La mañana de este martes, en medio de la requisa a las celdas, Policías a cargo de la seguridad en la URI Zonal ubicada en la calle 110 con carrera 37, en el barrio Las Estrellas, en Barranquilla, notaron que una de estas estaba vacía y que dos de los reclusos que se habían fugado.Se trata de Ederman Nieto Anaya, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien enfrenta un proceso por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Esta persona, dicen las autoridades, además estaría siendo investigada por el asesinato de un sindicalista en el departamento del Cesar.Junto a este hombre también se fugó Brayan Bonett Anguila, recluido por el delito de acto sexual con menor de 14 años.Ambos privados de la libertad abrieron un hueco en el techo de su celda y escaparon. Por el momento, la Policía adelanta un plan candado para dar con sus paraderos.
Tras la reunión que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia en donde asistieron la fiscal General de la nación, el ministro de Justicia, el director de la Policía el director del INPEC y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla se acordó que el Plan Nacional de desarrollo.Este plan autorizó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a darle en donación a los municipios, los inmuebles de extinción de dominio para que los alcaldes hagan allí sus cárceles municipales. Esto, para descongestionar las estaciones de Policía y URI.Además, se pudo establecer que para los efectos de garantizar que las audiencias o las diligencias no se malogren, se acordó con los alcaldes de las principales ciudades que iban a revisar en las estaciones de Policía de sus municipios el tema relacionado con la conectividad.También dotando también esas estaciones de la institución de equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual.“Aprovechó para darle la noticia a todos los alcaldes del país, porque casi en todos los municipios sobre todo en los grandes, hay inmuebles en extinción de dominio y esa medida nos va a permitir descongestionar muy pronto las estaciones de Policía”, expresó minjusticia. Por último, el jefe se esta cartera, dice que hay que hacer una observación clara para precisar cuáles de esos inmuebles, son aptos para el traslado de los privados de la libertad.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que arranca la nueva etapa para enfrentar el hacinamiento carcelario y la primera decisión que se tomó fue que la Policía apoyara el traslado a centros carcelarios del Inpec a 570 personas ya condenadas, que en este momento están cumpliendo sus condenas en este momento en estaciones y que lo único que hacen es aumentar justamente el hacinamiento en estos espacios.“En Bogotá tenemos más de 3.200 personas en este momento privadas de la libertad en estaciones de Policía, lugares donde no deberían estar porque esos lugares están hechos para que permanezcan máximo 36 horas de reclusión”, dijo el alcalde de Bogotá sobre el traslado de los 570 que permitirá reducir en un 17 % el número de personas en las estaciones.Además, se fortalecerán las herramientas de conectividad para que quienes se encuentran privados de la libertad puedan asistir a las audiencias virtuales a las que son citados. Esto, en una apuesta, dice el alcalde Galán, se implementará con el fin de evitar aplazamientos e incluso, vencimiento de términos.Galán destacó, además, que el compromiso del Ministerio de Justicia fue revisar la propuesta de creación de centros de reclusión especiales donde se trabaje con privados para que, en el corto y mediano plazo, se pueda controlar el hacinamiento carcelario.“Necesitamos garantizar que las personas que son capturadas y condenadas lleguen a establecimientos carcelarios como lo contempla la ley. Tenemos que trabajar en resolver ese problema de hacinamiento, cerca de 92 personas que son detenidas al día en Bogotá y trabajaremos para que, cuando sean condenadas, lleguen a un centro carcelario del Inpec”, añadió el mandatario capitalino.
