Los riesgos climáticos han dejado de ser una preocupación exclusivamente global para convertirse en un tema crucial en las conversaciones locales. En Colombia, como lo señaló Gustavo Morales, presidente de Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos), en Mañanas Blu, la situación es alarmante. Con solo un 7 % de los hogares utilizando seguros para protegerse contra desastres naturales, se plantea la necesidad urgente de educar a la población sobre la importancia de asegurar sus propiedades. "La solución es una buena planificación urbanística y diseño de infraestructuras con resiliencia climática", subrayó Morales durante la charla, añadiendo que esto es fundamental no solo para mitigar daños, sino también para hacer asegurables los activos que actualmente no lo son. En regiones como la Florida y California, los huracanes y los incendios han llevado a las aseguradoras a repensar su modelo de negocio. En Estados Unidos, donde la certeza de los desastres naturales crea preocupaciones, se ha intentado establecer aseguradoras públicas como último recurso. Sin embargo, Morales destacó que estas alternativas no son sostenibles. "La aseguradora estatal de California tiene una exposición de 450 millones de dólares. Sin las reservas suficientes, terminará quebrada", advirtió. En Colombia, aunque la problemática sea diferente, también se presentan desafíos. Las inundaciones y deslizamientos representan un riesgo superior y se asocian frecuentemente a temporadas de lluvias. Los esfuerzos de las aseguradoras deben incluir un acompañamiento a la esfera pública. "Las medidas de mitigación son clave; sigamos empujando para que las ciudades se fortalezcan ante el cambio climático", dijo Morales. Morales hizo un llamado a fomentar un mercado asegurador donde la competencia y la educación jueguen un papel significativo. "Invitamos a la ciudadanía a asegurar sus hogares; es esencial y siempre será un buen momento para hacerlo", concluyó Morales.Escuche aquí la entrevista:
La administración del alcalde Carlos Fernando Galán se comprometió a ofrecer subsidios de vivienda a 75,000 familias para el año 2025. El programa Mi Casa en Bogotá, liderado por la Secretaría de Hábitat a cargo de Vanessa Velasco. En diálogo con Mañanas Blu, Velasco aseguró que la meta es que "24.000 familias al año se beneficien del subsidio". ¿Cómo acceder a los subsidios? Para calificar para el programa, las familias deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, sus ingresos no pueden superar cuatro salarios mínimos legales vigentes.Además, es esencial que no tengan vivienda propia ni hayan recibido un subsidio anteriormente. La oferta de subsidios incluye diversas modalidades: Programa de compra: Este brinda a 19,000 familias la oportunidad de adquirir vivienda. Mejoramiento de vivienda: Aproximadamente 4.000 familias podrán mejorar sus hogares. Aviento: Un programa que apoya a 1,000 familias. Subsidios de interés y apoyo financiero La Secretaría de Hábitat también ofrece un subsidio que reduce la tasa de interés en las cuotas del crédito hipotecario. Este subsidio puede ser entre 10 a 30 salarios mínimos mensuales. Además, se han diseñado programas para ayudar a las familias a financiar hasta un 40 % de sus cuotas mensuales durante cuatro años. Velasco destacó que: "Estamos distribuyendo 18 millones de pesos anualmente para ayudar a estas familias". Intervenciones en barrios La Secretaría de Hábitat está llevando a cabo importantes proyectos de intervención en los barrios de Bogotá, adjudicando alrededor de 80.000 millones de pesos para revitalización urbana y mejora del espacio público. "Todos nuestros proyectos cuentan con drenaje sostenible para la gestión del agua lluvia", agregó Velasco. En enero se dará inicio a la primera convocatoria para acceder al programa de oferta preferente, mientras que en febrero se llevará a cabo una gran feria de vivienda. Se espera una participación masiva, donde los subsidios de vivienda serán totalmente gratuitos y sin intermediarios.Escuche aquí la entrevista:
El Distrito, por medio de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, reportó un balance de 430 acciones de vigilancia y control a diversos sectores con injerencia en la actividad turística, entre las cuales se destacan, 210 inspecciones en apartamentos turísticos, 150 intervenciones en hoteles y 9 acciones en agencias de viaje.De igual manera, se realizó un control a vehículos de transporte especial y se cerraron 27 hoteles y 24 unidades de vivienda turística, tres agencias de viaje fueron suspendidas y un vehículo de transporte especial fue sancionado.Además, según el secretario de Turismo y Entretenimiento, José Alejandro González, se logró la capacitación de 1.333 personas en aspectos de turismo responsable y seguridad turística. De estas, 394 son conductores de taxi, 275 comerciantes, 221 empleados de hoteles y viviendas turísticas, 170 operadores turísticos, 123 guardas de seguridad y vigilancia privada, 90 conductores de ‘chivas’, 45 guías turísticos y 15 empleados de agencias de viaje."Hemos capacitado y sensibilizado 1.333 personas que pertenecen al ecosistema del turismo, entre ellos taxistas, empleados de hoteles, bares, restaurantes, vigilancia privada", detalló el secretario.Adicionalmente, para conocer la vocación turística de diferentes territorios de la ciudad, se realizaron 26 encuentros de planificación y desarrollo de producto en las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, La Candelaria y en el corregimiento San Cristóbal, con un total de 225 participantes.Vale la pena recordar que esta secretaría de la Alcaldía de Medellín fue creado apenas desde el mes de abril, pues anteriormente hacía parte de la dependencia de Desarrollo Económico del Distrito, de allí que estas acciones son de los últimos ocho meses.
Bucaramanga, reconocida por su destacado crecimiento en el sector de la construcción de vivienda, ofrece alternativas de subsidios complementarios gracias al trabajo articulado entre entidades locales y departamentales. Estas ayudas están diseñadas para facilitar el acceso a vivienda digna de poblaciones vulnerables y promover el desarrollo habitacional en áreas urbanas y rurales del departamento, luego de los problemas con el programa del Gobierno nacional Mi Casa Ya.El Instituto de Vivienda de Bucaramanga, Invisbu, ha entregado este año 300 subsidios complementarios equivalentes a 3 mil millones de pesos. Según César Cordero Cáceres, director de la entidad, este beneficio no solo complementa el programa Mi Casa Ya, sino también los subsidios otorgados por cajas de compensación familiar.“Los ciudadanos se acercan con el subsidio principal y, en menos de un mes, nosotros asignamos el monto correspondiente, que puede estar entre 8 y 10 salarios mínimos, dependiendo de su enfoque diferencial”, explicó Cordero. Los criterios de asignación incluyen poblaciones vulnerables como madres y padres cabeza de familia, personas con discapacidad, población étnica y víctimas del conflicto armado.Por su parte, la Gobernación de Santander también ofrece subsidios complementarios, con un fuerte énfasis en la vivienda rural. Leonardo Pico Ortiz, secretario de Vivienda del Departamento, señaló que uno de los programas más relevantes está financiado con recursos de regalías para la construcción y mejoramiento de viviendas rurales.“Para la población víctima, el subsidio complementario se otorga una vez identifican su proyecto de vivienda, realizan el trámite con la constructora y presentan los documentos necesarios. Además, nuestro plan de desarrollo prioriza la vivienda rural para los santandereanos, fortaleciendo el arraigo en estas comunidades”, destacó Pico Ortiz.Según datos de Camacol, el costo del metro cuadrado en Bucaramanga oscila entre 6 y 12 millones de pesos, dependiendo de la zona, lo que acentúa la importancia de estos subsidios para cerrar brechas financieras y garantizar el acceso a vivienda.
