Las cuentas no cuadran en las explicaciones entregadas por Invías a los congresistas del Caribe, luego de que le cuestionaron por la pertinencia de realizar una consulta previa entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que se verán impactadas por el cobro del impuesto de valorización en la vía al mar.Por ejemplo, en el municipio de Tubará, el DANE estableció que un 64% de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10% de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.Lo anterior resulta cuestionable para el representante a la Cámara Gersel Pérez, quien este viernes presentará ante el Tribunal del Atlántico una acción de tutela para que se suspenda cualquier cobro hasta que no se defina la realización de este mecanismo de consulta."Tomamos la decisión de que el día viernes estaremos radicando la acción de tutelas para impedir que se haga ese cobro de valorización y pediremos como medida cautelar que hasta que no se haga la consulta previa, no se puede, no se puede adelantar el cobro", expresó Pérez.El objetivo, según explicó, está puesto en que a través de dichas medidas cautelares para que se atiendan los requerimientos de la comunidad más vulnerable y se establezca si habrá afectaciones a los mismos.
Este viernes, el senador Mauricio Gómez compartió en un evento público la notificación que le llegó por la Corte Constitucional sobre la admisión de la demanda que interpuso en contra del polémico cobro de valorización a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar.El congresista, una vez fue notificado, pidió a Camacol, a los gremios y a sus compañeros del Congreso, en especial de la bancada caribe, que se unan a esta demanda para sacarla adelante a favor de la región Caribe.De inmediato, el abogado Felipe Aroca respondió que va “a coadyuvar esta demanda”, y en el mismo sentido se pronunció el presidente de Intergremial, Atlántico, Efraín Cepeda, quien en nombre de los gremios de Atlántico y Bolívar expresó su respaldo a esta iniciativa judicial.Justamente esta semana en Cartagena, el director de Invías, Juan Montenegro, presentó el censo predial, a corte de este 30 de octubre, que se aplicará a los propietarios de la Vía al Mar, dejando claro que de los 248.656 predios ubicados en el área de influencia del proyecto, el 40% quedaron exentos de este cobro.La exención se da por aspectos como falta de capacidad de pago, tener Sisben A y B, hacer parte del estrato 1, 2 y 3, y estar excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.En esa misma presentación, Montenegro aseguró que hasta ese momento el Invías no había sido notificado sobre las acciones judiciales que cursan en contra de este cobro de valorización, entre ellas la del Consejo de Estado.
El polémico cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía que conecta a Barranquilla- Cartagena sigue generando "rechazo rotundo" entre los gremios económicos de los departamentos del Atlántico y Bolívar, quienes han advertido que este podría convertirse en una amenaza de "confiscación".Al menos así lo ha planteado el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cépeda Tarud, quien explicó que este cobro podría generar que los propietarios de los predios gravados incumplan con los pagos, precisamente por no contar con la capacidad económica para asumirlos, convirtiéndose en sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar, inclusive, al remate de sus inmuebles.En este sentido, expresó que seguirán la batalla jurídica ante los vicios de nulidad que tendrían las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), para adelantar este proceso a partir de marzo del 2025, teniendo en cuenta que las notificaciones llegarían a partir del próximo mes. "Seguiremos por esta vía, por la vía jurídica, para evitar este cobro que consideramos inequitativo e injustificado por una vía que de 210 kilómetros aún tiene 60 en calzada sencilla. Seguramente seguirá así, aunque el Gobierno nacional empiece con esta contribución", dijo Cepeda. Así las cosas, lo que sugieren los gremios económicos es que el Invías derogue las resoluciones que permiten el cobro de valorización y que, de esta manera, sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la legalidad del mismo.Cabe recordar que el cobro de valorización estaría dirigido para un total de 248.000 unidades prediales ubicadas entre Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Por medio de la contribución, entre otras cosas, se espera un recaudo de 2,3 billones de pesos.
En un extenso documento de 364 páginas, el equipo jurídico del Distrito de Barranquilla interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que “se declare la nulidad” de la resolución que emitió el Invías en mayo de 2023 y por medio de la cual se aplica el cobro de valorización en la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad, entre Atlántico y Bolívar.Puntualmente, la demanda pide la nulidad, tanto de la Resolución No. 1729 del 26 de mayo de 2023 del Invías, como de la Resolución No. 2615 del 27 de junio de 2024, también emitida por el Invías y la cual hace modificaciones y adiciones a la primera decisión.La demanda basa sus pretensiones en 21 hechos concretos, como por ejemplo que en 2013, cuando la ANI presentó las obras que conforman el corredor vial Cartagena – Barranquilla, “el Invías no socializó, ni informó ni notificó a la comunidad de los departamentos de Atlántico y Bolívar que esa obra les sería posteriormente cobrada mediante una contribución de valorización”.Agrega que la resolución que aplica el cobro “no cumplió el trámite establecido” y esto “impidió que la comunidad afectada con este acto administrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cual sería una “expedición irregular” de dicho acto.El Distrito sostiene que “lo que está haciendo el Invías con la valorización es vulnerar de forma flagrante y grosera el debido proceso”, y además “viola el derecho a la Igualdad de las comunidades de Atlántico y Bolívar, si se tiene en cuenta que en el país se han ejecutado otros proyectos que son de la misma época y a los que no se les ha aplicado la contribución de valorización”.A su vez, el Distrito llama la atención sobre la afirmación que hizo la ministra de Transporte, María García, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que “el 100% del recaudo de la valorización se quedaría en los departamentos de Atlántico y Bolívar”, siendo que “ese tema tampoco se incluye en las resoluciones del Invías y, por el contrario, se ha escuchado en versiones de prensa que sólo se quedaría el 50% en estos departamentos y el otro 50% en otras regiones del país”.Critica que con este cobro “se puede observar cómo a esta parte de la región Caribe se le quiere aplicar un tributo retroactivo cuando la inversión del Gobierno Nacional ha sido prácticamente nula en los últimos dos años y existe una deuda pendiente de inversiones hacia la región”.Vale anotar que a esta demanda se suman dos interpuestas este año por el gremio de Camacol Atlántico y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Pese a todas las críticas que han surgido desde el Congreso, los mandatarios locales y la misma ciudadanía; la ministra de Transporte María Constanza García dejó claro en su visita de hoy a Barranquilla que será un hecho el cobro de valorización en la Vía al Mar y que los primeros pagos deberían empezar en marzo de 2025."La valorización es un instrumento válido, pero, además, necesario. Nosotros arrancamos esta valorización en el corredor Barranquilla- Cartagena, pero al momento de la llegada de nosotros al Gobierno ya se habían iniciado los estudios y durante estos dos años lo que hemos estado haciendo es perfeccionar esos estudios", explicó.Sin embargo, García precisó que serán 108.000 predios los que estarán exentos del cobro, los cuales, como se ha dicho, corresponden a los estratos 1, 2 y 3 a lo largo de los 10 municipios que se localizan en el área de influencia de la vía, así como los predios que se identifican como Sisbén en las categorías A y B, y las unidades agrícolas familiares.A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también respaldó a la ministra García dejando claro que esta valorización "es un modelo que se va a replicar en las distintas concesiones del país"."Es decir, no es una decisión exclusiva para la vía Barranquilla- Cartagena. Como lo dijo la ministra, en las vías de 4G en los distintos departamentos del país, se va a hacer un esfuerzo para que, obvio, los predios que adquieren valor como consecuencia de esas obras y que no pertenecen a personas de estratos populares, pues puedan contribuir al mejoramiento de la infraestructura en todo el país", dijo Cristo.No obstante, aseguró que deberá cumplirse un proceso arduo de socialización y que, incluso después, la gente estará en todo su "derecho de reclamar por el pago, si no está en capacidad o si considera que se le está cobrando mal".Tarifas diferenciales en peajesLa ministra de Transporte también se refirió al peaje Papiros de Puerto Colombia, asegurando que en este municipio 800 personas ya se han inscrito para ser cobijadas con una tarifa diferencial de 1.500 pesos, recursos que servirán, entre otras, para apoyar a las Fuerzas Armadas que brindan seguridad en las carreteras.
El polémico impuesto de valorización volvió a ser discutido este martes en una mesa técnica que sostuvieron los congresistas de la bancada caribe con la ministra de Transporte, María Constanza García, quien socializó un cronograma con el paso a paso de la ejecución de este cobro a los predios aledaños a la Circunvalar de la Prosperidad y la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena.Como parte de esa programación quedó fijado que los primeros cobros por concepto de valorización serían a partir de marzo o abril del 2025 y que de este impuesto quedarían exentos 150.000 predios, teniendo en cuenta que no aplicará a estratos 1, 2 y 3, a las unidades agrícolas familiares ni a los cobijados en Sisbén A y B.Como un aspecto positivo, el senador Pedro Flórez también destacó que “la totalidad de los recursos recaudados serán invertidos para el progreso y desarrollo de la región Caribe”, por lo que “se estableció que se trabajará junto con los gobernadores para concretar la matriz de los proyectos que están en el Plan Nacional de Desarrollo”.Insatisfacción de los congresistasNo obstante, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó la “insatisfacción absoluta” con la que sigue la bancada caribe del Congreso frente a este cobro, que considera “ilegal”. Criticó que ni siquiera exista un “proceso de concertación con las comunidades de Atlántico y Bolívar”.En el mismo sentido se pronunció el senador Mauricio Gómez Amín, quien inclusive se levantó ofuscado de la mesa técnica y, tras una discusión con la ministra García, anunció que interpondrá una demanda contra este cobro.El senador Carlos Meisel también aseguró que “el hecho de que los cobros empiecen en marzo no es ningún alivio ni ayuda”, porque “esto así es inviable”. Dejó claro que seguirá adelante con la acción popular que interpuso para frenar esta valorización, pues considera que “el proyecto sigue siendo totalmente nocivo y con un componente de desconocimiento profundo de nuestras regiones y territorios”.Vale anotar que, según el cronograma expuesto por el Gobierno este martes, la socialización del proyecto en los territorios se realizará del 16 al 27 de septiembre próximos, en cuatro eventos definidos así:Cartagena - Santa CatalinaBarranquilla - Puerto ColombiaJuan de Acosta - Piojó - TubaráGalapa - Malambo- Soledad
Mauricio Gómez Amin, senador del Partido Liberal, cuestionó al presidente Gustavo Petro por el cobro de valorización que pretende realizar a los inmuebles asentados en la vía que conecta a Barranquilla con Cartagena.Según Gómez Amin, el presidente solo ha dado palos a la costa Caribe, una región que -en su concepto- le dio el triunfo en las elecciones."Petro lo único que ha hecho con la costa es darle palo, una región que le dio el triunfo. La última promesa del presidente en Barranquilla fue bajar la tarifa en un mes, van dos meses y no ha pasado nada", aseveró.Además, el senador cuestionó el motivo del cobro de valorización, argumentando que se está afectando principalmente a la clase media de la región: "Ahí no hay solamente gente rica, la resolución cobija 5 kilómetros de lado y lado, barrios como La Playa. Es decir, golpea a los ricos, pero también a la clase media del Atlántico", indicó.Gómez Amin también mencionó la falta de garantías sobre el destino de los recursos recaudados por el cobro de valorización, afirmando que la resolución vigente indica que el Gobierno decidirá en qué proyectos se invertirá el dinero, lo que genera desconfianza en la región Caribe. "Es un tema injusto, inequitativo e inoportuno. No es el momento, además quieren cobrar y llevarse la plata para otras regiones del país, se pagan aquí, entran en una bolsa y el Gobierno decide para dónde se van los recursos", aseveró.Finalmente, el senador del Partido Liberal dijo que todo esto obedece a que "hay una retaliación contra la Costa Caribe" y que "el problema es ese", pese a que, en esa región, no están "pidiendo lujos, sino lo mínimo para vivir dignamente".
En el Centro Cívico de Barranquilla fue radicada, por el senador Carlos Meisel y un grupo de ciudadanos, la acción popular con la que decenas de usuarios buscan parar el cobro de la valorización que ejecutaría el Gobierno sobre los predios ubicados en la vía al Mar, entre los departamentos del Atlántico y Bolívar, y los ubicados a un lado de la circunvalar de la Prosperidad. Ahora están a la espera que este recurso sea designado a un juez que dé respuesta en los próximos 10 días. "Hay un pequeño comercio que se da en esa vía, hay restaurantes, hoteles de todos los estratos socioeconómicos, que no están en condiciones de recibir este atropello del Gobierno Petro", expresó Meisel.El senador Meisel añadió que el piloto está viciado de errores en los estudios y que no entienden de dónde salieron los estudios que indican que los predios se han valorizado en 8 billones de pesos."De dónde saca la ministra que el contribuyente atlanticense y bolivarense que tiene influencia en esa zona está en la capacidad de pagar 3 billones de pesos. A mí que me digan quién y de dónde sacan esa información que los predios se han avaluado en 8 billones de pesos", insistió.Quienes viven o tienen sus negocios en el área afectada por el cobro de la valorización dicen que no aguantan el cobro de un impuesto más.Afirman que "es el golpe más letal a la economía del noroccidente del departamento del Atlántico" y critican que "la vía aún no está terminada". Algunos también exponen que hay predios que son heredados y cuyos dueños no tienen recursos para asumir el pago de una valorización.El impuesto de valorización sería aplicado a unos 240.000 predios y busca recaudar 724.000 millones de pesos.
La ministra de Transporte, María Constanza García, confirmó ante el Congreso de la República que el 40% de los predios aledaños a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad quedará exento del cobro de valorización que aplicará próximamente el Gobierno Nacional entre los departamentos del Atlántico y Bolívar.Sin embargo, esto no es suficiente para darles un parte de tranquilidad a los habitantes y dueños de esos predios que, ad portas de iniciar el cobro, todavía desconocen si les tocará pagarlo o no, generándoles gran preocupación el monto que se verían obligados a asumir por concepto del impuesto. Así lo expresa Rafael Pérez, habitante de Tubará, Atlántico, quien manifestó que "se nos va a cobrar una valorización por estrato, pero no sabemos los valores que se van a poner, mejor dicho, no sabemos absolutamente nada, entonces quedamos en lo mismo".Y es que, en medio del debate de control político realizado en el Congreso de la República este martes, la ministra aseguró que la valorización no se cobrará a estratos 1, 2 y 3, ni a las unidades agrícolas familiares, ni mucho menos a los que están cobijados por el Sisbén en categorías A/B.Pero, siendo así, los congresistas del Atlántico han insistido en que ese cobro debe quedar suspendido hasta tanto no haya “un diálogo de concertación y no una imposición". Al menos así lo manifestó el senador Mauricio Gómez, quien le propuso directamente a la ministra que la valorización no se cobre este año y se aplace hasta que haya una solución frente a las altas tarifas de energía, que también están golpeando el bolsillo de los costeños.En este sentido, se abrió un “proceso de concertación” que quedó consignado en un documento firmado, inclusive, por la ministra María Constanza García."Y ojalá usted tenga la capacidad de sentarse con nosotros y terminar este proceso bien de que este año no inicie el cobro ministra, mientras le da un tiempo también al presidente de resolver el tema de tarifas que está en eso, que ya nombró a los comisionados de la CREG y estamos seguros que va a bajar en los próximos seis meses". Los congresistas del Atlántico también se mostraron incrédulos frente a la posibilidad de que los recursos sean invertidos en obras de la región Caribe, así como el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien se atrevió a asegurar que el 50% del recaudo a lo mejor estará dirigido "para los bandidos de la Primera Línea".
Este martes, 6 de agosto, el Congreso de la República realizará un debate de control político centrado en la propuesta del Gobierno nacional para la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en la ruta Barranquilla - Cartagena. La medida, defendida por el presidente Gustavo Petro, ha generado una fuerte controversia, especialmente entre los sectores políticos del Caribe colombiano.El presidente Petro argumenta que esta medida busca corregir lo que él describe como un "egoísmo social" por parte de un sector privilegiado de la región. En sus redes sociales, Petro cuestionó: "¿Por qué la población rica, la mayoría extranjera, que vive en condominios estilo La Florida, no devuelve parte del dinero de una obra hecha por la nación y que les valoriza los predios individuales? ¿El dinero público es acaso, según el presidente del Congreso, para enriquecer a los ricos y no para los pobres del Atlántico y Bolívar?".Postura de Efraín CepedaEn entrevista con Mañanas Blu, el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, expresó su rechazo hacia la iniciativa. Dijo que la valorización afectará no solo a los ricos, sino también a la clase media y a sectores menos favorecidos.Cepeda criticó la medida, señalando que se pretende cobrar una valorización no sobre los avalúos catastrales, sino sobre los avalúos comerciales. "No sé cómo se van a hacer estos avalúos, pero realmente no casa", indicó el senador. "Además, un proyecto que se inició hace 40 años, bajo la administración de Alfonso López Michelsen, sigue inconcluso. De los 110 km de la carretera Barranquilla - Cartagena, solo 50 y tantos kilómetros tienen doble calzada".Impacto en la clase mediaEl senador Cepeda subrayó que la CNV afectará aproximadamente a 250,000 predios, incluyendo a la clase media. "Estamos sufriendo hoy una expropiación mes a mes con las tarifas de energía eléctrica y ahora se pretende este cobro de valorización", dijo. La preocupación de Cepeda también radica en la retroactividad de la ley. Según el senador, la ley vigente no permite aplicar la CNV retroactivamente a un proyecto iniciado hace décadas. "No se nos puede aplicar una ley retroactiva. Una carretera inconclusa iniciada hace 40 años que vamos a pagar los predios de estratos socioeconómicos medios", argumentó.Controversia sobre la zona de influenciaLa zona de influencia de la CNV ha sido otro punto de controversia. Según los planos revelados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el cobro de valorización incluiría áreas de estrato 2 con problemas económicos, como el corregimiento La Playa. Aunque los niveles de pobreza extrema quedarían exceptuados, no se ha aclarado la situación de los habitantes de clase media, generando más inquietudes entre los afectados."Es que no solamente se le está cobrando a la vía, sino 5 km de un lado y del otro del eje de las carreteras", explicó Cepeda. "Esto llega a predios urbanos que nada tienen que ver con los predios que están colocados sobre esa vía".
