La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de destituir al presidente de la Cruz Roja en el país suscita "serias preocupaciones" respecto a la independencia de la organización en esa nación suramericana, advirtió este miércoles su sede internacional.La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC), con sede en Ginebra, está "al tanto de la implicación de las autoridades gubernamentales en la reorganización de la dirección y del consejo de administración de la Cruz Roja venezolana", según declaró en un correo enviado a la AFP."Cualquier intervención gubernamental en nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suscita serias preocupaciones en cuanto a su independencia y trabajo humanitario (...) y será tratado con la mayor importancia", subrayó.Una sentencia divulgada el pasado viernes por el TSJ ordenó "el cese" del presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, de 75 años, que llevaba 45 años en el cargo.La autoridad judicial acusó a Villarroel de "acoso y maltrato" a voluntarios y trabajadores.La medida fue tomada después de que Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el presidente Nicolás Maduro, acusara a Villarroel de "conspirar" contra el mandatario y de "actividad mafiosa" en el manejo de fondos.El máximo tribunal designó a Ricardo Cusanno, expresidente de la patronal Fedecámaras, como responsable de reorganizar y modernizar la estructura y el funcionamiento de la organización.La IFRC, que supervisa a 191 Sociedades Nacionales, recordó que disponía de "sus propios mecanismos para abordar situaciones en las que pueda considerarse que una Sociedad Nacional miembro incumple nuestros principios fundamentales".La organización aseguró asimismo que "esta semana enviará a Caracas a altos funcionarios que se unirán a su delegación permanente en el país para ocuparse de los acontecimientos en curso".La IFRC afirmó que su máxima prioridad era "proteger el papel fundamental de la Cruz Roja Venezolana y de sus voluntarios y personal en el país"."Su acción humanitaria neutral, imparcial e independiente ha sido esencial para salvar vidas", sentenció.También le puede interesar:
Este lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó repetir las elecciones regionales en Barinas después de que los comicios del 21 de noviembre, arrojaran resultados divididos entre el chavismo y la oposición.Justamente, la decisión se tomó luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por el opositor Freddy Superlano. Esto, "por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio”.Según explicó Superlano en Mañanas BLU, su candidatura, luego de los resultados, fue rechazada por estar, supuestamente, inhabilitado.“De lo primero requisitos para postularse es estar habilitado, el sistema automáticamente no te deja acceder si no lo estás. Fue una contradicción, esto tiene un proceso. Desde ese domingo militares tenían las actas secuestradas porque conocían los resultados”.“Después de tanta presión mediática que se hizo, las actas fueron liberadas, llevadas a revisión y se supo la decisión del tribunal. En Venezuela no hay estado de derecho”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
El equipo jurídico de Hugo El Pollo Carvajal está tratando de evitar la extradición de su defendido a los Estados Unidos y en esa estrategia se enmarca su declaración a petición propia en la Audiencia Nacional en las últimas horas. Allí frente al juez Manuel García-Castellón ofreció información relacionada con Hizbulá según informa en su edición de hoy el diario El Mundo.Siempre, según la versión aportada por el rotativo madrileño, Carvajal ofreció al juez García-Castellón datos sobre la financiación del partido Podemos, socio de gobierno del socialista Pedro Sánchez, con revelaciones que serían de gran relevancia sobre la formación política fundada por el que fuera vicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, aunque eso sí, Carvajal no ha aportado soporte documental alguno que sustenten sus afirmaciones.El juez ha urgido al que fuera jefe de la inteligencia venezolana a que aporte la documentación que respalda sus afirmaciones tanto en lo que se refiere al terrorismo internacional como a la presunta financiación irregular de Podemos.Mientras tanto el proceso de extradición a Estados Unidos se mantiene activo después de que hace apenas 24 horas el Tribunal Supremo decidiese no paralizarlo al entender que la defensa de Carvajal no había aportado evidencias que hiciesen necesaria una suspensión cautelosísima.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, espera anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño, algo que confía en que suceda “en cuestión de días”, dijo en una entrevista con Efe.“El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo Bensouda, que confía en poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño “antes de que finalice” su mandato, es decir, antes del 15 de junio.El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017.Las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”, aseguró la jurista. Su inminente decisión tiene, en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.No obstante, las autoridades venezolanas entregaron el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI en la que se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.Bensouda dijo que no podía "ignorar” la reclamación de Caracas y ha presentado una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”.