El cirujano estadounidense Nabeel Rana, quien estuvo trabajando en hospitales del centro y sur de Gaza todo el mes octubre, describe ataques israelíes "indiscriminados" contra la población civil, quirófanos improvisados y familias con todos sus miembros heridos de metralla."Esos bombardeos contra escuelas dejan niños en pañales con las extremidades arrancadas, el abdomen abierto y la cabeza destrozada. Lamento ser tan gráfico pero eso es lo que vemos todos los días", explica a EFE Rana en una entrevista telefónica desde Carolina del Norte.El Ejército israelí, por su parte, alega que los centros educativos, muchos de ellos reconvertidos en refugios donde viven gazatíes desplazados, son usados por los milicianos de Hamás como "centros de mando", sin aportar pruebas al respecto.Según datos de UNICEF, solo en octubre se registraron al menos 64 ataques contra escuelas en la Franja, en los que murieron más de 125 personas, muchas de ellas niños. Esta agencia de la ONU recuerda que, en caso de conflicto, los colegios son espacios protegidos según el Derecho Internacional Humanitario, pero que en la guerra de Gaza "más del 95 % de las escuelas han sido destruidas parcial o totalmente"."La muerte indiscriminada de personas inocentes -bajo la premisa de tratarse de ataques precisos- es absolutamente incorrecta y no hay forma de modificar esta historia para justificarla", lamenta este especialista en cirugía vascular.Coincidiendo con el Día Mundial del Niño, las autoridades palestinas denunciaron este miércoles que casi 17.500 menores ya han muerto en esta guerra, y miles más siguen desaparecidos entre toneladas de escombros. Entre las muertes verificadas, hay 710 bebés que nunca llegaron a cumplir su primer año de vida.Rana recuerda, en su primer viaje en verano a la Franja cuando trabajó en el hospital de Al Aqsa, en el área central de Deir al Balah, el caso de una familia cuya madre había sido herida de metralla en la pierna, que le había desgarrado la arteria femoral."Ella solo tenía una herida, pero al mismo tiempo estaban en las otras tres salas de operaciones sus tres hijos: de uno, cuatro y cinco años, y cada uno padecía también una sola herida de metralla en el abdomen", recuerda el médico, que dice que si bien la familia estaba lejos del bombardeo y no mostraban quemaduras ni múltiples lesiones, las denominadas "bombas tontas" usadas por Israel igualmente les alcanzaron.Muertos de 5 a 9 añosEste lunes, 18 de noviembre, el alto responsable de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó la situación en Gaza de "apocalíptica" y recalcó que los niños de 5 a 9 años son el rango de edad más común entre los miles de muertos verificados en Gaza entre noviembre y abril de 2024, según un informe publicado el 7 de noviembre por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU."Esta es una guerra contra los niños. Por eso propuse la suspensión del acuerdo de asociación con Israel", añadió Borrell sobre la propuesta -liderada por Madrid y Dublín- de "no diálogo" con Israel debido a las violaciones de derechos humanos en Gaza, la cual fue rechazada ese mismo día por los Estados miembro.Al menos 25.973 gazatíes se han quedado huérfanos "obligados a soportar un sufrimiento inimaginable", asegura el Ministerio de Exteriores palestino; mientras que a un ritmo sin precedentes -casi una muerte cada dos días, según datos de la ONU- unos 170 niños han sido asesinados en Cisjordania ocupada, por tropas o colonos israelíes, desde el 7 de octubre de 2023.La víctima más joven es Ruqaya Ahmed Odeh Jahaleen, de 4 años, asesinada a tiros en enero por las fuerzas israelíes cuando aguardaba, junto a su madre, cruzar el puesto de control militar de Beit Iksa, entre Jerusalén y Ramala.Según el Ejército, un conductor de una camioneta había intentado atropellar a los soldados, entonces estos abrieron fuego y mataron a la pequeña en el taxi de al lado.Para el cirujano Rana, el hecho de que los gazatíes que logran llegar a un hospital con vida estén siendo operados en salas de parto reconvertidas en quirófanos -"pequeñas habitaciones sin luces quirúrgicas ni equipo quirúrgico"- mientras el mundo continúa indiferente más de un año después es "algo indescriptible"."Las cifras de muertos son tan grandes que ni siquiera te impactan, ni siquiera puedes asimilarlas... ¿Qué significan? Nos preguntamos ¿cuántos niños han sido asesinados? Pero ver una sola foto de un niño inocente tirado en el suelo de una sala de emergencias debería ser suficiente para detener esto, y no lo es", se lamenta.
Al menos 100 niños y niñas sufren algún acto de violencia al día en Colombia, 53 de ellos violencia sexual, alertó Unicef este miércoles en el lanzamiento de su campaña 'Trátame al derecho', que busca crear conciencia y movilizar a la sociedad para tomar acciones de cara a garantizar una vida sin violencia para la niñez y adolescencia.La organización lamentó que esta cifra solo representa los casos atendidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que significa que son "especialmente graves" y suponen un subregistro.En el Día Mundial de la Infancia, que este año conmemora los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, Unicef lanzó esta campaña para "amplificar" las voces de los niños y adolescentes, que "exigen" que sus derechos sean respetados y que sus escuelas y comunidades sean entornos donde puedan crecer en el respeto y la protección.Según datos compartidos por la organización a partir de las cifras de Medicina Legal, en 2023 en Colombia se atendieron 35.339 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, entre ellos 607 homicidios, 6.369 casos de violencia intrafamiliar y 19.192 casos de violencia sexual.En este sentido, Unicef alertó que "la niñez y la adolescencia representan el 81 % del total de reportes de violencia sexual" en el país.La iniciativa consiste en una página web que facilita información, cursos, tests, recursos pedagógicos sobre la crianza de los niños y niñas y cuenta con un portal de donaciones para la prevención de la vulneración y la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en Colombia.Además del portal 'Trátame al derecho', la organización cuenta con diferentes aliados de todo el país que iluminarán las fachadas de sus sedes de color azul para sumarse a la iniciativa, como la Torre Colpatria y el Movistar Arena en Bogotá y monumentos nacionales como el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas."Los derechos de los niños son derechos humanos", manifestó la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, y agregó que "queda mucho por hacer" porque "se sigue fallando a los niños en muchos frentes".Chapuisat recordó la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la infancia, que tuvo lugar a principios de noviembre en Bogotá y en la que 91 estados "hicieron compromisos puntuales" para garantizar la protección de los derechos de la infancia de manera tangible.Por su parte, la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, reivindicó que los niños indígenas y los niños afro sufren una especial discriminación y que la vulneración de sus derechos "genera consecuencias en su salud física y mental" y les acompaña durante toda su vida."Los niños del Amazonas viven en un tiempo distinto a los 35 años de la convención. Hay municipios a los que no ha llegado, Colombia es un país muy desigual en derechos del niño. Hay que lograr que esos 35 años lleguen al resto de niños. Ese es el reto", agregó.
El uso de las minas antipersona se duplicó en Colombia en 2023 hasta los 895 incidentes, con el 72 % atribuidos a disidentes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), según un informe mundial presentado este miércoles en Bangkok.La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, siglas en inglés), que monitoriza la situación por este tipo de explosivos prohibidos en 164 países, indica que otros 102 incidentes con minas fueron atribuidos al ELN, 28 a grupos armados no identificados, 5 a organizaciones criminales y 3 a traficantes de drogas.Colombia, que es firmante del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona, se encuentra entre los países donde estos explosivos están siendo usados por grupos no estatales, junto con Palestina, India, Birmania (Myanmar) y Pakistán, según el informe de la ICBL.En los primeros nueve meses de 2024, Colombia registró 537 incidentes con minas antipersona, de los que 393 fueron responsabilidad de las disidencias de las Farc, guerrilla que dejó las armas en 2016 y se convirtió en un partido político tras el proceso de paz.Por otra parte, el país latinoamericano consiguió reducir el número de víctimas por estos explosivos desde las 1.228 en 2006 a 99 en 2023, lo que supone un gran avance.Además, las autoridades colombianas lograron limpiar de minas en 1,73 kilómetros cuadrados y destruyó 339 de estos explosivos en 2023, aunque 4,47 kilómetros cuadrados de su territorio continúa contaminado.En el resto de Latinoamérica, Ecuador cuenta con unas 2.866 minas antipersona en unos 0,03 kilómetros cuadrados, y Perú con unos 0,3 kilómetros cuadrados contaminados, mientras que también hay algunos restos en Venezuela debido a enfrentamientos con disidentes de la Farc en la frontera.Según el informe, el número de víctimas por minas antipersona y remanentes explosivos creció el año pasado hasta 5.757, incluidos 1.983 muertos, en todo el mundo, con la mayor parte de los afectados en Birmania (Myanmar), con 1.003.Tras Birmania, los países más afectados fueron Siria (933 víctimas), Afganistán (651), Ucrania (580), Yemen (499) y Nigeria (343), entre otros.
