Fueron citados a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el escándalo de corrupción en la UNGRD la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el ministro de Hacienda, Diego Guevara.Además, la sala instrucción también citó a dar testimonio como testigos dentro del caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del interior; y a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).Los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda tendrán oportunidad de responder un cuestionario que les enviara la Sala Instrucción de la Corte, caso contrario al de Velasco, Carlos Ramón González y Bonilla, quienes sí deberán comparecer ante el alto tribunal para que den su versión de lo que conocen sobre el cónclave que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), imputado y considerado como uno de los principales testigos ha mencionado en la Fiscalía General de la Nación y la misma Corte.Todo esto en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.
Anualmente, las altas cortes cambian de presidente y como de costumbre, los vicepresidentes pasan a la presidencia, en el caso de la Corte Constitucional el magistrado Jorge Enrique ibáñez sucederá a José Fermando Reyes, en la Corte Suprema de Justicia quedará Octavio Tejeiro en reemplazo de Gerson Chaverra, en el Consejo de Estado el magistrado Luis Álvarez reemplazaría a Milton Chaves.Esos cambios son la próxima semana, concretamente el jueves, pero Blu Radio conoció que en la Sala de Instrucción hay una división interna por la posible llegada de la magistrada Cristina Lombana a la presidencia de esa Sala, quien tiene a su cargo los procesos de relevancia como las investigaciones que adelante ese alto tribunal en contra de Armando Benedetti, además la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene varias investigaciones en curso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Lo que se sabe es que los magistrados de la Corte Suprema llegaron a un tipo de "acuerdo verbal" para que este 2025 solo fueran nombradas mujeres como presidentes de las Salas Civil, Laboral Penal y de Instrucción. Sin embargo, no todos los magistrados están muy contentos con esa idea y estarían haciendo oposición a esa iniciativa.Ahora, en cuanto a los nombres, a la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llegaría la magistrada Miryam Ávila, a la Laboral Clara Inés Roldán y la Sala Civil estaría en cabeza de la magistrada Hilda Gonzales, en cuanto a la presidencia de la Sala de Instrucción, se conoció que la última palabra a pesar de las divisiones la tendrá el hoy presidente de la Sala Misael Rodríguez.También hay gran expectativa sobre cómo serán las relaciones para este 2025 entre la Rama Judicial y el presidente Gustavo Petro, debido a que el año pasado fue turbulenta y cargada de señalamientos por parte del primer mandatario a las Cortes por las distintas decisiones que tomaron en lo que tiene que ver con las iniciativas del Gobierno, por ejemplo, este año será decisivo en la Corte Constitucional para conocer cuál será el futuro de la reforma pensional.
Comenzamos el año con noticias sobre el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, relacionadas con decisiones de la Fiscalía que se conocen luego de que la Corte Suprema abriera la puerta para conceder beneficios legales a particulares que le entreguen información efectiva para esclarecer el caso.En las últimas horas, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, decidió llamar a interrogatorio en calidad de indiciados a dos personas que podrían tener información clave sobre el presunto ofrecimiento de tres contratos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a seis congresistas, a cambio de emitir un concepto clave para obtener empréstitos internacionales para la Nación.Se trata de Andrea Ramírez, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien se desempeña como enlace entre el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.En el caso de Ramírez Cobo, muy cercano a la directora del Dapre, Laura Sarabia, su eventual aporte a la justicia será determinante para judicializar a quienes según la investigación de la Fiscalía, dieron la orden desde el Ejecutivo, para ofrecer contratos a congresistas. Su nombre apareció en el escándalo luego de que Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaran sus teléfonos celulares y en ellos aparecieran chats en los que Ramírez pregunta por los tres contratos del escándalo.En algunas de las conversaciones vía chat, Jaime Ramírez Cobo le advirtió en diciembre de 2023 a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, que si no salían adelante los tres contratos por 92 mil millones de pesos para los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, se caerían los créditos de la Nación.En otra conversación de Jaime Ramírez Cobo con la exasesora del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, el asesor del Dapre le pregunta por los avances en los trámites del mismo contrato, que hoy tiene contra las cuerdas a seis congresistas y excongresistas, quienes ya rindieron indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.Ramírez Cobo también aparece en los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, revelados por Noticias Caracol, en los que se observa a ministros y congresistas, presuntamente hablando sobre los contratos en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra.La defensa de Jaime Ramírez Cobo asegura que en sus actuaciones no hubo ninguna ilegalidad, en cualquier caso, su declaración ante la justicia será determinante para saber si eventualmente Laura Sarabia tuvo o no relación con el escándalo, como lo sugirió la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, también podrá contar detalles sobre el famoso cónclave en Casa de Nariño que se habría realizado para hablar sobre la entrega de contratos a congresistas y sobre todo, Ramírez Cobo será la clave para que la justicia esclarezca si el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tuvo o no participación en el entramado criminal de la UNGRD.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó una ampliación de interrogatorio al exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien entregó información clave y nuevos elementos materiales probatorios.Estos fueron remitidos a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que determine si el testimonio puede ser integrado a la investigación contra la representante a la Cámara por Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte, por posibles irregularidades en procesos de contratación en la UNGRD.Adicionalmente, la Fiscalía investigará la posible implicación de Gustavo González Ruiz, esposo de la congresista Manrique Olarte, en las irregularidades detectadas, como parte de su compromiso de esclarecer la red de corrupción en esta entidad.Por otro lado, la Fiscalía anunció que en los próximos días continuará adelantando interrogatorios a otros actores vinculados a casos de presunta corrupción, será el 21 de enero cuando será escuchada la exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Andrea Ramírez, mientras que el 22 de enero se presentará el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Jaime Ramírez Cobo, quien fungía como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión inédita con la que busca acelerar la investigación que adelanta contra seis congresistas y excongresistas presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo.La Sala de Instrucción de la Corte determinó que podría conceder beneficios judiciales a personas que no tienen fuero, es decir a quienes son investigados por la Fiscalía, con el fin de estimular la entrega de información efectiva y soportada que permita al Alto Tribunal, avanzar en el caso.Por ejemplo, en ese escenario, exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla podrían tener rebajas de pena adicionales autorizadas por la Corte, si ellos entregan directamente a los magistrados, datos clave que permitan completar el “rompecabezas” de la supuesta entrega de tres contratos de la UNGRD a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de que emitieran conceptos sobre empréstitos internacionales, según testigos, con el aval del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.Según fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte, se adoptó esta decisión debido a la escasa colaboración de la Fiscalía con la entrega de información del caso: pese a que se han solicitado múltiples documentos y testimonios, solamente les han entregado la declaración de la exasesora del exministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides.Coincidencialmente, fue aplazada la audiencia de acusación que hoy debía continuar ante un juez de Bogotá por el escándalo de Gestión de Riesgo, contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y compañía, solicitud que eventualmente podría tener relación con el cambio de metodología investigativa que anuncia la Corte Suprema de Justicia.Esta decisión de los magistrados adicionalmente demuestra que mientras en la Corte buscan resolver con celeridad el proceso de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía apenas ha judicializado a los que confesaron los delitos y a la exconsejera Sandra Ortiz.Además, deja muchas inquietudes la queja de la Corte frente a la inexplicable demora por parte de la Fiscalía para entregar piezas procesales clave para avanzar en el caso. Se necesita un trabajo coordinado y armónico de la justicia para llegar hasta los máximos responsables de este escándalo de corrupción.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió la posibilidad de conceder beneficios a personas no aforadas, es decir, a funcionarios y particulares que proporcionen información relevante sobre los hechos de corrupción investigados por la Fiscalía en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El objetivo del alto tribunal es recabar elementos que permitan judicializar a los aforados, en este caso, los congresistas que pudieran haber estado involucrados en irregularidades relacionadas con la contratación en esa entidad. Según información conocida por Blu Radio, un documento indica que la sala podría, dependiendo de la calidad de la información, documentos y otros elementos de prueba aportados, recurrir a herramientas legales para otorgar beneficios. Esto sería posible únicamente si la información suministrada es efectiva y está debidamente respaldada.>>> Lea también: Trabajadores Comfenalco Antioquia piden no entregar caja a senador salpicado en caso UNGRDEsta medida podría incentivar a testigos que actualmente estén interesados en colaborar, pero que, al encontrarse en procesos en la Fiscalía, aspiren a beneficios relacionados con información sobre personas y congresistas implicados.El caso se centra específicamente en el proceso que se adelanta contra seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes supuestamente se habrían beneficiado de contratos derivados de la UNGRD a partir del aval de conceptos requeridos para la aprobación de ciertos créditos solicitados por el Gobierno nacional.Asimismo, se conoció que la Corte Suprema de Justicia habría solicitado información extensa a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, hasta el momento, solo habría recibido información relacionada con el testimonio de una asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ya no ocupa ese cargo.
La Procuraduría General de la Nación sancionó, en primera instancia, con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y con 20 años al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por autorizar el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a la comunidad de La Guajira.La investigación reveló que los funcionarios autorizaron un pago superior a los $16 mil millones por los vehículos, lo que representó un incremento de más del 54 % respecto a los precios reales del mercado. Este sobrecosto implicó un pago de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques, lo que afectó gravemente el patrimonio público.La Procuraduría señaló que López participó activamente en la firma de la ratificación de la orden de proveeduría y autorizó el pago de recursos, mientras que Pinilla omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas superaban considerablemente el precio del mercado. Además, Pinilla certificó erróneamente que los 40 vehículos fueron entregados a satisfacción, cuando no se utilizaron para el propósito previsto, es decir, abastecer a La Guajira.Además, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, quien facilitó el pago al contratista, participando también en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público.Estas sanciones se fundamentan en la grave afectación de los principios de moralidad, eficacia y economía en la función pública, constituyendo faltas gravísimas cometidas con dolo y desatención elemental de los deberes públicos.