El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Guillermo Herrera, manifestó su preocupación frente a los anuncios de Fonvivienda, los cuales afectan al programa Mi Casa Ya ."Las medidas adoptadas le dan un fuerte golpe al programa y nuevamente generan incertidumbre tanto para los hogares beneficiados, como para el sector constructor", manifestó el presidente de Camacol.En diálogo con Mañanas Blu, Herrera advirtió sobre los primeros efectos que se podrían producir con la suspensión del subsidio por parte del Gobierno nacional. De acuerdo con Guillermo Herrera, la decisión de suspender los subsidios a la tasa de interés generará un impacto negativo en miles de familias que esperaban este apoyo económico para adquirir vivienda de interés social. "La realidad es que estamos hablando de aproximadamente 40.500 familias que se ven afectadas por esta decisión, y esto tiene un impacto real en su calidad de vida."Aumentos de más del 30 % en cuotasCon los subsidios suspendidos, las cuotas hipotecarias podrían aumentar drásticamente. "Un hogar que accede a un crédito hipotecario podría ver su cuota mensual aumentar hasta un 30%, una carga financiera que puede convertirse en insostenible", explicó. En ese sentido, Herrera dio un ejemplo para entender la complejidad de la del impacto: "Hagamos de cuenta que un hogar compra una vivienda de interés prioritario, una vivienda de noventa salarios mínimos, que es una vivienda que cuesta 117 millones de pesos. Ese hogar, con mucho esfuerzo durante cinco años o más, empezó a juntar plata, plata, plata para pagar la cuota inicial, no el ahorro mínimo, que son unos 23 millones de pesos, lo que ha de poner, pero estuvo años haciendo eso. El hogar se presenta al programa y se gana el subsidio a la cuota inicial, que es de 39 millones de pesos y le queda un crédito aprobado por 54 millones de pesos, con las tasas de hoy de un 12 % promedio ese hogar, con ese subsidio a la cuota inicial. Con ese crédito y con la cobertura de la tasa de interés, tiene que pagar una cuota de 480 mil pesos mensuales, más o menos. Como le quitaron ahora ese beneficio, resulta que al hogar la cuota le sube de 480mil a unos 640 mil pesos, es decir, mucho más de 150 mil pesos mensuales". Impacto en la construcción de viviendas nuevas Herrera destacó la importancia de mantener la construcción de vivienda formal en Colombia. "La suspensión de subsidios impacta negativamente en la iniciación de nuevas unidades de vivienda, que es lo que genera empleo. Hasta noviembre, ya habíamos visto una caída del 16% en este sector."La dimensión del programa 'Mi Casa Ya' Desde su inicio, el programa 'Mi Casa Ya' ha beneficiado a más de 360.000 familias. Este programa, que ha logrado disminuir el déficit de vivienda en el país, ha dado acceso a vivienda digna a aquellos que más lo necesitan. "No podemos permitir que se detenga esta iniciativa, ya que esto resulta en más informalidad y problemas sociales en el futuro", enfatizó.En ese senito, Herrera enfatizó que el subsidio está diseñado para apoyar a los hogares más pobres. Asegura que más del 80% de las familias beneficiarias de estos subsidios son aquellas que ganan hasta dos salarios mínimos. "Este programa ha demostrado ser esencial para ayudar a las familias a evitar caer en la pobreza." Escuche aquí la entrevista:
En una decisión que impacta directamente a miles de familias colombianas, el Gobierno nacional anunció la suspensión temporal del programa Mi Casa Ya, debido a la crisis fiscal que atraviesa el país. El anuncio fue realizado a través de una circular conjunta del Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), lo que ha generado incertidumbre entre quienes esperaban beneficiarse de este subsidio.Sin embargo, existen otros programas de subsidios que siguen activos y que pueden ser una alternativa para quienes buscan cumplir el sueño de adquirir vivienda propia.Subsidios de vivienda de Cajas de Compensación FamiliarLas Cajas de Compensación Familiar en Colombia juegan un papel fundamental en el acceso a vivienda digna. Estas entidades ofrecen subsidios especiales diseñados para facilitar la compra de vivienda nueva o el mejoramiento de las condiciones habitacionales de los trabajadores y sus familias.Los subsidios ofrecidos por las cajas de compensación tienen montos que pueden llegar hasta 30 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), siempre y cuando los beneficiarios cumplan con los requisitos específicos de cada caja.¿Cómo funciona el subsidio?El monto que recibe cada familia depende del nivel de ingreso de su núcleo familiar:Para ingresos de 0 a 2 SMMLV (entre $0 y $2.600.000): el subsidio puede cubrir hasta $39.000.000, ideal para la cuota inicial de la vivienda.Para ingresos de 2 a 4 SMMLV (entre $2.600.001 y $5.200.000): el subsidio puede cubrir hasta $26.000.000, también aplicable a la cuota inicial.Estos subsidios pueden ser utilizados en proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), dependiendo de los requisitos establecidos por cada caja de compensación.Créditos de vivienda con mayor flexibilidadAdemás de los subsidios, el Gobierno sigue explorando opciones para flexibilizar los créditos hipotecarios, en un esfuerzo por reactivar el sector de la construcción, que ha enfrentado una caída en ventas según reportes de Camacol.Entre las medidas en discusión se encuentran la posibilidad de extender los plazos de financiación hasta 40 años y aumentar los porcentajes de financiación, lo que permitiría a más familias acceder a créditos hipotecarios con cuotas más bajas.Opciones en Bogotá: subsidios localesEn Bogotá, el programa Mi Casa en Bogotá, financiado con recursos distritales, sigue activo y en ejecución. A través de este plan, el Distrito garantiza el acceso a vivienda VIP y VIS para las familias de menores ingresos.Según las autoridades locales, en el primer año de ejecución del programa se han entregado 4.800 subsidios destinados tanto a la compra como al mejoramiento de vivienda. Para 2025, el Distrito planea entregar 24.000 subsidios, de los cuales 19.000 estarán dirigidos a familias que buscan adquirir vivienda propia.Aunque la suspensión del programa Mi Casa Ya ha generado preocupación, las alternativas existentes —como los subsidios de las cajas de compensación, los créditos hipotecarios más flexibles y los programas locales como Mi Casa en Bogotá— ofrecen opciones viables para quienes buscan adquirir vivienda.
