El exparamilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, más conocido como 'Monoleche', fue recapturado en la noche de este viernes, 17 de marzo, en Bogotá, en el marco de una investigación por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Yamile Izquierdo; hecho que ocurrió el 31 de enero de 2007 en Montería, Córdoba.Según la Fiscalía, el hombre, quien era uno de hombres más cercanos a los hermanos Castaño Gil, habría sido el determinador del homicidio de la líder Izquierdo y también del asesinato de Carlos Castaño, al cumplir una orden que le dio el hermano del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño.La recaptura de excombatiente se dio luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró mérito suficiente para resolver la situación jurídica de Roldán Pérez e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, como determinador del homicidio de la líder.“Para hacer efectiva la decisión, personal del CTI de la Fiscalía, con apoyo de unidades del Ejército Nacional, ubicó y capturó a ‘Monoleche’ en Bogotá. La victima representaba a 843 familias que buscaban recuperar varias fincas en Córdoba, que los entonces autodefensas les habían arrebatado. Monoleche seria el responsable de uno de los bienes en disputa y, al parecer, pretendía que se le devolvieran los recursos a la reclamante", manifestó el director especializado contra las violaciones a los derechos humanos, Hugo Tovar Pérez.En ese sentido, según Tovar Pérez, Roldán habría ordenado a un hombre conocido como 'Jagui' para que le causara la muerte a Yolanda Izquierdo. El día del crimen, el compañero sentimental de la lider social recibió varias heridas de gravedad.Los delitos por los que se le acusa a 'Monoleche' son los de homicidio agravado y tentativa de homicidio, en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000, que regia el anterior sistema penal.Roldán Pérez permanece a esta hora en una celda del búnker de la Fiscalía, a la espera que se le defina su situación, luego que en el 2016 un juez de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó la libertad del excomandante.Esto al indicar que cumplió con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz; es decir, ocho años de pena privativa de la libertad; además ayudó con las autoridades al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, con la ubicación de las víctimas de las AUC.Le puede interesar:
Envían a la cárcel a alias ‘Lucas’, cabecilla financiero de los hermanos Castaño Gil, acusado de aportar recursos a un grupo paramilitar para cometer una de las masacres en la vereda La Granja de Ituango que, al finalizar el año pasado, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas.La decisión fue tomada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien encontró evidencia y prueba testimonial para resolver la situación jurídica de Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, y disponer su detención preventiva en centro carcelario por la posible participación en la denominada masacre de La Granja, ocurrida en zona rural de Ituango el 11 de junio de 1996.En ese sentido, la Fiscalía estableció que, desde la señalada oficina de alias ‘Lucas’, ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín, al parecer, se planeó y remitieron dineros para que una estructura armada irrumpiera al corregimiento La Granja y buscara con lista en mano a habitantes señalados equivocadamente de apoyar a otras organizaciones ilegales de la región.Durante el recorrido, el grupo perteneciente al entonces bloque Mineros asesinó a cuatro personas que estaban en las viviendas o lugares de trabajo, entre ellas una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un profesor.“Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, habría sido el encargado de pagar la nómina y abastecer de armas, recursos, material de intendencia y otros elementos a las organizaciones paramilitares que ejecutaron varios homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1996 y 1998”, explicó el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar Pérez.Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro seguirá vinculado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir agravado.La medida de aseguramiento será comunicada a las autoridades competentes y a las directivas de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde alias ‘Lucas’ permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra.Hay que recordar que después de 16 años tuvieron que esperar las víctimas para que el Estado colombiano, en cabeza ahora del presidente Gustavo Petro, reconociera su responsabilidad y pidiera perdón por las muertes en la masacres de La Granja, en 1996, y en El Aro, en 1997, luego de ser tildados, según la misma Astrid, de guerrilleros.Le puede interesar:
Noticias Caracol reveló un informe que da cuenta de cómo la JEP recogió evidencia que demostraría que la desmovilización de 242 guerrilleros en 1996, en el departamento de Córdoba, fue falsa y a estos hombres los convirtieron en paramilitares. Según el informe, detrás de este engaño se encuentran altos oficiales del Ejército Nacional, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, quien en esa época ostentaba el grado de coronel.“Era un falso positivo que le estaban dando el Ejército, porque el Ejército lo que estaba diciendo era que nosotros nos les habíamos entregado a ellos”, dijo alias ‘El Cura’, alto mando del EPL, y luego jefe de las Autodefensas en los Llanos y el Valle.Este testigo detalló lo que pasaba en Córdoba y Antioquia en ese año ante el hostigamiento continuo de las Farc a los últimos miembros del EPL.“Sarley, Ricardo y mi persona dijimos: nosotros sí dejamos, pero directamente a las Autodefensas no nos entregamos porque teníamos miedo de que nos mataran, que nosotros nos entregamos al Ejército. Hicimos contacto con un comandante del Ejército, estaba Sanabria y Barrero. Hoy en día lo mencionan por ahí, a esos coroneles, que eran de Junín, el batallón Junín”, declaró alias ‘El Cura’.Según ‘El Cura’, Sarley es Francisco Morelo, cuñado de ‘Otoniel’ y quien llegó a ser el segundo al mando del Clan del Golfo. ‘El Cura’ en su testimonio habló sobre cómo se entregaron al batallón Junín y al entonces mayor René Sanabria y al coronel Barrero.“A Tierralta, Córdoba, en Frasquillo, y ahí llegamos nosotros uniformados, llegamos con los fusiles, estaba el Ejército, ya nos recibió Sanabria, Barrero”, afirmó.Según este hombre, ese día fueron llevados en helicópteros del Ejército a una finca paramilitar ubicada en el departamento de Córdoba.“Fueron varios viajes y varios helicópteros, como tres helicópteros que nos llevaron, nos bajaron a esa finca, que eso era de las Autodefensas. Ya cuando nosotros llegamos allá, el que estaba allá organizando toda la finca, la comida, la logística donde nos íbamos a quedar era Móvil Cinco, un señor que era de las Autodefensas. Llegó gente del Gobierno, llegó el alcalde de Tierralta, el gobernador de Córdoba”, expresó.Vea el informe de Noticias Caracol:Alias ‘El Cura’ detalló que durante el trayecto estuvieron acompañados por Sanabria y Barrero. Además, concluyó que estos altos mandos militares tenían pleno conocimiento de estar en un predio controlado por paramilitares al mando de los hermanos Castaño.Después, ‘El Cura’ afirmó que fueron llevados a reunirse personalmente con Carlos Castaño en una finca conocida como ‘Las Tangas’.“Llegamos, hablamos con Carlos Castaño, nos presentamos, ya él nos distinguió, bueno ya hablamos y él nos dijo cuál era el proyecto que teníamos, y hablamos del problema que teníamos con las Farc y que, si ya nosotros teníamos un problema con las Farc, desde aquí lo podíamos llevar desde las Autodefensas”, dijo.Sin embargo, ‘El Cura’ aclaró que no eran los primeros líderes guerrilleros en "entregarse" a los paramilitares en esa zona, ya que ‘Otoniel’ y otros altos mandos recién se habían convertido en miembros de las AUC.“Ya estaba Gonzalo, estaba Otoniel, estaba Giovanni, que eran los compañeros de la guerrilla que ya se habían entregado más adelante, y estaba un muchacho de las Farc, James, estaba James, estaba otro muchacho, Perro de Monte, Belisario, que eran unos que habían sido de las Farc, estaban ahí”, detalló.Después de la reunión con Carlos Castaño, alias ‘El Cura’ afirmó que: “Llegó gente del Gobierno, la Fiscalía, cogieron los datos. Dejamos los fusiles ahí y firmamos lo que íbamos a firmar, como eso ya estaba cuadrado con las Autodefensas. En la tarde ya llegaron unas volquetas, nos recogieron, recogimos todos los guerrillos y salimos de ahí por Valencia, San Pedro a la finca La 35 y La 10 en El Tomate. Ya cuando nosotros llegamos allá, eso es una base paramilitar”.Vale la pena mencionar que, durante esta presunta falsa desmovilización, estuvieron funcionarios de la Gobernación de Córdoba, de Antioquia, Fiscalía, el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa y altos mandos del Ejército.“Eso fue lo que hoy en día se llama un positivo para el Ejército, para el Gobierno también porque esas personas ya venían haciendo parte de las Autodefensas”, expresó alias ‘El Cura’.Según el informe, no fue solamente alias ‘El Cura’ quien entregó esta versión ante la JEP, pues varios exguerrilleros que participaron en esta falsa desmovilización confirmaron lo dicho en testimonios recogidos por la justicia especial.Por último, la JEP logró evidenciar que varios exguerrilleros se desmovilizaron 10 años después durante el proceso con los paramilitares, pese a que su nombre se encontraba en varias actas de la supuesta desmovilización en 1996.Le puede interesar:
Humberto López, representante de la Unión Nacional Unitaria Agropecuaria, se refirió en Mañanas Blu acerca de la entrega de la finca Támesis, de 590 hectáreas, la cual operó como uno de los mayores centros del accionar paramilitar de las Autodefensas Unidas Campesinas (AUC) de la familia Castaño. "Tiene una historia muy grande a partir de los años noventa. Támesis era un centro de acopio paramilitar. Los Castaño hacían allí fiestas, inclusive puede haber fosas comunes en ese territorio. Ese era uno de los epicentros de las Autodefensas donde descansaban", sostuvo López. De acuerdo con el vocero, Támesis llevaba bastantes años en extinción de dominio y solo hasta el actual Gobierno se entregó a víctimas. "Támesis hace rato que la tenían ahí en extinción de dominio, ahora que llegó este Gobierno de Petro se la están dando a los campesinos. Inclusive, el mismo Estado la tenía arrendada a terceros. No recuerdo el nombre, pero creo que la tenían arrendada para particulares que la utilizaban para la ganadería", sostuvo López. Según López, no tiene claridad sobre si la entidad que tenía la hacienda Támesis en arriendo era la Fiscalía o la Sociedad de Activos Especiales (SAE). "El presidente lo que hizo fue una entrega ese día, la finca en general, pero no hay quien haga divisiones, eso lo tiene que hacer Fensuagro. No sabemos, para las organizaciones que hay, cómo se va a dividir. Entregaron la finca, pero no se ha repartido", indicó López. El representante de la Unión Unitaria Agropecuaria, dijo que aspira a recibir tierra, pero no en la hacienda Támesis, porque estas se priorizarán para mujeres cabeza de familia. "Estoy dentro del asentamiento, del humedal Berlín. Lo cierto es que vamos a ser reubicados", señaló. Acerca del bien recuperado de la mafia y que fue entregado a familias campesinas, el presidente Gustavo Petro aclaró que no se trata de limosnas. "Esto que estamos haciendo aquí es una política social completamente diferente. No estamos entregando una limosna. Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación, que es la tierra. La tierra es un instrumento de producción", indicó el mandatario durante el acto de entrega.
El exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez habló en Mañanas Blu acerca de la medida cautelar que impuso la Fiscalía a cuatro bienes en los que aparece como propietario, los cuales supuestamente pertenecieron al jefe paramilitar Vicente Castaño. Según Pérez Gutiérrez, antes de hacer la transacción se consultó a la Fiscalía y al Consejo Nacional de Estupefacientes para constatar la legalidad de la operación."A nosotros no nos han quitado ningún bien, Al fiscal le pedí que rectifique, porque todo lo que dijo está lleno de imprecisiones. Somos unos diez empresarios que compramos una tierra en el 2006, la cual avaluada comercialmente por la lonja. Esa tierra no tenía ningún tipo de pertenencia a los que dice el fiscal, los Castaño. Se hizo un estudio de títulos, fuimos a la Fiscalía antes de comprar. Tenemos los documentos donde dice que que no tenía ningún problema, que podíamos proceder. Igualmente llamamos al Consejo Nacional de Estupefacientes", sostuvo Pérez Gutiérrez.Según Pérez Gutiérrez, su actuar estuvo enmarcado en la legalidad y de los lotes solo había uno en entredicho, ante lo cual se buscó un concepto para eliminar cualquier suspicacia."No hemos sido informados de nada en la Fiscalía, solo que apareció una propiedad, por un bandido que está en la cárcel y que dijo que eso lo quería comprar Castaño o que le debían una plata. No se sabe, pero no aparece nada en los títulos de propiedad", complementó el exmandatario departamental.Le puede interesar:Según Luis Pérez, no sabe de dónde se saca que el avalúo de los bienes supera los 70.000 millones de pesos. "Mire el negocio, nosotros compramos tierras, las guardamos hasta que maduren para hacer parcelaciones con casas y construir etcétera. Lo compre con personas decentes, gente que ha estado en ese negocio toda la vida, me invitaron a participar en esa época. El negocio tiene tanta transparencia que yo entregué mi casa y solicité que me la alquilaran mientras construía", agregó.Pérez Gutiérrez, además, aclaró que la transacción la hizo antes de trabajar al frente de la Gobernación y que durante su tiempo como servidor público no hizo "ni un solo negocio". "Yo no era empleado público, o sea, en los últimos 25 años en esto yo he tenido dos cargos públicos únicamente tres años de alcalde y cuatro años de gobernador. Mientras he estado en esos dos cargos no he tenido ningún tipo de negociación, como se puede perfectamente certificar", complementó.
Un total de ocho predios que suman cerca de 2.000 hectáreas de tierra ubicados entre Luruaco, Atlántico y Santa Catalina Bolívar fueron entregados por parte de la Fiscalía General de la Nación al fondo para la reparación a las víctimas.Según las investigaciones, el terreno pertenecía al exjefe paramilitar Vicente Castaño, quien lo habría recibido como parte del pago de una deuda que alias ‘El Arquitecto’ tenía con él."El Sábalo supera en valor los 24.685 millones de pesos, actualmente son tierras aptas para el uso agrícola, ganadero, forestal y la explotación de recursos naturales. Cuenta con fuentes de agua cercanas como la Ciénaga del Totumo y la Ciénaga de Luruaco, así como la Represa del Sábalo", indicó Salomón Strusberg, director de Justicia Transicional en la Fiscalía.Sobre dichos predios la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo el pasado 3 de mayo de 2022 y según la fiscalía en un poco más de dos años han entregado 153 bienes vinculados a la Casa Castaño.Es importante recordar que el Fondo para la Reparación a las Víctimas recibe, administra y monetiza los bienes incautados o entregados por grupos ilegales para destinarlos al pago de sentencias de los procesos de reparación de las víctimas del conflicto.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, exparamilitar del que no se tenía rastro desde que se desmovilizó en 2003, en un inmueble de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá.Este hombre, según los investigadores, fue el jefe financiero de la "Casa Castaño" y manejaba todos los dineros y asuntos contables de los hermanos Carlos y Fidel en la década de los 90 y parte del 2000.La captura se hace con fines de indagatoria, bajo la ley 600 de 2000 para que responda por su presunta participación en el asesinato de tres funcionarios del CTI, Manuel López; John Jairo Ruiz y Luis González, entre 1997 y 1998 en la capital antioqueña.“En el lugar los investigadores encontraron libros contables, facturas, extractos bancarios y otros documentos que relacionaban los movimientos ilícitos de dinero de los hermanos Gil”, explicó el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Javier Enrique García Trochez.Alias ‘Lucas’ ya había sido capturado por un grupo especial del CTI de la Fiscalía en abril de 1998 en parqueadero Padilla, inmediaciones del centro administrativo de La Alpujarra, pero salió por la puerta principal de la cárcel Bellavista con un documento falso en ese mismo año.En el lugar de la captura fueron encontraron libros contables, facturas, extractos bancarios y otros documentos que relacionaban los movimientos ilícitos de dinero de los hermanos Castaño Gil.
Noticias Caracol revela el cruce de correos entre Carlos y Vicente Castaño, que dan cuenta de las diferencias entre ellos, que terminaron en muerte.
Los bienes están ubicados en diferentes municipios de Antioquia, Cundinamarca y Santa Marta y, según la investigación de las autoridades, habrían sido adquiridos con recursos obtenidos de narcotráfico y extorsión en esas zonas del país. Entre estos bienes se encuentran cuatro fincas englobadas en el predio La Coqueta de Titiribí, que abarcan un área de más de 53 mil kilómetros y tendrían un valor aproximado a los mil millones de pesos. El director de la fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, celebró que estos predios pasen a hacer parte del Fondo de Reparación a las Víctimas, con lo que espera que se acelere el proceso de reparación y restitución de tierras. Los bienes, fueron ubicados durante las versiones libres de Jesús Ignacio Rodan Pérez, alias ‘Monoleche’, quien era el jefe de seguridad de Vicente Castaño dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según la Fiscalía, estos bienes eran usufructuados actualmente por la esposa de Castaño, Luz Marina Ruiz Arroyave, y sus hijos.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
