Este lunes se entregó ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Barranquilla, el fiscal 56 seccional Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera sentido de fallo condenatorio en su contra por el delito de prevaricato por omisión.En medio de la investigación se determinó que Orozco Pertuz omitió la asignación de cuatro procesos a otro fiscal en Bogotá y duró cerca de 120 meses para enviar las carpetas con los documentos que contenían información sobre la disputa por el desfalco de la Universidad Metropolitana.El pasado viernes el Tribunal Superior de Bogotá había emitido una orden de captura en contra del fiscal una vez dio a conocer el sentido del fallo condenatorio. Ahora se está a la espera de una nueva audiencia que será realizada el próximo 18 de abril a las 9 de la mañana para conocer la pena que se le impondrá.Vale recordar que en el año 2020 el fiscal Orozco Pertuz ya había sido capturad por el mismo caso, sin embargo, posteriormente recobró su libertad y siguió vinculado al proceso.
En una decisión emitida el pasado 17 de octubre por la Comisión Nacional de Disciplina, fue ordenada la destitución e inhabilidad por diez años para el Jorge Mola Capera, el polémico magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a quien desde 2018 le estaban investigando por presuntas irregularidades cometidas en fallos de tutelas que relacionaban el pleito entre la Fundación Acosta Bendeck y la Universidad Metropolitana de Barranquilla.De acuerdo con la rama judicial, Mola incurrió en prevaricato por acción, bajo la modalidad dolosa, al haber dado legitimidad a Alberto Enrique Acosta Pérez como representante legal de la Fundación Acosta Bendeck, en un proceso que debió remitir a la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.Cita el fallo que esta es una conducta típica, ilícita y culpable, que constituye una falta disciplinaria al haber decretado medidas provisionales, con las que afectó el debido proceso a la ciudadana Ivonne Acosta Acero, quien también reclamaba legitimidad de representación de la citada fundación.Es importante mencionar que Mola Capera ya en el pasado incluso ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación en medio de una investigación por presunto incremento patrimonial injustificado en más de $1.350 millones entre 2011 y 2019. Además, tiene más de 20 investigaciones abiertas entre penales y disciplinarias.Le puede interesar:
El excongresista Eduardo Pulgar, quien paga una condena de 4 años y 8 meses de prisión por intentar sobornar a un juez en medio de la disputa por el control de la Universidad Metropolitana, ahora servirá de testigo en el juicio que inició contra el magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Mola Capera, también involucrado en este pleito de Unimetro.Mola Capera fue acusado por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo (en tres decisiones) y enriquecimiento ilícito de servidor público, a raíz de los cuestionados fallos que emitió en la contienda de la familia Acosta Bendek por el control de la mencionada universidad.En audiencia preparatoria de juicio adelantada esta semana, la Corte Suprema consideró "relevante" que Pulgar sirva como testigo, ya que su testimonio le permitiría a la Fiscalía demostrar que la disputa de los Acosta Bendek era de conocimiento público y que el accionar del magistrado estuvo informado del contexto de ilegalidad en que se desarrolló dicha pelea familiar.Como se recordará, en su momento Pulgar tomó partido en este pleito, ofreció dádivas y usó sus influencias como congresista para intentar resolver de manera amañada esta disputa, así que para la Corte su testimonio es “pertinente y útil” para demostrar si las decisiones de Mola Capera se dieron o no en un entorno de criminalidad.