Cinco días de arresto y el pago de una multa de cinco salarios mínimos mensuales, equivalentes a 6.500.000 pesos, es la sanción que interpuso el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar en contra del representante legal de Afinia, Jhon Jairo Granada Giraldo, por desacatar un fallo de tutela emitido el pasado 8 de abril.Dicho fallo tiene su génesis en una petición que por vía jurídica ha venido haciendo la contralora de Valledupar, Angélica Olarte, a la empresa de energía para que esta compañía suministre información detallada sobre “cómo ha sido la prestación del servicio”, incluidos sus “indicadores y si han realizado o no las inversiones”.Además de los datos relacionados con el suministro de energía domiciliaria, la contralora ha pedido información sobre la recaudación del impuesto de alumbrado público, todo ello con el fin de determinar si hay actos de ilegalidad o que afecten el patrimonio público.La contralora recuerda que estos datos, sobre todo en materia de inversión, son clave para entender el incremento que han tenido las facturas de energía, pero Afinia se mantiene en su posición y asegura que esta información es de carácter reservado."Eso es lo que estamos solicitando, pero la empresa Afinia de manera renuente se niega a proporcionar esa información que, por supuesto, va a ser analizada y estudiada para interponer una acción popular en pro de los derechos de las comunidades", expresó la contralora Olarte.Respuesta AfiniaAfinia respondió que la sanción "aún no se encuentra en firme dado que está pendiente para responder de fondo con sus recursos". Aseguró que "por esa misma petición un juez administrativo en Cartagena resolvió un recurso de insistencia" indicando que solo debían "brindar respuesta a la información relacionada a alumbrado público, siendo la demás reservada"."En cuanto al desacato estamos a la espera que se pronuncie el juez de la consulta. Por esa misma petición, jueces de otros municipios han dado por terminado al trámite de la tutela por la respuesta brindada por CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P., excepto el juez de Valledupar", dijo.
Una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes y arresto de tres días ordenó el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga contra el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y la secretaria de Educación, María Paola Suárez Morales, por desacato a una tutela que ordenaba el traslado de una docente.En la contestación de la tutela la Gobernación de Santander advirtió que, “es jurídicamente imposible realizar un traslado de manera unilateral, al no existir convenio interadministratvo, dado que no se ha recibido respuesta de viabilidad por las Secretarías de Educación de Piedecuesta, Girón Floridablanca y Bucaramanga, municipios que cuentan con autonomía e independencia para manejar sus plantas globales docentes. Señaló, además, que no es la encargada de solicitar viabilidades de traslados a municipios certificados distintos al propio departamento".También indico que, “mediante oficios del 1° de diciembre de 2023, solicitó a las Secretarías de Educación de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón la viabilidad para efectuar el traslado por salud de la docente Paola Andrea Naranjo Ardila, oficios que fueron reiterados el 2 de febrero de 2024”.Aun así, la decisión del juez fue la de ordenar el desacato y como consecuencia multa y sanción para los dos funcionarios.Hace una semana, en rueda de prensa, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que hay en curso 243 demandas que han impuesto docentes en el departamento que ganaron el concurso y que no han sido nombrados.“Estos docentes ganaron el concurso en 2023 y la administración anterior no hizo los respectivos nombramientos, iniciamos el año con esta tarea y estamos realizando los nombramientos de 1.500 docentes. De ahí el problema de la falta de docentes en instituciones del departamento porque la mayoría eran profesores que estaban en unas sedes y ganaron el concurso para otro municipio”, señaló el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia negó la tutela que interpuso el abogado Diego Cadena para declarar ilegales las interceptaciones al expresidente Uribe y al propio Cadena dentro del proceso por el escándalo de los falsos testigos. Con esta decisión, las interceptaciones serán consideradas pruebas legales.Dichas conversaciones entre el exmandatario y Cadena podrían ser tenidas en cuenta dentro del proceso contra el abogado por fraude procesal y soborno, debido a que la Corte Suprema las obtuvo por medio de una orden judicial.En la tutela que estudió el alto tribunal, Cadena aseguraba que se le violaron sus derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Bogotá en 2023 decretó la legalidad de las pruebas.Aunque el abogado Cadena manifestó que esos audios pertenecían al secreto profesional con su abogado, se terminaron convirtiendo en una prueba contra el expresidente, que hasta terminó con prisión domiciliaria en su contra.Sin embargo, tanto para el Tribunal como para la Corte, las interceptaciones no violaron ningún derecho de la Constitución, porque se obtuvieron de manera legal mediante una orden judicial.
Una tutela interpuesta por Yadir Antonio Torres Palacios fue la que logró que el concurso de méritos para elegir al personero distrital de Medellín se suspendiera.Según el documento de la Rama Judicial donde se notifica la medida, el concursante denunció irregularidades en la calificación de la prueba de conocimiento después de quedar excluido, por el puntaje obtenido, del proceso.Entre otras cosas, Torres Palacio asegura que no le calcularon 4 puntos del examen y que una de las preguntas debe ser eliminada por inconsistencias entre el enunciado y la hoja de respuestas.Por esta razón se ordenó al Concejo Distrital y al Politécnico Gran Colombiano a suspender provisionalmente el proceso y abstenerse de continuar con las siguientes fases del concurso, hasta tanto “se adopte una decisión definitiva sobre las acciones de tutela de la referencia, o si durante el trámite se allegue un medio de prueba que desvirtúe las consideraciones” expuestas “y que se consideran necesarias ante un eventual perjuicio para el accionante e incluso las propias etapas del concurso”.Le puede interesar:
Jaime de Jesús Berrío Mora está a menos de un mes de cumplir los 60 años de edad y comenzar el proceso para jubilarse, pero durante el último año solo se ha dedicado a un pleito legal en busca de ser reintegrado a su cargo, con todos los beneficios que conlleva. Historia como docente de instituciones públicas del departamento se remonta a más de 23 años de servicio en los que, además de enseñar, padeció grandes momentos de violencia que le dejaron secuelas de por vida.Mientras era docente en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, en el año 2003, el Frente 36 de las Farc detonó una bomba en la Institución mientras él estaba en el interior, producto de ello, perdió el 40% de su capacidad auditiva y es parcialmente discapacitado.Pero su último drama comenzó en diciembre de 2022 cuando le anunciaron que ya no seguiría siendo docente de la gobernación, todo a pesar de estar en régimen especial por su discapacidad, a poco más de un año de pensionarse y de haber trabajado como docente oficial desde hace más de 20 años.Ante ese anuncio Jaime de Jesús decidió interponer una tutela que falló a su favor y que obligaba a la Gobernación a volverlo a contratar hasta que se pensione; así lo contó a Blu Radio."Conociendo mi discapacidad, el derrame que tengo en la pierna y por dos veces el abogado yo les pedimos que me trasladara y no me trasladó, me mandan primero para Andes cuando vuelvo y pongo la orden de desacato me mandan para Puerto Berrío en primaria", cuenta Jaime de Jesús.Efectivamente en noviembre de este año el docente fue reasignado en una institución de Andes, pero luego trasladado a una en Puerto Berrío, municipio con un clima que lo afectaría médicamente por un derrame que tiene en una de sus piernas y en primaria, cuando su preparación y capacidad califica para secundaria y media."Coloco la tutela porque yo era prepensionado, tengo régimen especial por las enfermedades, entonces fuera de eso yo tuve que demandar también el desacato porque no me están pagando", añadió el docente. El fallo del desacato indica a la secretaria de Educación, Mónica Quiroz, y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a reintegrar a Jaime de Jesús en una institución educativa en un municipio donde no se afecte su salud, además de garantizar su empleo y prestaciones por el tiempo que estuvo por fuera y hasta el momento en que se pensione.Blu Radio consultó con la Secretaría de Educación de Antioquia el caso de este docente, pero hasta el momento no existe una respuesta. Le puede interesar:
En medio de la vacancia judicial para la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes por la temporada de fin de año quedan varios interrogantes sobre qué servicios seguirán funcionando en medio de ese periodo de descanso para los funcionarios judiciales.Durante la vacancia sólo prestarán sus servicios la Jurisdicción Especial para la Paz, los juzgados promiscuos de familia, los juzgados penales municipales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Para quienes necesiten interponer una tutela, se puede radicar o tramitar por procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea para que por reparto se asigne al juzgado que queda trabajando durante esta época de fin de año o los turnos que designen los tribunales.En cuanto a la suspensión de términos procesales en entidades con asuntos jurisdiccionales, la vacancia judicial cobija a la Superindustria, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se debe tener en cuenta que la Supersociedad suspenderá términos entre el 23 de diciembre hasta el 14 de enero del próximo año.Le puede interesar:
Recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, fue aceptado por la JEP, tras algunas diligencias tanto públicas como reservadas en las cuales se refirió a las presuntas alianzas entre empresarios, militares y políticos con las Autodefensas. Posteriormente se conoció que en su audiencia reservada Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la masacre del Aro.Teniendo en cuenta que Mancuso había pedido que esta información fuera reserva interpuso una tutela ante la JEP para que se le protegieran sus derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal, pero además el exjefe paramilitar denunció amenazas desde que empezó su proceso de aporte a la verdad en la JEP."Finalmente, expuso que, el 11 de septiembre del año en curso, solicitó medidas de seguridad y protección ante la Sub sala Especial E de la Sdsj y el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA, en favor suyo, de su equipo de defensa y de su familia, debido a las amenazas de las que han sido víctimas como consecuencia de su participación en la JEP. Sin embargo, aseveró que, a la fecha, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud" señaló la JEP en su decisión.Por otro lado, se le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que explique cuáles fueron las medidas que se tomaron para garantizar la reserva de la información, también si hubo alguna acción que se hubiera tomado después de que se filtrara la audiencia reservada y si conocieron sobre la solicitud de medidas de protección que hizo el exjefe paramilitar."Esta magistratura encuentra procedente ordenar la implementación inmediata de la medida provisional señalada en precedencia, que deberá mantenerse vigente hasta que se profiera el respectivo fallo de tutela, salvo que esta magistratura determine lo contrario. Así mismo, su cumplimiento deberá ser acreditado inmediatamente por la Sdsj, remitiendo a este despacho las constancias a que hubiere lugar" señala en la decisión la magistrada Gloria Amparo Rodríguez.Le puede interesar:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos la medida cautelar que había ordenado el juzgado 35 contra el corredor verde de la carrera séptima con lo cual la Administración Distrital podrá seguir adelante con la licitación del proyecto.Ante esta decisión, la alcaldesa Claudia López y el Consorcio Vial del Norte; presentaron tutelas de forma independiente, que terminaron siendo respaldadas por el Tribunal Administrativo.En primer lugar se ordena “amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los accionantes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.Y se deja entonces “sin efectos la providencia del 25 de octubre de 2023, mediante la cual se decretó la medida cautelar para que en su lugar, dentro del término de dos (2) dias, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, profiera una nueva decisión con observancia de las consideraciones”.Pero el Tribunal va más allá y reprocha la decisión de fondo del juzgado, cuando exigió suspender el proceso “hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo”.Dice el Tribunal Administrativo que dicha orden implica una clara intromisión o invasión en las competencias del propio Concejo Distrital y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.Le puede interesar:
Una nueva polémica se desató alrededor de la elección del nuevo registrador nacional, después de que se conociera un informe técnico firmado por Mary Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde desmentía la versión de las altas cortes sobre la supuesta falla en el sistema que obligó a suspender y reprogramar la prueba para elegir al próximo registrador nacional del Estado Civil.La escuela Lara Bonilla aseguró en el documento que el 26 de agosto de 2023, día que se realizó la prueba, se hizo un monitoreo constaste a las URL aprobadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para hacer el examen y se evidenció “normalidad en el flujo de paquetes de datos”.“De conformidad con lo expuesto, se puede evidenciar, con sustento en el seguimiento que se le hizo a la red, que los equipos de cómputo no presentaron ningún inconveniente, al momento de la presentación de las pruebas”, dice el informe.Dicho documento enviado a las cortes, se dio en medio de una tutela que presentó Lennart Castro, uno de los aspirantes al cargo, contra los organizadores del concurso de mérito para elegir al próximo registrador racional.La tutela argumenta que habría aspirantes inhabilitados, falta de documentación e inconsistencias en la prueba de conocimiento para reemplazar a Alexander Vega, y solicitan que se publiquen los resultados de la evaluación de la etapa clasificatoria conforme a las “reglas del concurso y en orden estrictamente descendente”..Lo grave de este diagnóstico es que iría en contra del comunicado que presentaron los presidentes de las altas cortes a finales de agosto donde informaron que “en cumplimiento del cronograma previamente establecido, fueron convocados y reunidos los aspirantes hábiles dentro del proceso de escogencia del registrador nacional del Estado Civil para la presentación de las pruebas de conocimiento y de competencias”“En el curso de la primera de estas se presentó una falla en el sistema que obligó, por motivos de transparencia y de respeto debido a la igualdad, al aplazamiento de su ejecución”, agregaronEl informe presentado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla detalla que los delegados de las Cortes, media hora después del arranque de las pruebas, decidieron “reiniciarlas y dispusieron la salida temporal de los participantes de las aulas. Minutos después, solicitaron a los participantes regresar a los salones, donde les fue informado que se suspendían las pruebas por problemas técnicos en la aplicación web prevista para el proceso y que se reprogramarían posteriormente, a través de una adenda al cronograma”.Informe secretarial:Lea también:Le puede interesar:
La Alcaldía de Bogotá y las tres empresas oferentes del megaproyecto del Corredor Verde de la carrera Séptima interpondrán una acción de tutela ante la decisión de un juez de suspender el proyecto.“En defensa a los derechos de los bogotanos, de los empresarios y de la Alcaldía, hemos decidido interponer una tutela en defensa de los derechos y el debido proceso”, manifestó López.“Siempre he tenido el temor de que por no entregar el corredor verde, el gobierno se pegue a eso para tumbar el Metro. Yo prefiero no dejar ninguna rendija o excusa abierta para que el presidente pare el metro”, explicó la alcaldesa en una rueda de prensa. El proyecto del Corredor Verde tramo 3 plantea desde la calle 93A a la calle 200 el diseño integral del corredor con una longitud aproximada de 12.5 km.“No es función de la Rama Judicial decidir los diseños de infraestructura de un proyecto, le corresponde a la Ejecutiva, por eso somos electos. Tenemos a un juez de la República que ha usurpado funciones que no les corresponden”, manifestó la alcaldesa.IDU abre nuevamente la licitación para los lotes 3 y 4 de la nueva Calle 13La alcaldesa Claudia López también anunció que las empresas interesadas en participar en esta megaobra, tendrán plazo para presentarse hasta el 30 de noviembre próximo.El IDU realizó varias reuniones para escuchar a las empresas interesadas en el proyecto. Durante este proceso se recogieron inquietudes y observaciones que permitieran abrir hoy una nueva licitación para estos tramos de la nueva Calle 13.Para el Distrito, este es uno de los proyectos estratégicos que aportará una solución a la conectividad de Bogotá Región.Los tramos uno y dos están adjudicados y en etapa preliminar a la construcción.Le puede interesar:
