EPM Telecomunicaciones S.A., conocida como UNE, ha informado sobre la implementación de dos nuevas políticas en el marco de una reestructuración organizativa. Una de ellas contempla un retiro voluntario anticipado, dirigido a colaboradores que deseen acogerse libremente a esta medida, incluidos pre-pensionados y aquellos que ya han alcanzado la edad para pensionarse.La primera política anunciada corresponde a una reestructuración organizativa, mientras que la segunda se enfoca en el retiro anticipado para empleados. Según UNE, estas medidas buscan ajustarse a las dinámicas naturales del mercado, en un sector de telecomunicaciones que actualmente enfrenta múltiples desafíos.En un comunicado oficial, la empresa expresó:¿Qué implica esta medida?El retiro voluntario estará disponible para los colaboradores que decidan acogerse de manera libre a esta política. Sin embargo, UNE no ha precisado cuántas personas podrían optar por esta medida ni cuántos empleados estarían involucrados en el proceso de reestructuración organizativa.¿Cómo se realiza un despido colectivo?El despido colectivo es una figura laboral regulada en Colombia que se presenta cuando una empresa decide desvincular a un porcentaje significativo de sus empleados dentro de un periodo de seis meses. Sin embargo, este tipo de desvinculación está sujeto a estrictas normativas legales para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que las empresas cumplan con los procedimientos establecidos.De acuerdo con el numeral 4º del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, un despido es considerado colectivo si afecta, en un lapso de seis meses, a un porcentaje específico de trabajadores dependiendo del tamaño de la empresa:Número de empleadosPorcentaje máximo permitidoDe 10 a 5030%De 51 a 10020%De 101 a 20015%De 201 a 5009%De 501 a 1.0007%Más de 1.0005%Es importante señalar que solo se consideran los despidos sin justa causa al calcular este porcentaje. Los casos en los que el contrato finaliza por vencimiento del plazo pactado o por causales legales justificadas no se incluyen en este cálculo.Cuando una empresa planea realizar un despido colectivo, debe obtener autorización previa del Ministerio del Trabajo, según lo estipulado en el artículo 57 de la Ley 50 de 1990.La solicitud debe incluir:Una explicación detallada de los motivos detrás del despido colectivo.Las justificaciones correspondientes que respalden la necesidad de esta medida.Una notificación por escrito a los empleados afectados, informándoles sobre la solicitud presentada al Ministerio.¿Se reconoce la indemnización en un despido colectivo?El despido colectivo no constituye una justa causa para la terminación del contrato de trabajo, lo que significa que los trabajadores afectados tienen derecho a recibir la indemnización por despido sin justa causa correspondiente.El numeral 6 del artículo 67 de la Ley 50 de 1990 del Código Sustantivo del Trabajo establece:Esto implica que, aunque el despido colectivo sea autorizado por el Ministerio del Trabajo, dicha autorización no convierte el despido en justo, sino en legal, por lo que se mantiene la obligación de pagar la indemnización correspondiente por terminación sin justa causa.No obstante, el Código Sustantivo del Trabajo también contempla excepciones:"Si la empresa o el empleador tiene un patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales vigentes, el monto de la indemnización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la antes mencionada."
Tigo-Une solicitó este 7 de enero, ante el Ministerio del Trabajo, la autorización de despido colectivo de un grupo de trabajadores "por razones técnicas, operativas y financieras".La compañía de telecomunicaciones informó que la decisión obedece también "al resultado de un análisis estructural para responder a los desafíos económicos de la industria y la gestión eficiente de la sostenibilidad operativa de la compañía”, según se puede leer en la información relevante ante la Superintendencia Financiera.En la red social X circula una carta enviada a los trabajadores afectados con la medida, en la que se indica que fue radicada la mencionada solicitud ante el MinTrabajo por los "cambios de los que constantemente es objeto la industria de las telecomunicaciones, transformaciones que resultan indispensables para adaptar la compañía a la nueva realidad haciendo el negocio sostenible y viable"."Nos lleva a la necesidad de reducir nuestra operación y, por lo tanto, a requerir menos personal de aquel con el que contamos actualmente", se lee en la comunicación.Vale la pena mencionar que todo esto ocurre mientras sigue su curso la venta que autorizó el Concejo de Medellín a EPM para que oferte su participación accionaria del 50 % más uno en esta compañía de telecomunicaciones.Aunque esto se dio en agosto del 2024, tardará por lo menos 18 meses y según detalló EPM se prevé que la primera fase de ejecute en abril de este año, entre julio y septiembre se adelantaría la fase de oferta del público en general, en la que cualquiera puede comprar incluido el mismo Millicom y posteriormente ya siguen derechos de preferencia y la posibilidad de vender conjuntamente toda la empresa.Por lo pronto, en la información relevante ante la Superintendencia Financiera se señala que el resultado de esta solicitud se informará al mercado oportunamente.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín admitió la acción popular en contra de la Alcaldía de Medellín, el Concejo Distrital y EPM, en la que se argumenta que se afectan derechos colectivos y el patrimonio público, tras la aprobación del acuerdo que permite la enajenación de las acciones que tiene la compañía paisa en Tigo UNE.Esteban Manco, magíster en Derecho Político y docente universitario, manifestó a Blu Radio como abogado de este caso, que la admisión de esta acción popular podría impactar en el proceso de la venta, pues según insistió, no se cumplió el procedimiento mediante el cual la Secretaría de Hacienda debía enviar a los concejales el avalúo preliminar de las acciones o de la participación accionaria de EPM en UNE, por lo que ello vicia el acuerdo 012 del 2024."Ya existe un panorama problemático, de problemática constitucional, en la continuación de la venta de estas acciones por parte de EPM. Hay allí un posible problema jurídico que deberá soportar el proceso en el transcurso, en la venta, y aquellas personas adquirentes quienes vayan a comprar tendrán que conocer que hay una acción popular en curso y que eso puede afectar las compras que ellos hagan y devolver esas acciones", detalló Manco.Según Manco, el avalúo preliminar de las acciones de Tigo UNE y de Invertelco, se dieron a conocer por “una declaración política del alcalde Federico Gutiérrez”, de 1.6 billones de pesos, lo que se considera como un valor que no tiene sustento técnico ni económico y que afectan el patrimonio público, si se tienen en cuenta que en la administración anterior, una firma brasileña las estimó en entre 2,3 a 2,8 billones de pesos. Por ello, la acción popular además solicita una medida cautelar que se espera se resuelva en un mes y podría ordenar la suspensión de esta venta, mientras se decide el fondo del asunto, lo que pondría en riesgo el normal desarrollo de la venta de estas acciones en el mercado.El abogado manifestó que llama la atención la respuesta dada por EPM, argumentando que no estaban en la obligación de dar a conocer este valor antes de que se aprobara el proyecto, pese a que así lo estima el artículo 8 de la ley 226 del 95: "EPM, el Consejo y la Alcaldía afirman que no cumplieron el artículo ocho, el cual obligaba como deber para que los concejales conocieran esta presentación del avalúo preliminar y del plan general de enajenaciones, porque dices, UNE no era del Distrito de Medellín, sino de EPM, pero con un argumento muy débil porque el artículo 1 de esa ley 226 que ellos dijeron que cumplieron establece que esa ley se le aplica para todas las empresas que tengan capital público", explicó el abogado.Ante la acción popular, el presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, dijo a Blu Radio que hay tranquilidad jurídica por cómo se desarrolló el debate de este tema en la corporación y que no se incumplió la ley. Incluso, indicó que una tutela con la misma pretensión no prosperó."La exigencia de tener un valor concreto, no solamente en los libros, que era el que se exige normativamente, sino un valor concreto más enorme en materia de mercado, previo a una aprobación del Concejo, corría el riesgo de convertirse en un gasto adicional eventual para EPM después de que el Concejo aprobara. ¿Por qué? Porque antes de la aprobación del Concejo hasta el punto eventual de la venta pasa un año y medio y eso haría que el dinero que se gastara EPM en su momento para hacer un avalúo se perdiera en un nuevo avalúo que tenía que hacerse un año y medio después. Un asunto que jurídicamente no tiene ninguna discusión", detalló Tobón. Se espera que pronto la firma contratada por EPM dé a conocer el avalúo de las acciones y la compañía lo informe al mercado.
Tras la aprobación en el Concejo de Medellín de la enajenación de las acciones de EPM en Tigo-UNE, las Empresas Públicas de Medellín explicaron qué ahora lo que vienen son dos etapas, no sin antes tener claro que primero se deberá hacer un proceso de valoración por parte de una firma experta, todo esto previo al inicio del proceso de venta de las acciones. Una vez surtido dicho procedimiento se comienza a ofrecer la participación de EPM en la compañía de telecomunicaciones.En la primera etapa se pondrán en venta las acciones a destinatarios como trabajadores activos, pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones o entidades cooperativas. Allí el precio por acción será el mínimo que se podrá obtener en todo el proceso de venta, es decir, no se puede vender en una etapa posterior a un precio menor al de la primera etapa.Si no se logra hacer una venta exitosa se pasa a una segunda etapa dirigida al público en general y en donde puede haber diferentes personas naturales y/o jurídicas interesadas en participar y en adquirir acciones Tigo-UNE. La pregunta es, ¿cuánto se puede demorar la enajenación? "Hay que seguir un procedimiento de la ley 226 del 95 de cómo se puede vender la empresa. Eso todavía no se ha hecho, tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo se demora? Puede ser entre un año, año y medio o dos años, dependiendo de la situación", respondió el gerente de EPM, John Maya.A pesar del tiempo que tendría EPM de cerca de dos años para lograr la enajenación, otra de las dudas es qué pasaría si no se logran vender las acciones en ese tiempo y por ello Empresas Públicas de Medellín explicó que hay un derecho de preferencia, ya que en caso de no realizar la venta en las dos etapas anteriores, los estatutos de UNE establecen la existencia de un derecho de preferencia para los otros accionistas de la compañía, es decir, Millicom tendría la oportunidad de adquirir directamente las acciones de EPM en UNE. "De aquí al 2026, nosotros tenemos plazo para intentar vender nuestra participación y si no lo logramos hacer por los trámites normales, tendríamos la posibilidad de ofrecer esas acciones en derecho de preferencia a Millicom y si ellos no nos compran, de invitarlos a ellos a vender conjuntamente el 100% de la compañía", explicó Alejandro José Jaramillo, vicepresidente ejecutivo (e) Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM.Sobre dicha cláusula de protección del patrimonio público y si como se explicó Millicom no ejerce su derecho de preferencia, EPM podría vincularlo en un proceso de venta conjunta del 100 %, cláusula que puede ejecutarse por parte de EPM antes del 31 de diciembre de 2026.Ahora la duda más grande es en cuánto está valorizada la participación accionaria de EPM en UNE, teniendo en cuenta que a su antecesor Daniel Quintero le negaron en al menos cuatro ocasiones este proyecto cuando las acciones valían entre 2,6 y 2,8 billones de pesos, por lo que reclaman al alcalde y a EPM dar a conocer en cuánto se daría la transacción. "¿Por qué una empresa que en la administración anterior valía 3 billones de pesos, usted la está rifando y entregando por 1 billón 500 mil millones de pesos? ¿Cuál es la política de choque para hacer la conversión laboral a más de 400 mil ciudadanos?", indicó el senador por el partido Comunes Ómar Restrepo.Ya se anuncian acciones legales contra el acuerdo aprobado en el Concejo, por parte del diputado Luis Peláez y de los sindicatos que incluso acudirán a instancias internacionales, por presuntamente estar buscando favorecer a Millicom."Termina un debate que no ha sido un debate donde realmente sucedió lo que estaba cantado y es que los concejales votaron realmente a mango alados con la multinacional para hacerle un favor a milico simplemente muy sencillo demandar por unas situaciones de forma y de fondo", expuso el diputado.Finalmente, desde EPM se recalcó que todo este proceso se hizo por el riesgo que hay en el sector de las telecomunicaciones y que podría implicar que más adelante se puedan requerir nuevas capitalizaciones para Tigo-UNE.
