El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, absolvió a Héctor Andrés Salamanca Figueredo, quien había sido condenado en primera instancia a seis años de prisión por violencia intrafamiliar al reprender a sus hijos, menores de edad, a correazos.Cabe recordar que el caso generó debate público debido a la naturaleza del incidente, que involucró el uso de una correa para reprender a sus dos hijos menores de edad tras no cumplir con tareas domésticas.Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2022, cuando Salamanca golpeó a sus hijos con cinco y siete correazos, respectivamente, luego de que estos no doblaran la ropa ni tendieran la cama, las evaluaciones médicas realizadas a los menores indicaron lesiones leves una contusión en las piernas de uno de los niños.En primera instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania, había considerado que los golpes constituían un acto de violencia desmedido, incompatible con el derecho de corrección parental, y que vulneraban la dignidad de los menores, por esta razón dictó una sentencia condenatoria que incluía prisión y la inhabilitación de derechos civiles.Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior decidió revocar la condena argumentando que el castigo no tuvo consecuencias graves para la integridad física o psicológica de los menores.Además, consideró que el acto, aunque reprochable, fue un evento aislado en un contexto familiar de corrección equivocado y no afectó significativamente el bien jurídico de la familia protegido por la norma penal.El magistrado ponente, Eurípides Montoya Sepúlveda, destacó que el caso debía evaluarse bajo el principio de última ratio del derecho penal, que solo interviene en situaciones de especial gravedad.Asimismo, señaló que el padre de familia pudo haber actuado bajo un error invencible al interpretar incorrectamente su derecho de corrección como padre, lo que configuraría una causal de ausencia de responsabilidad penal.La decisión del tribunal ha suscitado un amplio debate sobre los límites del castigo físico en el ámbito familiar y la protección de los derechos de los menores.Organizaciones de defensa de los derechos de los niños han manifestado su preocupación, argumentando que el fallo podría sentar un precedente peligroso que normalice el uso de la violencia como método de crianza.
Un alarmante aumento en los casos de violencia intrafamiliar y agresiones contra las mujeres se registra en el municipio de Lebrija, Santander, lo que ha generado preocupación en las autoridades locales y en la comunidadGabriel Martínez, alcalde de Lebrija, informó que en comparación con el año pasado (2023), el aumento de los casos de violencia intrafamiliar es del 182%, pasando de 29 a 82 este año de casos reportados.“Es una cifra bastante alta, pero la estamos socializando para que la gente se concientice sobre la importancia de denunciar", expresó el alcalde, quien destacó que los últimos meses han sido críticos en cuanto a la seguridad en Lebrija por casos de también de extorsiones y casos de abuso sexual.Este aumento de la violencia en el hogar, según el alcalde, está vinculado a la normalización de ciertos comportamientos violentos que se dan por sentados en la cultura local. "A veces, lo que parece un simple grito en casa puede ser el primer paso hacia un ciclo de violencia que termina en agresiones físicas. Por ejemplo, llegar a casa y pedir algo a gritos puede desencadenar un ambiente de tensión que progresa hacia una amenaza, un insulto y finalmente un golpe", explicó Martínez.Para enfrentar esta crisis, el alcalde subrayó que se ha implementado una serie de estrategias orientadas a sensibilizar a la población y promover la denuncia de los casos de violencia. Una de las iniciativas clave ha sido la estrategia Púrpura, en colaboración con la Policía Nacional, que busca fortalecer la confianza de las mujeres y la comunidad en general para que denuncien estos delitos."El objetivo es que las mujeres sientan que tienen acceso a la justicia y que sus denuncias serán atendidas de manera efectiva. Hemos trabajado en mejorar la oferta institucional para facilitar este proceso, y a través de la estrategia Púrpura hemos llevado a cabo diversas campañas en barrios y veredas, sensibilizando a la comunidad sobre sus derechos y las consecuencias de la violencia", añadió Martínez.Las cifras las dio a conocer el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, en medio de la cumbre de alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga con autoridades de Policía, donde se estableció el plan de seguridad 60D, previo y durante la temporada navideña, con el fin de evitar la violencia y los delitos durante esta época de fin de año.
Este 19 de noviembre, día en que se cumple un año del asesinato del pequeño Samuel Eduardo Cárcamo, de 6 años, en su casa del barrio Ciudadela 20 de julio, sur de Barranquilla, una juez condenó a 45 años y 10 meses de cárcel a su padrastro Elio Enrique Bracho Briceño, quien con sus puños propinó golpes en todo el cuerpo del niño hasta quitarle la vida.Previo a dictar la sentencia, la juez indicó que el dictamen de la médico forense da cuenta que el niño tenía lesiones en todo su cuerpo producto de golpes ocasionados por su padrastro, quien el día de los hechos lo estaba cuidando mientras la madre del menor trabajaba.“Ante pregunta hecha por la Fiscalía, la médico forense resaltó que las únicas partes en las que no se evidenció en el examen externo hallazgo en el cuerpo del menor fue en el cuello y en genitales exteriores, de resto, afirmó, abro comillas: de manera general en la parte externa encontré equimosis, encontré hematomas, escoriaciones y laceraciones, cierro comillas. Dice además que pudo establecer por el aspecto que alguna de esas lesiones algunas no eran recientes”, expresó la togada.La juez resaltó que Elio Braco causó un daño potencial a la madre del niño, a quién también sometía a actos de violencia, incluso a los abuelos del pequeño y a la propia maestra del menor, quienes se culpan por no haberse dado cuenta de lo que ocurría para detenerlo a tiempo.“De los testimonios de cada una de las personas que se escuchó en el juicio oral, se puede fácilmente deducir que no solo fue la muerte del menor, sino también el daño potencial a la mamá que tuvo que irse inclusive de este país precisamente por esos hechos y se sentía amenazada, la profesora del menor que recibió señalamientos porque al parecer no pudo ver el maltrato del que había sido víctima ese niño, las cuidadoras, el abuelo materno que además se dolía de que lo habían aislado y que no pudo hacer nada precisamente por esa situación, todo eso precisamente sustenta ese daño potencial que fue creado”, puntualizó la juez.Los hechos en los que perdió la vida Samuel ocurrieron entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de noviembre de 2023 luego de que la mamá del niño saliera a trabajar y lo dejara a solas con Elio, su padrastro.La madre de Samuel afirma que a la 1:00 de la madrugada recibió una llamada de su pareja diciéndole que el niño estaba inconsciente y no reaccionaba. Desesperada llegó a su casa encontrando a Elio con su hijo en brazos. La juez leyó el testimonio de la madre.“Cuando él abre la puerta está el niño en su brazo cargado, mojado, completamente desnudo. El rostro que él tenía no lo puedo olvidar. Le quito al niño de los brazos y me voy corriendo. Bajo las escaleras y yo movía Samu y le decía a Samuel despiértate, levántate, vamos no dejes sola mamá. Cuando llegamos al hospital los doctores en ningún momento me dijeron el niño murió, sino que lo colocan en la camilla y lo arropan completamente. Para mí, expresó la testigo, eso fue entendí todo no hacían falta palabras”, leyó la juez.Entre los testigos de la Fiscalía también estuvieron los abuelos maternos del niño víctima del homicidio. Esos afirmaron que el padrastro del pequeño les prohibió que se acercaran a él y a su propia hija, pues los tenía sometidos.Las declaraciones de la maestra de Samuel también fueron relevantes, pues afirma que un día el menor llegó con una mano inflamada producto de un golpe, que la madre argumentó había sido ocasionado en un parque y que le menor incluso se abstenía de jugar para no ensuciar su uniforme, pues luego su padrastro le pegaba.
En la carrera 38 del barrio Lagos Dos de Floridablanca, Santander, en el apartamento 302, durante la madrugada, mientras la señora Carmen Alicia Pérez y el joven Josué Alejandro Castro dormían, el padre, Joel Castro, de 41 años, llegó en alto estado de embriaguez e intentó quemar a su familia dentro del apartamento.La madre y el hijo fueron despertados en medio de los gritos del padre, quien habría tomado un cuchillo de la cocina e intentó agredir físicamente a la mujer. Como pudieron, lograron liberarse del hombre y salieron a la calle pidiendo auxilio.Vecinos del sector, alertados por la situación, llamaron a la Policía que acudió al lugar. En plena vía pública, Carmen Alicia narró los hechos de violencia intrafamiliar de los cuales venía siendo víctima. Según las autoridades, Carmen y Josué informaron que el hombre había llegado en estado de embriaguez, amenazando con hacerles daño. Los agentes de policía se dirigieron al apartamento para intentar dialogar con él, pero notaron que desde el interior de la puerta principal salía humo.El teniente Clemente Jaimes, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, afirmó que al llegar al sitio, se requirió la intervención de “una máquina contra incendios, un vehículo de rescate por materiales peligrosos, un vehículo con personal y 10 unidades de bomberos” para controlar las llamas en el apartamento, donde encontraron a Joel Castro inconsciente y con quemaduras.El hombre, de 41 años, fue evacuado en camilla del hogar e ingresado de urgencia al Hospital Internacional de Piedecuesta, en la Unidad de Quemados. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas —con quemaduras en el 98 % de su cuerpo—, falleció a pesar de los esfuerzos médicos.El apartamento quedó destruido en más del 80 %, afectando la cocina, las camas y la sala en su totalidad. La madre y el joven, de nacionalidad venezolana, confirmaron que llevaban años sufriendo los ataques del padre, quien cada vez que consumía alcohol se volvía violento y atentaba contra sus vidas.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que en la comuna Villa Hermosa de Medellín se recibió el reporte de una pelea en donde dos adultos resultaron lesionados con arma blanca por parte de un menor de edad de 15 años. El relato de las autoridades indicó que los lesionados son el padre y la madre del adolescente que fue aprehendido por los uniformados.La información conocida hasta el momento arrojó que el joven, quien consumiría estupefacientes, estaba en la vivienda cuando su padre le pidió lavar los platos en la cocina. No obstante, el hombre no contaba con la reacción violenta por parte de su hijo que procedió a lesionarlo, según detalló el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general William Castaño."Le han indicado que fuera a cumplir con lavar unos platos. Este muchacho se altera y, producto de este hecho, en principio lesiona a su padre. Posteriormente, lesiona levemente a la mamá", detalló el uniformado.Las autoridades expresaron que la madre del menor tiene herida en la mandíbula que no reviste gravedad, mientras que el padre del joven tiene dos heridas en un pulmón y otra en el cráneo. Por ello, ambas personas fueron remitidas a un centro asistencial de la capital de Antioquia, donde continúan siendo atendidas por el personal médico.La madre del adolescente, quien fue quien entregó un reporte preliminar, explicó que el menor fue requerido por su padre para realizar una tarea del hogar y que fue allí cuando llegaron las agresiones, en un hecho que rechazaron las autoridades que, a su vez, insistieron que la intolerancia es la causa de la mayoría de las peleas en Medellín y también el causal de muertes en la capital antioqueña.
Autoridades del departamento del Atlántico investigan un posible caso de feminicidio ocurrido en el barrio Villa Muvdi, del municipio de Soledad.La víctima, identificada como Ivonne Hernández Ávila, de 43 años, fue encontrada por su hijo en la habitación principal del inmueble con una camiseta atada en su cuello.En medio del desespero, el joven, junto con otros familiares, llevó a su madre al Hospital Universidad del Norte donde confirmaron que no tenía signos vitales.Aunque en principio se sospechó de un caso de autolesión, la hipótesis de un feminicidio tomó fuerza por el tipo de lesiones que presenta la víctima. Elena Bustos, de la Veeduría Ciudadana Nacional de Mujer y Género, indicó que la víctima también había denunciado violencia intrafamiliar e incluso, amenazas de muerte.“Se encontró a una mujer asfixiada. El esposo no aparece, está también desaparecido desde ayer (lunes). Se cree que es un feminicidio porque como otros casos, también ya se habían presentado varias situaciones de violencia”, indicó Bustos.Autoridades ahora están tras la pista del esposo de la mujer con quien convivía desde hace 15 años. Con la muerte de Ivonne ya son 11 las mujeres víctimas de feminicidio en el Atlántico.Gladis Márquez, vecina de Ivonne, cuenta que el esposo de la mujer estuvo todo el día en la casa con ella, sin embargo, poco después de que fuera encontrado el cadáver se fue del barrio.
Ayer en los micrófonos de Blu Radio, la señora Doris Andrea Ortiz, colombiana que reside en los Estados Unidos en busca de asilo, denunció a Jesús Álvaro Darío López, su expareja y padre de sus dos hijos, por violencia vicaria, intrafamiliar, sexual y económica. El señor López dio su respuesta a las denuncias y, como lo hizo la señora Ortiz, entregó los soportes legales.El padre de dos menores de edad, de diez y catorce años, a quienes no les permite viajar a los Estados Unidos a ver a su madre desde hace casi dos años, dice que sus motivos para la restricción se basan en su temor pues “ellos están en un país extraño… cuando mira uno las noticias en Estados Unidos, lo que pasa con los migrantes”.Así mismo, el denunciado y gerente de un colegio, dijo que él es quien tiene una medida cautelar de protección, la misma que la señora Ortiz ya había proporcionado a Blu Radio, como prueba de la violencia institucional que ella ha denunciado públicamente sobre este proceso legal.“Ella dice que el gobierno colombiano, que las instituciones colombianas no sirven, que no la respaldan”, expresó el señor López, en el mismo sentido que lo hizo la madre de sus hijos, quien ratifica que se ha sentido revictimizada y maltratada por las comisarías de familia, en especial por la 10 de Medellín.Sobre la posibilidad de llegar a una conciliación, el denunciado aclaró “la voluntad mía siempre ha sido que los niños gocen de su papá y su mamá, a pesar del dolor de la separación”; sin embargo, agregó que “hay temas legales que hay que solucionar porque hay un juicio en el mes de abril de 2025, yo tendré que asistir y que, directamente con mi apoderada, estuvimos presionando, dirigiéndonos allá mes a mes para que por favor le dieran celeridad a este juicio”.Las declaraciones de la señora Doris Andrea Ortiz, transmitidas por Blu Radio el 7 de noviembre de 2023, no solo cuentan con soportes legales, también están protegidas por las sentencias T-275 de 2021 y T-061 de 2022, en las cuales la Corte Constitucional estableció una serie de elementos para acoger en la publicación de un escrache por violencia de género. En este caso específico, por el riesgo de feminicidio y la violencia institucional denunciada al aire por Ortiz: el escrache está protegido constitucionalmente, puesto que defiende los derechos humanos de las mujeres y tiene en cuenta la falta de acceso a la justicia y los procesos adecuados de investigación.Escuche aquí la entrevista:
Hace un año, diez meses y seis días en que Doris Andrea Ortiz Tangarife de 37 años, no ve a sus hijos de 10 y 14 años, la presunta violencia intrafamiliar, sexual, económica y vicaria (instrumentalización de los hijos para intimidar a la pareja o expareja) a la que fue expuesta la obligó a irse de Medellín por temor a su exesposo. El denunciado y padre de los dos niños es Jesús Álvaro Darío López, gerente de un colegio.La denunciante, quien anexó varias carpetas de documentos legales, audios y chats de WhatsApp, reside en los Estados Unidos desde el 12 de diciembre de 2022 y en la actualidad pide asilo. Según dijo a Blu Radio, la señora Ortiz abandonó la ciudad por el temor a la posibilidad de un feminicidio; y agregó que, después de la separación de hecho del señor López, ocurrida el 4 de diciembre de 2019, ha sufrido diversas formas de violencia institucional por parte de la Comisaría 10 de Familia de Medellín.Desde el año 2022, este caso ha sido marcado por denuncias de violencia intrafamiliar (de ambas partes). La señora Ortiz también adelanta un proceso legal contra su exesposo por acceso carnal violento, y otro contra un familiar de él por el hurto de los artículos del almacén escolar que era de propiedad de ella.Antes de la publicación de la denuncia, Blu Radio trató de comunicarse por vía telefónica, WhatsApp y correo electrónico con el denunciado, quien solo respondió tres horas después de la publicación. El viernes, noviembre 8, el señor Jesús Álvaro Darío López, gerente de la institución, de Medellín, dará su versión de los hechos.
En los primeros seis meses de 2024 se registraron más de 31.239 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, es por eso por lo que, desde el Congreso, se busca que con este proyecto se cree un proceso civil expedito para que las víctimas reciban una reparación integral y económica por dicha violencia intrafamiliar al momento de divorciarse. De la autoría de la representante Catherine Juvinao y Carolina Giraldo, se busca responder a la necesidad de habilitar un mecanismo legal para las víctimas, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia STC-4283 de 2022, en la cual exhortó al Congreso de la República a crear los procedimientos adecuados para las personas afectadas.La hoja de ruta pretende que las víctimas podrán solicitar medidas de compensación económica y emocional y no serán revictimizadas ni confrontadas con su agresor. Además, tendrán 30 días tras la sentencia para solicitar la reparación, así mismo el juez deberá responder en dichos 30 días.Las congresistas argumentan que cada día, 174 personas son víctimas de violencia intrafamiliar en el país, incluso desde 2010, los casos de violencia contra mujeres han significativamente, aumentado con el 60 % de los agresores siendo parejas, exparejas o familiares cercanos.“Con este proyecto buscamos un país donde las víctimas de violencia de género encuentren justicia real y reparación integral, sin más silencios ni barreras. ¡Es hora de reparar para sanar!" dijo la congresista Carolina Giraldo.Hay que mencionar que al agresor le podrán incluso embargar los bienes para asegurar dicha reparación."Hoy presentamos otra iniciativa con la que fortalecemos nuestra agenda social buscando justicia y reparación para las víctimas de violencia intrafamiliar, una verdadera guerra en los hogares que a su vez genera patrones de violencia por generaciones. Quienes en el contexto familiar sean víctimas de este terrible flagelo deben ver compensadas las secuelas con una reparación integral” dijo Juvinao.
Hay preocupación en Medellín por los frecuentes hechos de violencia intrafamiliar que siguen afectando, especialmente a las mujeres, y poniendo sus vidas en serio riesgo.El caso más reciente ocurrió en una vivienda del barrio Versalles Número 2, en la comuna Manrique, al nororiente de la ciudad, donde una mujer resultó herida en su brazo izquierdo, luego de que su novio la agrediera con el palo de una escoba que tenía un clavo, tras haber sostenido una discusión.La mujer fue trasladada a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica, mientras que la oportuna reacción de la Policía permitió que el señalado agresor fuera capturado para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.El caso fue puesto también en conocimiento de la Secretaría de las Mujeres para iniciar la ruta de acompañamiento a la víctima. En la ciudad genera inquietud la recurrencia de hechos similares donde en los primeros 130 días de 2024 se registraron 3.400 casos, según la Personería de Medellín, es decir, un promedio de 26 casos diarios.
No solo las movilizaciones de algunos sectores y sindicatos generan problemas de movilidad este jueves, 21 de noviembre, en Bogotá, sino que se registran diversas manifestaciones en donde también participan algunas universidades lo que genera mayores problemas de tráfico, que, hasta ahora, genera preocupación para algunos ciudadanos.De acuerdo con Bogotá Tránsito, son tres puntos en donde se presentan algunas movilizaciones: centro, calle 26 y calle 72, esto debido a las marchas que fueron citadas por algunas asociaciones en conmemoración de las protestas del 2019 y 2021, pero también se dan parones por parte de estudiantes de la Universidad Nacional y Universidad Pedagógica.“Manifestantes avanzan por la calle 26 con carrera 19, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada mixta”, indicaron las autoridades, a través de redes sociales.Los puntos que presentan problemas son cercanos a los puntos mencionados y, sin duda, trae problemas en el flujo vehicular de la capital del país. Por su parte, la Secretaría de Movilidad hace un llamado para que las personas planifiquen sus rutas antes de salir de casa y se mantengan al tanto de lo que pueda pasar o alguna novedad que traiga inconveniente en el trayecto hacia sus destinos.
"Esa es la situación política que debe definir el Ministerio de Educación en términos de cómo va a aportar recursos, porque esos recursos le llegan al Ministerio de Educación y es quien los distribuye", dijo el ministro de Hacienda al ser consultado sobre la falta de recursos en el Icetex.Tal y como reveló Blu Radio la semana pasada, el Icetex tiene frenada la convocatoria a nuevos créditos para financiar matrículas en 2025 debido a la falta de recursos.Sin embargo, se están "tirando la pelota" entre el Ministerio de Educación y el de Hacienda. El ministro de Educación, Daniel Rojas, asegura que Hacienda no le ha girado los fondos, pero el ministro Bonilla sostiene que ha cumplido con los recursos para la educación a pesar de las dificultades financieras que enfrenta el gobierno.Solo este mes, Educación habría recibido unos 600.000 millones de pesos, según Bonilla.¿Quién miente en la polémica sobre los créditos del Icetex?La versión del ministro Bonilla es que son Educación y el ministro Rojas quienes deciden si habrá o no nuevos créditos y cuánta plata se transfiere al Icetex.Esta visión coincide con lo explicado a Blu Radio por varias fuentes que conocen la situación actual.Aunque el Icetex tiene recursos para cubrir el valor de las matrículas, necesita presupuesto de la Nación para financiar los apoyos de sostenimiento y las condonaciones del 25 % de la matrícula a estudiantes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y otras poblaciones con protección constitucional. Esos recursos provienen de un programa del Ministerio de Educación, que decide cuántas matrículas se pueden financiar cada año.A esta hora, el Icetex aún no ha lanzado la convocatoria de créditos para 2025. El año anterior lo hizo el 30 de noviembre.
El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por el Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, al ser declarado culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.La sentencia se enmarca en el caso de corrupción conocido como "Manantial de Amor", una investigación que lleva ocho años y que involucró a Bohórquez, varios funcionarios y contratistas de su administración, en irregularidades cometidas entre 2013 y 2016. Durante ese período, se adjudicaron contratos por aproximadamente $17.000 millones a miembros de la iglesia cristiana "Manantial de Amor", a la que asistía el exalcalde.En su fallo, el juez fue contundente: "Frente a Luis Francisco Bohórquez Pedraza, acusado como servidor público, que ejerció como Alcalde municipal de Bucaramanga durante el periodo 2012 y 2015, el sentido del fallo es condenatorio, de responsabilidad penal".Además, precisó que Bohórquez es "autor penalmente responsable de las conductas punibles de interés indebido en la celebración de contratos, según el artículo 409 del Código Penal".Los contratos que motivaron la condena incluyen el contrato 152 de 2013, 114 de 2014 C, contrato 365 de 2015, contrato 224 de 2013 y contrato 171 de 2015. Estos fueron suscritos bajo esquemas irregulares, evidenciando un concurso homogéneo sucesivo de interés indebido y peculado por apropiación.El Fiscal Octavo de Delitos contra la Administración Pública, Andrés Cornelio Rodríguez, había solicitado una pena de 16 años y 8 meses de prisión, pero el juez impuso una condena mayor, considerando la gravedad de las conductas y el impacto en las finanzas del municipio y en la confianza pública.Bohórquez, quien se encontraba en detención domiciliaria, será trasladado a un centro penitenciario en los próximos días. Su defensa ha anunciado que apelará la decisión.Por este caso, también fueron condenados Clemente León, exsecretario de infraestructura, a 21 años de prisión; Gloria Durán, exdirectora de Alumbrado Públic, a 16 años y 11 meses; Leonardo luna, contratista y concuñado del alcalde, a ocho años y ocho meses; Oscar Benavides, contratista y miembro de la iglesia, a 16 años y 5 meses; y Uriel Ávila, contratista y miembro de la iglesia, a 11 años y 7 meses.
Son exactamente 6.8 billones de pesos los que aprobó la Asamblea Departamental para gastos en los proyectos de la Gobernación el próximo año. El secretario de Hacienda de Antioquia, Santiago Valencia, señaló que esta aprobación se da en parte por el recorte de gastos de funcionamiento por personal en lo que él calificó como “gastos de burocracia” y detalló a dónde iría la mayoría de los recursos aprobados."Irán a seguridad, conectividad digital y conectividad física del departamento, seguridad alimentaria de jóvenes, niños adolescentes y adultos mayores, el sistema departamental del cuidado la autonomía económica de las mujeres, es decir, hemos priorizado lo social", manifestó el funcionario.El funcionario también destacó que en este momento están, además, buscando estrategias para la reducción de las deudas de la gobernación."Le hemos pedido a todas las entidades bancarias que nos corrijan la tasa debido a que ha venido disminuyendo la tasa determinada por el Banco de la República", puntualizó Valencia.Entre esas estrategias, el secretario también destacó la venta de cartera a entidades que ofrezcan mejores condiciones, para liberar flujo de caja y aumentar la capacidad de endeudamiento de la administración departamental, dijo, cuidando los indicadores de sostenibilidad.
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