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa concesionaria Unimetro, una de las cuatro entidades privadas encargadas de la circulación de buses del MIO en Cali desde el año 2010, en medio de una crisis que había llevado el 30 de noviembre de 2022 a cerrar las actividades laborales y de transporte de usuarios por parte del operador.De acuerdo a su representante legal, Néstor Trochez, se presentaron retrasos en el pago por la venta de tiquetes por parte de Metrocali a la entidad de hasta el 50 % en los primeros ochos años y que, de 2020 a 2022, habían hecho insostenible la operación, llegando a capitalizar deudas cercanas a los 199.000 millones de pesos, razón por la cual la Supersociedades ordenó la liquidación de la empresa."Tenemos que hacer el avalúo de los bienes que serán vendidos a cambio de saldar la mayoría de obligaciones pendientes con bancos, proveedores y empleados", aseguró Trochez. Con el cierre de Unimetro se perderán 220 puestos de trabajo entre conductores, mecánicos y personal administrativo en una compañía que, en tiempos pasados, logró tener a 617 empleados dentro de su nómina. El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, explicó, desde su cuenta de Twitter, que Luis Fernando Arboleda fue nombrado como el liquidador de Unimetro, en medio de un proceso fallido de reorganización de la empresa concesionaria, de la cual, su contrato con el ente central del sistema, fue cancelado de manera inmediata. Ante este panorama, el MIO solamente cuenta con tres operadores para una operación que representa a 230.000 pasajeros diarios: GIT Masivo, Blanco y Negro y ETM, empresas operadoras que denunciaron que, para la segunda nómina de noviembre de 2022, Metrocali les adeudaba 80.000 millones de pesos por la venta de pasajes en el MIO. Le puede interesar:
De manera formal, el Fiscal 90 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá acusó por concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado a Jorge Hernández Cassis, exasesor de rectoría de Unimetro, ya que habría estado involucrado en el multimillonario desfalco esa institución cuando se desempeñaba como asesor de la rectoría de este centro de educación superior.En el escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Hernández Cassis acordó voluntad delictiva con el entonces rector Carlos Jaller y la esposa de este, Ivonne Acosta, “con el fin de seguir defraudando patrimonialmente a la Universidad Metropolitana de Barranquilla”.Entre los hechos que destaca la Fiscalía está un convenio de 2014 con el que el entonces rector Jaller le otorgó a Hernández un contrato de consultoría por 40 millones de pesos, el cual, según el ente acusador, “fue prolongado hasta 2016 con el soterrado ánimo de defraudar patrimonialmente a la universidad”.Como se recordará, Hernández fue capturado el pasado 31 de mayo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, una vez arribó desde los Estados Unidos. Ahora enfrentará un juicio oral en el que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a pagar hasta 12 años de cárcel.Por este presunto desfalco de 30.000 millones de pesos, tres personas han quedado a disposición de las autoridades, mientras que el exrector Jaller y su esposa, Ivonne Acosta, siguen prófugos de la justicia.Le puede interesar:
Este martes, minutos después de haber aterrizado desde Estados Unidos, autoridades migratorias y de Policía capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a Jorge Hernández Cassis, quien es requerido por la justicia hace tres meses por el supuesto desfalco por más de 30.000 millones de pesos a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.Hernández Cassis, persona cercana al exrector Carlos Jaller, es requerido por el fiscal 90 anticorrupción delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual lleva la investigación por el saqueo a la Unimetro. Así, en audiencia prevista en las próximas horas, el ente acusador le imputará cargos por el delito de fraude procesal y solicitará medida de aseguramiento.El supuesto saqueo a las arcas de la Unimetro habría ocurrido durante los dos años en los que Carlos Jaller se desempeñó como rector de la institución, por lo que también pesa una orden de captura contra este exfuncionario y su esposa Ivonne Acosta, quienes aún permanecen prófugos de la justicia.Por este mismo caso, en marzo pasado se entregó Dorina Tapias Turizo, persona cercana al exrector Jaller y quien es procesada por presunto enriquecimiento ilícito.
