Un juez Penal Militar de Control de Garantías determinó que los argumentos presentados por el fiscal Penal Militar, Jhon Eduardo Niño, quien solicitaba que la investigación que se adelanta contra el coronel Carlos Feria, el jefe de la oficina de polígrafos del grupo de Estudios de Seguridad, y el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez por la práctica del polígrafo a Marelbys Meza, sí le corresponden a este tribunal.“Esta conducta debe ser reclamada por la justicia Penal Militar, por cuanto se cumplen con los presupuestos. Objetivo y funcional para indicar que estas personas no solamente eran miembros de la fuerza pública en servicio activo cuando cometieron las conductas que les son endilgadas, sino que además de ello ellas tienen un vínculo estrecho y directo con el servicio y por eso”, dijo el juez Penal Militar.Durante la audiencia, el fiscal Niño pidió que la investigación la realice su despacho; señaló que las actuaciones realizadas por los oficiales y suboficiales eran legítimas en el marco de sus competencias como miembros de la jefatura de presidencia. Además, buscaban determinar si se había cometido un delito de hurto, tras conocerse la pérdida de un dinero en la casa de la actual directora del Dapre, Laura Sarabia.Se espera que en los próximos días un juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías reclame el proceso a la Fiscalía que, de ser necesario, plantea un conflicto de competencia ante la Corte Constitucional si el ente acusador se niega y persiste en manejar el proceso en la justicia ordinaria.
El interrogatorio al coronel Feria, jefe de seguridad de la Presidencia, se hará este viernes 15 de diciembre, a las 10:00 de la mañana. Con esto buscan escucharlo para poder establecer si le corresponde a la Justicia Penal Militar investigarlo o no, se trataría de un proceso de rutina.El coronel Carlos Feria es investigado por presuntamente ordenar la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia cuando a la exjefe de gabinete se le perdió un dinero.La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al oficial por peculado, por uso y abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Además, para el ente investigador, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, también participaron en diversas acciones irregulares, incluida la realización de un polígrafo a Marelbys Meza.A pesar de estar imputado por el escándalo del polígrafo, Petro condecora al coronel Carlos FeriaA pesar de haber sido imputado por dos delitos relacionados con el escándalo del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro condecoró a su jefe de seguridad, coronel Carlos Alberto Feria.El presidente Petro le entregó, junto a otros oficiales, la ‘Orden al mérito seguridad Presidencial’ a Feria por su “profesionalismo, valentía y comportamiento ético”.Según el decreto, la orden se creó para reconocer a “los miembros de la Secretaría para la Seguridad Presidencial que hayan sobresalido por su profesionalismo, valentía y comportamiento ético en el cumplimiento de su deber, así como a los miembros de la Fuerza Pública, organismos gubernamentales y personas naturales que se destaquen por su colaboración, eficiencia y lealtad en procura de garantizar la seguridad del señor Presidente de la República y su familia”.Le puede interesar:
La Policía Nacional ha detenido a más de 450 miembros de la institución, en lo que va del año 2023. Estas personas estarían relacionadas con hechos de corrupción y favorecimiento a criminales a cambio de dinero.El general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía, informó que este aumento en investigaciones y detenciones se atribuye al reforzamiento de los controles internos.“Estamos hablando de un poco más de 450 policías capturados, gran mayoría de ellos por delitos que tienen que ver con el servicio, otros que tienen que ver con acciones que se salen de los cánones institucionales y la mayoría de estas investigaciones son lideradas propiamente por la Policía y la Justicia Militar. Ha habido un aumento, pero la lectura que le damos nosotros, obviamente, es que hemos extremado los controles. La política de transparencia de la Policía es efectiva y obviamente, pues persona que no se sale en la línea de la corrección, pues tiene que tomarse con contundencia, bien sea retirando la institución o ejerciendo sobre ella toda la acción penal”, indicó el general Zapata.La última ola de arrestos incluye a 10 agentes, entre patrulleros e intendentes, en la ciudad de Cúcuta. Estos individuos, presuntamente, solicitaban sobornos para evitar realizar allanamientos, capturas e incautaciones.Le puede interesar:
Una juez decidió que el proceso del coronel Feria, jefe de protección del presidente Petro, y dos de sus subalternos debe quedarse en la Fiscalía y negó la petición de los abogados de que lo envíen a la Justicia Penal Militar por irregularidades en la práctica del polígrafo a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.“En este caso, en particular, de acuerdo con la citación que hace la Fiscalía, a los jueces o al juez con función de control de garantías para efectos de agotar la audiencia de imputación en este asunto. Entonces así las cosas, esta funcionaria considera, se itera, que la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de este asunto en virtud de los presupuestos y lineamientos señalados por la Corte Constitucional”, dijo la juez en la audiencia.Cabe recordar que aún la Fiscalía no les ha podido imputar cargos porque los abogados, tanto del coronel Feria como del jefe de la oficina de polígrafo, Elkin Gómez, y el intendente John Sacristán, pidieron que la audiencia no se llevara a cabo porque consideraban que el proceso debía pasar de la Fiscalía a la Justicia Penal Militar.Con esta decisión de la juez, la justicia ordinaria llevará este caso y ahora sí serán imputados por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la prueba del polígrafo realizada a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Deben responder por los delitos de peculado, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, pues durante la práctica de este polígrafo, le quitaron su celular a Meza y la habrían culpado del robo. Según la Fiscalía, le dieron un trato injusto.Le puede interesar:
La Justicia Penal Militar abrió indagación preliminar para establecer si hubo miembros del Ejército involucrados en los hechos de intimidación y ataque contra la población civil en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, el pasado 11 de septiembre.Y es que, según videos publicados en redes sociales y que han generado el repudio nacional, hombres encapuchados, vestidos con camuflado y camisas negras, portando armas de, llegaron hasta la vereda Bocas del Manso de Tierralta y amenazaron a los habitantes. Se identificaron como integrantes del frente 5 de las Farc-EP, bloque José María Córdoba."Tras conocerse los hechos registrados en la vereda Bocas del Manso de Tierralta, Córdoba, donde hombres armados intimidaron a los pobladores de esta zona rural el pasado 11 de septiembre, identificándose como disidencia de las Farc, una juez de Instrucción Penal Militar abrió indagación preliminar para establecer la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en esta acción violenta", informó en un comunicado la Justicia Penal Militar y Policial.Blu Radio conoció tres elementos que indicarían una posible conexión con el Ejército: uno de los indicios más reveladores es el tipo de armas que portan estos hombres. Los fusiles en sus manos son de uso exclusivo de la tropa regular del Ejército; otro elemento es un objeto amarillo que se encuentra en una de las armas, conocido como "el cartucho de la vida" y es utilizado únicamente por la fuerza pública; y el tercer indicio es que las coordenadas geográficas donde ocurrió el hostigamiento a la población civil coinciden con las ubicaciones de las tropas militares.El Ejército emitió un comunicado y destacó que, “inmediatamente se conoció la información, se desplazó una comisión inspectora”, para verificar “los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar”.Asimismo, rechazó “este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.Por este hecho también la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron la conformación de una comisión para investigar.“A raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve a hombres armados intimidando a la población civil, en un caserío en Tierralta, Córdoba, la Fiscalía General de la Nación conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”, indicó el ente acusador.La Procuraduría, por su parte, ordenó el traslado de una comisión disciplinaria extraordinaria a para investigar lo sucedido en la vereda El Manso de Tierralta.Puede ver:
Hernán Darío Rodríguez Urrea perdió la batalla contra la muerte en la UCI de la clínica Reina Catalina de Barranquilla, tras presentar complicaciones y sufrir un paro cardiorrespiratorio que lo llevó a fallecer este lunes en horas de la mañana.El joven estudiante de Medicina de la Universidad Libre resultó herido el pasado 11 de febrero en horas de la madrugada, tras recibir un impacto de bala en su cabeza que lo mantuvo hospitalizado desde entonces hasta que falleció.Rodríguez Urrea, de 18 años, nada tenía que ver con la riña registrada a las afueras de una discoteca, pero, por encontrarse cerca al lugar de los hechos, terminó baleado en momentos en los que un uniformado buscaba disuadirla.Leonardo Guzmán, amigo de Hernán Darío, explicó que, aunque para el mes de mayo fue remitido a una habitación intermedia por una leve mejoría que presentó, en los últimos días recayó por una infección bacteriana. "Él ya venía con un ritmo desde que pasó el terrible suceso en el mes de febrero de UCI, se recuperaba, mostraba mejorías, lo bajaron dos veces a cuidados intermedios, pero hoy conocimos esta lamentable noticia que, para todos, fue un golpe muy duro. Él se complicó por una bacteria que agarró, entendiendo que es normal que suceda por el lugar en el que se encuentra".Recordemos que, ante los señalamientos por el cuestionado operativo policial, la institución anunció, días después del suceso, una investigación interna para esclarecer los hechos en los que se presentó el lamentable episodio.Incluso, la Justicia Penal Militar abrió unas investigaciones contra el uniformado que accionó su arma de dotación contra el joven, quien enfrenta un proceso disciplinario por presunto uso desmedido de la fuerza.
La Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación por una posible omisión de apoyo y por los homicidios de un policía y un campesino en las manifestaciones de la semana pasada en San Vicente del Caguán, en Caquetá.La decisión la tomo el juzgado 181 de instrucción Penal Militar por los presuntos delitos de homicidio y omisión de apoyo especial, luego de los hechos ocurridos el 2 de marzo en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, sobre las 5:00 de la mañana, cuando se enfrentaron campesinos con miembros de la fuerza pública que terminó con el secuestro de más de 70 uniformados y empleados de la petrolera, junto con la muerte de un uniformado y un campesino.El policía que perdió la vida en medio de las protestas fue identificado como el subteniente Arley Monroy, que llevaba 14 años en la institución y era oriundo del departamento de Boyacá.El anuncio de la apertura de la investigación por parte de la Justicia Penal Militar fue a través de un comunicado.“Con ocasión de los hechos acontecidos el pasado 2 de marzo de 2023, en el sector Los Pozos, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, donde resultaron muertos un policía y un campesino, el juzgado 181 instrucción Penal Militar inició investigación preliminar bajo hipótesis de posibles delitos de homicidio y omisión de apoyo especial”, señaló la Justicia Penal Militar.Hace unos días el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que por esos hechos se adelanta una investigación con el ánimo de establecer quiénes serían los responsables del asesinato y del secuestro de los uniformados en el departamento de Caquetá.Le puede interesar:
La Corte Constitucional dictó una medida provisional en el proceso que actualmente lleva el Juez 189 de Instrucción Penal Militar por la investigación de Dilan Cruz y ordenó suspender la recolección de nuevas pruebas y evidencias, hasta que la Sala Plena de la Corte falle de fondo una acción de tutela que interpuso la familia del manifestante que falleció en medio de los disturbios que se registraron el 23 de noviembre de 2019.La decisión se produjo tras una solicitud de la familia del manifestante a la Corte, donde cursa una tutela que pide el traslado de la investigación a la Fiscalía, por considerar que no es la Justicia Penal Militar la competente para adelantar la investigación contra el capitán Manuel Cubillos del Esmad, jurisdicción que según los parientes no ofrece garantías para proferir decisiones imparciales y objetivas.En el Auto 259 de 2021, proferido por la magistrada Diana Fajardo, la Corte respondió a los familiares de Cruz, quienes consideran que “mientras la conducta del uniformado se encuentre en investigación por la Jurisdicción Penal Militar, la vulneración en curso se hace más profunda y genera espacios de revictimización de los familiares que reclaman justicia y no encuentran las garantías del orden constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos según las cuales este tipo de hechos deben ser investigados y juzgados bajo los máximos estándares y no en tribunales marciales.”.La Corte, inicialmente, dio credibilidad a los testimonios de la familia de Cruz y accedió a decretar la suspensión hasta que la tutela sea resuelta definitivamente.“La Sala advierte que existen fundamentos jurídicos razonables para estimar que la demanda de amparo tiene vocación aparente de viabilidad. En efecto, de las circunstancias de hecho que rodearon la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, prima facie se aprecian elementos mínimos que permiten considerar la posibilidad de que la conducta del uniformado deba ser conocida por la Jurisdicción Penal Ordinaria y no por la Jurisdicción Penal Militar”, señala la Corte.
