Un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Joan Sebastián Rodríguez Mendoza, fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta participación en un esquema de tráfico de armas y otros delitos para beneficiar a las disidencias de las Farc. Según la Fiscalía, Rodríguez Mendoza obtenía armamento como ametralladoras, granadas y municiones, que entregaba a cabecillas de la estructura 18 del grupo armado ilegal, entre ellos Erlinson Chavarría Escobar, alias 'Ramiro'.A cambio, el procesado recibía pasta base de coca, la cual presuntamente comercializaba a redes dedicadas al tráfico de estupefacientes. Las investigaciones también señalan que el funcionario proporcionaba información privilegiada sobre la ubicación de integrantes de la fuerza pública y del Clan del Golfo, facilitando las operaciones de los grupos armados ilegales en la región.La captura de Rodríguez Mendoza se realizó en el sector El Poblado, en Medellín, en un operativo liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional y el Gaula Militar.Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, y fabricación, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Rodríguez Mendoza aceptó los cargos y fue enviado a un establecimiento carcelario bajo medida de aseguramiento.
Iván Enrique Cuentas, de 74 años, se convirtió en la víctima de un terrible siniestro vial que involucró un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al esquema de seguridad del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, en la ciudad de Cartagena.El adulto mayor, oriundo de Chocó, murió tras ser arrollado por la camioneta cuando, al parecer, cruzaba por el carril exclusivo de Transcaribe, a la altura del Castillo de San Felipe.Aunque el hecho se registró hacia las 2:30 de la tarde del pasado viernes 10 de enero, ninguna autoridad de tránsito distrital ni departamental se había pronunciado al respecto.Sin embargo, este miércoles 15 de enero, a través de su cuenta en X, la UNP confirmó que el vehículo involucrado en el siniestro había sido asignado al gobernador Arana, al tiempo que lamentó lo sucedido.“La Unidad Nacional de Protección, UNP, lamenta la muerte de Iván Enrique Cuentas Arriaga, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido en Cartagena el viernes 10 de enero. En el hecho se vio involucrada una camioneta de la UNP del esquema de protección del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. El vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación y no por la persona autorizada por la UNP”, informaron.A su vez, la entidad del Gobierno nacional anunció que se abrió una investigación interna para determinar por qué el vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación de Bolívar y no por personal autorizado de la UNP.“Por este mal uso de las medidas, la entidad protectora adelanta investigaciones internas y tomará las medidas correspondientes. La UNP abrió una investigación para determinar por qué el vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación, y no por personal de la entidad.Por su parte, la Gobernación de Bolívar, a través de un comunicado de prensa, señaló que “el conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”.También indicaron que han “brindado acompañamiento a la familia de la víctima” y que están atentos a los requerimientos de las autoridades competentes.“Reiteramos nuestro compromiso de colaborar plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y garantizar que se sigan los procedimientos establecidos. La Gobernación de Bolívar permanece atenta a cualquier requerimiento por parte de los organismos de investigación y reafirma su disposición para continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de todos los bolivarenses”, añadieron.Entretanto, en su comunicación, la Gobernación de Bolívar no entregó detalles sobre por qué el vehículo era conducido por un contratista y no por personal de la UNP, ni tampoco a qué funcionario estaba asignado en el momento del siniestro vial.
A través de un comunicado, la Unidad Nacional de Protección reconoció que el esquema de seguridad de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, estaba incompleto al momento en el que se presentó un hostigamiento a su caravana mientras regresaba, en compañía de su madre, del homenaje por el primer aniversario de las víctimas de la vía Quibdó-Medellín.“En cumplimiento del decreto 1066, a través del cual se creó la UNP, los convenios con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas dependen de temas presupuestales propios de cada entidad, razón por la cual, no se había implementado totalmente el esquema de protección de la doctora Córdoba, pues la gobernación no contaba con recursos para tal fin”, explica la entidad.La UNP señaló además que mediante una directriz emitida en el mes de junio del 2024 se ordenó a las áreas competentes de la entidad que se priorice la implementación de los esquemas de protección y después se surtan los trámites necesarios para la normalización de los convenios, sin embargo, convenios como el que aplica para la gobernación del Chocó son anteriores a la directriz, lo que generó deficiencias en su ejecución.De acuerdo con la comunicación de la entidad, el director Augusto Rodríguez se comunicó por vía telefónica con Córdoba, manifestándole su apoyo. Además, reiteró la disposición de la Unidad Nacional de Protección para reforzar el esquema de la gobernadora.
En la mañana de este sábado 11 de enero, usuarios de redes sociales reportaron una persona muerta en el barrio Britalia en la localidad de Kennedy, en la que aparentemente una persona había sido asesinada tras un hurto.Sin embargo, Blu Radio conoció la versión oficial entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá en la que se confirma que la persona muerta era un presunto ladrón que se había enfrentado a un ciudadano en un intento de quitarle sus pertenencias, pero segundos después, el peatón habría utilizado su arma de dotación en aparente defensa y dejó sin vida a ese sujeto.Entre tanto, según la versión de las autoridades, el hombre que accionó el arma, es funcionario activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“En las últimas horas, en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, se presentó un hecho en el que un funcionario de la UNP aparentemente iba a ser víctima de hurto. En el forcejeo, acciona su arma de dotación dejando sin vida al presunto delincuente. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente y se están analizando los videos de las cámaras de seguridad con el fin de esclarecer los hechos”, afirmó el Mayor Jonathan Salazar, comandante (e) de la estación de Policía Kennedy.Por su parte, autoridades confirman que el funcionamiento de la UNP se encuentra en custodia para ser presentado a la Fiscalía, quien determinaría si el hecho puede ser considerado como un acto de legítima defensa.
En abril del 2020, en zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca, fue asesinado el líder social Álvaro Narváez y tres miembros de su familia.Álvaro Narváez Daza, su hijo, necesita desplazarse a Mercaderes y a El Remolino, en Nariño, con el fin de recibir los restos de sus familiares, quienes ya cumplieron con el tiempo de sepultura en bóveda. Sin embargo, debido a la situación de orden público que se vive en esa zona del país le ha pedido a la Unidad Nacional de Protección, UNP, un refuerzo en su esquema de seguridad únicamente para estos desplazamientos, pues actualmente solo cuenta con un vehículo convencional. Narváez Daza asegura que, pese a los requerimientos que ha hecho, desde la UNP le han dicho que no es posible cumplir con su solicitud.“He tenido varias reuniones con un funcionario de la entidad, pero me indica que no es posible reforzar mi seguridad para esos desplazamientos, debido a que eso no está en el informe de riesgo. Dicho informe se elaboró hace dos años y actualmente las condiciones de orden público en el Cauca han empeorado notablemente. Ahora en Mercaderes no se hace nada sin que las Farc tengan conocimiento y ellos ya sabrán que debo desplazarme a reclamar los restos y tengo temor que atenten contra mi vida”, aseguró Narváez Daza.En el mismo sentido, pide a la UNP colaboración en este caso, pues asegura que debe recibir los restos de sus familiares la próxima semana."Solicitó a la UNP que por favor me refuerce el esquema de seguridad para mis desplazamientos al departamento del Cauca. Como soy el único sobreviviente, hijo y hermano, soy la única persona a quien le hacen entrega, teniendo en cuenta que mis allegados tienen miedo. Además, para esos días estoy citado en audiencia presencial dentro del proceso que cursa por esos hechos en Popayán, en donde voy a rendir testimonio en calidad de víctima y testigo”, agregó Narváez Daza.
Una balacera entre escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y delincuentes se registró en el centro de Bucaramanga, luego de que los ladrones dispararan contra uno de los escoltas para robarle su cadena de oro.Una testigo de los hechos aseguró que "Yo escuche la balacera fueron como 4 tiros y luego más, me quedé impávida, y toda la gente corría a esconderse, del café salió otro escolta y disparó contra los ladrones".El escolta victima de robo, se encontraba en toda la calle 36 con carrera 13 cerca al Palacio de Justicia de Bucaramanga, estaba realizando su trabajo pues tiene la asignación de brindar protección a la hija de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quién se encontraba en un café en esa zona.Cuando el escolta se encontraba fuera de la camioneta esperando su protegida, unos ladrones pasaron y le dispararon en uno de sus brazos para robarle su cadena de oro, en medio de los hechos, el escolta reaccionó disparando también contra los delincuentes, y durante el cruce de disparos al ver a su compañero herido, otro escolta quién se encontraba dentro del café disparó también contra los ladrones.El escolta herido fue remitido a un centro asistencial, y los ladrones lograron su objetivo y hurtaron la cadena avaluada en más de $7'000.000. Este hecho representa el segundo caso de robo registrado en la ciudad a escoltas de la UNP por cadenas de oro en menos de 48 horas.
Un cruce de disparos se registró en la carrera 15 con calle 51 de Bucaramanga, donde un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) defendió de un intento de hurto a su protegido.Según información de testigos, dos hombres en motocicleta interceptaron al señor, que era escoltado cuando salía de una ferretería ubicada en el centro de la ciudad al ver que tenía cadena de lujo de 20 gramos con dije de un cristo avaluada en 7'000.000 de pesos.Lo amenazaron con arma de fuego y lo obligaron a quitársela. El escolta de la UNP, al ver que estaban robando a su protegido, los dejo avanzar unos metros y desenfundó su arma de dotación disparando en dos ocasiones contra los delincuentes y estos respondieron disparando en contra de la humanidad del escolta.Uno de los ladrones, quien llevaba la cadena resultó herido y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, el otro, que conducía la motocicleta, se dio a la fuga.Las autoridades hicieron presencia en el lugar, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizando las labores correspondientes para esclarecer los hechos.El arma de dotación de la UNP utilizada en este cruce de disparos fue decomisada mientras avanzan las respectivas investigaciones. El escolta interpuso ante la Fiscalía General de la Nación la respectiva denuncia.
Las autoridades en Barrancabermeja rechazaron un panfleto que circula en redes sociales alusivo al Clan del Golfo, donde son amenazados seis líderes sociales y de derechos humanos en el Puerto Petrolero Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad Ciudadana, afirmó que trabajan de manera conjunta para brindar protección a los lideres amenazados, puesto que este panfleto se suma a otros que ya habían circulado anteriormente."Cada una de las amenazas a nuestros líderes es importante y por eso coadyuvamos a la Fuerza Pública y también hemos elevado solicitud para que la Fiscalía General de la Nación adelante los esfuerzos necesarios que brinde garantías y resultados para la tranquilidad de los ejercicios en procura de los derechos humanos".Asimismo, resaltó que se han realizado las denuncias pertinentes ante el Gobierno nacional para buscar apoyo y más seguridad en la región.Por su parte, la coronel Adriana Gisela Paz Fernández, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio señaló, que "se brinda seguridad a las víctimas". "Fueron convocados a una reunión con el fin de brindarles el acompañamiento pertinente por parte de las autoridades", dijo.Invitó a las personas a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda dar con la captura de los responsables de realizar dicho panfleto amenazante. Resaltó que la Policía Judicial, el cuerpo elite, junto con Fiscalía, articulan esfuerzos para brindar actividades preventivas en pro de la seguridad de los líderes en la región. Por ahora, las autoridades investigan cuál es el origen de las amenazas, que buscan generar zozobra y terror dentro del municipio.Finalmente, Fernández enfatizó que, "junto con la Unidad Nacional de Protección, reevalúan los riesgos de las nuevas situaciones que se presentan, atendiendo la problemática hacia la protección de los líderes del Puerto Petrolero".
La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una investigación contra 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes, para determinar si estos habrían ejecutado un acuerdo colusorio en el marco de 21 procesos de selección adelantados por la Unidad Nacional de Protección, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de 3 billones de pesos.De acuerdo a la comunicación de la SIC, estas empresas "habrían ejecutado un acuerdo que podría ser ilegal, con el objeto de repartirse entre ellos los grupos y/o las regiones ofertadas para evitar presiones competitivas. Además, habrían presentado ofertas económicas iguales y/o muy cercanas a los precios techos señalados por la Entidad".Las empresas investigadas son:Arrendadora De Vehículos Blindados Armati Ltda.Alliance Security Rent Car Ltda.Blinsecurity De Colombia Ltda.M.I. Blindajes Ltda.Nacional Rent Car Ltda.Neostar Seguridad De Colombia Ltda.Gmw Security Rent A Car Ltda.Vehículos Blindados De Colombia Ltda.Vector Ltda.Alquiler De Vehículos BlindadosEstas habrían coordinado la presentación de observaciones y la no presentación de propuestas para presionar a la Entidad sobre distintos aspectos del proceso. Además de haber coordinado entre ellos, incluso, durante la etapa de ejecución de los contratos derivados de los procesos de selección objeto de análisis.Dice la Superindustria que encontró comportamientos que evidenciarían la existencia de un presunto acuerdo colusorio entre los actores ya mencionados.
Inquietud y cierto temor por su seguridad tienen varios de los líderes y representantes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, en el Nordeste de Antioquia, luego de que hace pocos días fueran notificados al menos seis de ellos frente al desmonte total o significativo de los esquemas de protección que les venían siendo asignados por parte de la Unidad Nacional de Protección.Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera y vocero de la Coordinadora Nacional Minera, indicó que a pesar de interponer los recursos legales necesarios y lograr a través de medidas cautelares conservar sus esquemas, no saben en qué momentos podrían volverselos a quitar y si detrás de estas decisiones más allá de criterios técnicos hay otro tipo de intereses que buscan debilitar la labor de liderazgo social que vienen ejerciendo."No sabemos que lo que está pasando con nosotros, si es una persecución o es una retaliación por las denuncias que hemos hecho y por las demandas que exigimos ante el Gobierno nacional, pues esa situación nos preocupa", manifestó Marín.Insistió el directivo que los riesgos en materia de seguridad son latentes en la región por los intereses en el sector minero que tienen grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc."Lo que nosotros exigimos a la UNP es que se garantice el debido proceso de los líderes y de las comunidades mineras, porque además sobre eso tenemos unas medidas cautelares. Estamos dentro del proceso de la JEP como el único colectivo minero reconocido ante ese tribunal por todo este tema de violación de derechos humanos y todas las denuncias que hemos venido haciendo", señaló.La solicitud recalcó Marín, se hace mucho más urgente, teniendo en cuenta situaciones como la ocurrida a inicios de mayo de este año cuando hombres armados atentaron contra la camioneta del esquema de protección en la que se trasladaba Bladimiro Roldán, otro de los líderes de la Mesa Minera.Aunque el hombre salió ileso, tanto esa acción violenta como constantes mensajes intimidatorios son muestra, según los afectados, del riesgo latente que corren en el ejercicio de sus funciones.
