Víctor Maldonado, el mayor inversionista de Interbolsa y quien es procesado por su presunta responsabilidad en el desfalco por más de 32.000 millones, renunció a la ciudadanía colombiana.A través de un comunicado señaló que “las normas de la República de Colombia, con el lleno de los requisitos legales, permiten la renuncia a la ciudadanía. Yo hice uso de ese derecho”.La Fiscalía ha señalado a Maldonado de ser uno de los mayores beneficiarios en el caso de Interbolsa. Él fue capturado en España y extraditado a Colombia en noviembre de 2015, pero, por vencimiento de términos, terminó libre en 2017.En el comunicado, Maldonado también informa que es “ciudadano español con plenos derechos, desde mediados del año 2017” y que con autorización de la juez que lleva su caso alterna “entre las ciudades de Bogotá y Madrid”.Algunos han interpretado la renuncia a la ciudadanía como una jugada en medio del proceso judicial. Maldonado dijo que “independientemente de la ciudadanía” continuará luchando por su “dignidad e inocencia”.
Víctor Maldonado, uno de los principales señalados en el escándalo del descalabro de Interbolsa, junto a su familia interpuso una tutela en contra del actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, por haberlo bloqueado en su cuenta en Twitter. Según Maldonado, el director de la Agencia Jurídica, como funcionario público, estaba en la obligación de no bloquearlo porque a través de su cuenta personal de Twitter, publica informaciones clave en relación con las decisiones que toma su despacho. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela, pues Vélez, cuando se enteró de la tutela en su contra, desbloqueó la cuenta. En entrevista con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez consideró que uno puede disponer de sus cuentas personales de redes sociales y no hay restricción de cerrarlas, abrirlas, bloquear o modificar. “Maldonado inició una acción de tutela porque yo lo había bloqueado en mi cuenta en Twitter, y para no entrar en discusiones jurídicas inocuas, innecesarias y hasta frívolas, decidí desbloquearlo”, comentó. Vélez, propietario de @lgvelezc, dijo que hay demasiados problemas jurídicos en el país, como para abrir una discusión sobre un tema que le parece bastante inocuo, que es el bloqueo de la cuenta @maldonado_victo, de propiedad del empresario colombo-español y su familia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Esta semana vence plazo para que Colombia conteste la denuncia que interpuso el empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium, ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación del debido proceso y honra. Y es que en abril pasado la CIDH envió una carta a la canciller María Ángela Holguín para responder a la demanda, al igual que más de 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado. “Solicito respetuosamente al gobierno tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, señaló en su momento la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. Lea también: Inicia octavo pagó por $8.000 millones a afectados del Fondo Premium Cabe recordar que Maldonado fue extraditado en enero de 2015 desde España, por solicitud de la Fiscalía. En marzo de este año quedó en libertad condicional mientras avanza el proceso por los delitos de estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especie y no reintegro de dineros captados del público.
El pasado 13 de enero, el juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, que no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General.
El juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos al empresario Víctor Maldonado procesado por el escándalo financiero de Interbolsa, sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. El empresario quedará en libertad una vez sea notificado y el Inpec compruebe que no tiene otras órdenes de captura. En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, qué no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias. Por su parte, la Procuraduría había solicitado que no se otorgue el beneficio.El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General. Según la investigación de la Fiscalía, el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales. Otras libertadesA la fecha 10 personas procesadas por el desfalco financiero de Interbolsa y Fondo Premiun han recobrado su libertad. En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015, un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment, Carlos Arturo Neira Llache. En cuanto al proceso por el Fondo Premium de InterBolsa, en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados, Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium, Juan Andrés Tirado Moreno. Mientras que el último en quedar en libertad fue Maldonado, quien se suma al gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad, en salir de prisión. Escuche en este audio más información sobre: -El ministerio de Defensa anunció que la próxima semana se anunciará la reestructuración de la Policía. Señaló que ya se recibieron todos los elementos necesarios de la comisión designada por el presidente. -Arrollado por una volqueta murió uno de los operarios que adelantaba labores para la reapertura de la vía Medellín – Bogotá. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho. -Los Gobernadores del país pidieron que se decrete un reglamento que le de claridad a la ley de licores. -La multinacional Uber responde a requerimientos de la Superintendencia de Sociedades. La firma presentó un recurso de reposición ante la demanda que cursa en ese organismo. -El Departamento de Policía de Chicago, Estados Unidos, fue acusado de incurrir en patrones de uso indebido de la fuerza letal. -El abierto de Australia dará inicio a la temporada del año en el Grand Slam. -Desde el Consejo de Bogotá denuncian que los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público continúan manejando alta velocidad para cumplir con los tiempos que se les estipula. -Después de que un vehículo de transporte público se estrellara hoy contra un poste y cayera sobre una vivienda en la Localidad de San Cristóbal en el sur de la ciudad, La Secretaría de Movilidad anunció medidas para la reducción de accidentes de tránsito en el SITP.