Un juez ordenó el embargo de 13 inmuebles, cuentas bancarias y CDT’s por cerca de $13 mil millones a nombre de Dorina Tapia, pareja sentimental del exrector de la Unimetro de Barranquilla, Carlos Jaller, quien se encuentra prófugo.El juez promiscuo municipal de Juan de Acosta, Atlántico, ordenó embargar las cuentas e inmuebles de Dorina Tapia, integrante del 'Clan Jaller', imputada y privada de la libertad en el marco de la investigación que adelanta la justicia por el desfalco de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por más de 30 mil millones de pesos.Tapia, quien es pareja sentimental del exrector del centro académico, Carlos Jaller, fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito toda vez que la Fiscalía General de la Nación cuenta con las evidencias de su posible participación en el plan criminal que desembocó en el saqueo a la universidad.Lea también:En total son 13 inmuebles, ubicados en Barranquilla y Magangué, los que fueron secuestrados. Igualmente, el juez ordenó "el embargo y secuestro preventivo de cerca de 13.000 millones de pesos depositados en varias cuentas y CDT´S".Cabe recordar que Carlos Jaller actualmente es prófugo de la justicia, pues en marzo las autoridades libraron orden de captura en contra de él en el marco de la investigación del saqueo a la Unimetro y debe responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, delitos informáticos y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.Escuche más noticias:
Acompañada de su abogado, llegó pasado el mediodía de este miércoles, 16 de marzo, a las instalaciones de la Uri de la Fiscalía de Barranquilla Dorina Tapias Turizo. La mujer sería una persona muy cercana al exrector de la Universidad Metropolitana Carlos Jaller, quien también es buscado por las autoridades y se encuentra prófugo junto a su esposa Ivonne Acosta, y otro exrector, Jorge Hernández.En contra de Tapias existía una orden de captura por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.Esta mujer fue vinculada a la investigación por el desfalco cercano a los 30.000 millones de pesos a las arcas de la Universidad Metropolitana durante los dos años en que Carlos Jaller fue rector de la institución.Vale decir que este es el mismo escándalo por el que fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión el exsenador Eduardo Pulgar. Esto luego de que tratara de sobornar a un juez para beneficiar a su amigo Luis Fernando acosta Osio dentro del litigio que enfrenta la familia del fallecido exsenador Gabriel Acosta Bendek por una millonaria herencia.Escuche el podcast 'Sin Tabú':
Samuel David Arredondo Galezo, de 23 años y estudiante de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fue expulsado por supuestamente promover alteraciones de orden público en contra de la institución. En respuesta a ello se encadenó durante varias horas para exigir su reintegro. "Me acusan de una protesta donde yo alteré el orden público y eso no es cierto. Los que se quedaron conmigo estaban por su propia voluntad. Yo no retuve a funcionarios, son mentiras de la universidad", relató.Solo con intervención de la Arquidiócesis, el joven accedió a desencadenarse, pero afirma que seguirá en la lucha legal para que le permitan regresar, terminar sus prácticas y graduarse."Como yo no confiaba en nadie buscaron a la Arquidiócesis para tratar de convencerme, pero la verdad no se ha llegado a ningún acuerdo ni nada, ni por escrito", explicó el estudiante.El problema para este joven empezó en 2020, cuando por temas de pandemia, fueron suspendidas las prácticas para quienes cursan carreras de la rama de la salud.Por medio de videos publicados en Instagram, Arredondo denunció lo que para él eran abusos por parte de la universidad, ya que la institución decidió abrir matrículas para el segundo semestre de 2020 por valor de 8 millones de pesos sin que se hubiese concluido el semestre anterior por cuenta de la pandemia.El joven también denunció cómo los líos jurídicos que hace años mantienen la familia Acosta por el control de la universidad también han afectado al estudiantado y, por eso, dice el joven, los directivos lo expulsaron de la institución en 2020.Después de interponer una tutela, en marzo pasado un juez de Valledupar ordenó a la universidad reingresar al estudiante y la institución obedeció, pero luego retomó el proceso disciplinario y decidió expulsarlo nuevamente el pasado 12 de octubre, razón por la que ese mismo día, en señal de protesta, se encadenó a las afueras del hospital Metropolitano, donde realiza sus prácticas.
El juez promiscuo de Puerto Colombia, Alberto Mario Ospino Soto, quien frenó el proceso de caducidad que ordenó el Ministerio de las TIC sobre el contrato por un billón de pesos para llevar conectividad a las escuelas de las áreas rurales del país adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, ha estado envuelto en otras decisiones complicadas y polémicas.El togado también tuvo en sus manos uno de los tantos procesos judiciales por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y, en diciembre de 2020, libró las órdenes de captura contra dos jueces y un fiscal de la capital atlanticense por posibles decisiones amañadas.Lo anterior ante los cuestionamientos jurídicos de la familia Acosta Bendek y Acosta Osío por las decisiones de esos tres funcionarios en el restablecimiento de derechos a la familia Jaller sobre la Unimetro, el otro bando en disputa.El desarrollo del proceso contra los dos jueces y el fiscal ratificó el control que hoy tiene sobre la universidad el rector Juan José Acosta Osío, hermano del empresario y excónsul de Polonia, Luis Fernando Acosta Osío.Este empresario barranquillero resultó salpicado en el escándalo por las grabaciones en las que el entonces senador Eduardo Pulgar le ofrecía "200 barras" a un juez de Usiacurí (Atlántico) para favorecer a Acosta en el pleito por la institución de enseñanza superior.
