Los copropietarios del lujoso edificio Peñas Blancas, uno de los íconos de Bogotá ubicado en la avenida Circunvalar con calle 81, tendrán que aportar un dineral para reparar la llamativa fachada que se está "derritiendo" según el abogado que los representa. En entrevista con Mañanas BLU, Pablo Felipe Robledo habló del problema. El arreglo se calcula en 10.000 millones de pesos. "Los constructores pusieron la cara para vender, alardean de su prestigio, pero a la hora en que las cosas salen mal esconden la billetera para responder", sostuvo Robledo. "Es una fachada gigantesca, construida en piedra caliza blanca que fue pesimamente diseñada y construida. Desde hace bastante tiempo la fachada viene derritiéndose, viene cayéndose. Se caen las lozas de la fachada porque están mal pegadas. Las piedras se embomban. Hoy buena parte del edifico está sin poderse utilizar", agregó. Según el abogado, los contratistas se han hecho los de la vista gorda y no han querido responder a los copropietarios. "Hoy estos copropietarios están abocados a que a través de una cuota extraordinaria tengan que recoger entre ellos una suma bastante considerable que asciende a los 10.000 millones de pesos para poder tumbar la fachada y volverla a construir", señaló. La agencia inmobiliaria, propiedad de Juan Rodríguez y Héctor Uribe, comunicó que el tema se encuentra en manos del abogado Óscar Javier Martínez quien aseguró que valora el trabajo periodístico, pero que prefiere no referirse al tema en medios de comunicación. Escuche a Pablo Felipe Robledo en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
La nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá necesita una adición presupuestal por un valor de $ 50.000 millones, reveló el contralor de Bogotá, Andrés Castro. El funcionario hizo el anuncio tras visita de inspección a la construcción.La nueva sede del comando metropolitano de Policía, considerada un monumento a los ‘elefantes blancos’ en el país, inició en 2010, pero su contrato se declaró en siniestro por incumplimiento.“Tuvo una inversión inicial de $43 mil millones y, ante la detección de numerosos problemas en su estructura, fue abandonada. En 2018, se adjudicó un nuevo contrato, por un valor de $132 mil millones, y, a pesar de que ahora se evidencia un avance físico del 83% y un avance financiero del 62%, aún quedan pendientes obras específicas”, declaró el funcionario del ente de control fiscal distrital.Castro Franco propuso un cronograma de reuniones de seguimiento mensual al avance de la obra.“La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia debe tomar decisiones en algunos frentes de obra, que actualmente se encuentran suspendidos, entre ellos, el Edificio atrio, las obras de urbanismo del costado oriental y las plazoletas D y E”, declaró el funcionario.
Con un recuento sobre la historia de uno de los lugares más queridos por los barranquilleros, en un hilo de Twitter, el alcalde Jaime Pumarejo celebró el premio que obtuvo el Gran Malecón del Río en la edición número 27 de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2020.Uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad y que nació como un dibujo plasmado en una servilleta de papel, se convirtió en el lugar más visitado de todo el país y fue reconocido con el primer lugar en la categoría de Diseño Urbano y Paisajismo de la bienal colombiana.El Malecón del Río, un espacio diseñado y construido por talento barranquillero para darle la cara al río Magdalena, le ha permitido a la ciudad consolidarse como una de las capitales fluviales más importantes de todo el país.
A través de redes sociales, habitantes del conjunto residencial Bloques de la Ciudadela, en el sur de Barranquilla, denunciaron más de 5 construcciones ilegales al interior del complejo de apartamentos.Sin importar los riesgos a los que exponen a la comunidad, algunos ciudadanos construyen hasta 2 y 3 pisos sin autorización de las autoridades y, peor aún, cimentados sobre delgadas columnas por fuera de las líneas de construcción.La secretaría de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla confirmó que, por lo menos, dos obras similares fueron suspendidas por los riesgos en sus diseños, la última de ellas, un balcón de 23 metros cuadros.Por lo menos tres denuncias ya se encuentran en curso ante la Inspección de Policía Urbana y se espera que, en el transcurso del mes, se desarrollen las audiencias correspondientes a cada caso.
La Empresa de Desarrollo Urbano EDU se pronunció en BLU Radio sobre las presuntas irregularidades que halló la Contraloría de Medellín en los contratos para la adecuación de la clínica privada de la 80, anteriormente clínica Saludcoop.Este contrato se firmó por $7.100 millones en una primera etapa y tuvo dos adiciones quedando en $9.110 millones, la primera para los temas eléctricos, gases medicinales, aires, redes hidrosanitarias y otros elementos que solo con las intervenciones iniciales se supo de su necesidad y la segunda adición se firmó por la evolución de la pandemia y a la demanda de pacientes, para más camas UCI o más servicios de hospitalización.En la auditoría especial que realizó la Contraloría sobre la contratación para atender la pandemia, el órgano de control confirmó 11 hallazgos de carácter administrativo, disciplinario y fiscal, uno de ellos en la Clínica de la 80.Julián Bernal jefe de contratación de la EDU, dijo que no comparten los hallazgos, como el que se originó según la Contraloría por la falta de idoneidad del contratista Luis Óscar Vargas Obandono, pues “no tenía la idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud” con la EDU.“Frente a los hallazgos administrativos de la Contraloría, hay que decir que no son compartidos por nosotros. No es cierto que el contratista no tuviera la idoneidad y capacidad técnica. Este requisito se miró previo a la selección, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente”, dijo.Según el informe del ente de control, este contrato tuvo al menos 3 subcontrataciones más, en las que se habrían comprometido recursos públicos 4 días antes de firmar el contrato inicial.Sobre esto el vocero de la EDU dijo que “los subcontratos no están prohibidos, son una estrategia logística para el fin último que era estar preparados rápidamente para la pandemia. Son varias actividades por parte de varios subcontratistas, con una coordinación y responsabilidad de un contratista principal”.Por su parte, el abogado Oscar Santamaría, quien representa al gerente de la EDU, Wilder Ehavarría dijo que las adiciones en los contratos están permitidas en la Ley y que los hallazgos de la Contraloría no significan responsabilidades ni de su cliente ni de los involucrados en el contrato.El abogado anunció una denuncia ante la Fiscalía contra el concejal Alfredo Ramos por sus afirmaciones sobre irregularidades en el contrato para la adecuación de la clínica.La contraloría le dijo a BLU Radio que “por haber casos de subcontratación lo trasladaremos a la Personería para que ellos revisen la legalidad, revisarán si era jurídica y técnicamente viable la contratación de varios operadores en esta gestión”.
La crisis generada por la pandemia del coronavirus y el concepto de distanciamiento social ha suscitado una importante discusión sobre la viabilidad y sostenibilidad de los centros urbanos. Diego Silva, especialista en Gestión y Desarrollo Urbano, junto a Nicolás Galarza, director de espacio urbano y territorial del Ministerio de Vivienda, debatieron sobre este importante tema en Mañanas BLU.De acuerdo con Diego Silva, considerar que las ciudades son inviables o un modelo fracasado es un algo precipitado. “Yo creo que las ciudades van a continuar haciendo lo que siempre han hecho, solucionar los problemas que tiene la humanidad”, declaró el especialista que destacó el atributo de la resiliencia de los grandes centros urbanos.“No es la primera vez que las ciudades enfrentan choques ni que van a aprender a hacer las cosas distintas. Las ciudades van a seguir haciendo lo mismo, se van a acomodar, se van a ajustar y nos van a dar nuevas soluciones”, agregó.Para Nicolás Galarza, la discusión sobre la sostenibilidad de las ciudades no es nueva. “Muchas veces en la historia se ha señalado sobre ese fin de las ciudades. Seguramente las ciudades van a tener un patrón de ajuste”, indicó.Vea aquí: Coronavirus: Bogotá tendrá más ciclovías para descongestionar el transporte público“Normalmente tendemos a sesgarnos hacia las cosas que no son tan convenientes de las ciudades, pro también hay que siempre ver cuáles son los grandes beneficios de las ciudades, en términos de la proximidad de la gente, del capital humano que se genera, de las ideas”, opinó Galarza.Escuche este debate en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
La agricultura urbana es una tendencia mundial que se basa en cultivar alimentos dentro de las ciudades. Por lo general se practica en lugares con terrazas amplias.Esta tendencia puede mejorar su estilo de vida pues, los alimentos se cultivarán de forma más saludable y libre de agroquímicos.Estos huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que una finca rural.Escuche aquí más sobre esta nueva tendencia que se está tomando el mundo.
