Prohibidos quedaron los patrullajes y cualquier tipo de operaciones de seguridad privada que sustituyan la labor de la Policía en Sincelejo, pues así lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a partir de una decisión que tomó la Supervigilancia sobre el frente de seguridad motorizado y armado que puso en operación el alcalde de la capital sucreña, Yahir Acuña.La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizó el pasado 21 de junio una visita extraordinaria de inspección a la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Vipers LTDA, la cual fue contratada por la Alcaldía de Sincelejo para supuestamente proteger colegios, obras de infraestructura y otros espacios que pertenecen o están bajo la administración municipal.En dicha visita, la Supervigilancia revisó la prestación del contrato suscrito entre el municipio de Sincelejo y la empresa mencionada, y a partir de allí ordenó “la suspensión inmediata de actividades de patrullaje y en general de todas aquellas que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional".Después de toda esta polémica, la Supervigilancia aprovechó para “reiterar el llamado tanto al sector de la vigilancia y seguridad privada como a los contratantes a tener en cuenta que la prestación de cualquier servicio de este tipo “debe ceñirse de manera estricta a lo dispuesto en el Decreto Ley 356 de 1994 – Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
Aunque el frente de seguridad tiene como propósito, según el alcalde de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña, reforzar la presencia en sitios en los cuales, por capacidad, la Policía no puede tener presencia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le exigió a la administración del municipio desmontarlo de manera inmediata.“La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este "frente de seguridad", que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, indicó el ministro Velásquez desde se cuenta en X.En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde explicó que la utilización de empresas de vigilancia privada para proteger los bienes públicos y garantizar la seguridad ciudadana es completamente legal, amparado por decretos y leyes establecidos. Respondió a las críticas del ministro de Defensa, quien ha cuestionado la necesidad de estos frentes de seguridad. El alcalde Acuña señala que la falta de personal en la Policía Nacional y la necesidad de reducir y prevenir amenazas a la vida y la integridad personal, así como al ejercicio legítimo de los derechos, son los motivos por los cuales se ha optado por la contratación de empresas de vigilancia privada. De acuerdo con el alcalde, estas empresas, que están debidamente habilitadas y seleccionadas, cuentan con personal capacitado, en su mayoría, ex policías y militares retirados. Enfatizó que este modelo de seguridad no tiene ninguna relación con el paramilitarismo del pasado y rechaza las comparaciones con las antiguas Convivir. Explicó que cumplen con todas las normativas legales y forman parte de redes de apoyo y solidaridad ciudadana, contribuyendo a la prevención del delito y a la tranquilidad de los ciudadanos. El alcalde destacó que otros municipios del país también hacen uso de la vigilancia privada para proteger sus bienes públicos, como hospitales, alcaldías y colegios. Defendió que esta medida es complementaria a la labor de la Policía Nacional y tiene como objetivo evitar y disuadir la comisión de delitos.Escuche aquí la entrevista:
Una recompensa de 5 millones de pesos ha sido ofrecida por las autoridades de Barrancabermeja a cambio de información que conduzca a la captura de dos hombres implicados en el brutal ataque a un adulto mayor que ejerce como vigilante informal en el barrio El Recreo.El hecho, que quedó registrado en un video, muestra el momento exacto en el que los dos hombres, a bordo de una motocicleta, irrumpen al vigilante mientras se desplaza en bicicleta por la zona. Sin mediar palabra, los agresores lo derriban violentamente de su bicicleta y comienzan a golpearlo despiadadamente.Las imágenes muestran cómo los agresores golpean repetidamente al indefenso vigilante, propinándole puñetazos en el rostro y en el pecho, hasta dejarlo tendido en el suelo.“Nos desafían a nosotros como autoridad y a ese par de delincuentes los vamos a capturar”, dijo el comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Luis Cubillos.El vigilante informal sufrió lesiones que requirieron una incapacidad de 10 días para su recuperación.Las autoridades locales han condenado enérgicamente este acto de violencia, calificándolo como un acto cobarde e inaceptable que no será tolerado en la comunidad.“Desde la administración municipal nos solidarizamos con don Alfonso y su familia por la agresión. El señor alcalde ha dispuesto que se pague una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información de esos dos individuos”, indicó Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Barrancabermeja.
En la noche de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, quien estaba amarrado y al interior de una caneca plástica. Esta persona vigilaba los elementos de una obra pública el barrio Quintas de Cañaveral de San Gil, en Santander.Según el reporte oficial de la Policía, la víctima cumplía con su turno de vigilante en el lugar y fue hallado por otro compañero que prestaba su servicio cerca del lugar de los hechos.“Al ingresar al lugar y percatarse de una linterna tirada en el piso, verifica al interior del lugar donde observa al hombre amarrado y dentro una caneca plástica azul utilizada para el almacenamiento de agua”, indica el reporte.La Policía de San Gil inició las labores de investigación en el lugar para determinar lo que sucedió y quién estaría detrás del asesinato.“Empezamos con las labores de Policía Judicial, revisión de vecindario para tratar de establecer estos hechos que se presentaron”, comentó el mayor Edgar Jurado, comandante de la Policía en San Gil.Según el reporte de las autoridades, la víctima estaba inmersa en un proceso por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las autoridades tienen una línea investigaba para establecer si este antecedente podría estar relacionado con su muerte.