Conmocionada se encuentra la comunidad del municipio de Jamundí, Valle, por el caso de una niña de 5 años que fue lanzada por un hombre desde el tercer piso de una torre del Conjunto Residencial Torres de Alamadina.La menor tuvo que ser trasladada de urgencias hasta la Clínica Valle del Lili en Cali, donde recibió atención médica, pero, por la gravedad de las heridas, falleció la madrugada de este martes. Mientras tanto, el hombre fue trasladado hasta el mismo centro asistencial por las heridas que la comunidad le provocó tras conocer el hecho.La policía tuvo que intervenir en el conjunto residencial, ya que las personas enardecidas provocaron caos e incluso dañaron varios vehículos que estaban estacionados en el lugar, las autoridades, por el momento, se encuentran realizando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedió con la menor de edad.“La Policía atendió una situación delicada en el Conjunto Residencial Torres de Alamadina, donde un hombre fue detenido tras un grave incidente que involucró a una menor de edad. La menor, de aproximadamente 5 años, fue trasladada de inmediato a una clínica en Cali en estado reservado. Las autoridades competentes ya se encuentran investigando el caso para esclarecer lo sucedido”, dijo la Alcaldía de Jamundí en un comunicado.
El acoso escolar, o bullying, es un fenómeno que afecta a miles de niños y adolescentes en Colombia, según cifras del Colegio Bilingüe José Max León, uno de cada tres estudiantes entre sexto y octavo grado sufre este tipo de violencia en las aulas. Esta situación, cada vez, se está normalizando en muchas instituciones educativas, lo que hace aún más urgente encontrar soluciones efectivas. En este contexto, el Colegio José Max León se ha destacado como el primer establecimiento educativo en Colombia en recibir una certificación internacional para prevenir y combatir el bullying, un paso significativo hacia la transformación de la cultura escolar.Según el rector de la institución, Javier Albornoz, una de las claves para abordar el problema radica en reconocer que muchos de los agresores son también víctimas. "Fuera del contexto escolar, los victimarios también son víctimas", señaló.Explica que los niños que sufren violencia en sus hogares, en sus barrios o en sus comunidades, son más propensos a replicar esos comportamientos en la escuela. Este ciclo de violencia afecta tanto a los agresores como a las víctimas, quienes, al verse constantemente vulnerados, terminan por desarrollar una autoestima baja que los convierte en blancos fáciles de nuevos abusos.Para combatir esta problemática, el colegio José Max León ha implementado diversas estrategias y le aconseja a los otros colegios. El trabajo psicológico con los estudiantes es fundamental para identificar y tratar las situaciones de acoso desde su raíz. Además, se incluye a los padres de familia en el proceso, promoviendo una comunicación constante y realizando las denuncias pertinentes cuando es necesario. El objetivo es recuperar la dignidad y el autoestima de los estudiantes, empoderándolos para que no repitan los patrones de violencia que han sufrido.El rector hace un llamado a otras instituciones educativas para que se sumen a esta causa y no sigan ignorando el bullying. "El matoneo no puede seguir normalizándose. No podemos seguir diciendo que no suceden situaciones asociadas a este fenómeno", afirmó.En su opinión, el éxito de la transformación social no está en silenciar los problemas, sino en abordarlos de manera responsable, trabajando en conjunto para garantizar la tranquilidad y bienestar de los estudiantes.“El camino para obtener la certificación internacional no fue fácil” Durante cuatro meses, el colegio José Max León trabajó intensamente para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa italiana. Este proceso incluyó la elaboración de un marco conceptual claro sobre qué es el bullying y la creación de herramientas específicas para identificar las áreas vulnerables dentro del colegio. La implementación de matrices y protocolos detallados permitió al colegio ser reconocido como el primer establecimiento en el país con esta acreditación.
En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que una mujer, sin razón alguna, golpeó violentamente a una adulta mayor de 80 años a plena luz del día en vía pública del barrio Modelo de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. En las imágenes se logra ver cómo la agresora se acerca a la víctima y la empuja, lo que provoca que la mujer se caiga al suelo quedando gravemente lesionada.Sin embargo, según se conoció, este no es el primer ataque de la mujer, ya que hay registros en las autoridades que dan cuenta de al menos cuatro ataques más en ese mismo barrio de la capital del país y en el barrio Gaitán, por lo que hay temor en la comunidad. En las imágenes de la última agresión, luego de atacar a la adulta mayor, la mujer sigue su camino como si nada.De acuerdo con el testimonio de la víctima, ella salió a hacer unas compras cuando de un momento a otro fue abordada por la agresora, quien la tomó de la ropa a la altura del pecho y la empujó con fuerza hacia atrás, causándole la caída que le dejó graves lesiones. Todo esto ocurrió, según la señora, a apenas dos cuadras de su casa y ante los ojos de varias personas que estaban en la zona en esos momentos.De acuerdo con las versiones de varios testigos de otras agresiones en la zona, una vez van a imponer la respectiva denuncia ante las autoridades, les ponen algún tipo de barrera por “las evidencias del hecho”, por lo que esta mujer continúa agrediendo personas sin razón alguna y sin consecuencias por las calles de la capital del país, todo esto a pesar de dejar con lesiones graves a varias de sus víctimas.
Los días 7 y 8 de noviembre, Bogotá fue sede de un evento de relevancia internacional: la primera Conferencia Ministerial Mundial para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, realizada en el Centro de Convenciones Ágora. En este encuentro participaron más de 100 países, destacándose la presencia de organismos internacionales clave como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Comité de Derechos del Niño y la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra la Niñez.Colombia, representada por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, subrayó la importancia histórica de este evento. "Este es un encuentro global único, en el que 134 países se han reunido para definir acciones concretas contra la violencia infantil", afirmó Cáceres, quien resaltó la colaboración de Suecia y otros países, como Guinea Ecuatorial y Venezuela, con los que Colombia ha establecido acuerdos bilaterales sobre protección infantil.La conferencia se enfocó en varios compromisos clave, entre ellos el financiamiento de iniciativas para proteger los derechos de la niñez, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la creación de alianzas entre países para promover la prevención de la violencia. En este sentido, uno de los momentos más significativos fue la participación activa de niños y jóvenes, quienes, a través del Movimiento Mundial de Niños y Jóvenes para la Prevención de la Violencia, tuvieron un espacio para influir directamente en la toma de decisiones. "Los niños han sido protagonistas de este evento, participando en mesas de diálogo con viceministros y líderes de diferentes países", agregó Cáceres.Uno de los temas centrales que emergió durante la conferencia fue el alarmante impacto de la violencia contra los niños en Colombia. Según las cifras presentadas, 342 menores de edad han perdido la vida este año a causa de la violencia, un descenso respecto al año anterior, pero aun una cifra inaceptable. En este contexto, Cáceres hizo un llamado urgente a la acción, destacando que el ICBF trabaja actualmente en 40,000 casos de restitución de derechos de niños en situación de riesgo.Compromisos y avances de la conferenciaEn cuanto a los avances concretos, la conferencia impulsó varias iniciativas. En la agenda de trabajo se discutieron las mejores prácticas de protección de la niñez, con énfasis en el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan la prevención y erradicación de la violencia. Entre los acuerdos bilaterales más destacados está la colaboración entre Colombia y Panamá para abordar temas de migración y protección de niños migrantes. Además, se resaltó el trabajo conjunto con Venezuela, donde se han logrado avances importantes en la creación de protocolos de protección.Un aspecto relevante de la conferencia fue la creación de una plataforma global de países “Pathfinding”, que trabajarán de manera coordinada en acciones para proteger a los niños y prevenir nuevos riesgos en el futuro. Este esfuerzo, impulsado por UNICEF, se complementará con una declaración conjunta que se espera firmar al final del encuentro, estableciendo compromisos globales más sólidos.Otro actor clave en este evento fue el Ministerio de Educación de Colombia, representado por el ministro encargado, Ricardo Moreno. Desde esta cartera, se han implementado políticas orientadas a la formación integral de los estudiantes, con programas enfocados en la educación emocional y la reconciliación. "Nuestra labor está dirigida a crear comunidades educativas más seguras y pacíficas, brindando herramientas a maestros y estudiantes para prevenir la violencia desde las aulas", comentó Moreno.Expertos como John Tanagho, de la Misión Internacional de Justicia, resaltaron que lucha contra esta violencia requiere un esfuerzo conjunto y coordinado entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado.En este contexto, Tanagho propuso dos soluciones clave. La primera es mejorar la respuesta del sistema de justicia, asegurando recursos, capacitación e infraestructura para investigar y procesar los delitos de explotación sexual infantil en línea.Además, hizo un llamado a las empresas tecnológicas para diseñar sus plataformas de manera más segura, implementando mecanismos de detección y reporte efectivos para prevenir el daño desde su origen.Estas medidas buscan no solo sancionar a los culpables, sino también brindar apoyo integral a las víctimas, garantizando que el sistema de justicia sea realmente eficaz en su labor de protección.La conferencia concluyó con la firme esperanza de avanzar en la creación de un mundo más seguro para los niños, donde la violencia deje de ser una preocupación constante. Para Colombia, este evento no solo representa un logro significativo, sino un paso más en su compromiso de garantizar un futuro libre de violencia para las nuevas generaciones.
