaba como medio para incitar a la violencia de la ciudadanía contra entes del estado y fuerza pública, siendo vocero y coordinador.Por su parte, Kevin David García Mosquera, para las autoridades alias ’David' o 'Candonga', era quien, al parecer, coordinaba la realización de actividades de protesta, manifestaciones, puntos de bloqueo y lo señalan de pertenecer a la estructura delincuencial.Edwin Herrera Pimentel, conocido como alias 'Filósofo', era, según las autoridades, quien tenía el rol de vocero en la denominada Primera Línea.Le puede interesar: 'El Camerino'
La jueza 18 de control de garantías acaba de negar la libertad a Daniela Pérez Gantiva, alias ‘Polla’, quien hace parte de los jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional y, actualmente, se encuentra en detención domiciliaria por estar involucrada en los desmanes ocurridos en el paro nacional del año 2021, en el sector del Portal 80 en Bogotá.Daniela Pérez enfrenta un proceso judicial y actualmente está en detención domiciliaria por presuntamente cometer los delitos de concierto para delinquir agravado; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; violencia contra servidor público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación para delinquir con fines terroristas.Pérez es la cuarta joven vocera de paz a la que le niegan la libertad. Los otros tres jóvenes son: Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes están detenidos en la cárcel La Modelo de Bogotá y enfrentan procesos por los delitos anteriormente mencionados.El argumento de la juez para negar la libertad de Daniela Pérez es que realizaron la solicitud de suspender la orden de captura para proceder con la libertad y no la de medida de aseguramiento, el mismo error que cometieron con los otros tres jovenes, a los que un juez también negó la libertad, pues no pueden suspender una orden de captura a una persona que ya está detenida, nuevamente, la juez manifiesta que no hay claridad en el marco jurídico y normativo para solicitar la liberación de los miembros de la Primera Línea.Le puede interesar:
El pasado diciembre, la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, radicó ante el despacho de la juez 28 penal del circuito con funciones de conocimiento una solicitud para otorgar la libertad de tres jóvenes detenidos por presuntamente participar en actos vandálicos en las protestas del paro nacional del 2021. Los jóvenes son Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes fueron designados como voceros de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.La juez 28 de conocimiento rechazó la libertad de estos jóvenes, asegurando que no tiene competencia para concederle la libertad a ellos, pues, según argumenta en el comunicado, “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el juez de control de garantías”.En el comunicado, la juez reitera que en diciembre ya había notificado al comisionado de Paz, Danilo Rueda, que no tiene la competencia para otorgar estas libertades.“Es necesario recordar que el pasado 16 de diciembre de 2022 se resolvió similar solicitud incoada por el Dr. Danilo Rueda Rodríguez de la oficina del alto comisionado para la Paz, respecto de las resoluciones 293 y 298 del 15 de diciembre de 2022. En dicha providencia, se indicó que el juez con funciones de conocimiento no detenta el conocimiento objetivo para resolver asuntos propios del régimen de libertad”, sostuvo la togada.La juez que acaba de rechazar la decisión de otorgar la libertad a tres jóvenes designados como voceros de paz es Carmen Helena Ortiz Rassa, juez 28 de conocimiento de Bogotá, y la juez que sí concedió la libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo, los dos primeros jóvenes de Primera Línea que fueron liberados para emprender la vocería de paz, es la coordinadora de servicios judiciales de Paloquemao, Lilyan Johana Bastidas, a quien la Procuraduría General de la Nación denunció penalmente por prevaricato por acción y, además, instauró en su contra una queja disciplinaria por liberar a estos jóvenes que estaban en la cárcel.Le puede interesar:
La Comisión Intersectorial, conformada por los ministros de Defensa, Justicia, Interior y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, definieron un listado con los nombres de los 10 jóvenes que serán presentados al presidente Gustavo Petro para que los nombre como voceros de paz y puedan quedar en libertad en las próximas horas para cumplir tareas relacionadas con convivencia.Los nombres de los 10 jóvenes son:· Daniela Pérez Gantiva - Bogotá· Luidiar Felipe Camacho Chaves – Bogotá· Daniel Fernando Ruiz – Bogotá· Steven Guevara Vega - Bogotá· Briam Andrés Cabrales Jaramillo - Bucaramanga· David Esteban López Barrera - Bucaramanga· Cristian Andrés Reyes Cuellar - Neiva· Andrés Felipe Yara Vargas - Neiva· Edwin Herrera Pimentel - Neiva· Kevin David García Mosquera – NeivaEn el caso de los jóvenes de Bogotá, el pasado 12 de noviembre el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció su captura y la decisión de un juez de enviar a la cárcel a Luidiar Felipe Camacho, alias ´héroes´, Daniel Fernando Ruiz, alias ‘Cúcuta’ y Steven Guevara Vega, alias “Chaplin”. En el caso de Daniela Pérez Gantiva a quién la Fiscalía señala como alias ‘Polla’ recibió casa por cárcel.Según la Fiscalía, los cuatro jóvenes de Bogotá pertenecían a la organización Primera Línea Engativá y que las pruebas muestran que “estarían involucrados en la elaboración de bombas incendiarias y otros artefactos utilizados para confrontar a las autoridades y generar daños. Asimismo, hay indicios de la intimidación que, al parecer, ejercían sobre la comunidad, y de cómo habrían exigido dinero para permitir el paso de motocicletas y vehículos”.Diferencia entre gestores de paz y voceros de pazEl ministro Osuna aseguró que los jóvenes voceros no recibirán una compensación o algún tipo de remuneración económica por parte del Estado, sino que deberán cumplir una serie de compromisos humanitarios.“Cumplirán con unas funciones de facilitación de la convivencia, desescalamiento de las tensiones sociales. No van a tener remuneración del Estado por sus actividades, van a tener es el compromiso de cumplir con unas labores humanitarias, lo que podemos llamar la paz del barrio”, explicó.