Hace seis meses el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1848 que creó las curadurías cero. Es decir, entidades para legalizar la titularización y la construcción en sectores populares donde la falta de recursos no permite que las personas se acerquen a las curadurías existentes a realizar trámites que tienen elevados costos. En Medellín, la idea está liderada por el concejal Carlos Zuluaga, quien explicó que los más favorecidos son los sectores más pobres. Lea también: Supernotariado asume vigilancia e inspección de curadurías del país Según el edil, la persona que llegue a la Curaduría Cero estaría nombrado desde Planeación Municipal. Por eso, la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda son quienes deben reglamentar cómo se designaría el encargado de ese puesto si se aprueba en Medellín. Entretanto, aún no se define el concurso para nombrar titulares de las otras curadurías de la ciudad. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue incluido en la lista de los 100 urbanistas más influyentes del mundo, según la organización Planetizen, la cual se especializa en urbanismo, espacio público, movilidad y desarrollo sostenible. Es la segunda vez que el nombre del mandatario de los bogotanos aparece en el top 100 de este listado, pues en el año 2009 ocupó la casilla número 14. Según la Planetizen, Peñalosa recibió este reconocimiento por desempeño al supervisar importantes proyectos de transporte y espacio público en Bogotá, y por haber sido presidente de la junta directiva del Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo, ITDP. Al respecto, Peñalosa dijo en Mañanas BLU que este reconocimiento se debe a su trabajo, asesorando y dando conferencias en varios lugares del mundo sobre urbanismo y desarrollo. Le puede interesar: En 8 años podremos nadar en el río Bogotá y hacer paseos en canoas: Peñalosa. “Hay unos temas que hemos impulsado desde la Alcaldía, como la equidad en el diseño urbano. Con la economía moderna, hoy muchos aceptan que la propiedad privada y la economía de mercado son las mejores maneras de administrar los recursos de una sociedad”, dijo. Aseguró que el hecho de vincular lo que es el urbanismo con la equidad y la inclusión tuvieron repercusión en este reconocimiento. “El TransMilenio es un símbolo de que sí es cierto que todos los ciudadanos son iguales y eso quiere decir que todos tienen derecho a la misma cantidad de espacio vial: el peatón y el ciclista tienen el mismo derecho vial que el que va en un carro de lujo. En ese sentido, un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio”, añadió. Dijo, además, que su administración recibió una ciudad completamente “desbarajustada, sin un peso, sin estudio, sin terrenos y sin diseños” y ha trabajado para recuperarla. “Estamos avanzando muchísimo. Vamos a tener el metro, grandes vías con acercas enormes, el proyecto de Ciudad Norte, Lagos del Tunjuelo, el desarrollo del Bronx, entre otros”, explicó Peñalosa. Asimismo, precisó que en los próximos 4 años, Bogotá va a tener inversiones por el valor de 10 mil millones de dólares, según dijo, más del doble de lo que fue la inversión del canal de Panamá. “Vamos a construir colegios, hospitales, jardines sociales y parques. Estoy seguro que los ciudadanos van a sentir cómo mejora considerablemente su vida”, puntualizó.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que el cuadro que fue ubicado en el sector de El Tierrero, que fue recuperado por la administración municipal, fue robado en la madrugada de este martes. “Es un cuadro que no tiene ningún valor económico importante pero si estético para la zona. El alcalde se negó que le prestara seguridad permanente a la zona porque la idea es que los ciudadanos se acostumbraran a ver cosas bonitas en el entorno”, señaló el coronel Clauder Cardona, comandante operativo de la Policía de Bucaramanga. La Policía revisa las cámaras de seguridad para establecer la identidad de un presunto habitante de calle quien sería la persona que hurtó el cuadro del lugar. “Estamos en búsqueda del cuadro que estaba puesto en la pared con unos tornillos y esperamos en las próximas horas tener resultados”, indicó Cardona. Vea también Avanza transformación del antiguo ‘Tierrero’ en Bucaramanga Cabe resaltar que El Tierrero era un sector donde proliferaban las ventas ilegales de autopartes robadas. El alcalde de Bucaramanga recuperó el espacio con obras de urbanismo. Las autoridades hicieron un llamado al civismo y al comportamiento ciudadano para cuidar los elementos que son donados para embellecer la ciudad. BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
El Metro de la 80 en Medellín es una obra de más de 13 kilómetros que conectará a la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala en el sistema actual, por nuevas rutas que comprenden 17 estaciones por el occidente de la ciudad.Aunque traerá beneficios en materia de movilidad para la ciudad, hoy los recursos enredan el proyecto. En el 2020 se suscribió un convenio por ley de metros y quedó establecido que el gobierno aportaría el 70 % de la plata, mientras que el otro 30 la Alcaldía de Medellín.“Ya lo que son las vigencias futuras, el Distrito ya cumplió, ya les cumplimos a tiempo. Más de 70.000 millones de pesos y el Gobierno nacional tenía que haber puesto 483.000 millones de pesos y no han llegado”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.Por su parte, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout realizó un derecho de petición al Gobierno nacional haciendo esta misma pregunta y desde el Ministerio de Hacienda admitieron que “los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de Nación, como es de conocimiento público, el incumplimiento en las metas de recaudo durante la presente vigencia ha obligado a replantear las metas en el gasto”, afectando así al Metro de la 80.“Tengo información que, al Metro de Bogotá, que es una obra también muy importante bajo la ley de metros 7030, ya le hicieron los desembolsos. 600.000 millones de pesos ha recibido el Distrito de Bogotá por parte de la Nación y viene cumpliendo. ¿Por qué con Medellín y Antioquia no? ¿Cuál es el odio que hay con Medellín y con esta región?”, dijo el concejal.A su vez, el Metro de Medellín señaló que los recursos de la obra están garantizados porque se hizo un préstamo con entidades bancarias. Esto quiere decir que, si el Gobierno no cancela la deuda de 483.000 millones de pesos el 31 de diciembre, el metro podría entrar en una crisis por cuenta de esos créditos.“La entrega de recursos por parte del Gobierno nacional y el Distrito se van a mayor plazo para eso fue necesario tener un crédito para poder ejecutar el proyecto este crédito nos da nosotros la salvedad que vamos a tener el flujo de caja para cumplir con todas nuestras obligaciones. Sin embargo, es muy importante y estamos esperando los recursos del Gobierno nacional para poder cubrir con las obligaciones estos 483.000 millones de pesos y las cifras que nos tiene que entregar el año 2025-2026 cubrir no solamente las condiciones del crédito, sino también todos los recursos y el flujo de caja que vamos a tener después de los créditos”, explicó Antonio Toro, profesional de la empresa de transporte.Otro de los problemas es el de los moradores, que no ven justos los avalúos de las viviendas que tienen que ser adquiridas para la construcción del proyecto.“Los avalúos que nos están presentando en estos momentos son avalúos que están en un 50% o 60% por debajo del valor comercial de cada una de las propiedades. Están basados en una zona geoeconómica homogénea de las cuales el alcalde Federico cambió una ley de orden nacional a un decreto distrital para que esta zona fuera en la base para los avalúos que nos están presentando”, indicó Luis Bernal, uno de los afectados por las obras.El Metro de la 80 también tiene un déficit de 1.1 billones de pesos, desagregados de un desfase financiero de 510.000 millones de pesos y la necesidad de construir intercambios viales con otros 665 mil millones de pesos.Ahora, la preocupación es que el Gobierno nacional se atrase con este pago de 2024 y de ahí en adelante se acumulen los de 2025 por 497.000 millones y 2026 por 512.000 millones de pesos. La obra va en un 27 % de ejecución y se estima que inicie operación comercial en 2028.
En un hito significativo para la aviación en Colombia, este 21 de noviembre llegó al país el nuevo avión de la flota de Satena, la aerolínea estatal de Colombia, que espera la incorporación de siete aeronaves adicionales en los próximos meses. Se trata de su primer avión Twin Otter DHC-6 Serie 400 de matrícula FAC-1400 y HK-5452-X. Este equipo es el primero de una flota de ocho aeronaves destinadas a mejorar la conectividad en las zonas más apartadas del país. El mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, encabezó la recepción de la aeronave, que representa un salto tecnológico y operativo para la aerolínea estatal. Este avance marcó un momento crucial para la conectividad aérea en el país, especialmente en aquellas regiones remotas donde las opciones de transporte son limitadas.Aeronaves diseñadas para superar desafíosEl nuevo avión incorporado es una aeronave tipo STOL (Short Take-Off and Landing), especialmente diseñada para operar en pistas cortas y no preparadas, ideales para acceder a regiones apartadas con difíciles condiciones geográficas y climáticas. Además, cuenta con tecnología avanzada que prioriza la seguridad operacional, uno de los pilares fundamentales de la aerolínea.Satena promete tarifas más accesibles Uno de los aspectos más destacados es el impacto económico positivo para los pasajeros. Los vuelos regulares y programados de Satena tendrán tarifas que oscilarán entre $180.000 y $250.000 pesos, dependiendo de la distancia. Esto no solo hace el transporte más asequible, sino también más predecible y organizado, eliminando la especulación de precios en regiones de difícil acceso."Con estas aeronaves, los colombianos podrán viajar a regiones apartadas de manera económica y segura, sabiendo que cuentan con su aerolínea para conectarlos con el resto del país", concluyó Zuluaga.Las tripulaciones que volarán este equipo, en su mayoría compuestas por pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, han recibido un riguroso entrenamiento en Calgary, que incluyó simuladores avanzados de clase D, asegurando que las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.