La solicitud por parte de la Procuraduría se da tras advertencias del Icetex sobre la insuficiencia de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, lo que amenaza la renovación de créditos y las matrículas para el segundo semestre de 2024 y el año próximo año.En respuesta, la Procuraduría, por medio de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, demandó un reporte detallado de las tres entidades involucradas.Por un lado, le están pidiendo al Ministerio de Hacienda que informe sobre el presupuesto total asignado al sector educación en 2024, además, el desglose mensual de los desembolsos realizados y pendientes y el presupuesto para el 2025.Por otro, al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas para que entregue información del presupuesto asignado al icetex en 2024 y el monto transferido a la fecha.Incluso, la Procuraduría también requirió al Icetex para que entregue el reporte de los recursos programados para renovaciones y matrículas de 2024, así como los desembolsos realizados.La Procuraduría advirtió que cualquier retraso en la entrega de recursos compromete el derecho fundamental a la educación y afecta directamente el futuro de miles de jóvenes colombianos. También instó a las entidades responsables a actuar con diligencia para evitar un impacto negativo en las universidades y en el desarrollo del país.Todos los requerimientos hechos por parte de la Procuraduría al Ministerio de Hacienda, Educación y al Icetex deberán ser remitidos al Ministerio Público hasta el próximo lunes 25 de noviembre.
Desde el miércoles 20 de noviembre, estudiantes del movimiento estudiantil se tomaron la sede de investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA), exigiendo, al parecer, que la administración convoque a una mesa de negociación para este viernes 22 de noviembre, con el fin de dar respuesta lo más pronto posible a la crisis financiera.A pesar de que se encuentran arraigados en la sede desde el miércoles, solo fue hasta el jueves, 21 de noviembre, que decidieron impedir el paso del personal administrativo para llevar a cabo labores tales como la alimentación de especies de animales que dependen de la mano humana o la entrada de muestras de pacientes de Alzheimer y enfermedades infecciosas.Blu Radio habló con Marcela Vélez, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Antioquia y la directora en funciones de la sede de investigaciones universitarias, quien mencionó que la situación es critica, pues los estudiantes han manifestado que tal mecanismo de presión se prolongará hasta encontrar una solución, dificultando varios procesos de investigación de la institución.“Desde el día miércoles en la tarde están en el bloqueo del edificio de la sede de investigaciones universitarias, lo que a estas alturas ha significado unas afectaciones gravísimas porque la sede de investigaciones se encarga, digamos, de tener en su cuidado animales para experimentación que requieren que personas vayan y los alimenten, los cuiden, los cambien, despierten a los que están naciendo, que se procesen muestras de pacientes que nos requieren definir su diagnóstico y su tratamiento en los hospitales. Nosotros atendemos pacientes de proyectos de Alzheimer, de Leishmaniasis, de Chagas, de diferentes enfermedades infecciosas y pues con el bloqueo está implicado que se ha tenido que parar todas estas actividades”, explicó la vicerrectora.Además, a pesar de que en un inicio los estudiante habían permitido el paso a un reducido personal para procedimientos urgentes, tales como la alimentación de los animales, de los cultivos, de los tejidos y microorganismos, a eso de las 10:00 de la noche del jueves decidieron, según informó la vicerrectora, unilateralmente, no permitir el ingreso de nadie, retrasando varios procedimientos, entre esos la entrega de muestras de pacientes con enfermedades.“En la madrugada cuando hubo la posibilidad de dos riñones para trasplante que necesitan procesar en uno de los laboratorios para estudios inmunológicos no permitieron el ingreso y pues esto ha afectado gravemente la posibilidad de que una persona que está en lista de trasplante pudiera beneficiarse”, indicó la directiva.