Las elecciones europeas para renovar la Eurocámara han certificado un aumento en escaños en toda la Unión Europea de partidos ultraconservadores y de extrema derecha, que se colocan como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos o Austria.Como consecuencia, tendrán más peso en decisiones como la orientación del presupuesto de la UE entre 2027 y 2034, el posicionamiento de la Eurocámara en la defensa del Estado de derecho y los valores europeos, la futura ampliación al este o el progreso a la hora de implementar objetivos climáticos.Las próximas semanas y meses determinarán cuál es su capacidad de influencia real, si consiguen coordinar sus posiciones en el hemiciclo y cómo cambiará el día a día del trabajo legislativo en la Unión Europea.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Yascha Mounk, escritor, analista y fundador de Persuasión y profesor en la Universidad Johns Hopkins, hizo un análisis sobre lo que estos resultados significan para el antiguo continente. En ese sentido, reflexionó sobre el ascenso del populismo y la radicalización política, calificándola como fenómeno que está transformando el panorama político en Europa y América Latina. Uno de los factores que ha contribuido a este ascenso es la migración. La llegada de millones de personas a Europa y América Latina ha generado tensiones y ha avivado los temores respecto a la pérdida de identidad cultural y a la competencia por recursos y empleo. En este contexto, algunos líderes populistas han aprovechado el descontento y han fomentado la polarización y el rechazo a los inmigrantes, prometiendo políticas más restrictivas y el control de las fronteras. Otro factor relevante es el crecimiento del Islam como religión en Europa. Este fenómeno ha llevado a que algunos sectores de la población perciban una amenaza a sus valores y forma de vida, lo que ha alimentado discursos y posturas políticas radicales. Sin embargo, es importante destacar que el ascenso del populismo no se limita a la extrema derecha. En América Latina, por ejemplo, se ha visto el surgimiento de líderes populistas de diversos espectros políticos, quienes han llegado al poder prometiendo cambios profundos en la forma en que se hacen política y se gestionan los recursos. La Comisión Europea y el Consejo se quedan como estánEn la práctica, las elecciones europeas rediseñan sólo una de las tres instituciones comunitarias que intervienen en el proceso legislativo. El Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) y el Consejo de la UE (los ministros de los Estados miembros) permanecen estables, ya que sólo renuevan sus miembros cuando hay elecciones a nivel nacional.Esto significa, por ejemplo, que Emmanuel Macron y sus ministros seguirán representando a Francia en el Consejo aunque Marine le Pen haya ganado las elecciones europeas en Francia.Un Parlamento escorado a la derecha puede tener cierta influencia para desequilibrar el voto de confirmación del presidente de la Comisión Europea o la aprobación de su equipo de comisarios, pero éstos también serán por definición "multicolor" políticamente porque los envían sus gobiernos.Escuche aquí el informe:
Un tribunal ratificó condena contra el excabecilla paramilitar alias 'El Indio', por el asesinato de un miembro de la Unión Patriotica en el Occidente de Antioquia.Jhon Fredy Manco Torres, alias 'El Indio', en su condición de cabecilla paramilitar, fue declarado responsable por parte del Tribunal Superior de Antioquia, quien ratificó que es declarado responsable por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento de población civil, por el asesinato de Aurelio Osorio Manco, miembro de la Unión Patriótica, ocurrido el 17 de junio de 2002, en zona rural de Dabeiba.El juez, luego de valorar las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada de la Fiscalía, ratificó la condena y alias 'El Indio', cabecilla del bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), deberá cumplir una pena de 35 años y 6 meses de prisión.Según Hugo Tovar, director especializado contra la Violación a los Derechos Humanos de la Fiscalía, el excabecilla paramilitar tuvo conocimiento y permitió el crimen.Hombres armados que hacían parte de la estructura paramilitar a su cargo interceptaron a la víctima, quien se movilizaba en una motocicleta junto a un adolescente, la llevaron a una finca, le propinaron varios disparos y arrojaron el cuerpo al río Sucio, donde fue encontrado siete días después.Posteriormente, los familiares del señor Osorio Manco y del joven que fue testigo de lo ocurrido tuvieron que abandonar sus tierras, y buscar refugio en Medellín y otras poblaciones. La persona asesinada perteneció a la UP, por lo que el bloque Elmer Cárdenas de las AUC ordenó la acción criminal en su contra por considerarla opositora”, indicó el alto funcionario.Alias 'El Indio', además de cumplir la pena de más de 35 años de prisión, deberá pagar una multa equivalente a 3.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En medio de los cuestionamientos por los vínculos de la empresa barranquillera Lost Prevention con el clan Vega Daza, siendo que al menos tres de sus integrantes estuvieron relacionados con la misma entre 2017 y 2019; los nexos de Nicolás Petro también tocan este escándalo, pues el exdiputado presuntamente habría respaldado a Ángel Carrillo López, uno de los socios de la compañía, en sus aspiraciones para ser candidato a diputado del Atlántico en las elecciones de 2023.De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Blu Radio, Carrillo López tramitó en abril de 2023 la solicitud ante Unión Patriótica para obtener el aval, con el objetivo de ser candidato a la Asamblea del Atlántico, por lo que firmó un pagaré en el que se comprometía, en calidad de candidato, a presentar sus gastos de campaña dentro de los tiempos establecidos por la ley.Una candidatura que no prosperó Llama la atención que precisamente ese aval estaba siendo tramitado ante el partido que respaldó a Nicolás Petro en 2019, cuando fue aspirante a la Gobernación del Atlántico. Pese a que no existe registro fotográfico de la supuesta cercanía entre Nicolás y Carrillo, diferentes líderes del Pacto Histórico en el departamento reconocieron al joven empresario como alguien próximo al hijo del presidente, quien contaba con su respaldo para llegar a la duma.Pero, al parecer, la cercanía al petrismo es un tema de familia, pues en julio de 2022, Ángel Carrillo padre participó en un encuentro con la entonces designada ministra de Salud Carolina Corcho, en medio de un encuentro de empalme del sector, en el que, incluso, Carrillo fue identificado por un militante como la persona que organizaría la programación de la ministra en el Caribe para ese entonces.Una fuente, que pidió no revelar su nombre, señaló que, incluso, se rumoró que Ángel Carrillo hijo sonaba para ser cabeza de lista por la coalición del Pacto Histórico para la Asamblea del Atlántico, pero esto no se concretó tras los escándalos que envolvieron a Petro y por unas amenazas que recibió el joven aspirante que lo obligaron a salir del país en búsqueda de asilo político.Ante esto, Carrillo López reconoció a Blu Radio su interés de participar en las pasadas elecciones, pero negó alguna cercanía con Nicolás.“Se me hacía atractivo todo su discurso de cambio (Gustavo Petro), pero de ahí a que yo hubiese tenido algún vínculo o hubiese hecho algún tipo de arreglo con alguien que perteneciera al Pacto Histórico, llámese Nicolás o como sea, no. Sí me vi tentado a intentar un ejercicio, pero ese sueño nunca lo concreté. No entiendo por qué vinculan la empresa con Nicolás”, señaló.Investigación a supuestos pagosPero la relación de padre e hijo con el Petrismo no serían objeto de preguntas, de no ser por la investigación que además adelanta la Fiscalía de que supuestamente la empresa Lost Prevention realizaba generosos pagos a Nicolás Petro. Ante esto, Lilian López, representante legal de la compañía, quien también es madre de Ángel Carrillo, también aseguró que no conoce al exdiputado.“Yo a ese señor solo lo he visto en medios de comunicación. Dicen muchas cosas, pero yo ya fui a la Fiscalía y afirmé desconocerlo. Todo esto me está afectando. Yo lo único que hice fue establecer una relación legal con la familia Vega Daza, a través de un servicio que tuvo el aval de la Superintendencia de Vigilancia”, dijo.En defensa de su hijo, López cuestionó que veía delito en que alguien quisiera vincularse a la política y aseguró que su compañía no ha contratado a Petro ni ha actuado fuera de la ley.
Hace un año se conoció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual condena al Estado colombiano por el exterminio contra el partido Unión Patriótica. En el texto se explica que desde 1984, y por más de 20 años, se cometieron diferentes delitos contra militantes y simpatizantes de la UP, dejando al menos 6.000 víctimas en el país, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad, investigar los casos que no han sido esclarecidos y reparar a las víctimas.Tras un año de esta decisión, las víctimas de la UP aseguran que aún no se ha cumplido la sentencia.La Corte, entre otras cosas, había ordenado Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones. También efectuar la búsqueda de los desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, aún hay pendientes por parte del Estado.“Esto significa que ese compromiso político, asumido y expresado de manera reiterada por el presidente no ha tenido una expresión real en la institucionalidad, en que la institucionalidad se acomode para dar cumplimiento efectivo a esta sentencia”, explicó Aponte.
El genocidio de la Unión Patriótica dejó 6.528 víctimas desde 1984, constituyéndose como uno de los peores capítulos de la violencia política en Colombia y por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado el 27 de julio de 2022.Dentro de ese fallo de 200 páginas, se establece que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y políticos, la vida, integridad personal, libertad, entre otros.Y establece los montos de indemnización a las familias de las víctimas de la Unión Patriótica definiendo, entre otros, 55.000 dólares a las víctimas o familias de desaparición forzada y 30.000 dólares a padres, hijos y compañeros permanentes de las víctimas de ese mismo flagelo, así como 10.000 dólares a los hermanos y hermanas.También fijó 35.000 dólares a familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 20.000 dólares a las víctimas de tortura y 5.000 dólares a víctimas de tentativas de violación del derecho a la vida, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, amenazas y/o hostigamientos y criminalización indebida mediante procesos penales.Así las cosas, la CIDH estableció en el numeral 25 de la sentencia que se establecerá y pondrá en funcionamiento la “comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas, con el propósito de que dichas personas puedan ser consideradas beneficiarias de las reparaciones ordenadas en la sentencia.Adicionalmente en el numeral 38 de la misma decisión de obliga al Estado a pagar las cantidades ya referidas, así como las cantidades fijadas a miembros de la familia Díaz Mansilla por concepto de los gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.Este sería el decretoEl decreto que será firmado por el presidente Gustavo Petro en los próximos días creará la comisión de constatación de identidad o parentesco de las víctimas conformada por tres comisionados (un representante del Estado, otro que será representante de la parte involucrada en la sentencia y otro de la CIDH).Se da así el primer paso para identificar plenamente a víctimas y sus familiares en el marco del genocidio a la UP e iniciar la compensación económica por los daños sufridos durante años de violencia sistemática contra el partido de izquierda.Esta es la viabilidadBlu Radio conoció además el documento de viabilidad expedido por el Ministerio de Hacienda, en donde la directora general de presupuesto dice no tener comentarios frente al proyecto de decreto aunque no sea aclara el valor total que se destinará a las referidas indemnizaciones.Le puede interesar
El 3 de marzo de 1989 el dirigente del entonces partido político Unión Patriótica José de Jesús Antequera fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por el cual fue sindicado un sicario que también falleció en el lugar de los hechos.Luego de 34 años, la Fiscalía acusa a tres ex detectives del DAS por el asesinato del líder político.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, José Antequera Guzmán, hijo del dirigente de la Unión Patriótica, habló sobre cómo, en su familia recibieron esta acusación de la Fiscalía.Antequera Guzmán recordó cuando se enteraron del asesinato de su papá; contó que mientras estaba junto a su hermana, siendo muy pequeños, escucharon la noticia en la radio.“No sé qué le costó la vida a mi papá, nada tiene ese precio. Las razones del asesinato están vinculadas a las denuncias que hacía mi papá”, dijo.Al ser preguntado sobre si ha habido justicia en estos procesos, criticó fuertemente la justicia y señaló que ha habido resultados por cuenta de las acciones jurídicas y políticas de parte de las víctimas.“Ha habido impunidad. La impunidad es parte de la estrategia en el asesinato. Que las justicia se haya movido, es a partir de los abogados y las víctimas”, finalizó.La Fiscalía presentó cargos formales contra tres detectives del DAS, el desmontado departamento de inteligencia colombiano, por el asesinato del excandidato a la Presidencia por la Unión Patriótica (UP) José de Jesús Antequera y por las heridas causadas a siete personas, incluido el expresidente Ernesto Samper.Durante los sucesos también falleció un hombre de 21 años que fue presentado por las autoridades como sicario, pero que según la investigación "habría sido un señuelo que hicieron pasar como delincuente para justificar la reacción de los hoy acusados, que accionaron sus armas indiscriminadamente", alegó la Fiscalía."El material probatorio advierte que el supuesto agresor, al parecer, no portaba armas y simplemente esperaba en una fila de viajeros con un maletín. Sin embargo, los escoltas del dirigente abrieron fuego sin control hasta causarle la muerte", relató la Fiscalía.Le puede interesar:
El excomandante del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, antes de su extradición alcanzó a asistir como testigo a unas diligencias en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en los casos que investigan los falsos positivos y la violencia durante el conflicto en el Urabá.En las últimas horas, la JEP lo volvió a citar para que desde Estados Unidos cuente lo que sabe sobre los crímenes cometidos contra miembros y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica y para que amplíe su aporte frente a los falsos positivos."Se hace necesario decretar este testimonio, atendiendo a que, si bien el señor Úsuga David fue escuchado previamente por el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga en el marco de la instrucción del caso 03, no se pudieron agotar todos los temas sobre los que el referido testigo puede aportar, entre otras cosas porque fue extraditado", indicó en el auto de la JEP.Úsuga, alias 'Otoniel', solicitó formalmente su sometimiento ante la JEP, pero fue rechazado, sin embargo, la justicia puede seguir llamándolo como testigo en los diferentes casos, las diligencias se harán desde Estados Unidos."Finamente, como el señor Dairo Antonio Úsuga David, se encuentra privado de la libertad en la prisión federal Florence ADMAX, en Colorado, Estados Unidos, se enviará la respectiva carta rogatoria al Departamento de Estado de Estados Unidos, por intermedio del Ministerio de Justicia del Derecho", señaló la JEP.'Otoniel' sigue condenado en Estados UnidosEl colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ y considerado uno de los capos más peligrosos y buscados en el mundo, fue condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico, al considerarlo culpable de introducir varias toneladas de droga en Estados Unidos.La jueza federal Dora Irizarry impuso así la condena que la Fiscalía había pedido a la magistrada pese a que el líder del violento Clan del Golfo , de 51 años, se declaró culpable el pasado enero en busca de beneficios penitenciarios, dando un giro a su declaración en un primer momento, cuando fue extraditado desde Colombia en mayo de 2022.Le puede interesar
La sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el caso 06, investiga los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica, UP. El magistrado Gustavo Salazar ordenó la inspección a diferentes documentos en entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, las brigadas VI, XVII y en la primera división del Ejército Nacional y, en el mismo sentido se ordenó la inspección a documentos del batallón contraguerrilla número 35."La sala incluyó los hechos ocurridos en contra de militantes upecistas en el municipio de Apartadó, Antioquia, en el año de 1996 como uno de los subcasos priorizados en el marco del caso 06, que ilustra la participación de unidades operativas de las Fuerzas Militares en connivencia con grupos paramilitares en hechos de violencia dirigidos en contra de militantes de la Unión Patriótica", señaló la jurisdicción.Teniendo en cuenta este caso agregó que: "Los comparecientes asociados a los hechos que se investigarán en el municipio de Apartadó en la región de Urabá en 1996 pertenecieron a dos unidades tácticas de la brigada XVII del Ejército Nacional de Colombia: el batallón de infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez, con jurisdicción sobre el municipio de Apartadó, entre otros municipios que ya están bajo investigación del Caso 04; y el batallón de contraguerrilla No. 35".Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 se realizó una inspección en las instalaciones de la brigada XVII; sin embargo, no se encontró el archivo del batallón de contraguerillas 35, entre otras, porque fue una unidad móvil. El batallón “Jaime Gerardo Díaz López” fue creado como una unidad de la primea división y por eso se procedió a practicar inspección en la mencionada división, pero tampoco fueron hallados los archivos."Debido a que no se ha logrado ubicar el archivo del batallón de contraguerrilla No. 35 , y por lo tanto, no se ha podido cumplir con la inspección, la SRVR solicitará al Ejército Nacional, por intermedio de su comandante, el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, o quien haga sus veces,; al CCOET, por intermedio de su comandante, el mayor general Eliot Gerardo Benavides, o quien haga sus veces; y a Ayudantía General del Ejército Nacional, por intermedio de su director, el coronel Diego Fernando Patio Orozco, o quien haga sus veces, señalar a esta Jurisdicción, dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del presente Auto, el lugar donde se encuentren los archivos del Batallón de Contraguerillas No. 35, con el fin de poder practicar la inspección ordenada", señaló la JEP.Este tipo de inspecciones se hacen con el fin de recaudar documentos o información que puedan ayudar a esclarecer algunas de los hechos investigados en el caso.Conéctese ala señal en vivo de Blu Radio:
La Unión Patriótica denunció en un comunicado que el concejal de Sabana de Torres, José Vicente Sandoval Camacho, recibió amenazas a través de mensajes intimidantes en sus redes sociales.“No se gane un problema (…) Robe plata calladito, en boca cerrada no entran moscas”, dicen los mensajes.“Expresamos nuestro más profundo rechazo a este tipo de acciones intimidatorias que afectan gravemente la democracia y reviven el miedo y los estigmas de los cuales hemos tenido que sobrellevar quienes somos militantes o simpatizantes del partido”, dice el comunicado.Ante este mensaje, el partido político pidió garantías de seguridad para el cabildante: “Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen los hechos y se busque la manera de dar con las personas responsables de las amenazas. Al Ministerio del Interior, Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que se brinden las garantías para la seguridad y protección de la integridad física y la vida del concejal y de las personas que lideran la Unión Patriótica en Sabana de Torres”, agrega.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En medio de la posesión de embajadores de Colombia ante diferentes naciones del mundo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió nuevamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad, el mandatario de los colombianos dijo que "no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi".Estas declaraciones han generado una serie de reacciones en el Congreso por parte de partidos de oposición, quienes expresaron que el país tiene muchos problemas que no se han resuelto. Uno de los que se pronunció al respecto fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid."Mientras que en manos del Gobierno Petro están aumentando las muertes de líderes sociales en Colombia, aumenta el costo de vida de los colombianos y está en total incertidumbre el sistema de salud por sus anuncios, él sigue sin resolver esos problemas. Y, por el contrario, continúa delirando con comparaciones del Estado colombiano con Hitler. No entiende uno entonces para qué buscaban la presidencia, si lo que querían era seguir haciendo alegatos de plaza pública y no resolver los problemas de los colombianos", dijo Cadavid.Y es que desde el Centro Democrático señalaron que el presidente debe buscar la unión y no la división, según dijo el senador Ciro Ramírez: "El presidente es el símbolo de la unión y debe dejar de sembrar odio entre izquierdas y derechas. Términos que están mandados a recoger en la jerga política. Una, no dividaPor su parte, para el representante Juan Carlos Wills del partido Conservador, el país en los últimos años ha firmado una serie de convenios y tratados de respeto de los derechos humanos."Es muy duro en salir a decir como jefe de Estado que Colombia es un país genocida. Además, no solamente es llamar la atención; pues esto genera, obviamente, muchísima lesión al país. Creo que hay que ser prudente en la comunicación, prudente en los mensajes y no solamente buscar en ellos llamar la atención, o de alguna forma populista hacer algún tipo de atracción en la opinión", expresó.Desde los partidos de Gobierno señalaron que esa declaración de Petro no está lejos de lo ocurrido en el país con la Unión Patriótica y que de esta se deben sacar lecciones para la sociedad."Pero lamentablemente en Colombia se vivió una experiencia de genocidio con la Unión Patriótica. Esto tiene el significado de que sectores que condujeron el Estado justificaron la persecución y la eliminación física por razones ideológicas, políticas de una agrupación", explicó el representante Gabriel Becerra, de la UP.Para Becerra, esto es "algo que expresa la inexistencia de una democracia plena en Colombia y la necesidad de una apertura democrática, para construir un estado democrático y en igualdad. Lamentablemente, entonces, la afirmación del presidente es cierta y debemos sacar lecciones de la historia para que nunca más se repita".Por último, para el senador del Pacto Histórico Wilson Arias, la expresión del presidente es clara y este fenómeno de exterminio también se presentó en otras partes del mundo."Desde luego que estamos en la categoría de Alemania nazi, donde también se produjo un genocidio étnico. Y en el caso colombiano, político, pero en otros países también se ha cometido por razones religiosas", recalcó Arias.Le puede interesar:
En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
