A través de un comunicado de prensa, la empresa Triple A informó que desde el mediodía de este lunes se presentó un "evento técnico no programado" en uno de los activos de conexión de propiedad de Transelca que permite el suministro de energía hacia el Acueducto de Barranquilla.Ante esta falla fue suspendido de manera temporal el bombeo de agua potable hacia la capital del Atlántico y el municipio de Soledad."La afectación se produce en momentos en los que Triple A ejecuta labores de mantenimiento preventivo del sistema de autogeneración de energía para la misma planta de tratamiento", señaló Triple A en el comunicado.De acuerdo con la empresa prestadora de servicio de agua potable, una vez culminen las labores de reparación del activo por parte de Transelca, Triple A procederá con el restablecimiento del servicio de acueducto hacia los sectores afectados.“Hay que recordar que esta recuperación será de manera gradual teniendo en cuenta el llenado de tanques y la presurización de las líneas. Triple A ofrece excusas por los inconvenientes ocasionados”, enfatizó.
Una grave emergencia se registró este sábado en una tubería de conducción de agua potable ubicada sobre el empalme de la oreja de la calle 30, a la altura del puente de la Circunvalar, luego de que fuera detectada una fuga de 24 pulgadas que obligó a que el servicio tuviera que ser suspendido por más de cuatro horas en por lo menos 80 barrios de Barranquilla y Soledad, Atlántico.Así lo confirmó la empresa Triple A a través de un comunicado, en el que señalaron que durante el tiempo de reparación de la tubería, que se adelantó en el sector conocido como California, se hizo necesaria la suspensión del servicio –temporalmente–, asegurando que la compañía se encontraba adelantando los trabajos y que, de esta manera, garantizaría el restablecimiento del servicio durante este domingo de manera gradual. En lo que respecta a Barranquilla, por ejemplo, el servicio de agua potable tuvo que ser interrumpido en barrios como El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, Universal Etapa I y II, Los Laureles, Bella Arena, Las Palmas, Buenos Aires, Villa Blanca, El Limón, Tayrona, El Parque BQ, San Nicolás, José Antonio Galán, entre otros.Por su parte, entre los barrios que se vieron afectados en Soledad, Atlántico, se encontraban Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, La Fe, La Ilusión, Jerusalén, Portal de Las Moras, Parque Muvdi, Las Colonias, San Antonio, Soledad 2000, Tajamares y Villa Katanga, además de sectores como Villa Lozano, Villa Merlyu, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani, Villa Zambrano, Bella Murillo, Costa Hermosa, Los Cusules, solo por mencionar algunos.Así las cosas, la empresa Triple A confirmó que hacia la 1:00 de la madrugada de este domingo logró ser superada la contingencia presentada en la tubería de conducción.
Seis nuevos casos de robo de agua en el Atlántico fueron detectados en Barranquilla, Baranoa y Piojó, donde varios establecimientos de comercio se valen de conexiones fraudulentas en el sistema de acueducto para acceder al servicio sin facturar todo el consumo.En el caso de Barranquilla se hallaron fraudes en la bodega de un reconocido restaurante de la ciudad, en una fábrica de hielo y en un centro recreacional donde, a través de una conexión clandestina, abastecían de agua todas las piscinas, restaurante y baños públicos, y evadían el pago de más de 15 millones de pesos.En Baranoa el hallazgo se produjo en una empresa de transporte, donde por segunda vez detectaron una acometida ilegal que era utilizada para suministrar agua potable a la sede administrativa, a una estación de servicio y a un parqueadero de buses intermunicipales.Finalmente, en Piojó se identificó un fraude en un ecohotel, donde a través de una acometida no autorizada surtían un tanque de 10 mil galones y de ahí bombeaban agua hacia el lugar que cuenta con seis habitaciones, piscina, lago de peces y restaurante.La Triple A informó que, durante el operativo, quien se identificó como administrador del establecimiento amenazó con retirar la tubería legal para dejar sin el servicio de agua potable a todo el corregimiento de Hibácharo.Aún así, ante todos estos casos, la Triple A procedió con la denuncia penal.
La primera hipótesis que planteó el ministro de Transporte, William Camargo, sobre el cráter que se abrió en la rampa de un puente en la vía entre Barranquilla y Soledad, es que el terraplén quizá colapsó por la humedad que genera una red de alcantarillado.Sin embargo, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo Triple A emitió un comunicado para “aclarar que, antes del accidente, no se había registrado ninguna fuga en el sistema de alcantarillado de la zona afectada”.La compañía insistió en que “realiza mantenimientos regulares y permanentes en los que no había indicios de fallas que pudieran haber contribuido al evento”. Por el contrario, Triple A sostuvo que “la falta de mantenimiento adecuado de la vía y sus aproximaciones pudo haber provocado filtraciones y lavado de finos, lo que resultó en el colapso de la vía sobre el colector”.“No obstante, con el fin de evaluar la posible afectación a la infraestructura de alcantarillado por el colapso de la estructura de aproximación al puente, se están realizando bloqueos en tres puntos diferentes de colectores que descargan sobre el tramo afectado, para posteriormente eliminar los vertimientos causados a raíz del colapso ocurrido en el puente”, informó Triple A.“La compañía dispondrá de maquinaria amarilla para realizar estas reposiciones. La prioridad de Triple A es garantizar la seguridad y el bienestar de todos, por lo que se compromete a informar de manera oportuna, precisa y en colaboración con las autoridades, los avances en la investigación y las acciones que se emprendan”, agregó.William Camargo sobre colapso de puente en BarranquillaNo obstante, el ministro de Transporte, William Camargo, insistió la tarde de este viernes en que allí se observa “un caudal de agua que no es normal o no es de la zona, porque no existe allí un afluente natural”.“Lo que sugiere esto es que por allí seguramente pasa alguna tubería que pudo haber sido colapsada, pero eso es parte de lo que está indagando el equipo de ingenieros del Invías”, precisó.Desde el mismo lugar de los hechos, el ministro de Transporte también aseguró que la Agencia Nacional de Infraestructura no evidenció daños en el puente que colapsó entre Barranquilla y Soledad y que, incluso, descartaron que hubiese un debilitamiento de la estructura.
Una extensa red de conexiones fraudulentas al Acueducto Regional Costero del Atlántico quedó al descubierto en la vía que conecta del municipio de Baranoa al corregimiento de Sibarco, donde más de 40 cabañas destinadas al descanso de propios y turistas robaban agua de dicho acueducto para el consumo en estos negocios.Sneider Lobo, director de pérdidas comerciales de Triple A, explicó que estas cabañas extraían agua de manera irregular desde el acueducto, a través de una manguera que se extendía por 2.5 kilómetros."Encontramos un urbanismo con más de 40 cabañas, lugares de descanso conectados de manera irregular a una conducción de más de dos kilómetros de recorrido, la cual procedimos a anular", informó el funcionario. "Es realmente preocupante ver cómo estas conexiones ilegales están afectando de manera tan significativa el sistema, pues disminuyen la presión al desviar el agua que debe ser entregada a las comunidades", añadió.Desde la gerencia del acueducto advierten que, con apoyo de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, se comenzará "un proceso de judicialización a los autores de estas conexiones fraudulentas que tanto daño están ocasionando".Avanza atención a familias damnificadas en Soledad, Atlántico, por desbordamiento por ola invernal"En referencia a las irregularidades y con el fin de maximizar las acciones, hemos adelantado un plan intensivo con el aumento de personal y equipos especializados para combatir el delito de defraudación de fluidos", dijo la empresa de acueducto Triple A."La compañía ha incorporado herramientas tecnológicas como macro medidores con telemetría, georradar, geófono, entre otros, que sirven para realizar balances hídricos e identificar las zonas de mayores pérdidas", advirtió la empresa.
Tras conocerse el anuncio hecho por la Triple A, en donde confirmó que el agua residual de los 16.000 apartamentos que tendrá el complejo habitacional Ciudad Mallorquín será vertida directamente al río Magdalena, la población costera del Atlántico ha mostrado su preocupación, pues dicen que la contaminación que tendrá este afluente será mucho mayor que la que hoy se presenta, generando más problemas ambientales.Ante esto, la diputada Isabella Pulgar se pronunció rechazando que la Triple A abuse de la capacidad de disolución del río Magdalena, además, con este accionar, la afectación a la población costera será mucho peor. También, denunció que la empresa de aseo, al parecer, tiene bocatomas de recolección de agua, justo cerca de donde se realizan estas descargas."La Triple A, al parecer, tiene bocatomas que traen el agua a Puerto Colombia, justo debajo donde son los vertederos de las aguas residuales. Entonces, en este escenario el problema sería mucho más grande. Entiendo que esto está en estudio y que las oficinas jurídicas de las entidades están al frente, pero es un tema que le vamos a poner la lupa y le haremos debate de control político en la Asamblea", aseguró Pulgar.Procuraduría advierte sobre graves impactos ambientales por proyecto Ciudad Mallorquín en AtlánticoEn medio del debate político anunciado por Pulgar, la diputada asegura que presentará una proposición y es que antes de que el Plan de Desarrollo sea aprobado en segundo debate, en este se incluya la construcción de una planta de tratamiento de agua para el Atlántico."Ya hemos aprobado, en primer debate, el Plan de Desarrollo presentado por el Gobernador, pero antes de que este pase a segundo debate, creo que es necesario proponer soluciones a este tema, y que se incluya en el Plan de Desarrollo que se construya una planta de tratamiento de aguas residuales u otro tipo de solución hidráulica o ajuste de los planes ambientales", agregó la Diputada.Una comisión de la Procuraduría General de la Nación delegada para asuntos ambientales realiza una visita para corroborar la afectación al medio ambiente que hay tanto en este complejo habitacional como en la ciénaga de Mallorquín.
La Triple A informó que tras el incidente de energía registrado desde la mañana de este sábado en el acueducto distrital, que llevó a la suspensión del servicio en algunos sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico, aún continúa adelantando labores de reparación para restablecer el suministro del servicio.La empresa explicó que la falla energética impactó una de las líneas de conducción que va hacia la estación Recreo, lo que ocasionó una gran fuga de agua a la altura de la calle 21 con carrera 30; a la altura del Colegio Distrital Don Bosco, ubicado en el barrio Rebolo.En este sentido, la reparación de esta fuga por emergencia se está dando de manera “compleja”, dado que la tubería se encuentra bajo pavimento y se requiere, además del uso de maquinaria pesada, reemplazar la parte afectada por una nueva y realizar trabajos de soldadura, lo que llevará a que la intervención se extienda por varias horas más.Son 65 los barrios afectados por falta de suministroDada la circunstancia anteriormente mencionada, el servicio de agua potable sigue suspendido en alrededor de 65 barrios de Barranquilla, mientras se adelanta la reparación:Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CL 110), Delicias, Colombia, América, Porvenir, Prado, Alto Prado, Villa Country, Paraíso, Tres Ave Marías, San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón, San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita y El Santuario.Asimismo, tampoco cuentan con el servicio los barrios La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, Lipaya, Betania, Ciudad Jardín, El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucía, El Limoncito y Villa Del Este.
Luego de una investigación que abarcó cerca de dos meses, la empresa Triple A informó sobre dos nuevos casos de fraude en Barranquilla, en los que se encuentran presuntamente involucrados la clínica Santa Ana de Dios y una reconocida empresa dedicada a la fabricación, venta y distribución de papelería.De acuerdo con la empresa que provee el servicio público entre Barranquilla y 14 municipios del departamento del Atlántico, el centro médico habría desviado agua para llenar un tanque subterráneo de gran capacidad que abastecía todos los puntos potables de el mismo, incluyendo sus áreas críticas.Así las cosas, la Triple A explicó que tuvo que ser necesaria la instalación de un dispositivo de cierre en la red de distribución secundaria, sin afectar el suministro del preciado líquido para evitar vulnerar la protección constitucional de los usuarios a los servicios de salud.Por su parte, la empresa realizó una liquidación de lo dejado de facturar, arrojando un cálculo de pérdida aproximado de 6.245 m3, representados en $221 millones de pesos, considerando el diámetro de la tubería.El segundo caso corresponde a la empresa Zeppelin, ubicada en el centro de Barranquilla y reconocida por la fabricación, venta y distribución de papelería, revelándose que habría dejado de pagar $145 millones de pesos por los 20.815 m3 de agua que, al parecer, harían parte del fraude. Lo que explicó la empresa Triple A es que el establecimiento contaba con una conexión fraudulenta que ingresaba al predio por la parte frontal del mismo, con una tubería de dos pulgadas de diámetro conectada de manera irregular a la tubería secundaria de distribución que abastecía los puntos potables internos del predio, incluyendo dos tanques de almacenamiento ubicados entre una azotea y la parte subterránea”.Cabe destacar que, por estos hechos, la empresa Triple A procederá a adelantar acciones penales por el delito de defraudación de fluidos.
La comunidad de Las Flores, en Barranquilla, levantó luego de seis horas el bloque que adelantaban sobre la Vía 40 por las dificultades que atraviesan hace seis meses debido a la baja presión en el servicio de acueducto.Esta situación ha hecho que los habitantes de ese sector deban madrugar para recoger el agua suficiente para hacer sus actividades básicas, como bañarse y lavar sus enseres, durante el día, pues la presión de las tuberías en este sector es insuficiente para mantener el fluido del agua potable, así lo explicó a Blu Radio, Randi Pérez, habitante del barrio."La empresa Triple A desde hace seis a doce meses ha disminuido la presión del agua, lo que conlleva que las actividades del diario vivir, como es lavar ó bañarse, se hacen cada vez más difícil. Las personas les toca trasnochar ó levantarse a las dos ó tres de la mañana para recoger el agua y almacenarlas en tanques, para luego hacer esas actividades", explicó Pérez.Las autoridades, según explicó Randi, argumentan que la baja presión en este sector de la ciudad se debe, al parecer, por trabajos que están haciendo cercanos a la población, por lo que el agua debe ser suministrada a estas obras, sin embargo, la comunidad las razones reales por parte de la Triple A."Aquí lo que se necesitan son, por parte de la empresa Triple A, cuales son las causas de esta problemática que cada vez es mayor", aseguró Randi Pérez.Sin embargo, después de seis hora de paro, la protesta fue levantada luego de que la jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, Dina Luz Pardo; el jefe de la Oficina de Seguridad de Barranquilla, Yesid Turbay; y el Comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Dave Figueroa, conversaran con la comunidad y llegaran a acuerdos.Con los acuerdos, en primer lugar, serán revisadas todas las tuberías del sector, además, se adelantarán mesas de técnicas para buscar solución, y mientras se realicen el servicio de agua mantendrá su presión diaria. Finalmente, a las 10 de la mañana, de este miércoles, 27 de marzo, comenzará la primera reunión entre la comunidad, el Distrito y la Triple A para concertar estos arreglos.
La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo Triple A detalló que, en los eventos realizados durante los cuatro días oficiales de Carnaval, recogió un total de 175 toneladas de basura en Barranquilla y en los municipios del Atlántico donde presta el servicio, las cuales se suman a las 60 toneladas de residuos recolectadas durante las actividades de preCarnaval.Elementos recogidosLuego, en las calles se han recogido en total 235 toneladas de residuos "entre plástico, icopor, vidrio, cartón, restos alimenticios y otros desechos, cifra que aumentará en un porcentaje de cara a la operación de limpieza y barrido que se sigue realizando posterior al desmonte de los palcos en la Vía 40", informó la gerente de Aseo de Triple A, Zandra Mantilla.Equipo de trabajo para las labores de recolección de basuras La funcionaria sostuvo que "este operativo, desplegado con el fin de mantener limpia la ciudad y los municipios en donde se presta el servicio, contó con más de 1.700 trabajadores entre operarios de barrido, operarios de recolección, conductores, supervisores y coordinadores, entre turnos diurnos y nocturnos, para que permanecieran las calles impecables durante y después de las festividades”.“En estos eventos, 120 recicladores de oficio pertenecientes a 12 asociaciones realizaron labores de separación y recolección, logrando un total de 21 toneladas de residuos sólidos aprovechables entre envases PET, vidrio, aluminio, plástico, pasta, tetrapak, hierro y chatarra", añadió la funcionaria de Triple A.Por un ‘Carnaval Sostenible’La labor hizo parte de la estrategia ‘Carnaval Sostenible’, de la Alcaldía de Barranquilla y Carnaval S.A.S, para impactar positivamente el medio ambiente al evitar que algunos de estos residuos lleguen a los arroyos, Ciénaga de Mallorquín, Río Magdalena y posteriormente al mar Caribe. Igualmente, se disminuye la cantidad de residuos que se depositan en el relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos, contribuyendo al aumento de la vida útil de este.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