“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa de La Haya.Aunque Caracas anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces.CRÍMENES DE LESA HUMANIDADBensouda adelantó en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.En los últimos meses, su oficina ha estudiado si la Justicia de ese país ha llevado a cabo indagaciones genuinas sobre esos abusos, una circunstancia que evitaría la competencia de la CPI.Si la fiscal jefa de La Haya diera el visto bueno a la investigación, esta arrancaría directamente y no necesitaría de la aprobación de los jueces debido a que seis países -Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá- remitieron la situación venezolana al tribunal en 2018.Caracas ha invitado a la Fiscalía de la CPI a visitar Venezuela, pero asegura que no ha recibido respuesta. El Gobierno lo considera un agravio comparativo respecto a Colombia, país al que delegaciones de La Haya han acudido en varias ocasiones por el examen preliminar que tiene abierto este país.“Por el momento no nos parece sumamente relevante ir a Venezuela para completar nuestra evaluación de la situación y el examen preliminar”, respondió Bensouda, que será relevada por el británico Karim Khan para los próximos nueve años.SEGUNDO EXAMEN PRELIMINARPor otro lado, la Fiscalía de la CPI tiene abierto un segundo examen preliminar, impulsado el año pasado por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el que se acusa a Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad por las sanciones económicas impuestas a Venezuela.Bensouda explicó que los dos expedientes sobre el país caribeño se han tramitado hasta el momento por separado, pero que esto “podría cambiar” en un futuro porque ambos “parecen superponerse, al menos tanto en términos geográficos como temporales”
El líder opositor venezolano Leopoldo López, respondió sobre lo ocurrido el 30 de abril y el 1 de mayo de 2019 en Venezuela, cuando salió de su casa con rumbo a la Embajada de España tras estar detenido por varios meses.Ante la pregunta de BLU Radio sobre si ese hecho habría evitado una posible salida de Nicolás Maduro del poder, tras un fallo que se tenía por cuenta del Tribunal Supremo de Justicia, respondió y negó categóricamente que esto hubiera ocurrido.Por eso fue enfático en decir que, “lamentablemente quienes tenían el compromiso de la escalada, que tenía en cuenta o tenía la planificación, era que iba a salir una decisión del Tribunal Supremo y que luego a partir de ahí, iban a venir nuevos pronunciamientos militares y policiales”.López también dijo que eso se acumularía en una “crisis popular” e institucional que permitiera avanzar en las elecciones.“Luego eso se iba a sumar en una gran crisis popular, militar, policial, institucional y judicial, que nos permitiera abrir la puerta hacía la libertad y las elecciones libres”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano decidió este lunes solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente el levantamiento del fuero parlamentario de tres diputados opositores del Parlamento, a quienes acusa de traición a la patria, conspiración y otros delitos.Los diputados opositores sobre los que recae la medida son José Guerra y Tomás Guanipa, militantes del partido Primero Justicia, y Juan Pablo García Canales, de Vente Venezuela.Lea también: EE.UU. impone embargo económico contra Gobierno de VenezuelaLa medida llega luego de que Nicolás Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países incluido EE.UU., advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo ordenado por Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) imputó este miércoles a un nuevo diputado opositor, elevando a 15 el número de legisladores procesados por una fallida insurrección contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. El TSJ, de línea oficialista, responsabilizó al diputado Rafael Guzmán de "la comisión flagrante de los delitos de traición a la Patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil", entre otros, según un comunicado.La máxima corte solicitó a la chavista Asamblea Constituyente, que rige al país con poderes absolutos, despojar al congresista de su inmunidad, lo que ya hizo con los otros diputados señalados de participar en la rebelión.El alzamiento de un pequeño grupo de militares liderados por Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por medio centenar de países, no logró quebrar el apoyo de la Fuerza Armada a Maduro.Esta decisión ocurre en momentos en que delegados de Guaidó y de Maduro mantienen contactos en Oslo bajo mediación de Noruega, para intentar buscar una salida a la pugna por el poder que ambos líderes mantienen desde hace cuatro meses.De los congresistas imputados, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad. Se desconoce el paradero de Guzmán.Guaidó ha denunciado esta ofensiva como un intento de "desmontar" el Parlamento, único poder controlado por la oposición en el país petrolero sumido en una grave crisis socieconómica, pero anulado por una decisión del TSJ y sustituido en la práctica por la Constituyente.Aunque el líder opositor fue también despojado de su inmunidad, no ha sido acusado judicialmente por la sublevación.Estados Unidos, el mayor aliado internacional de Guaidó que mantiene sanciones contra Venezuela y no descarta una opción militar, ha advertido que detenerlo sería "el último error de la dictadura de Maduro".
El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela informó la tarde de este martes, que cuatro diputados más se sumarán a la lista de parlamentarios a quienes se les solicitará levantar la inmunidad, por estar presuntamente vinculados y haber apoyado el alzamiento militar del pasado 30 de abril. Los nuevos legisladores a quienes se les iniciaría un juicio son: Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Wiston Flores, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente, como paso previo, les levante la inmunidad para darle vía libre a un juicio. Lea también: Tribunal Supremo de Venezuela ordena procesar penalmente a siete diputados opositores Según el TSJ estos parlamentarios están involucrados en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. Con estos 4 diputados ya la lista de parlamentarios investigados en la última semana se eleva a 14. Muchos de ellos fuera de Venezuela, otros protegidos en embajadas, resguardados o detenidos como es el caso del primer vicepresidente del legislativo, Edgar Zambrano. Nota del TSJ: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la solicitud realizada por el Fiscal General de la República, decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos: Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casella Lovaton y Winston Eduardo Flores Gómez, en la comisión flagrante de los delitos de "Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo". Ordena la sentencia de la Sala Plena remitir copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines. Señala la decisión, con ponencia de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero, integrante de la Sala Político Administrativa, que en el presente procedimiento, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión N° 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente, se ordena remitir copia certificada del fallo al ciudadano fiscal general de la República, Dr. Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela solicitó este miércoles a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) revisar el fuero parlamentario a otros tres diputados, a quienes tildó de "traidores a la patria" y que, según dijo, cometieron delitos de manera flagrante. La medida recae sobre los legisladores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, todos militantes del partido Voluntad Popular del político Leopoldo López, quien la semana pasada burló su arresto domiciliario para acompañar un fallido levantamiento militar liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Además, se suma a la solicitud que presentó el martes el mismo órgano contra otros seis diputados, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco y Simón Calzadilla, a los que ya les fue levantada la inmunidad. La decisión del Supremo, que fue informada a través de un comunicado, surge en respuesta a una solicitud presentada por el fiscal general, Tarek Saab, y dictamina que Superlano, Vergara y Mejía tienen responsabilidad en "la comisión flagrante" de varios delitos. El TSJ señala que los parlamentarios están incursos en delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y "el odio continuado". Agrega que "por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (...) no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal". El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados del Parlamento "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo". Asimismo, señala que de los presuntos delitos que cometan los legisladores "conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (Parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento". "En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ", concluye el artículo. El martes de la semana pasada se produjo en Venezuela un fallido levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro que fue encabezado por Guaidó, y respaldado públicamente por la mayoría de los diputados. La ANC ha dado por levantada la inmunidad de otros diputados en el pasado, en procedimientos que han sido cuestionados por buena parte de la comunidad internacional, algunos de los cuales están hoy exiliados. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
Todo el poder represivo y judicial del chavismo está a la carga y busca poner tras las rejas al presidente interino Juan Guaidó, el líder opositor Leopoldo López y el círculo político más cercano a los líderes de la “Operación Libertad”, que va hacia su tercer día en medio de protestas y disturbios en las calles venezolanas.En una acción simultánea, Maduro ordenó rodear las embajadas de España y Brasil con vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia-Sebín, conocido como la policía política del régimen chavista.En el caso de la legación española, donde fueron admitidos como huéspedes Leopoldo López y su familia, hay seis vehículos del organismo de inteligencia, según una fuente de BLU Radio.Lo mismo ocurre en la legación de Brasil, donde está refugiado parte del grupo de militares venezolanos que acompañó a Guaidó y a López en la insurrección militar del pasado martes, y que significó la hora cero para la “Operación Libertad”.-El TSJ, títere de Maduro:El asedio a las embajadas española y brasileña quedó aderezado con un movimiento más en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la corte de bolsillo de Nicolás Maduro.La sesión de la Sala Plena del TSJ en la tarde de miércoles festivo tenía como objetivo retirar la investidura como diputado y ordenar la captura del presidente Guaidó por su autoproclamación como jefe de Estado el pasado 23 de enero y los hechos que marcaron la insurrección militar del 30 de abril.Una discusión, que según una fuente de BLU Radio muy cercana al cuestionado proceso, ya tenía una decisión, al parecer escrita desde el Palacio de Miraflores y sin la debida discusión en la Sala Plena. La misma fuente afirma que el documento llegó para que fuera firmado y publicado por el TSJ.Fue ese mismo hecho el que causó que la magistrada Marisela Godoy anunciara su retiro de la sesión, según sus palabras, porque “la decisión que será adoptada por esta Alta Jerarquía es desconocida. Y en la misma situación se encuentran otros magistrados, quienes tampoco tienen conocimiento de su contenido”.A las 4:00 de la tarde terminó la Sala Plena del alto tribunal y para ese momento, según la fuente de BLU Radio, no había quedado en firme una acción judicial contra Juan Guaidó. Pero luego, el régimen de Maduro llamó al orden a magistrados cercanos a Miraflores y quienes habrían firmado el antejuicio, no contra el presidente interno, sino contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y ordenaron a las autoridades leales al chavismo su inmediata captura.“No fueron por Guaidó porque no se atreven por la respuesta internacional a favor de él y por la posible radicalización de las protestas ciudadanas”, agregó la fuente de BLU Radio.* enviado especial a Caracas