Según un balance reciente de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el año 2024 estuvo marcado por una alarmante frecuencia de emergencias naturales en Colombia. Con un total de 6.293 incendios forestales, el país vivió una de sus temporadas más intensas de fuego, afectando más de 216 mil hectáreas de ecosistemas vitales.Aunque los incendios fueron los más comunes, las inundaciones fueron las que causaron el mayor impacto humano. En 644 eventos registrados, más de 709.000 personas fueron afectadas y alrededor de 186.000 familias vieron sus hogares destruidos. A pesar de ser fenómenos menos frecuentes, las inundaciones evidencian la vulnerabilidad de varias regiones del país frente a la variabilidad climática.Otro de los desastres recurrentes en 2024 fueron los movimientos en masa, que, además de su frecuencia 704 eventos resultaron en la mayor cantidad de víctimas fatales: al menos 70 personas perdieron la vida debido a estos deslizamientos de tierra.En cuanto a otros fenómenos, Colombia también enfrentó 438 vendavales que dejaron a más de 110.000 personas damnificadas y 174 crecientes súbitas que afectaron a unas 52.000 personas.La entidad invirtió más de $ 8.621 millones, beneficiando a más de 13.000 familias en 18 municipios de ocho departamentos. Se entregaron 13.765 kits de alimentos, 40.435 frazadas, 35.190 hamacas, 14.791 tejas de zinc y agua potable, entre otros insumos para mitigar el impacto de las emergencias.
En la mañana de este domingo 22 de diciembre, se confirmó que Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, y judicializada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, UNGRD, fue trasladada a un centro de seguridad elevado tras afirmar que su vida estaba en riesgo por las declaraciones entregadas a las autoridades. Ortiz estaba detenida en la estación policial de los Mártires. Sin embargo, autoridades confirman que fue trasladada a la Estación de Carabineros, donde deberá cumplir con la detención preventiva.Cabe resaltar que durante la semana anterior a su traslado, una juez aseguró que sí había razones suficientes para declarar a la exasesora presidencial para las regiones por autoría y participación en los delitos como tráfico de influencias y lavado de activos en el caso de corrupción de los carros tanques de la UNGRD. Entre tanto, en medio de la audiencia, la juez del caso la denominó como la mensajera y quien habría transportado y entregado las coimas sobre el caso.Aún avanza el proceso de investigación sobre el caso, pues Sandra Liliana Ortiz, aseguró que están implicados varios nombres del grupo legislativo, pero además, personas cercanas al presidente, Gustavo Petro. Versión que aún no confirma la Fiscalía.
En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la Resolución 142 de 2024, emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ordenaba la transferencia de 186.000 millones de pesos al municipio de Girón, Santander. La decisión se fundamenta en múltiples irregularidades, como la falta de estudios técnicos previos y la inclusión de proyectos sin justificación adecuada.El fallo señala que la Resolución 142 vulneró los procedimientos establecidos en la normativa vigente al omitir la revisión y recomendación del Comité de Contratación de la UNGRD y los informes de viabilidad técnica necesarios. Además, se determinó que las obras incluidas en la transferencia, como un acueducto y otras de mitigación, no estaban contempladas en los decretos municipales de calamidad pública que sustentaban la solicitud.Irregularidades administrativas y técnicasEntre las principales fallas señaladas por el Tribunal, se encuentra la ausencia de un Plan de Acción Específico (PAE) para las obras proyectadas, requisito obligatorio según la Ley 1523 de 2012. La única obra claramente justificada en los decretos de calamidad pública de Girón era la construcción de una subestación de bomberos en la región del Topocoro. Sin embargo, la transferencia también incluía proyectos adicionales que no fueron sustentados técnica ni jurídicamente.Asimismo, el Tribunal cuestionó la motivación de la resolución, calificándola de "falsa e incongruente" por incluir obras no relacionadas con las emergencias declaradas. Además, se determinó que la aprobación del acto administrativo por parte del entonces subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla, excedió sus competencias legales.El Tribunal ordenó la devolución de los recursos a la UNGRD para que puedan ser destinados a iniciativas que cumplan con los lineamientos legales y técnicos en la gestión del riesgo. Además, la sentencia mantiene la suspensión provisional de la transferencia decretada desde julio de 2024, reforzando las medidas para proteger el patrimonio público.La UNGRD y las autoridades municipales de Girón tienen la posibilidad de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso al Consejo de Estado.Este es el fallo:
