Tras enviarle una carta en la que le pedía al alcalde Federico Gutiérrez apoyo con personal en los Puntos de Atención a las Víctimas (PAV), la directora de este dependencia en Antioquia aclaró que en ningún momento han dejado de atender esta población en Medellín, ni que tampoco se registren cierres de las sedes por la falta de orientadores y documentadores contratados.Esto luego de que el mandatario aseverara que el Gobierno nacional dejó sin apoyo a las víctimas en Medellín y que no dejaron presupuesto, lo que calificó también como una incoherencia a propósito de que por estos días el presidente Gustavo Petro defendió la memoria de las víctimas de La Escombrera de la comuna 13, en medio de la polémica por los murales que fueron pintados en la ciudad.Al respecto, Claudia Patricia Vallejo, la autora de la carta, señaló que si bien sí existen procesos administrativos naturales al inicio del año que ha tenido dificultades, relacionados con la contratación del operador que gestionará los equipos de trabajo que no están contratados todavía, esto no quiere decir que no haya atención, e incluso recordó que las Alcaldías por ley también les compete adelantar estas atenciones."Lamentablemente se presentó por el proceso de contratación, pero en ningún momento la Unidad para las Víctimas ha dejado de atender a las víctimas. Hemos trabajado durante todo el año, donde el 24 fue el comienzo de este año. La sede de la unidad nunca ha estado cerrada, en el horario habitual. Estamos pendientes también, obviamente, de las situaciones de emergencia que se están presentando también en el resto del departamento de Antioquia para poder prestar ese servicio", detalló la directora. Al ser una responsabilidad compartida, señaló la funcionaria, “la Alcaldía de Medellín, al igual que otras entidades locales, tiene un papel fundamental en la sostenibilidad de los PAV, no sólo en términos de recursos, sino también en la infraestructura necesaria para garantizar que las víctimas reciban una atención digna y de calidad”.Finalmente, apuntó que la Unidad para la Atención a las Víctimas cuenta con canales de atención como Unidad en Línea, a través de los cuales las víctimas pueden seguir recibiendo orientación y soporte en tiempo real.Recordemos que el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, también había opinado que mientras el presidente se mostraba preocupado por la dignidad de las víctimas en Medellín "hoy deja sin atención a 356,411 víctimas del conflicto armado por retrasos en la contratación de la Unidad Nacional para las Víctimas".
Fue capturado en las últimas horas un peligroso ladrón identificado como alias ‘El Guasón’, un hombre que se disfrazaba como payaso y se pintaba la cara para ocultar su identidad y así aprovechar para atracar a sus víctimas bajo la modalidad de intimidación en las calles de Ibagué, Tolima.Fueron patrulleros de la Policía los que recibieron llamados de alerta de un ciudadano en el sector de la glorieta de la terminal de transportes, quien indicó que había sido víctima de un violento atraco por parte de un hombre cuya cara estaba pintada de payaso. El delincuente le robó a este hombre un celular y otros elementos de valor.Con el señalamiento de la víctima, los patrulleros de la Policía de inmediato establecieron un plan candado en el cual identificaron al responsable del atraco, quien iba a bordo de una buseta de servicio público, haciéndose pasar por payaso pidiéndole dinero a los pasajeros del vehículo.Al requisar a ‘El Guasón’, los patrulleros de la policía de Ibagué le hallaron a este hombre un celular y unos audífonos, que eran propiedad del denunciante, a quien le fueron devueltos los elementos que habían sido robados en momentos previos.“La Policía Metropolitana de Ibagué registró la captura de cuatro personas por el delito de hurto, reflejando la continuidad de los planes como resultado a la ofensiva que se desarrolla en las diferentes comunas de la capital tolimense”, indicó la Policía Metropolitana de Ibagué.