El sector inmobiliario colombiano enfrenta un desafío importante: la digitalización de sus procesos. Según datos de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el 57 % de los contratos de arrendamiento son verbales, lo que incrementa los costos y prolonga los tiempos de gestión. Esta situación no solo afecta la eficiencia del sector, sino que también genera inseguridad y riesgos para las partes involucradas.Solución para disminuir contratos verbalesEn respuesta a esta situación, AutenTIC y Fedelonjas han unido esfuerzos para implementar la firma digital en los trámites inmobiliarios. Este acuerdo tiene como objetivo modernizar y optimizar las operaciones del sector, reduciendo hasta en un 40 % los tiempos de gestión y mejorando la seguridad jurídica de las transacciones. La implementación de la firma digital permitirá que trámites como contratos de arrendamiento y compraventas puedan realizarse completamente en línea, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos y asegurando la integridad de los documentos en cada etapa.La alianza entre AutenTIC y Fedelonjas responde a la necesidad de innovar y transformar el sector inmobiliario colombiano. La firma digital se proyecta como un elemento clave para mejorar la competitividad y la confianza en el mercado. Además, representa un gran paso hacia la sostenibilidad del sector, ya que reduce el uso de papeles para contratos y otros trámites. Con este acuerdo, AutenTIC y Fedelonjas reafirman su compromiso con la innovación tecnológica y la transformación digital, contribuyendo al desarrollo de uno de los sectores más representativos de la economía nacional.
La vida entre grietas y techos resquebrajados es parte del paisaje en el que viven cientos de personas en el sector de Campo Alegre, en el que invirtieron sus ahorros hace más de dos décadas con la esperanza de tener una vivienda propia que terminó en batallas judiciales.Se trata de los ocupantes de los conjuntos Mirador de Campo Alegre, Miraflores, Ciudad del Sol 1, Ciudad del Sol 2, Atardeceres, Colina Campestre 1 y 2; pues el edificio Altos del Campo, el que fue construido por la constructora de Alejandro Char, es el único que se encuentra deshabitado en su totalidad y bajo vigilancia privada para mantener alejados a posibles ocupantes ilegales.Aseguran los residentes de esta zona, que no se trata de que les den la orden de salida, sino de que se produzca un proceso de cumplimiento judicial con indemnizaciones y traslados incluidos.“Tenemos 18 años de estar esperando una respuesta, han ofrecido un subsidio de arriendo a unas personas, no a todas. Un fallo salió a nuestro favor, pero el Distrito lo echó para atrás otra vez”, indicó una de las afectadas.En medio de estas luchas judiciales, en los últimos meses se han intensificado la realización de visitas por parte de funcionarios del Distrito y de expertos en infraestructura que han estado realizando estudios de suelo, quienes no previeron el inminente desplome de la torre de Privilegios, pero sí sugirieron un desalojo preventivo.“Eso está en la ofician de gestión de desastre. Yo envié un derecho de petición y vinieron a revisar, luego sugirieron un desalojo para el bloque 15, pero pretenden que yo lo haga y qué pasa con las demás personas”, dijo Elvira Escorcia, administradora de Ciudad del Sol 2.Pero esa sugerencia solo se la entregaron a Elvira, pues los residentes del resto de conjuntos residenciales coinciden en señalar que están a la espera de la entrega de esos estudios, como lo manifiesta una habitante del conjunto Miraflores.“Desde hace dos meses han estado haciendo estudios del suelo para ver si podemos seguir en estas casas o tenemos que mudarnos”, dijo otra mujer que vive arrendada en uno de los edificios.Entre tanto, Mabel Acevedo, residente de Ciudad del Sol 1, advierte que mensualmente tiene que invertir dinero en techos y paredes por el daño que la humedad causa permanentemente daños.
Antes del 31 de diciembre, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que existe el resto de desembolsar 300.000 millones de pesos para los 12.000 créditos de vivienda para los beneficiarios. Sin embargo, existe una preocupación sobre la falta de inmuebles asignados para la entrega. Por eso, el FNA está en búsqueda de alianzas, estrategias con constructores e inmobiliarias para garantizar la disponibilidad de vivienda para los beneficiarios de los préstamos.“De acuerdo a las cifras que cerramos, hoy ya solamente 200.000 millones para llegar a los 2.3 billones, pero acá algo muy importante, 12.000 créditos aprobados. 12.000 créditos aprobados que en este momento no tienen un inmueble. No tienen ni van a tener un inmueble visto para vivienda usada, ni para vivienda nueva”, afirma Laura Roa Zeidán, presidente del FNA.Entre tanto, a solo un mes del cierre del 2024, se debe desembolsar 300.000 millones de pesos para lograr la mesa de 2.3 billones en créditos hipotecarios y así mantener las cifras de reducción del déficit habitacional de Colombia. Con la entrega de los créditos, se estaría beneficiando a más de 20.000 familias con las que se aseguraría un crédito futuro para vivienda.
La Contraloría advierte que hay 287 alertas en el 2024 sobre algunos proyectos que se llevan a cabo en Colombia. De acuerdo con la investigación, las alertas se dividen así; infraestructura vial (19,81 %), vivienda (17,73 %), centros educativos (17,67 %) y el sector acueductos y alcantarillados (13,50%). Ante esto, las quejas y alertas más relevantes van de la mano con quejas por avance físico, suspensiones prolongadas que duplican el plazo de entrega del proyecto y diferencias entre los avances físicos y los contratos.En los proyectos de “Caminos Comunitarios” la contraloría asegura que hasta octubre del 2025 se han suscrito más de 2.000 convenios, de los cuales solo se han terminado 728 obras, 285 están en ejecución, 20 suspendidas con una inversión total de 524.778 millones de pesos. Por lo cual, las alertas más frecuentes son con base al avance físico no significativo, aumento en los plazos de ejecución y falencias en las interventoras.Por el lado del acueducto y alcantarillado, aseguran que existe una inversión de 10.9 billones, de las cuales el 64 % han tenido reformulaciones de los estudios por fallas. Sin embargo, dentro de estros proyectos se alerta que hay un incremento del 28 % en sobrecostos, aumento en la fecha de finalización entre 2 y 5 años y proyectos que están sin conclusión desde el 2018. La dirección de investigación de la Contraloría ha establecido que para estos proyectos, hay más de 2.9 billones de pesos en riesgo.En infraestructura, se alerta por el estado crítico de más de 200 puentes en el país que están bajo el control y prevención de Invías. Aseguran, que hay asignados 42 mil millones para intervenciones que solo alcanzan para la atención de 10 puentes en Antioquía, Valle del Cauca y Magdalena. Sin embargo, emiten un llamado de atención, ya que el 30 % de los puentes no tienen póliza de seguro. Así mismo, la Contraloría asegura que hay alertas sobre 173 puentes que necesitan atención inmediata.Concluye el informe con la alerta sobre el riesgo de 11 contratos concesionados para las iniciativas privada (IP) vigentes, puesto que no tienen desembolso de recursos públicos y recuperación que depende de peajes, obligando al estado a asumir costos y recursos adicionales.Entre tanto, la Contraloría afirma que es necesario el fortalecimiento de los lineamientos normativos y técnicos para lograr la precisión en la planeación y evaluación de los proyectos; asignar recursos adecuados exclusivamente para proyectos prioritarios y mejoramiento en la supervisión de proyectos y dineros entregados.