La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP) manifestó su preocupación por el aumento del 36% en los bloqueos registrados en el sector petrolero entre 2021 y 2022, así como por las 8 voladuras de oleoductos ocurridas este año. Ante esta situación, representantes del gremio se reunieron con empresarios del sector para analizar y confrontar la creciente amenaza a la seguridad, la cual proviene de las disidencias de las FARC, grupos armados ilegales, delincuencia común y bloqueos por parte de las comunidades.Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), se registraron 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria en 2022, con un promedio de 2,9 bloqueos diarios. Los departamentos más afectados por esta problemática fueron Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca, con un incremento del 36% en comparación con el año anterior.Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a diversas autoridades, como el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las Personerías, para que se garantice la libertad de empresa y de operación en el país. "No solamente el sector petrolero se está viendo afectado por bloqueos, sino también por el orden público y la seguridad", dijo Díaz.Según las cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo, hasta abril de 2023 se han reportado ocho voladuras de oleoductos, una toma de instalaciones en Caquetá y el secuestro de un contratista de una empresa del sector en Puerto Gaitán. Además, se han presentado panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.Uno de los eventos más recordados es el ocurrido a principios de marzo en Los Pozos, Caquetá, donde manifestantes incendiaron la instalación petrolera de Emerald Energy, asesinaron a un policía y mantuvieron secuestrados a 78 uniformados durante más de un día. Esta acción no solo afectó a la industria, ya que Emerald Energy tuvo que cesar sus operaciones en el lugar, sino también a la comunidad en general. Alrededor de 450 personas contratadas directamente en áreas como transporte, metalmecánica, obras civiles, seguridad y producción perdieron sus empleos, y si se consideran los empleos indirectos, la cifra puede llegar a 1.500 o 2.000 puestos de trabajo.Andrés Villada Ocampo, operador de producción de Emerald Energy, quien trabajó durante 8 años en la compañía, relata que les notificaron la finalización de sus contratos debido a problemas de seguridad, ya que no se podía transportar el crudo y todas las operaciones quedaron restringidas. Ocampo expresó así su preocupación: "No sabemos qué hacer, el gobierno no nos ha tenido en cuenta para nada, no nos han informado, no sabemos si nos van a indemnizar, nuestros ahorros ya se están agagotando por los compromisos bancarios".Estas situaciones tienen un impacto considerable en las regiones y en el país en general, ya que se ven afectados los ingresos fiscales derivados de la inversión en el sector y las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos. Esto genera preocupación tanto para el gremio de la seguridad privada como para Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, quien destaca que "en todos estos escenarios, el perjudicado es el pueblo, el empleado, la persona que trabaja en estas zonas y con estas empresas". Además, hizo un llamado a brindar condiciones de seguridad que permitan el funcionamiento ordenado de las empresas en cumplimiento de la Constitución.
La modificación de los recargos nocturnos y las jornadas laborales puede ser una gran amenaza para la estabilidad de las empresas que ofrecen servicios las 24 horas del día y que han generado cerca de 380.000 empleos formales, siendo el tercer sector laboral más grande del país. Esta preocupación la expresó por la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (CONFEVIP), quien ha presentado una serie de recomendaciones para mejorar la propuesta gubernamental y, sobre todo, mantener la estabilidad laboral de sus colaboradores.Reforma laboral en discusiónLa preocupación principal de CONFEVIP se centra en el capítulo de derecho colectivo que redefine el concepto de negociación y convención colectiva, las disposiciones sobre estabilidad laboral y la imposición del contrato a término indefinido como regla general y protección laboral reforzada. Asimismo, la modificación de los recargos y las jornadas laborales para un sector que presta servicios las 24 horas del día ha generado gran inquietud.El contrato a término indefinido y su impactoCONFEVIP se opone a la propuesta de establecer el contrato a término indefinido como regla general, ya que consideran que este tipo de contrato no garantiza la tan anhelada estabilidad laboral o "empleabilidad" y desincentiva la inversión. En el caso de la vigilancia, la Confederación propone mantener los contratos a término fijo y obra o labor."Las empresas de vigilancia prestan servicios a terceros por un año, 18 meses, 9 meses, entre otros, y dejar un contrato a término indefinido, nos obligaría tan pronto termine, a generar unas indemnizaciones y una cancelación abrupta del contrato laboral, lo que generaría costos que no son viables por la característica del servicio y que sin duda afectaría la empleabilidad”, explicó Miguel Ángel Díaz, presidente de la confederación.Jornadas laborales alternativasCONFEVIP propuso la creación de jornadas laborales alternativas de 10, 20 o 30 horas al mes para que los jóvenes, adultos mayores y madres cabeza de familia tengan mayor oportunidad de insertarse en la economía.Ajustes necesariosEl viceministro de Trabajo y relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Manzur Arrieta y más de cien empresarios del sector de la Seguridad Privada confederados en CONFEVIP han participado en recientes encuentros para discutir la reforma laboral propuesta. Durante estas reuniones, el señor Viceministro aclaró que es necesario hacer algunos ajustes al artículo en cuestión. Por su parte, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada expresó su preocupación y sugirió revisar profundamente este sector para proteger a los empleados y empresarios ante la cantidad de informalidad que existe.Horarios y actividad económicaCONFEVID sugirió la idea de establecer horarios nocturnos específicos para cada sector económico, incluyendo vigilancia, restaurantes y bares. Además, la organización ha reiterado su posición sobre la extensión de la convención colectiva a trabajadores no sindicalizados. Según la organización, esta medida ayudaría a mejorar la eficiencia y calidad del trabajo en la jornada nocturna, al permitir que los trabajadores realicen sus labores de acuerdo a las demandas de su actividad.
