A través de un auto proferido por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se ordenó la práctica de diferentes pruebas en el marco de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en la financiación y la entrega de informes de ingresos y, gastos de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.En la resolución se reconoce al abogado German Eduardo Palacio Zúñiga como apoderado del exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que lo represente ante la autoridad electoral.Asimismo, ordena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) la información exógena, así como de la copia de la facturación electrónica, en la cual el ciudadano en mención figura como adquiriente de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, del exgerente Roa, de la exsecretaria general del Departamento de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez Nieves (apartada del cargo por denuncias de presuntos actos de corrupción); así como de varias fichas de la campaña y contratistas de la misma.En el auto también se ordena una inspección a las instalaciones de la firma Nexia Montes & Asociados, encargada de realizar la auditoría de las cuentas de la campaña para la coalición Pacto Histórico y la obtención de copias de los papeles de trabajo, del cruce de comunicaciones (correos electrónicos y documentos) entre el grupo auditor y el personal de la campaña, entre otros documentos. Esta inspección se llevará a cabo este mismo viernes, 11 de agosto.Solicita, además, a la Aeronáutica Civil entregar la información relacionada con los permisos de los vuelos otorgados para el año 2022 a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.; precisando las horas de vuelo y las bitácoras de viaje en las cuales se relacionen las ciudades de destino, el número de pasajeros y la identificación de los mismos.El Consejo Electoral pide además a la extesorera de la campaña Lucy Aydee Mogollón rendir versión libre antes los magistrados el próximo 14 de agosto, ordenar la inspección a los libros mayor y balances, diario y auxiliar de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial. Así como incluir la última entrevista conferida por Nicolás Petro a la revista Semana.
El anuncio de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de volver a presentar la reforma laboral al Congreso de la República generó las primeras reacciones. Empresarios y trabajadores entregaron su opinión sobre esta radicación.Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, esta reforma debe reducir el desempleo y producir oportunidades para las familias colombianas con trabajos dignos.“Una reforma que además reduzca a su vez la informalidad. La informalidad, como todos sabemos, es uno de los flagelos más importantes que tiene el mercado laboral. Ver uno a personas sin derechos, a personas que no cotizan a pensiones, o personas que no cotizan al sistema de salud, o personas que no son beneficiarias de los sistemas de cajas de compensación familiar, pues no tiene ningún sentido en una economía como la colombiana”, aseguró Mac Master.Por otro lado, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, reafirmó estar plenamente de acuerdo con la reforma porque asegura que se necesitan transformaciones y cambios para el país y para los trabajadores.“Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores estamos plenamente de acuerdo. Lo consideramos porque está claro en el país que se necesitan transformaciones y cambios. Todo el mundo lo acepta. Y esta reforma laboral tiene fundamentalmente los estándares internacionales de la OIT que deben ser asimilados en Colombia y por tal motivo aplicados”, anunció a Arias.Cabe recordar que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que la reforma laboral tendrá cambios que se hicieron en la pasada legislatura, como unos adicionales que han surgido de nuevas reuniones.
El presidente Gustavo Petro habló de una de las políticas clave de su Gobierno y es la reforma rural integral como parte del acuerdo alcanzado entre el Estado y la guerrilla de las Farc en el año 2016. Allí hizo un corte de cuentas del número de hectáreas compradas y/o formalizadas, pero además se refirió a los sectores que señalaron que su Gobierno buscaría expropiar.Por eso celebró la creación de la jurisdicción agraria y rural, “la cual cumple la función social de la propiedad para la reforma agraria saldando una deuda histórica”.“Aquí no estamos expropiando, como dijeron que íbamos a hacer, no he expropiado a nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla”, advirtió el mandatario."Asimismo, con las nuevas herramientas que nos ofrece el Plan Nacional de Desarrollo hemos aportado 73.322 hectáreas al fondo de tierras para el acceso a poblaciones rurales con el objetivo de romper la desigualdad en la tenencia de la tierra, esto corresponde a las tierras compradas, recuperadas de las manos de narcotraficantes a través de la SAE y a través de procesos agrarios", informó el presidente Petro.Agregó que “en toda la Constitución no aparecía la palabra campesino o campesina, pero se logró la aprobación del acto legislativo 01 del 2023, gracias al apoyo del Congreso de la República, que modifica la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional”.
Desde el Puente de Boyacá, el presidente Gustavo Petro habló de los que considera sus principales logros durante el primer año de Gobierno, en un discurso leído, que él mismo reconoció no le gustan, pero que aseguró lo hace para presentar cifras al país de su gestión en estos 365 días.Desde allí, se refirió a la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia para suceder al fiscal general Francisco Barbosa y habló de una ley de “reconciliación nacional”.“Los momentos de genocidio y horror hoy dejarán de ser impunes en manos espero según la Corte Suprema, de una mujer en los próximos años. Ya he presentado a la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez con la seguridad de que el conocimiento que han acumulado y el coraje de su espíritu sean garantía para tener una fiscal íntegra y capaz”, sostuvo Petro.Y agregó: “Vamos hacia una ley de reconciliación nacional si la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional sino en la justicia penal ordinaria”.En ese mismo sentido llamó nuevamente a las fuerzas políticas del país a construir un acuerdo nacional que logre unir al mismo en torno a los temas que considera prioritarios por resolver.“Aquí no se trata de que el Gobierno se salga con la suya, entre comillas, de pronto solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos. Colombia no necesita fracturas, necesita ese acuerdo nacional que traiga la paz. Colombia no necesita de odios, de odios nos hemos matado desde que se fundó la república”, advirtió Petro.“La paz surge de una repartición justa de la tierra, del acceso real y universal a la salud, de la posibilidad de trabajar en buenas condiciones y dignidad y sobre todo de tener una vejez segura y digna. Si creemos que la paz solo se trata de desarmes y desmovilización, entonces estaremos barriendo el polvo debajo de la alfombra”, concluyó el mandatario.
La tragedia humanitaria por las graves inundaciones en La Mojana desde el año 2021 y la crisis económica, turística y hotelera por la que atraviesa el archipiélago de San Andrés tras el cierre de las aerolíneas Ultra y Viva Air, se convirtieron en el "talón de aquiles" que tuvo el segundo presidente costeño en la historia de Colombia, Gustavo Petro, en su primer año de gobierno.La falta de respuestas inmediatas a una crisis por la que la comunidad clamaba soluciones lo llevó a enfrentar el descontento de una región que fue determinante para que hoy Gustavo Petro sea el presidente de Colombia, pues con bloqueos, protestas, manifestaciones y hasta con paros mineros, son muchos los habitantes del Caribe que aún exigen que a sus puertas toque alguna solución.Otro de los puntos que más aqueja a la costa norte colombiana tiene que ver con la escalada violenta en homicidios y extorsiones, sobre todo en el departamento del Atlántico, donde tres señalados cabecillas de organizaciones criminales como alias 'El Negro Ober', alias 'Castor' y Digno Palomino, mantienen contra las cuerdas la seguridad en el área metropolitana de Barranquilla.Ante los 60 asesinatos cometidos en el mes de julio en el área metropolitana de Barranquilla, a los que se suman ocho en lo que va del mes de agosto, el alcalde Jaime Pumarejo salió al paso y exigió que los poderes del Estado prioricen la seguridad del Caribe y el Congreso de la República legisle en pro de la tranquilidad de los colombianos. "En nuestros territorios queremos orden, queremos seguridad, queremos tranquilidad. Los alcaldes estamos dispuestos a dar la pelea y poner el pecho, como lo hemos dicho una y otra vez, pero necesitamos el acompañamiento del Estado", puntualizó Pumarejo.Las tarifas de energía eléctrica también se convierten en una deuda pendiente para la región Caribe, que aún se mantiene bajo un régimen especial tarifario por concepto del cobro de pérdidas técnicas y no técnicas en las facturas de las empresas Air-e y Afinia, llevando a que, en los últimos años, se hayan incrementado hasta en un 50%.Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, señaló en su momento que "desde la región Caribe hemos hecho innumerables llamados y suplicas al Gobierno Nacional para buscar soluciones que permitieran reducir las tarifas y que el impacto en los hogares/empresas no fuera el que estamos sintiendo ahora mismo".Sin embargo, el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro sí dejó una luz de esperanza para el departamento de La Guajira, luego de que el presidente Gustavo Petro llegará a la península para despachar con todo su gabinete ministerial, lo que permitió decretar la emergencia económica, social y ambiental para una región que desde hace décadas padece una tragedia humanitaria. Claudio Epieyú, defensor de DD.HH. de La Guajira, catalogó como un hito la llegada del Gobierno Nacional. "Estamos muy contentos porque de verdad esperamos que se dé un cambio, tras cumplirse un mes desde que el Gobierno Nacional despachó desde nuestro territorio". Las buenas noticias también corren por cuenta del histórico calado que se reporta desde el Puerto de Barranquilla; uno de los escenarios económicos más importantes del Caribe, luego de la adjudicación de un contrato para mantener una draga que adelante trabajos de mantenimiento en el río Magdalena que permita tener profundidades históricas.
En un comunicado firmado por todo el gabinete presidencial, incluyendo ministros, consejeros, directores de departamento como DPS y DNP y la vicepresidenta Francia Márquez, entre otros, el equipo de gobierno cerró filas alrededor del mandatario en medio de la crisis que se vive por el escándalo que involucra al hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, y los supuestos ingresos de dineros irregulares a la campaña presidencial.“El presidente que nosotros conocemos de mucho tiempo atrás y que el país y el mundo reconoce es un Petro transparente que, arriesgando su vida, ha luchado y lucha contra las mafias y la corrupción que siembran violencia en nuestro país”, expresó el gabinete en un comunicado leído por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Desde el puente de Boyacá, señalaron los funcionarios que el presidente “Gustavo Petro lideró una campaña exitosa porque las ideas del cambio calaron en el alma nacional”.Asimismo, dijeron que las circunstancias actuales no pueden distraerlos e hicieron un nuevo llamado al gran acuerdo nacional que ha propuesto el mandatario desde la campaña presidencial.“Nuestras metas son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia”, señaló Ramírez.“En lo económico crecemos, la inflación cede lo mismo que el desempleo, la inversión extranjera directa crece y se merma el déficit fiscal. En lo político hablamos permanentemente con las comunidades e, incluso, la protesta social se soluciona con la palabra y no con la violencia. Tenemos una reforma tributaria progresista y un plan de desarrollo acorde con nuestro programa de gobierno. Las reformas sociales se debaten en el Congreso, hemos comprado en un año el doble de la tierra para campesinos que el gobierno anterior adquirió en cuatro años”, señaló la ministra de Trabajo sobre el balance del primer año.
“Nadie dijo que sería fácil y todo depende de la movilización del pueblo. El cambio es imparable”, con esta publicación en Twitter, ahora X, el presidente Gustavo Petro destacó este lunes, 7 de agosto, los logros de su primer año de Gobierno.Minutos después y citando un posteo del senador Iván Cepeda, el presidente escribió en la red social: “29 logros fundamentalesaaaaaááaaaáááaaaaaááaaaáaaaááááaáaaáááááaá”.Sin embargo, el presidente logró editar un tweet sin borrarlo, una función que solo está permitida para usuarios de Twitter Blue, el programa de suscripción de pago con ventajas de ciertas funcionalidades.Polémicas en su primer añoEn su primer año de Gobierno, el presidente Petro ha protagonizado varias polémicas en esta red social que él mismo reconoce como “masiva”.“Yo la uso porque un trino mío puede llegar a dos millones, a veces tres millones. Es mi forma de comunicación. Los medios miran el trino y lo reproducen, lo malbaratan, lo malgastan, lo malinterpretan, lo destruyen, dicen cosas que no es o analizan y dicen cosas que sí son”, explicó el jefe de Estado en Colombia Hoy, el medio de la Presidencia de la República, en marzo de este año.Durante el primer año de mandato, el presidente Petro se ha ‘atrincherado’ en Twitter, ahora X, para desde allí dar anuncios y decisiones, alentar promesas o para responder peleas.La cuenta oficial de Petro en Twitter tiene cerca de 6,8 millones de seguidores y entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de agosto pasado, generó 9,1 millones de búsquedas.En Blu Radio analizó el primer año del presidente en su cuenta de esta red social a partir de millones de interacciones; en esta arroja que el sentimiento negativo supera al positivo.El mayor pico de sentimiento positivo en Twitter, ahora X, se registró durante los primeros días como presidente en agosto de 2022.Sin embargo, un año después, la curva ha descendido hasta un sentimiento negativo al igual que sus menciones en esta red social.
Los temas relacionados con grupos armados, seguridad y rentas criminales sin duda son de los más importantes en Antioquia- Esto porque en el departamento hacen presencia el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el Clan de Oriente y otro sinnúmero de bandas delincuenciales urbanas y rurales que se disputan los territorios y las rentas ilegales que abarcan desde el narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, extorsión, entre otros.Durante este año que las acciones de grupos armados en territorios como Cáceres, Ituango, Segovia, Caucasia, Tarazá y otros municipios del sector norte del departamento no solo han dejado a 14 líderes sociales muertos, sino que mantienen afectadas a más de 5.000 personas entre confinamientos, desplazamientos y hostigamientos.Esta es una de las razones por las que el Gobierno Nacional de Gustavo Petro ha tenido en Antioquia un reto que, para algunos sectores, se le ha salido de las manos.Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos, de la Fundación Sumapaz explicó que “los grupos armados cada día se han consolidado más en los territorios rurales y ese es el principal factor de riesgo"."Yo no descartaría que, de parte de la institucionalidad, ya sea por acción o por omisión, se esté de brazos caídos, ayudando a que esta consolidación de la violencia siga persiguiendo en muchos de los sitios urbanos y rurales del departamento”.Para el defensor es claro que el Gobierno Nacional no hace suficiente presencia en los sectores rurales, lo que ha fortalecido la presencia de los grupos ilegales, pero no solo él lo ha dicho, la Defensoría del Pueblo también lo ha advertido en varias ocasiones.Por ello es que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en repetidos momentos ha insistido en que los cese al fuego con grupos ilegales y el proceso de Paz Total deben ser replanteados con el fin de que cesen los ataques a la sociedad civil.“No soy el más optimista porque no veo que los instrumentos de verificación tengan la rigurosidad que deben tener y, por ejemplo en el departamento Antioquia, tenemos acciones del ELN que se están desarrollando en este momento como la intimidación a las poblaciones en Segovia, específicamente en Arenales, para que no regresen a su territorio”, dice el gobernador.Aún así, no todo ha sido negativo; gracias al acercamiento del Gobierno Nacional con los mineros informales en el Bajo Cauca, se comenzó con el proceso de caracterización para su formalización.A esto se suma el trabajo de acercamientos que, durante nueve meses, tuvo el gobierno de Gustavo Petro con los líderes de bandas delincuenciales que operan en el Valle de Aburrá para adelantar un proceso socio jurídico en busca de un sometimiento de cerca de 14 estructuras armadas organizadas, un proceso que, como dice Luis Fernando Quijano, analista y experto en criminalidad urbana, “espera que unas 14.000 a 19.000 personas puedan transitar el camino de la paz urbana y esto sirva para reducciones de la violencia y la criminalidad en Medellín y en el Valle de Aburrá”.Ante todo, para el analista Antioquia es el mejor laboratorio que tiene el Gobierno Nacional para lograr la ‘paz total’ porque “se podrían estar construyendo los procesos de paz urbano y rural más importantes del país”.Por otro lado, el invierno ha dejado varios desastres y emergencias en el departamento, ante lo cual, el Gobierno Nacional se ha sumado para atender a los afectados, al punto en el que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aprobó cerca de 47.000 millones de pesos para la mitigación de los riesgos en el cerro Las Nubes, en Jericó.David Alonso Toro Cadavid, alcalde de el municipio del Suroeste explicó que “el proyecto fue aprobado, los recursos están asignados y no nos la creemos porque cuándo piensa uno que un municipio de sexta categoría, como Jericó, pueda tener la oportunidad de que un gobierno le invierta, en un solo proyecto, esta magnitud de dinero”.Aún quedan algunos asuntos pendientes que debe atender el gobierno de Gustavo Petro en Antioquia, entre ellos, las medidas de atención y mitigación para evitar el crecimiento de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio, solucionar las dificultades que hay en las obras de las vías 4G que pasan por el departamento, el comienzo de las obras del Tren del Río y la definición de la segunda pista del aeropuerto internacional José María Córdoba.
El escándalo por la supuesta entrada de dinero ilegal en la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro, sacude a su Gobierno en vísperas de su primer aniversario, que se cumple el 7 de agosto, y puede traer consecuencias judiciales y políticas al mandatario.Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.Y no fue la oposición la que sacó a la luz los supuestos ilícitos de su campaña sino que la bomba fue detonada en su entorno familiar como consecuencia de una pelea matrimonial entre su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa, Daysuris Vásquez que acabó llegando hasta la Fiscalía.La oposición, por su parte, ha aprovechado la revelación de Petro Burgos a la Fiscalía, sobre la supuesta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de su padre, para pedir que se le someta a un juicio político o incluso exigirle la renuncia, para lo cual han convocado a manifestaciones en todo el país el próximo 16 de agosto.TRES PROCESOS EN EL CAMINOSegún el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Esteban Salazar, el caso puede tener tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes."La Fiscalía, por ahora, cuenta con la información de Nicolás Petro y 'Day' Vásquez, quienes deberán aportar pruebas de los dineros que recibieron y cuántos y a dónde ingresaron en campaña", puntualiza.El dinero en cuestión provino de dos fuentes, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como "el hombre Marlboro", y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca."Lo que sigue entonces es que la Fiscalía deberá comprobar si los dineros aportados (...) vienen de fuentes ilegales" para tomar las medidas penales del caso, indicó.Más allá del origen del dinero, Nicolás Petro afirmó en una entrevista publicada por la revista Semana que su padre no sabía del ingreso a su campaña electoral de dinero ilícito."Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias", manifestó.Por los lados del CNE, este organismo deberá investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y, de esta forma, determinar si el entonces candidato sabía o no.La CNE no tiene competencia para juzgar al presidente y otros aforados, lo que por ley le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de la que Salazar dice que "se ha caracterizado por ser altamente negligente e ineficiente en el pasado".El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó que desde marzo pasado, cuando Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo "un proceso en contra del presidente de la república" que "se encuentra en etapa de investigación previa", a lo cual se suma la denuncia presentada esta semana contra el presidente por un senador.RIESGO POLÍTICOSin embargo, el mayor riesgo para el presidente parece estar en el campo político porque el escándalo estalló a solo tres meses de las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 29 de octubre a las que el Pacto Histórico, la alianza por la cual fue elegido Petro, llega debilitado por el rápido desgaste del Gobierno.Ese desgaste se nota en los reveses sufridos en el Congreso, en donde en la primera legislatura Petro no logró la aprobación de sus reformas sociales y sigue perdiendo apoyos."La gobernabilidad se afecta severamente para la necesaria y ambiciosa agenda de transformación que reclama nuestro país. No es drama familiar. Es asunto de Estado y acceso al poder", escribió la senadora Angélica Lozano, miembro del Partido Verde, fuerza que el próximo miércoles decidirá si sigue apoyando o no al Gobierno.Para el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, el mayor impacto político de este escándalo lo sentirá Petro en las elecciones de octubre."Yo no creo que (el escándalo) le reduzca el margen de gobernabilidad al Gobierno, eso se lo va a quitar la elección de alcaldes, gobernadores y asambleas", explicó.En su opinión, esto sucederá porque en estos tres meses "los partidos van a tratar de desmarcarse del Gobierno y porque el Congreso, representantes y senadores, van a estar centrados en las campañas locales". También le puede interesar:
Se cumple un año desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo y son varias las voces que se han pronunciado sobre si cumplió o no sus primeras promesas de campaña. Para el representante del Centro Democrático Juan Espinal, el tan repetido “cambio” no se ha reflejado en este primer periodo.“Lo que no pasó es que este Gobierno fuera el del cambio como se prometió a todos los colombianos, el cambio ha sido en reversa”, mencionó el representante Espinal en diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio.En ese sentido, también criticó la política de seguridad que se ha manejado en estos meses, los diálogos con el ELN, el cambio constante de ministros del gabinete y la situación con la producción de petróleo en el país. Sobre este último aspecto, dijo que a “este Gobierno le gusta la leche, pero no la vaca”, haciendo referencia a las ganancias obtenidas de los diferentes sectores.“No es posible que en un año haya el presidente cambiado a 11 ministros de su cartera. El primer mandatario ha incumplido 82 veces su agenda presidencial, es muy mal ejemplo para los colombianos. El tema de los hidrocarburos, lo he insistido, la inestabilidad y la inseguridad jurídica que él ha generado en los inversionistas nacionales y extranjeros es muy preocupante”, señaló.El representante se refirió a la función que hoy desempeña Francia Márquez como vicepresidenta del país. Según indicó, hasta hoy, no conoce nada de su gestión y por el contrario solo está “sembrando odio de clases”.“No conozco nada de su gestión, creo que no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho es sembrar generación de odio de clases y unos señalamientos hacia los colombianos que a veces no se comprenden (…) No conozco nada para rescatar como vicepresidenta del país”, recalcó.Sobre el acuerdo nacional, Espinal respondió que antes de hacer este tipo de llamados, se debe “reinventar la forma de gobernar y liderar”.Escuche la entrevista completa en Noticias de la Mañana:Le puede interesar:
No solo las movilizaciones de algunos sectores y sindicatos generan problemas de movilidad este jueves, 21 de noviembre, en Bogotá, sino que se registran diversas manifestaciones en donde también participan algunas universidades lo que genera mayores problemas de tráfico, que, hasta ahora, genera preocupación para algunos ciudadanos.De acuerdo con Bogotá Tránsito, son tres puntos en donde se presentan algunas movilizaciones: centro, calle 26 y calle 72, esto debido a las marchas que fueron citadas por algunas asociaciones en conmemoración de las protestas del 2019 y 2021, pero también se dan parones por parte de estudiantes de la Universidad Nacional y Universidad Pedagógica.“Manifestantes avanzan por la calle 26 con carrera 19, en sentido Oriente - Occidente, generando afectación vial en la calzada mixta”, indicaron las autoridades, a través de redes sociales.Los puntos que presentan problemas son cercanos a los puntos mencionados y, sin duda, trae problemas en el flujo vehicular de la capital del país. Por su parte, la Secretaría de Movilidad hace un llamado para que las personas planifiquen sus rutas antes de salir de casa y se mantengan al tanto de lo que pueda pasar o alguna novedad que traiga inconveniente en el trayecto hacia sus destinos.
"Esa es la situación política que debe definir el Ministerio de Educación en términos de cómo va a aportar recursos, porque esos recursos le llegan al Ministerio de Educación y es quien los distribuye", dijo el ministro de Hacienda al ser consultado sobre la falta de recursos en el Icetex.Tal y como reveló Blu Radio la semana pasada, el Icetex tiene frenada la convocatoria a nuevos créditos para financiar matrículas en 2025 debido a la falta de recursos.Sin embargo, se están "tirando la pelota" entre el Ministerio de Educación y el de Hacienda. El ministro de Educación, Daniel Rojas, asegura que Hacienda no le ha girado los fondos, pero el ministro Bonilla sostiene que ha cumplido con los recursos para la educación a pesar de las dificultades financieras que enfrenta el gobierno.Solo este mes, Educación habría recibido unos 600.000 millones de pesos, según Bonilla.¿Quién miente en la polémica sobre los créditos del Icetex?La versión del ministro Bonilla es que son Educación y el ministro Rojas quienes deciden si habrá o no nuevos créditos y cuánta plata se transfiere al Icetex.Esta visión coincide con lo explicado a Blu Radio por varias fuentes que conocen la situación actual.Aunque el Icetex tiene recursos para cubrir el valor de las matrículas, necesita presupuesto de la Nación para financiar los apoyos de sostenimiento y las condonaciones del 25 % de la matrícula a estudiantes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y otras poblaciones con protección constitucional. Esos recursos provienen de un programa del Ministerio de Educación, que decide cuántas matrículas se pueden financiar cada año.A esta hora, el Icetex aún no ha lanzado la convocatoria de créditos para 2025. El año anterior lo hizo el 30 de noviembre.
El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión por el Juez Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, al ser declarado culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.La sentencia se enmarca en el caso de corrupción conocido como "Manantial de Amor", una investigación que lleva ocho años y que involucró a Bohórquez, varios funcionarios y contratistas de su administración, en irregularidades cometidas entre 2013 y 2016. Durante ese período, se adjudicaron contratos por aproximadamente $17.000 millones a miembros de la iglesia cristiana "Manantial de Amor", a la que asistía el exalcalde.En su fallo, el juez fue contundente: "Frente a Luis Francisco Bohórquez Pedraza, acusado como servidor público, que ejerció como Alcalde municipal de Bucaramanga durante el periodo 2012 y 2015, el sentido del fallo es condenatorio, de responsabilidad penal".Además, precisó que Bohórquez es "autor penalmente responsable de las conductas punibles de interés indebido en la celebración de contratos, según el artículo 409 del Código Penal".Los contratos que motivaron la condena incluyen el contrato 152 de 2013, 114 de 2014 C, contrato 365 de 2015, contrato 224 de 2013 y contrato 171 de 2015. Estos fueron suscritos bajo esquemas irregulares, evidenciando un concurso homogéneo sucesivo de interés indebido y peculado por apropiación.El Fiscal Octavo de Delitos contra la Administración Pública, Andrés Cornelio Rodríguez, había solicitado una pena de 16 años y 8 meses de prisión, pero el juez impuso una condena mayor, considerando la gravedad de las conductas y el impacto en las finanzas del municipio y en la confianza pública.Bohórquez, quien se encontraba en detención domiciliaria, será trasladado a un centro penitenciario en los próximos días. Su defensa ha anunciado que apelará la decisión.
Son exactamente 6.8 billones de pesos los que aprobó la Asamblea Departamental para gastos en los proyectos de la Gobernación el próximo año. El secretario de Hacienda de Antioquia, Santiago Valencia, señaló que esta aprobación se da en parte por el recorte de gastos de funcionamiento por personal en lo que él calificó como “gastos de burocracia” y detalló a dónde iría la mayoría de los recursos aprobados."Irán a seguridad, conectividad digital y conectividad física del departamento, seguridad alimentaria de jóvenes, niños adolescentes y adultos mayores, el sistema departamental del cuidado la autonomía económica de las mujeres, es decir, hemos priorizado lo social", manifestó el funcionario.El funcionario también destacó que en este momento están, además, buscando estrategias para la reducción de las deudas de la gobernación."Le hemos pedido a todas las entidades bancarias que nos corrijan la tasa debido a que ha venido disminuyendo la tasa determinada por el Banco de la República", puntualizó Valencia.Entre esas estrategias, el secretario también destacó la venta de cartera a entidades que ofrezcan mejores condiciones, para liberar flujo de caja y aumentar la capacidad de endeudamiento de la administración departamental, dijo, cuidando los indicadores de sostenibilidad.
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