El fin de semana estuvo marcado por intensos intercambios en redes sociales entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro, centrados en la venta de acciones a Millicom que EPM tiene en Tigo-UNE y el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA.El presidente Petro lanzó a las 2:00 p.m. de ayer una serie de preguntas al alcalde de Medellín a través de Twitter, las cuales rápidamente se convirtieron en tendencia:¿El alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente?¿Es cierto que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín?¿La intervención del alcalde en los asuntos de ISA no representa un conflicto de interés, considerando que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?Federico Gutiérrez respondió rápidamente también a través de redes sociales, abordando cada una de las preguntas:A la primera pregunta respondió: "Por supuesto que he reconocido al presidente desde el día de su elección". Sin embargo, añadió: "Es lamentable ver que usted solo gobierna para algunos".Sobre las pérdidas mencionadas por el presidente respecto a UNE, Gutiérrez hizo un recuento detallado: "Durante la administración de Daniel Quintero, UNE acumuló pérdidas por $2,4 billones. Estas pérdidas consumieron el patrimonio de la empresa, obligando a los accionistas (EPM - Millicom) a capitalizar $600 mil millones en 2023 para evitar una liquidación. En 2022, EPM registró un deterioro superior a $1 billón debido a la pérdida de valor de su participación en UNE, afectando los resultados de EPM y las transferencias al distrito por más de $500 mil millones destinados a inversión social".Respecto a la pregunta sobre su hermana y su presunto alto cargo en ISA, Gutiérrez corrigió al presidente Petro: "Lamento corregirlo, Presidente Petro. Mi hermana trabaja en una de las filiales de ISA desde hace muchos años, pero no en la empresa matriz. No existe ningún conflicto de interés. De existir, sería el primero en declararlo".Más allá de la disputa política y personal, existe la posibilidad de que el Gobierno intervenga en el proceso de EPM y UNE Tigo, dado que debe ser aprobado por las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades, debido a la magnitud y la implicación de servicios públicos en la operación.La controversia también rodea el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA, debido a su pasado como exgerente de EPM durante la alcaldía de Daniel Quintero. Su gestión estuvo marcada por polémicas y enfrenta actualmente varios procesos legales en diferentes entidades regulatorias.
En conversación con Blu 4.0, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, confirmó que este jueves, 12 de octubre, se tendrá una respuesta sobre la capitalización del operador Tigo Une, bajo la propiedad de Milicom y del grupo EPM.Sobre las 2:30 de la tarde se realizará la reunión con los implicados para luego darle a conocer al país si se entra a aun proceso de reorganización o a se realiza la capitalización, pues el plazo para tomar la decisión venció este miércoles.“Hoy he tenido sendas comunicaciones con el presidente EPM y el CEO de Millicom. Soy optimista, ellos todavía están cerrando detalles, y espero que de pronto mañana podamos dar una buena noticia al país, o una mala: reorganización o capitalización. Ya el plazo se vence hoy. Ellos todavía están trabajando, y me han dicho que mañana, tenemos una reunión a las 2:30 p.m. en el ministerio para anunciar cuál será la decisión que toma el Gobierno”, dijo el ministro en los micrófonos de Blu Radio.Lizcano manifestó que la organización empresarial reconoce que es mejor optar por el proceso de capitalización y no de reorganización para que “siga en sus manos”, pues, en el segundo caso, el proceso estaría manejado por el Gobierno.“La reorganización funciona y lo salva de la quiebra, pero no es tan eficiente objetivamente, pues es un operador del Gobierno a que esté en manos de los mismos accionistas”, añadió.El ministro recordó que en el caso de reorganización se garantiza que se siga prestando el servicio, no se despidan a los empleados y este proceso lo encabece la Superintendencias de Sociedades.Mientras que en la capitalización se podría participar en la subasta del 5G, pues los recursos económicos que entren le ayudan a volver a “respirar a la empresa”"Tiene una proyección, la posibilidad de tener redes conjuntas entre Tigo y Movistar, podrían participar de 5G. Entonces, yo creo que esos recursos fundamentalmente les dan caja para funcionar por lo menos dos años más”, resaltó el ministro.
Tras recibir la carta de aceptación de condiciones enviada por Millicom, EPM emitió un comunicado en el que anuncia que este miércoles 4 de octubre habrá una reunión con sus socios para seguir trabajando en la mejor solución para afrontar la situación financiera de TigoUne.En el comunicado, la empresa de servicios públicos, expresa que el trabajo armónico con Millicom es fundamental para “afrontar la situación que es apremiante y que busca asegurar la viabilidad de TigoUne, garantizando su sostenibilidad y el bienestar de todos sus grupos de interés”.Por ello, manifiestan que reciben positivamente la carta de Mauricio Ramos, CEO de Millicom, aceptando los términos mínimos que se deberían tener en cuenta para la capitalización de TigoUne y que la reunión de este miércoles buscará “acordar los términos planteados y continuar trabajando armónicamente en la búsqueda de una solución inmediata para TigoUne”.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Hay una nueva propuesta de Millicom, que es el socio de EPM, que es la marca en Colombia. Millicom le dio nuevos plazos a EPM para comprar, para capitalizar la empresa durante el próximo año o para comprarle a un valor comercial.Hay dos cosas que están en contra de ese reloj que todos los días corre para saber el futuro de la empresa de comunicaciones que es una de las más importantes en Colombia.Hay que recordar que el 15 de octubre se vencen los plazos en los bancos, lo cual no favorece a Tigo y lo segundo es que está en curso, está todo listo para la subasta 5G que hace el ministerio TIC y Tigo tiene, debe participar allí y por eso hay que salvar y saber el futuro de Tigo antes de esa fecha de la subasta 5G. Tigo que es la empresa de muchos colombianos en su telefonía celular e incluso en el internet de su casa.Ese documento que ya está estudiando el gerente de EPM con los técnicos debe ser presentado a la junta. Sería una junta extraordinaria si así lo consideran. Y el objetivo, lo que sigue proponiendo Millicom como el otro socio para salvar a Tigo es capitalizar y que los dos pongan la plata que se necesita.Se mantiene la necesidad de la cifra de 600 mil millones de pesos, eso significaría 300 mil cada uno de los socios, esa es la cifra. Lo que cambiaría sería la forma cómo se podría capitalizar y qué tan blindada quedaría EPM. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, entregó detalles y resaltó que el hecho de que estén en liquidez no quiere decir que haya inviabilidad.“Lo importante a destacar aquí que nosotros hoy estemos pasando por una situación de iliquidez o de desafío financiero por una coyuntura de mercado, no significa que la compañía sea inviable. Por el contrario, nosotros hemos venido invirtiendo este año, creciendo una importante línea de negocio, Y eso tendrá a seguir así”, dijo.En se sentido se mostró optimista con respecto al futuro de la empresa y las alternativas que existen, “siempre hay alternativas a ese tipo de procesos de liquidez. Como bien el ministro de las TIC nos reunió y conversamos con él y con los accionistas, también la ley colombiana permite a la compañía ir a reestructuración para salvar su coyuntura financiera y luego seguir para adelante”, afirmó.Escuche aquí la entrevista:
Previo a una nueva asamblea de accionistas de Tigo Une convocada para el próximo 21 de septiembre en la que se continuarán discutiendo salidas a la grave crisis financiera que afronta la compañía de telecomunicaciones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, volvió a encender la polémica con fuertes acusaciones contra Millicom, socia de EPM en el negocio.El mandatario insistió que Millicom se ha resistido a pasar por el Concejo dentro del proceso de capitalización de la empresa, pero que además en la reciente Junta Directiva del pasado 15 de septiembre los representantes de EPM se retiraron ante las inferiores cifras propuestas para la eventual colocación de acciones en el mercado."Como tienen mayorías, lo hacen a probar y ponen el valor de la acción en 2.700 pesos cuando vale 420,000 mínimo con eso que hace que con solo 300.000 millones de pesos se quedan con toda la empresa, es una jugada maestra, son tumbadores profesionales", dijo el alcalde de Medellín.Por esta razón, el alcalde manifestó que solicitará un proceso de control preventivo especial por parte de la Contraloría General de la República para evitar, según él, un eventual detrimento patrimonial y así ejercer un contrapeso ante las mayorías que, asegura, tiene Millicom en el máximo órgano decisorio."Habría un detrimento patrimonial, lo malo que es que ellos tienen mayorías entonces si no hay una intervención por parte de las autoridades es poco lo que podemos hacer", señaló Quintero.El mandatario detalló, además, que en la reciente junta los representantes de EPM expresaron un conflicto de intereses con el ánimo de ganar más tiempo con respecto a una operación donde Millicom sería la que fije el valor de las acciones en el mercado.Hasta ahora, desde Millicom no se conoce un pronunciamiento en particular sobre las recientes declaraciones del alcalde, pero Tigo sí trató de generar calma en el mercado ante las dudas en la continuidad de la prestación de servicios.En un comunicado, Tigo aclaró que su red móvil creció 3 % en el último mes y su tráfico de voz un 6%, mientras que en lo corrido del año han invertido más de 100 millones de dólares en despliegue y mantenimiento redes, generando hasta un 40 % de mejoría, con respecto al año anterior, en estabilidad del servicio.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Mientras se llega la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Tigo, programada para el próximo jueves 21 de septiembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó que ya está el documento de proyecto que llevarán al Concejo de Medellín con la propuesta de Millicom solicitando la dilución de EPM en la sociedad de Tigo Une.Según dijo el alcalde, Millicom solicitó que fuera él quien llevara el proyecto y, a pesar de no estar de acuerdo, el documento ya está listo para ser presentado."Proyecto de acuerdo por medio del cual se pone a consideración del Consejo de la Ciudad la propuesta presentada por Millicom para diluir la participación de EPM en Tigo Une y por lo tanto se deroga el acuerdo 17", dijo el alcalde. Del mismo modo, Quintero aprovechó para insistir en que el expresidente Álvaro Uribe tiene responsabilidad en la situación por influir en las votaciones del Concejo para activar la cláusula de protección del patrimonio de las Empresas Públicas de Medellín en Tigo Une, aunque esta vez señaló y juzgó también las votaciones de tres concejales en específico: Daniel Duque, Simón Pérez y Sebastián López."Fuimos cinco veces al Consejo y nos dijo que no, entre otras, por la solicitud del Centro Democrático, y lo digo con nombre propio, de Álvaro Uribe Vélez. Lo de Daniel Duque uno lo entiende, era para joderme, lo que quería era joder; pero lo de Simón Pérez era bobada y lo de Sebastián López, maldad", sentenció Quintero.Precisamente, tras escuchar la acusación del alcalde por decirle que estaba escondido por vergüenza, el concejal Daniel Duque le respondió a Quintero invitándolo a tener un debate para hablar del tema.Finalmente, expresó que la desconfianza en Millicom es tan grande que desde la Alcaldía y EPM dudan que Tigo Une esté registrando pérdidas y que se trata más bien de un deterioro programado contable para llevarlos, como socios, a un proceso de dilución para hacer un negocio con Movistar.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