“Por supuesto, digamos que nosotros como profesores somos respetuosos del derecho que tienen a la protesta. La situación se complica, es en el momento donde se cierra la posibilidad de un corredor humanitario para poder hacer esas actividades que se requieren hacer en la CIU, de la que depende la vida de personas y la vida de animales. ”, añadió.A pesar de que no ha habido disturbios, la situación, según informan, no esta cerca de solucionarse: “Hasta horas de la noche estuvo la delegación que está en el campamento en conversaciones con la dirección de la Universidad de Antioquia, con el Vicerrector General. Y entiendo que se había llegado como a algunos acuerdos para el día de hoy, pero luego de que se terminara esa conversación fue donde se cambió radicalmente, drásticamente, la posición o los acuerdos que se habían tenido con los estudiantes”, puntualizó la vicerrectora.“De hecho, desde el miércoles que sabíamos que se iban a tomar la sede, habíamos dicho, restrinjan el ingreso de pacientes porque no sabemos en qué momento y no sabemos en qué condiciones se va a dar el bloqueo. No queremos poner como la integridad de las personas en riesgo. Además, como en la sede se procesan muestras de pacientes, algunos que están hospitalizados, otros que están ambulatorios, incluso pacientes que vienen del contexto nacional, no solamente pacientes de Medellín”, completó la directiva.Por otra parte, Juan Manuel Muñoz, integrante del movimiento estudiantil, le mencionó a Blu Radio, que a pesar de que sí están arraigados en la sede, estarían dejando entrar a cierto personal."Desde el día de miércoles estamos aquí en la toma del edificio y no hay ingreso por el momento. Esperando a que la administración convoque una mesa de negociación para hoy mismo para poder darle salida a esta situación que nadie quiere que se alargue. Desde el campamento se ha establecido un protocolo de ingreso para los procesos y asuntos vitales a partir de un listado de personas u proyectos que requieren atención permanente. Dicho listado fue proporcionado directamente por la vicerrectoría de investigación", indicó el estudiante.Por el momento, se está a la espera del comunicado oficial de la institución mientras los estudiantes, al parecer, se mantendrán en la sede hasta que se entable la mesa de negociaciones.
En el legendario helicóptero de la Operación Jaque en el que el Ejército logró el rescate de 15 secuestrados de las extintas Farc, se entrenan los futuros comandantes de unidades para llevar a cabo operaciones ofensivas contra los criminales que hacen presencia en el país como las disidencias de las Farc o el ELN. Por eso, tienen que poner a prueba sus habilidades tácticas y capacidad de liderazgo en situaciones de combate que llevan a cabo en Tolemaida.En este entrenamiento, que corresponde a la fase final de la preparación, los militares desarrollan todas las técnicas propias del pelotón, desde la planeación hasta la ejecución de las operaciones a las que se enfrentarán una vez asuman como comandantes de unidades. “Este tipo de ejercicio pone a prueba tanto su conocimiento doctrinal como su capacidad para hacer frente a situaciones complejas y dinámicas, simular las dificultades reales que podrían enfrentar durante sus misiones”, dijo el coronel Carlos Andrés Carvajal Rojas, comandante del Batallón de Cadetes Nº 3.Estos militares deben tener la capacidad de maniobra en una situación de combate real y es por eso que los ponen a prueba con el ejercicio de embarque y desembarque, en el cual tienen los segundos contados para subir y bajar de un helicóptero para ejecutar las operaciones en terrero, todo esto para que tengan claridad sobre cómo ejecutar operaciones con precisión, garantizando la seguridad y eficacia en el cumplimiento de las misiones que les asignan.“Es importante desarrollar estos ejercicios operacionales de embarque y desembarque de las tropas con el fin de que ellos puedan establecer y tener claridad cómo es el desarrollo de la misma dentro de este ejercicio, en protección de sus propias vidas para evitar accidentes y obviamente en el desarrollo de la maniobra”, dijo el coronel César Adolfo Gamboa, oficial de Operaciones de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército.Carvajal agregó que esta preparación es vital para asegurar que los futuros oficiales tengan las capacidades necesarias para comandar unidades desplegadas en todo el país, enfrentando no solo a grupos insurgentes, sino también a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el secuestro, entre otros. “Debemos asegurarnos de que estén listos para liderar bajo cualquier circunstancia, desde situaciones de combate directo hasta intervenciones en territorios donde las dinámicas de seguridad sean muy complejas”, afirmó.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