Ayer en los micrófonos de Blu Radio, la señora Doris Andrea Ortiz, colombiana que reside en los Estados Unidos en busca de asilo, denunció a Jesús Álvaro Darío López, su expareja y padre de sus dos hijos, por violencia vicaria, intrafamiliar, sexual y económica. El señor López dio su respuesta a las denuncias y, como lo hizo la señora Ortiz, entregó los soportes legales.El padre de dos menores de edad, de diez y catorce años, a quienes no les permite viajar a los Estados Unidos a ver a su madre desde hace casi dos años, dice que sus motivos para la restricción se basan en su temor pues “ellos están en un país extraño… cuando mira uno las noticias en Estados Unidos, lo que pasa con los migrantes”.Así mismo, el denunciado y gerente de un colegio, dijo que él es quien tiene una medida cautelar de protección, la misma que la señora Ortiz ya había proporcionado a Blu Radio, como prueba de la violencia institucional que ella ha denunciado públicamente sobre este proceso legal.“Ella dice que el gobierno colombiano, que las instituciones colombianas no sirven, que no la respaldan”, expresó el señor López, en el mismo sentido que lo hizo la madre de sus hijos, quien ratifica que se ha sentido revictimizada y maltratada por las comisarías de familia, en especial por la 10 de Medellín.Sobre la posibilidad de llegar a una conciliación, el denunciado aclaró “la voluntad mía siempre ha sido que los niños gocen de su papá y su mamá, a pesar del dolor de la separación”; sin embargo, agregó que “hay temas legales que hay que solucionar porque hay un juicio en el mes de abril de 2025, yo tendré que asistir y que, directamente con mi apoderada, estuvimos presionando, dirigiéndonos allá mes a mes para que por favor le dieran celeridad a este juicio”.Las declaraciones de la señora Doris Andrea Ortiz, transmitidas por Blu Radio el 7 de noviembre de 2023, no solo cuentan con soportes legales, también están protegidas por las sentencias T-275 de 2021 y T-061 de 2022, en las cuales la Corte Constitucional estableció una serie de elementos para acoger en la publicación de un escrache por violencia de género. En este caso específico, por el riesgo de feminicidio y la violencia institucional denunciada al aire por Ortiz: el escrache está protegido constitucionalmente, puesto que defiende los derechos humanos de las mujeres y tiene en cuenta la falta de acceso a la justicia y los procesos adecuados de investigación.Escuche aquí la entrevista:
Recientes operativos de la fuerza pública en la Comuna 13 de Medellín que produjeron la captura de más de diez miembro del grupo criminal Las Independencias, habría generado una desestabilización en el control que ejercen estos y otros grupos en la zona, por lo que ahora hay temor sobre el escalamiento de posibles enfrentamientos en zonas como las reconocidas escaleras eléctricas y otros lugares turísticos.Y es que las rentas criminales producto de la extorsión y el microtráfico es un jugoso botín que ahora está en disputa y que ha llevado a las autoridades a tomar medidas. Así lo indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, quien reconoció que no es una problemática nueva pero que no van a permitir que siga ocurriendo ni expandiéndose a otros lugares por lo que la presencia de la fuerza pública está siendo frecuente."Se viene intensificando por instrucción del alcalde, en articulación con Policía y Ejército, los operativos en este sector. No solamente vamos a seguir dando golpes a las estructuras capturando a estos personajes, sino que vamos a llegar realmente al territorio para demostrarle el control territorial, quienes lo tienen que ejercer son los representantes del Estado y no los representantes de estas estructuras", advirtió.La problemática de seguridad también se ha convertido en una cuestión social, pues el mismo funcionario afirmó que muchas de las estructuras criminales como La Torre y el Plan del Che que estarían ejerciendo presión en las comunidades y otras que intentan entrar en la disputa de rentas, están integradas por ciudadanos venezolanos."Hay presencia de ciudadanos de nacionalidad venezolana dentro de esas dinámicas criminales. Más allá de decir que hay una banda conformada única y exclusivamente por venezolanos o de algunas estructuras venezolanas, esa dinámica es conocida, no es reciente, viene de tiempo atrás y no solamente ahí, tienen otras partes de la ciudad", añadió el funcionario.Entre las principales problemáticas que dan cuenta de la influencia de los grupos criminales en el territorio está el cobro a guías turísticos para que puedan desarrollar sus actividades con clientes, así como la exigencia de dinero tanto a vendedores ambulantes para ocupar un sitio en el espacio público como a los mismos habitantes por el hecho de tener algún vehículo.