La pérdida de la carpeta del proceso y un juez qué se declaró impedido llevó a qué este jueves se aplazara por tercera vez la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium. El reparto del proceso se hizo hasta este jueves y al ser presentado ante el juez segundo de garantías, este se declaró impedido por ser amigo íntimo de la familia Maldonado. Así las cosas, el juez tuvo que devolver al centro de servicios judiciales la carpeta del proceso, y fue asignada al juez 61 de garantías, a quién nunca le llegó la asignación, pues la carpeta se perdió durante una hora entre el traslado del piso uno al dos del complejo judicial. Debido a esto, las autoridades no tuvieron otro recurso más qué aplazar la audiencia para este viernes. Aunque se podría otorgar la libertad al empresario, trascendió que la Fiscalía solicitó una nueva medida de aseguramiento en su contra. El proceso Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en su contra, asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos que la ley para iniciar un juicio y está violando sus derechos. Maldonado fue extraditado de España desde el año 2015 por solicitud de la justicia colombiana. Está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe. El empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Este jueves se asignó a un juez la solicitud de libertad de Víctor Maldonado, sin embargo, el funcionario judicial tuvo que devolver al centro de servicios la carpeta del proceso y la petición del investigado por el descalabro del Fondo Premium, pues se declaró impedido por ser amigo de la familia Maldonado. Esta petición fue puesta en manos del juez de 61 de garantías, quien deberá resolver el recurso interpuesto por Maldonado y que busca que le otorguen la libertad por vencimiento de términos. Para la defensa, ya se cumplieron 648 días sin que inicie un juicio en contra de Maldonado y asegura que la Fiscalía se ha demorado y ha incumplido los términos de ley para iniciar un juicio por lo que se estarán violando sus derechos. Cabe señalar que Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
En una carta a la opinión pública y firmada por el abogado Ignacio Álvarez, los familiares del empresario Víctor Maldonado defendieron su derecho a solicitar la libertad por vencimiento de términos, situación que será resuelta en una audiencia citada para este miércoles en los juzgados especializados de Bogotá. Los allegados de Maldonado Rodríguez, investigado por el escándalo de Interbolsa, advierten que órganos del Estado buscan influenciar a jueces de la República para que nieguen el recurso invocado, no obstante los 648 días de prisión que ha pagado, según ellos sin que se le juzgue ni haya sido vencido en los tribunales. Afirman en la misiva que no se puede forzar a los jueces de la República a que tomen decisiones que favorezcan a unos u otros intereses, y que la presunción de inocencia debe prevalecer, por lo que no se puede calificar como una injusticia el pedido de libertad de la defensa. La familia de Víctor Maldonado rechaza lo que cataloga como un grave intento de interferencia y argumenta que de conformidad con la normatividad de los derechos humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho. Agregan que Maldonado, de 72 años de edad, padece cáncer y trastornos sicológicos que requieren tratamiento especializado y permanente, y que la permanencia en prisión pone en riesgo su vida e integridad. Maldonado está acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium. De acuerdo con el ente acusador, Maldonado Rodríguez estaba enterado de las presuntas acciones ilegales que se estaban realizando al interior de Interbolsa desde el año 2009, cuando muchos de los dineros de los inversionistas de la liquidada entidad financiera llegaban a sus cuentas, a través de operaciones ilegales que se realizaban en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales del Caribe.
Las autoridades aplazaron la audiencia en la que iban a solicitar la libertad del empresario Víctor Maldonado, investigado por el descalabro del Fondo Premium y cuya defensa alegará el vencimiento de términos. Maldonado llegó al país tras ser extraditado de España de donde fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium. Maldonado fue trasladado al búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente inició el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero. Maldonado fue extraditado por solicitud de la justicia colombiana que lo requiere por estafa agravada, captación masiva de dinero, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especias y no reintegro de dineros captados al público. Eduardo Montealegre, fiscal general de la época, reveló que el empresario podría pagar entre 12 y 15 años de prisión los delitos que les imputará el organismo acusador.
Los empresarios habrían logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios penales a cambio de aceptar tres delitos y entregar información que ayude al proceso contra Víctor Maldonado. Según conoció Blu Radio, el exfiscal Eduardo Montealgre antes de dejar su cargo, firmó ese preacuerdo con el que se busca avanzar en las investigaciones y en las cuales Jaramillo y Ortiz se convertirían en los testigos estelares contra Maldonado. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers) En este escenario, Jaramillo y Ortiz recibirían importantes beneficios penales por el delito de captación masiva y habitual de dineros del público, esto a cambio de testimonios y documentos que demuestren la participación de Maldonado en este escándalo financiero. Así mismo, aceptaron cargos por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación de especies, casos en los cuales solo se leería sentencia y evitarían ir a juicio. Sin embargo, contra Jaramillo y Ortiz continua una investigación que los llevaría a juicio por el delito de no reintegro de dineros captados al público. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con la familia de alias ‘Marquitos’. La hija del exparamilitar denunció amenazas en su contra y pidió garantías en el proceso de su padre. -El Gobierno anunció que el proceso de restitución de tierras será priorizado en los departamentos afectados por la presencia de las guerrillas de las Farc y el ELN. -Algunos sectores del partido Conservador pidieron al ELN liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder para continuar con las negociaciones de paz y dar inicio al primer ciclo de conversación. -En diferentes regiones de Antioquia se lanzará el plan piloto del programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas en conjunto con la Fiscalía y el Gobierno Nacional. -La Defensoría del Pueblo pidió a la Procuraduría y Contraloría investigar al gerente del Fondo de Salud para las cárceles por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. -La esperada reglamentación de servicio de taxis de lujo establece condiciones de cobro de tarifas, distintivos de los vehículos y obliga a los conductores a certificarse en universidades o en el Sena. -Los jueces y notarios del país, se comprometieron a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que les ordena celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. -Una persona murió luego de que las fuertes lluvias provocaran la caída de una carpa en la Plaza Alfonso López de Valledupar. -En alerta naranja se encuentran los organismos de socorro del departamento del Meta por el posible desbordamiento de varios ríos. -Los ingresos por microtráfico en Bogotá superan los $15 mil millones de pesos al año. Las drogas más incautadas son marihuana, bazuco y base de Coca. -Más de 1 millón de firmas logró la oposición en la primera etapa de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