El Ministerio de Igualdad y Equidad convocó a diferentes instancias gubernamentales a sumarse a la estrategia para habilitar nuevas casas de refugio para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.Estos espacios tienen ofertas de alojamiento, alimentación, vestido, así como apoyo psicosocial y jurídico para la protección de la mujer y sus familiares, en especial si son menores de edad u otras personas dependientes.“La consolidación de esta red de casas refugio permitirá a las mujeres que son sobrevivientes víctimas de las violencias basadas en género ser protegidas y atendidas de manera integral, contribuyendo a superar una barrera institucional que ha existido para las mujeres históricamente”, reiteró la entidad nacional.Ante esto, el Ministerio convocó a alcaldías y gobernaciones a inscribirse y hacer parte de la red de casas refugio; la solicitud debe hacerse a través del correo contacto@minigualdad.gov.co.Con esto garantizarán la priorización de recursos que entrega el Ministerio de Salud y de inmuebles a cargo de la Sociedad de Activos Especiales para que sean adecuados como refugios o en su defecto, el ministerio aportará 30 % para la construcción de casas nuevas donde se necesite.Otros de los apoyos a las administraciones que se postulen serán asesorías para fortalecer redes de atención de las comisarías de familia en coordinación con el Ministerio de Justicia.Antioquia y Nariño fueron los primeros departamentos en vincularse a la red nacional de casas refugio, a través de un compromiso asumido con el Ministerio de Igualdad, ONU Mujeres y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero la meta es extender esa red durante el 2025.
Las reacciones en rechazo a las fuertes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre la 'Operación Orión' y La Escombrera no se han hecho esperar, tanto en las redes sociales por parte de personajes de la política como el propio presidente Gustavo Petro, la congresista Jennifer Pedraza y el exalcalde Daniel Quintero; como las víctimas que permanecen en la comuna 13 a la espera de noticias sobre sus desaparecidos.Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, manifestó que en un principio, Álvaro Uribe admite que en la zona sí llevaban cadáveres, pero le pidió que reconozca su responsabilidad y que como familias de desaparecidos tras la 'Operación Orión' esperan tener respuestas."Lo que tiene que reconocer es que dio la orden. Entonces, que nos digan que fue lo que pasó, por qué pasaron los responsables. Yo creo que debe pedir perdón a las víctimas y a la comunidad. Es un crimen de derecha humanidad, lo está utilizando para hacer policía y campañas. Es un irrespeto también utilizar lo que sucedió acá para hacer campaña, porque invita a que voten por él", detalló Galeano. Según Uribe, la JEP y el Gobierno “Petro Santista” lo que hacen es política con las víctimas de La Escombrera, luego de que justamente esta jurisdicción anunciara que llamaría a 10 comparecientes a versión libre para que aporten a la verdad de lo que pasó."Antes era un centro de crimen, hoy es un centro de arte y cultura. Nunca apoyamos la impunidad, pero la JEP y el Gobierno Petro-Santos lo que hacen es política con las víctimas de La Escombrera. La comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la escombrera desde 1978 y recuerden hasta Orión aquí no podía entrar el Ejército", dijo Uribe.Ese ha sido justo otro de los puntos que le ha generado críticas a Uribe, pues aunque dice que están haciendo política con las víctimas, en su declaración de este 2027 hizo campaña pidiendo a los habitantes de la comuna 13 que ganen “las elecciones del 2026 para que esos 700 municipios tengan seguridad”, refiriéndose a los que según él el gobierno de Gustavo Petro está convirtiendo en otras escombreras.Para el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, la 'Operación Orión' deja a Uribe sin posibilidad de escape, porque en su concepto “a diferencia de los falsos positivos donde se excuso diciendo que él no dio la orden, en la operación Orión, en cambio, no puede excusarse: él dio la orden, lo coordinó, y lo supervisó”, manifestó en su cuenta de X.Mientras tanto, la congresista Jennifer Pedraza le cuestionó al exmandantario si está justificando el asesinato de civiles a manos del Estado colombianoy auguró que pronto "llegará la verdad y ojalá la justicia. No hay impunidad eterna para los responsables", dijo.