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, apeló en sus palabras "a su coherencia y convicción" para negarse, de nuevo, a participar de las conversaciones con grupos armados, en este caso, el Clan del Golfo, tras una invitación de la Consejería de Paz del Gobierno nacional.Según el mandatario seccional, se negó a asistir a un espacio que estaba programado este miércoles en la Universidad Industrial de Santander, en Barrancabermeja, coordinado por Álvaro Jiménez Millán, por el accionar de este grupo en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Oriente de Antioquia, con desplazamientos, confinamientos, homicidios, minería ilegal y microtráfico; a la par que criticó fuertemente al Gobierno nacional."¿Un marco socio jurídico para el Clan del Golfo?, ¿qué significa esto?, ¿acaso impunidad con un grupo que ha dicho que no se someterá la justicia? Cada vez son más ricos de cuenta de las rentas criminales que les llenan sus bolsillos. Ni con el Clan del Golfo ni con disidencias de las Farc ni con ELN ni con bandidos de ninguna pelambre hay y cosa alguna qué conversar", destacó.Vale la pena mencionar que en el mes de junio, Rendón fue invitado a dialogar con disidencias de las Farc en el municipio de Yarumal, con delegados del Gobierno como parte del proceso de paz total, pero en esa ocasión también se negó a asistir.
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
Este jueves, 21 de noviembre, un trágico accidente en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 243, cobró la vida de una joven de 20 años tras la caída de un árbol de especie ‘alcaparro pequeño’. El incidente, causado por las fuertes lluvias que azotan la capital, ocurrió a las 8:45 de la mañana y dejó también a varias personas heridas.La víctima, quien se desplazaba como pasajera en una motocicleta de la aplicación ‘Picap’, falleció de manera instantánea al ser impactada por el tronco. El piloto de la motocicleta fue trasladado a un hospital, mientras que otras 12 personas, también motociclistas, resultaron lesionadas debido a la caída de sus vehículos o al desplome de ramas. El testimonio del padre de la joven que murióEl padre de la joven fallecida, Armando Quintero, se pronunció entre lágrimas sobre la pérdida de su hija. “Uno nunca sabe cuál es el último adiós, el último saludo, la última cena. Ojalá lo que le sucedió a mi hija no le pase a nadie más. Por favor, que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga mantenimiento a los árboles”, declaró a Blu Radio, pidiendo acciones para prevenir más tragedias.Los bomberos de la estación Bicentenario acudieron al lugar para atender a las víctimas y coordinar las labores de limpieza. A pesar de que el árbol fue cortado y retirado del carril, los troncos aún permanecen en el lugar, a la espera de ser recogidos por las autoridades. Criminalística adelantó el levantamiento del cuerpo de la joven en medio del dolor de los familiares presentes.La tragedia ha encendido el debate sobre el mantenimiento de árboles en zonas urbanas y el impacto de la ola invernal en Bogotá, que ha generado emergencias similares. La ciudadanía exige medidas urgentes para evitar más incidentes de esta naturaleza.
Resultado de los números ganadores del sorteo de Paisita Noche de este jueves, 21 de noviembre de 2024. Todos los días hay un nuevo chance de ganar, felicidades al ganador.¿Qué número cayó por el Paisita Noche?En el último sorteo de El Paisita Noche este jueves, 21 de noviembre de 2024, el número ganador fue el , según publicaron en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Paisita Noche .Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador-.¿Cuánto paga Paisita Noche?Un acierto (última cifra): la uña, 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (últimas cifras): la pata, 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (últimas cifras): con pleno 400 pesos por cada peso apostado y con combinado 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (todas las cifras): son súper pleno 4.500 pesos por cada peso apostado y con súper combinado 308 pesos por cada peso apostado.Recuerde que para premios mayores de 48 UVT, es decir $2.259.120 se genera retención en la fuente del 20 % sobre el valor del premio.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, conocido como Paisita 2, es una lotería que se juega todos los días en Colombia. Aquí puede revisar todos sus resultados.
En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al ICETEX para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.En desarrollo...
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