Este sábado, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial anunció que inició una indagación preliminar tras los hechos registrados en Cali el pasado 28 de mayo, donde, en medio de las manifestaciones, se ve a civiles haciendo uso de armas de fuego, en presencia de agentes de la Policía.Según se conoció, en el desarrollo de la investigación se juntó material probatorio y evidencia física que llevó a la vinculación de siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión.Recordemos que el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, zona exclusiva del sur de Cali, se vivieron momentos de terror luego de enfrentamientos entre la Policía y civiles armados, que dispararon contra los manifestantes.En entrevista con BLU Radio, Andrés Escobar, una de las personas que se ve con un arma en la mano, indicó que actuó de esa manera porque los vándalos intentaron destruir el CAI de la Policía y que solo querían apoyar a los policías.“Soy empresario, vivo en la comuna 22 del barrio Ciudad Jardín. Pido disculpas por lo sucedido (…) lo hago porque el camino no son las armas, ni una guerra civil. Soy una persona comprometida con mi ciudad, amo Cali y me duele todo esto que estamos viviendo. El arma no es letal, traumática, de fogueo. Tengo importación de la DIAN y factura de compra”, precisó en entrevista con Mañanas BLU.Por estos hechos, el pasado 1 de junio, Escobar fue citado a interrogatorio por la Fiscalía para conocer la versión de los hechos y esclarecer el caso.
La Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño, como presunto responsable del homicidio del joven Bryan Fernando Niño Araque, perpetrado durante las manifestaciones del pasado 1 de mayo en Madrid, Cundinamarca.Arenas Niño, quien llevaba 13 años en la institución, es el primer uniformado capturado por excesos que habría cometido la fuerza pública durante las protestas, excesos por los cuales la jurisdicción penal militar ya ha abierto 10 indagaciones contra uniformados.Los hechos tienen que ver con los que se registraron el pasado sábado 1 de mayo en el municipio de Madrid, Cundinamarca, ahí, de acuerdo con las investigaciones preliminares, sobre las 9:00 de la noche, se registraron algunos enfrentamientos entre fuerza pública y varios manifestantes en el barrio Sosiego y, al parecer, el joven de 24 años, Bryan Fernando Niño recibió dos disparos: en el pecho y la cabeza con arma de gas lacrimógeno desde una tanqueta de la Policía. La Justicia Penal Militar tendría pruebas de que el mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño fue quien disparó y quien acabó con la vida del joven.En diálogo con BLU Radio, el director de la Justicia Penal Militar, Fabio Espitia, explicó que lo que se viene en el proceso es que escuche en indagatoria al mayor y le definan su situación jurídica, es decir, si debe responder por el caso tras las rejas o en libertad. Sin embargo, la Fiscalía aún podría pedir la competencia del proceso.“Si el juez dispuso la orden de captura es porque considera que existe un acto en relación con el servicio y en el momento determinado que los elementos de prueba que se hayan recaudado permiten vincular a esta persona como posible autor responsable de un delito de homicidio. Sigue la correspondiente diligencia de indagatoria y que se defina la situación jurídica por parte del señor juez que ha emitido la orden, obvio esto con la presencia de la Procuraduría General de la Nación que es la garante de legalizar los proceso. Llevamos 10 indagaciones abiertas por hechos que se relacionan con los sucesos de estas dos semanas”, dijo Espitia.A la fecha, la Justicia penal Militar ha abierto 10 indagaciones contra miembros de la fuerza pública, cuatro de ellas por lesiones, una por abuso de autoridad y cinco asociadas a homicidios.