La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que los feminicidios en la capital se redujeron un 8 % en el 2024. De acuerdo con las autoridades, el año pasado se registraron un total de 30 casos de violencia contra las mujeres en la ciudad, por lo que el 2024 finalizaría con unos 27 hechos.“Gracias al despliegue de más de 4.248 actividades preventivas por nuestras uniformadas de la Patrulla Púrpura hemos beneficiado a cerca de 108.785 personas, logrando con esto una reducción del -8 % salvando la vida e integridad de todas aquellas mujeres víctimas de violencia de género”, afirman desde la Policía.Las autoridades afirman que el logro se debe a un trabajo articulado con las diferentes entidades del Distrito, los equipos psicológicos, médicos y trabajadoras sociales, quienes orientan la situación en caso de que se requiera atención inmediata.De igual forma, cabe recordar que desde la Procuraduría ya habían alertado la situación de violencia de género en el país, pues entre enero y noviembre de 2024 se registraron 198 feminicidios y 8 trans feminicidios en toda Colombia.“Los departamentos más afectados por feminicidios incluyen Antioquia, con 30 casos, Valle del Cauca, con 26, y Bogotá, con 21. En el caso de los trans feminicidios, los mayores registros se concentran en Valle del Cauca y Bogotá”, afirmó el comunicado del ente de control.Por todo esto, a pesar de la disminución en la capital, desde la Procuraduría hicieron un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan los mecanismos de prevención y atención a las víctimas.¿Cuáles son los canales de atención?En caso de necesitar a la Patrulla Púrpura de la Policía, puede comunicarse con la línea 155.Desde la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá también se encuentra habilitada la línea Púrpura (01800011213) o el WhatsApp 3007551846.
Tras el hallazgo de estructuras óseas humanas y prendas de vestir en La Escombrera en Medellín, continúa un arduo trabajo de identificación y cotejo con la base de datos de personas desaparecidas en la comuna 13 que, según la Unidad de Búsqueda, son por lo menos 502.Luego del anuncio, magistrados de la JEP, la Unidad de Búsqueda y la Fiscalía hicieron presencia en este sitio, considerado una fosa común a cielo abierto para adelantar las diligencias. Por ahora, y con un estimado de más de seis meses para identificar los cuerpos hallados, pidieron a los familiares con personas desaparecidas que se tomen muestras de sangre, si no lo han hecho, que permitan hallar con mayor rapidez sus identidades. "Para poder identificar, necesitamos distintas líneas de evidencia, pero en particular en este estado en que encontramos estos cuerpos, la muestra también es muy importante para poder hacer los perfiles genéticos y contrastarlos con muestras biológicas también procedentes de familias buscadoras", manifestó Luz Forero, directora de la Unidad de Búsqueda.Víctimas tienen esperanzaLo sucedido aumenta la esperanza para las víctimas que aún esperan encontrar a sus seres queridos, sobre todo quienes cuentan con un indicio certero de que el cuerpo se halla en La Escombrera. Este es el caso de Luz Enith Franco, a quien dos paramilitares se le llevaron a su esposo Arles Edison Guzmán el 30 de noviembre de 2002 cuando llegaron al restaurante “Asados el 20” en el barrio 20 de julio, mientras trabajaban, a escasos metros de un puesto de control del Ejército y la Policía.María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y quien representa a la familia de Arles Edison en un caso que llegó a la CIDH y tuvo sentencia contra el Estado colombiano, explicó que un paramilitar entregó a la Fiscalía un croquis de donde estaba el cuerpo, en uno de los polígonos priorizados en La Escombrera."El polígono incluye el posible lugar en el que señala el croquis está Arles Edison. Entonces, pues de los ciento desaparecidos que hay en La Escombrera, el único desaparecido sobre el cual se tiene algún indicio cierto de que es probable que esté en ese sitio es Arles Edison Guzmán", detalló.Piden ser escuchadasEl mayor lamento de las víctimas es que las autoridades no tomaran acciones desde el año 2001, cuando tras la dura época de violencia en la Comuna 13, se hablaba de decenas de cuerpos que eran abandonados en este sitio de explotación de la empresa El Cóndor. Así lo dijo Margarita Restrepo, otra de las buscadoras que exigen el derecho a saber qué pasó con sus hijos y seres queridos."Donde esto nos hubieran escuchado desde el 2000 o el 2001 y nos hubieran creído. Yo creo que esta es una puerta para encontrar más cuerpos. Nosotras no somos mentirosas, pero donde las administraciones pasadas nos hubieran creído, no nos hubieran dicho que éramos locas y que eso era mentira, yo creo que hubiéramos logrado muchas cosas más", expuso Restrepo.Para Luz Elena Galeano, víctima por la desaparición de su esposo e integrante de Mujeres Caminando por la verdad, los obstáculos no solo se vieron en esa época sino por ejemplo en el 2016, cuando el actual alcalde Federico Gutiérrez cursaba su primer periodo y no continuó con las labores en la zona, tras una búsqueda infructuosa por parte de la Fiscalía."En el año 2016, después de la búsqueda que hizo la fiscalía en el 2015, nos negó la búsqueda en ese polígono porque él llevó a unos españoles y lo que dijeron era que ahí no iban a encontrar nada. Hoy se le demuestra al señor Federico Gutiérrez que estamos diciendo la verdad, que la voz de las víctimas debe ser escuchada", subrayó la lideresa.El polígono protegido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5, que tras 146 días de estar en marcha, se han removido 36.450 metros cúbicos de tierra.Según los registros de la Unidad de Búsqueda, solo en Medellín hay un universo de 5.912 personas desaparecidas. De ellos, se presume que en La Escombrera hay restos de cerca de 140 personas desaparecidas en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.
Amnistía Internacional presentó el informe "transformar los dolores en derechos: riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, con el cual dejan en evidencia los graves obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos de manera forzada.En el documento explican que en Colombia puede haber más de 200.000 personas víctimas de desaparición forzada, sus familias, y en especial las mujeres buscadoras han recibido amenazas, ataques y han sufrido estigmatización a la hora de buscar información sobre las personas que se encuentran desaparecidas.“Hay, por una parte, los ataques y por la otra parte es la estigmatización y es las narrativas de que las posicionan, tanto a las personas desaparecidas como a las personas buscadoras, como guerrilleras o como criminales”, explicó a Blu Radio Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.El informe aborda en específico el caso de desaparición forzada de la exmilitante del M-19 Nydia Erika Bautista, en 1987. En el documento, Amnistía Internacional explica cómo Yanette Bautista, hermana de Nydia Erika, y Andrea Bautista, sobrina de Nydia Erika, sufrieron amenazas y ataques, e incluso se tuvieron que exiliar por buscar la verdad sobre lo ocurrido.“El caso de la Fundación Nydia Erika Bautista es un ejemplo que se repite. Por una parte, se dieron ataques y distintas formas de amenaza, incluyendo amenazas de muerte muy intensas y no solo a ellas, sino a su entorno familiar. Además de los ataques está la estigmatización y son las narrativas que las posicionan, tanto a la persona desaparecida como a las personas buscadoras, como guerrilleras y criminales. En el caso de Nydia Erika ha sido mucho el tema de ser guerrillera y como si eso hiciera casi que se mereciera haber sido desaparecida, eso es algo impresentable que no se puede repetir”, agregó Piquer.Es importante recordar que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha individualizado a 111.640 personas que fueron desaparecidas, hasta marzo de 2024. Por su parte, la Comisión de la Verdad determinó en su informe final que entre 1985 y 2016 aproximadamente 210.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada.“También es habitual el robo de información y la invasión de espacios privados, que menoscaban la capacidad de las buscadoras para hacer su trabajo y, más que todo, para mantener la memoria de años de búsqueda. Yanette Bautista lo describió así: "Nos robaron el pasado y también nos están robando el futuro”, explican desde Amnistía Internacional.
En entrevista con El Radar de Blu Radio, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo un llamado de atención sobre los desafíos que enfrenta este tribunal para cumplir con su mandato dentro de los tiempos establecidos por el acuerdo de paz. Ramelli advirtió que, de no lograrse procesar todos los casos, estos serán remitidos a la justicia ordinaria, lo que podría generar complicaciones jurídicas tanto para las víctimas como para los comparecientes.“Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, explicó Ramelli, refiriéndose al riesgo latente de que algunos casos queden fuera del alcance de la JEP.Según Ramelli, la JEP tiene 10 años para investigar y cinco adicionales para juzgar. Sin embargo, aclaró que el tiempo destinado a la investigación ya se está agotando. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Esto no significa que tengamos quince años para cada tarea. El tiempo se divide, y estamos en una carrera contrarreloj”, afirmó.El presidente de la JEP también señaló que el tribunal ya está procesando los casos más avanzados, como el de secuestro, que se encuentra en la etapa final antes de las sanciones. Sin embargo, los procesos masivos, que involucran miles de víctimas y comparecientes, requieren recursos y tiempo que la jurisdicción no siempre tiene.Ramelli también advirtió que el traslado de casos a la justicia ordinaria no solo afectaría el acceso a justicia para las víctimas, sino también la situación jurídica de los comparecientes. “En la justicia ordinaria las penas no son restaurativas, sino privativas de la libertad. Por eso es crucial que aprovechen la oportunidad de la JEP”, aseguró.La JEP enfrenta un contexto de presiones políticas y sociales, pero sigue comprometida con cumplir su labor. "Hacemos lo humanamente posible con los recursos y el tiempo que tenemos, pero hay un límite", concluyó Ramelli.
La Corporación Defensoría Militar emitió un comunicado en el que hicieron un llamado para proteger la equidad y la verdad judicial en los procesos, respetando tanto a víctimas como a los acusados.“A lo largo de la historia, la justicia ha sido clave para construir sociedades equitativas. Sin embargo, en ocasiones, su verdadero propósito de proteger los derechos humanos y garantizar la equidad ha sido opacado por intereses de poder. Hacemos un llamado urgente a reivindicar los valores fundamentales que la justicia representa: equidad, verdad y respeto por los derechos de todos los involucrados”, dicen desde la Corporación.En el mismo sentido aseguran que la justicia no debe ser utilizada para revictimizar a quienes ya han sufrido.El pronunciamiento se da en medio de las polémicas que se han desatado en los últimos días por algunas investigaciones sobre el conflicto armado.“Desde la Corporación Defensoría Militar, recordamos que la justicia debe ser equitativa, imparcial y profundamente respetuosa de los derechos humanos. Exigimos una sociedad que no revictimice, ni utilice la justicia como un tema de debate político. Es momento de reconocer que, detrás de cada decisión judicial, hay vidas humanas que merecen respeto, protección y justicia”, agregan desde la Corporación.
En una zona de ladera del barrio los Alcázares de Manizales ocurrió una fuerte explosión, seguida de un incendio estructural, que cobró la vida de una persona y dejó heridas a otras cuatro.El cuerpo encontrado fue identificado como Carlos Elías Ocampo y, según reportes de las autoridades, está desmembrado, ya que la onda explosiva lo sacó expulsado del interior de la vivienda.El hallazgo del hombre lo hizo su hijo, quien llevaba varias horas en esas labores por toda la zona. Lo encontró justo en una de ladera a un costado de donde ocurrió el suceso.Vecinos de la zona aseguran que en el lugar almacenan pólvora y que esta habría sido la causa de la fuerte explosión.¿Qué dicen las autoridades?Esta versión concuerda con la entregada por el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera, quien manifestó que en el lugar había pólvora lista para la comercialización, aunque precisó que están en las investigaciones para establecer si esa si fue la causa de la emergencia.El reporte también indica que otras cuatro personas que habitan en el lugar sufrieron graves quemaduras y tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Entre ellas un joven de 22 años quien tuvo colapso en las vías respiratorias y su pronóstico es reservado.