En un esfuerzo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes de las principales ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, se ha puesto en marcha un plan de acción integral para abordar el problema del hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía en Colombia.Durante una reunión, presidida por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, se discutió la crítica situación de los derechos fundamentales de los detenidos. Como resultado, se acordó el traslado inmediato de aproximadamente 400 personas ya condenadas a establecimientos carcelarios, con el objetivo de liberar espacio y mejorar las condiciones de los detenidos. Además, se ha prometido la creación de 500 nuevos cupos en las próximas dos semanas para aliviar aún más la situación.Los líderes de cada institución participante asumieron responsabilidades específicas para restablecer los derechos de los detenidos y asegurar su acceso a la justicia. Un punto focal de la reunión fue la persistente violación de los derechos humanos de los detenidos, subrayando la urgencia de trasladar a los detenidos desde las URI y estaciones de policía a instalaciones adecuadas para la retención a largo plazo, según lo determinen las medidas judiciales.El presidente de la Corte Suprema destacó cómo la prolongada estancia de los detenidos en estas instalaciones afecta negativamente los procedimientos penales. Esto incluye interferencias en las actuaciones judiciales y complicaciones logísticas en el manejo de audiencias. En respuesta, se han tomado compromisos para mejorar la infraestructura y la conectividad en las estaciones de policía, lo que facilitaría la realización de audiencias preliminares de manera más efectiva y sin retrasos.Se reconoció la importancia de crear condiciones adecuadas para que los condenados puedan cumplir sus penas en entornos que permitan la implementación de programas de resocialización. Además, se discutió cómo estas medidas no solo mejorarán las condiciones de los detenidos, sino que también permitirán una redención más rápida de las condenas y el acceso a beneficios de reinserción social.Los alcaldes se comprometieron a mejorar la infraestructura de las estaciones de policía, proporcionando las condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo las audiencias iniciales, especialmente las audiencias de legalización de la captura, de manera adecuada y eficiente.Por último, la Corte Suprema se ha comprometido a colaborar estrechamente con los jueces de ejecución de penas para revisar y actualizar los casos de los detenidos que ya han cumplido sus condenas, pero que continúan retenidos. Esto incluye la identificación de aquellos que podrían ser elegibles para la libertad condicional.
La Personería de Bogotá reveló que la sobreocupación en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata de la capital se encuentra en el 158,6 %. De acuerdo con el informe, en total hay 3.174 personas retenidas, aun cuando su capacidad máxima está en 1.227.Por un lado, las estaciones en Bogotá apenas pueden albergar como máximo a 775 personas. Sin embargo, al 30 de abril de 2024, se tiene registro de que hay 2.348 privados de la libertad, lo que significa una sobreocupación del 202,9 %.Entre los casos más críticos se encuentra la estación de Usaquén, donde apenas puede albergar a 10 personas y cuenta con 85, lo que representa un hacinamiento del 750 %. Le siguen Kennedy con 517 %, Bosa con 511 %, Usme llega al 400 %, Ciudad Bolívar está en 348 %, San Cristóbal en 346 %, la Terminal se encuentra sobre el 330 %, Rafael Uribe en 238 %, La Candelaria llega al 237 % y Suba, donde hay una sobreocupación del 223 %.Por otro lado, la situación en las URI está bajo un contexto similar. El complejo de Puente Aranda tiene actualmente a 821 personas hacinadas, cuando su capacidad máxima es de 452. En las demás ubicadas por el resto de la ciudad (La Granja, Kennedy, Ciudad Bolívar, Campo Verde-Bosa y Usaquén) no hay ningún privado de la libertad.“En estos lugares hay 555 condenados, que tendrían que estar en centros penitenciarios, pero algunos llevan cerca de 4 años. Además, se encontraron 53 personas con detención domiciliaria, que permanecen allí, cuando tendrían que estar en su lugar de residencia”, afirmó el comunicado de la Personería.A lo anterior hay que sumarle que, del total de las personas que se encuentran hacinadas en las estaciones de Policía y en las URI de Bogotá, 511 son de nacionalidad extranjera, 66 con sentencia condenatoria.Además de la sobreocupación, los detenidos han denunciado problemas con el acceso a la comida, atención precaria en salud y negligencias en los procesos judiciales.Frente a lo anterior, la Personería de Bogotá le pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec asumir la responsabilidad de las personas condenadas y, asimismo, trasladar a quienes tengan casa por cárcel para reducir la sobreocupación de estas personas en la capital.
La familia de un menor de 15 años que murió en medio de un intento de fuga en la URI de Puente Aranda pide justicia ya que, según denuncian, recibió un disparo en el pecho por parte de miembros de la Policía. La mamá del joven destaca que aunque su hijo cometió un error, no tenían porque dispararle y acusa a la Policía de haber accionado el arma en un aparente abuso de autoridad.El joven fue detenido en compañía de un hombre tras intentar robar una camioneta de lujo, específicamente una Toyota Fortuner, a un hombre en la zona de Engativá, ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con la calle 80.De acuerdo con el reporte de las autoridades, este menor de 15 años, después de ser judicializado, intentó fugarse en el carro del que sería su padrastro y fue allí, en medio de la fuga, que recibió el disparó en el pecho que terminó quitándole la vida. La procedencia del disparo aún se investiga.La familia de este joven de 15 años, en especial su madre, afirma que el disparo que mató al menor habría sido por un integrante de la Policía que intento evitar su fuga de la URI de Puente Aranda, por lo que exigen celeridad en la investigación.Le puede interesar:
El patrullero Anderson Javier Gil de 32 años, quien trabajaba en la estación de Policía de la localidad de Fontibón y quien ayer había sido capturado por la Sijin por un supuesto abuso sexual a una menor de 14 añosSegún relata el ‘Ojo de la Noche’, el uniformado angustiado por su captura y mientras tramitaban la papelería frente a la URI de Puente Aranda, desarmó a uno de sus compañeros que se encontraba en el lugar realizando otra judicialización y se quitó la vida.La Fiscalía realizó la inspección de los hechos y por el momento la Policía no se ha pronunciado sobre el caso.Por otro lado, los hechos que dejan la madrugada de este jueves 3 de agosto, una mujer de 57 años fue arrollada por un motociclista en la calle 68 con 68, la mujer está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San José Infantil, mientras que el responsable se escapó.Finalmente, en la localidad de Engativá fueron capturaros dos sujetos que se robaron un carro que pidieron por aplicación, en el momento que huían la Policía fue alertada y luego de una persecución los interceptaron y retuvieron.Escuche aquí el informe:
La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas porque el contrato que tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para suministrar la alimentación a todos los detenidos en las estaciones de Policía y las URI. Por esta razón, el ente de control expidió la Circular 001 de 2023 en la cual instaba al Gobierno nacional y a los gobernadores y alcaldes a informar sobre las alternativas y estrategias para garantizar el servicio de alimentación en las estaciones policiales.El próximo 31 de julio se termina el contrato para dar la alimentación a las personas privadas de la libertad y que correspondía a la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC, pero, en una misión articulada entre La Procuraduría y el Ministerio de Justicia, lograron prorrogar hasta el 31 de octubre el suministro de los kits alimenticios, hasta ahora, por tres meses más, los presos tienen asegurado el servicio de alimentación.El Ministerio Público también advirtió sobre los disturbios de orden público que se pudieran dar si esto llegara a suceder, pues al vencerse el contrato con la USPEC, los presos quedarían desprotegidos en materia de alimentación. Aproximadamente hay 14.529 internos, recluidos en estaciones de Policía a nivel nacional que reciben su comida gracias a la esta entidad.En respuesta a estos requerimientos, el Ministerio de Justicia informó que se asegurará la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, URI, por parte de la USPEC hasta el 31 de octubre de 2023, en aquellos lugares en los cuales esta venía prestando el servicio.Asimismo, se buscará, a través de una iniciativa legislativa, dotar de funciones transitorias a la entidad para continuar prestando el servicio de alimentación para sindicados, hasta el 30 de junio de 2024, fecha en la cual, alcaldes y gobernadores deberán asumir este servicio en todo el país.En igual sentido, las agremiaciones de municipios y departamentos se comprometieron a trabajar con sus afiliados para concientizar a los mandatarios locales de la relevancia de esta problemática y a dejar plasmadas las obligaciones que tendrán que asumir los nuevos gobernantes.La alimentación de los presos sindicados es decir de las personas que llegan a las URI o estaciones de Policía, estaba a cargo de la USPEC, pero el año pasado, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria”, en la que ordenó a las alcaldías y gobernaciones a que, en un plazo máximo de cuatro meses, debían asumir la alimentación de los detenidos. Después de más de un año esto aun no es una realidad.¿Cuál es el riesgo?Este contrato que tiene la USPEC para brindar alimentación vence este próximo 31 de julio y si eso pasa, más de 14.000 detenidos se quedarían sin la alimentación en sus lugares de detención.Al respecto el ministro de justicia, Néstor Osuna , ordenó que el contrato se extienda 3 meses más , es decir hasta el 31 de octubre, pero la Procuraduría buscará que puedan extender este contrato y que la entidad proporcionando este servicio hasta junio de 2024 para que las alcaldías y gobernadores puedan tener listo el plan para la alimentación de los detenidos.Le puede interesar:
Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja y presidente de Asocapitales, mostró su preocupación ante el fallo de la Corte Constitucional que indica que, a partir del 1 de agosto, las alcaldías y las gobernaciones tendrán la obligación de asumir el costo de la alimentación de los retenidos en URI's y estaciones de Policía."Hay una situación bastante preocupante entorno al manejo de la población privada de la libertad, sobre todo en las que se encuentran en URI's y estaciones. A propósito del fallo, estamos hablando más o menos de 23.000 personas en esta condición y tendríamos que poner más de 3.000 hombres de la Policía para la seguridad de esta situación", señaló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el alcalde Fúneme.Según el dirigente de Asocapitales, las alcaldías y las gobernaciones no tienen "planeación para asumir ese presupuesto" y de ahí la preocupación de la entidad, sumado a que esta argumenta que "la Corte ya se había manifestado diciendo, en sentencia previa de 2016, que la responsabilidad estaba en cabeza de la USPEC".Fúmene expuso que la alimentación de estas personas "requiere un manejo integral de todos los niveles", por lo que se necesita, como ya sugirieron, "una reglamentación que permita definir cargas para atenderlos, definir presupuestos de construcción de infraestructura carcelaria y de la reorganización"."Hay condicionantes excepcionales que se disponen para que a través de los fondos de seguridad se atienda esta problemática. A través de esos fondos de seguridad se definen fondos, pero no es directamente la Policía", agregó.El dirigente explicó que, de acuerdo con las cuentas que se tienen, se deben disponer entre "70.000 y 90.000 pesos para alimentación (de estas personas) por día". Por eso, continuó, "la suma total tendrá una repercusión directa en los recursos propios" de alcaldías y gobernaciones, quienes sugieren "una atención integral" y piden que se "se asuman las responsabilidades y se distribuyan las cargas"."Es posible que, más allá de una presión, obedezca a una interpretación errada por parte de la USPEC para descargar responsabilidades, porque hay algo muy cierto: el hacinamiento del 136 % en los centros de detención transitoria", concluyó Fúneme, quien pidió, finalmente, "suma de todas las voluntades" para poder atender a la población retenida ene estos espacios.
La Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades responsables de la administración de los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país, sobre la finalización de servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (USPEC), a partir del próximo 31 de julio de 2023.La revelación la hizo el Ministerio Público, luego de un requerimiento hecho por la Procuraduría para los Derechos Humanos. La Uspec argumentó que suspenderá la entrega de raciones alimenticias, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI y Centros similares.A poco más de un mes de que se venza el plazo otorgado por la Corte para hacer esta transición, la Procuraduría solicitó a los ministerios del Interior y de Justicia, y a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país.El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación; y así se respeten los derechos de las personas recluidas en estos centros.Le puede interesar:
