La captura de nueve personas de una banda dedicada a la trata de personas para explotarlas sexualmente y tráfico de migrantes en varios países se llevó a cabo en Ipiales, Nariño, y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Los delincuentes captaban mujeres en Bogotá mediante ofertas laborales engañosas para enviarlas a Perú, Chile y Ecuador, con el fin de prostituirlas.De acuerdo con la investigación, los integrantes de la banda coordinaban la captación de mujeres mediante engaños y falsas promesas tales como trabajar de meseras en Perú, con una paga del equivalente a 27 dólares diarios; también les ofrecían los pasajes y los viáticos para que después los pagaran en cuotas cuando estuvieran trabajando.Una vez eran convencidas de viajar a Perú, las trasladaban a la ciudad de Constitución, ubicada en zona selvática y de difícil acceso, allí eran recibidas en lugares de lenocinio donde eran obligadas a ejercer la prostitución sin obtener ningún tipo de remuneración económica, impidiendo el regreso a sus hogares debido a que eran intimidadas y amenazadas, por lo que debían continuar en el lugar de explotación hasta que cancelaran una deuda impuesta por más de 5.000 dólares inicialmente y dependiendo de las multas impuestas por la red criminal incrementaría día tras día.Los investigadores también lograron identificar que dicha organización criminal coordinaba él envío desde la ciudad de Ipiales de migrantes de nacionalidad cubana, china, haitiana y venezolana en buses de turismo con destino Necoclí – Antioquia, para posteriormente enviarlos a Estados Unidos.En los procesos de allanamiento y captura se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, varios cartuchos de diferentes calibres, una pistola traumática, un DVR, nueve teléfonos celulares, un libro de anotaciones de un hotel, más de 94 millones pesos colombianos y 499 dólares.Los capturados fueron presentadas ante un Juez de Control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación, les imputó cargos por los delitos de trata de personas transnacional, tráfico de migrantes y concierto para delinquir, de acuerdo a sus responsabilidades individuales; cuatro de los capturados fueron enviados a la cárcel y los cinco restantes con medida privativa de la libertad domiciliaria.
Las solicitudes de extradición que en el pasado mes de diciembre presentó la embajada de Estados Unidos sobre Hernando de la Cruz y Luis Enrique Linero, dos sanandresanos señalados como presuntos "coyotes" que estarían involucrados en la trata de personas entre San Andrés y Nicaragua, están a horas de llegar a la Corte Suprema de Justicia.Según conoció Blu radio, el Ministerio de Justicia ya dio el aval a los documentos recibidos, tras considerar los argumentos para que estas personas pueden comparecer ante la justicia norteamericana.De la Cruz y Linero están bajo el ojo del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la desaparición de 40 venezolanos en octubre de 2023, quienes buscaban viajar, de manera irregular, desde San Andrés hasta Nicaragua, para seguir una ruta hasta el país americano.Ambos sanandresanos han guardado silencio ante la justicia colombiana, pese a que se encuentran capturados en la cárcel La Ternera de Cartagena, pero Livia Pieruzzini, madre de uno de los desaparecidos, asegura que ellos los vendieron a traficantes nicaragüenses."Pedimos celeridad en el trámite, porque ya sabemos que Hernando de la Cruz y alias 'El Calvo' fueron los que procedieron a vender a nuestras familias desde la isla de San Andrés. Allí todos saben lo que pasó con nuestras familias. Los vendieron a unas mafias en el mar. Hay mafiosos de Nicaragua que están esperando que les entreguen su mercancía y la mercancía eran esas personas", cuenta la mujer.Con la llegada de estos documentos a la Corte, solo quedaría pendiente la revisión y verificación de los mismos para que sea emitido un concepto de extradición sobre el que el presidente de la República tiene la última palabra.Mientras tanto, la esperanza de las familias venezolanas es que la justicia norteamericana avance con celeridad en este caso, ante las pocas respuestas que han recibido en Colombia.
Las familias de los migrantes a los que les perdieron el rastro hace semanas, meses o años, tras intentar partir hacia Estados Unidos por una ruta que atraviesa el mar Caribe, reavivan su reclamo por investigaciones que establezcan qué está sucediendo en la zona marítima que de San Andrés conecta con Nicaragua; luego de que se hallara una embarcación navegando a la deriva en la que se halló el cuerpo sin vida de un hombre que, se presume, sería otro viajero más en búsqueda del sueño americano.El panorama no es el mejor, pues ha sido alto el precio de esta ruta que surgió como una alternativa al Tapón del Darién para quienes buscan conectar desde Sudamérica con Centroamérica, a través de pasos irregulares. Es por esto que hasta la fecha se contabilizan 105 venezolanos desaparecidos en esta trayecto, quienes confiaron en navegantes sanadresanos o nicaragüenses para cruzar en pequeñas embarcaciones a cambios de pagos por encima de los mil dólares. Estas personas, las desaparecidas, habrían sido víctimas de estafas lideradas por organizaciones delincuenciales que abandonan a los viajeros en alta mar, tras robarle sus pertenencias, o que incluso se dedican a traficar con personas. Aunque tampoco se descartan naufragios por las fuertes corrientes, los testimonios de más de 700 migrantes rescatados por la Armada dan cuenta de que se trata de itinerarios ajustados por grupos organizados. Es por esto que ya han sido capturadas 25 personas, aunque de estas solo 14 se encuentran en juicio. "Con todo lo que le hemos dado a la Fiscalía, ya fuera para que los hubiesen encontrado a todos. Ellos saben quiénes son los miembros de esas bandas", cuestiona Libia Pieruzzini, madre de una joven desaparecida el 21 de octubre de 2023 en uno de estos viajes, quien vive en Venezuela, pero viaja constantemente a Colombia para pedir respuestas sobre su caso. Gustavo Azócar, líder de la ONG MIVED (Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Migrantes Venezolanos Desaparecidos), señala que les parece cuestionable que todos estos procesados han apelado a su derecho a guardar silencio, por lo que no hay suficientes pistas sobre el funcionamiento de estas redes de migración irregular. La esperanza ahora está puesta en los testimonios que puedan entregar Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela y Luis Enrique Linero, quienes en próximos días serán extraditados a Estados Unidos por estar presuntamente vinculados con una red de tráfico de personas, tras la desaparición de 40 venezolanos ocurrida el 21 de octubre de 2023."Ya nos dijeron que en cuestión de días serán extraditados. Allá seguramente sí hablarán. Además, si Estados Unidos decidió participar en esta investigación es porque algo saben. Nosotros tenemos la certeza que muchos desaparecidos no son víctimas de naufragios, pues resulta cuestionable que nunca aparece ni la lancha ni alguno de los viajeros. Allá seguramente sí contarán lo que sucedió para evitar altas condenas", expresó Azócar. Por lo pronto, estas familias aguardan por el inicio del juicio en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ambos procesados se encuentran retenidos en la cárcel La Ternera de Cartagena.
Tim Ballard, exagente de seguridad nacional de Estados Unidos e inspiración para la película Sound of Freedom, elogió el trabajo de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia. Durante una entrevista con Blu Radio, Ballard resaltó la importancia de los recientes avances judiciales en el caso de la red de trata desarticulada en la isla Barú, vinculada con los eventos narrados en la película.“He venido a reconocer el buen trabajo del CTI y de la Fiscalía en este caso, probablemente el más grande en la historia de la trata de menores en Colombia. Esto inició un movimiento que ya impactó a cien millones de personas en todo el mundo”, señaló Ballard, quien también destacó que las investigaciones relacionadas con este caso continúan en curso.El caso al que hace referencia ocurrió en 2014 en Barú, donde 54 menores fueron rescatados durante una fiesta organizada por una red criminal que ofrecía servicios sexuales a turistas. El pasado 2 de septiembre, un juez en Cartagena condenó a cinco implicados, incluyendo a Kelly Johana Suárez Moya y alias “Fuego”, por proxenetismo con menores de 14 años.Ballard criticó a quienes intentaron desacreditar la operación, señalando directamente a dos abogados estadounidenses que, según él, buscaron minimizar los hechos y re-victimizar a los menores. “Esos abogados dijeron que los niños rescatados eran actores y que yo era un traficante. Es un ataque absurdo que re-victimiza a los sobrevivientes”, afirmó.El activista destacó que la trata de menores es un problema global que afecta especialmente a países con altos niveles de turismo, como Colombia. Según Ballard, los avances en casos como el de Barú envían un mensaje claro: “Colombia no es un lugar para venir a explotar niños. Hay consecuencias para quienes lo intenten”.El impacto del caso, que inspiró Sound of Freedom, ha puesto en evidencia las falencias en la protección estatal para las víctimas. Simba, uno de los sobrevivientes, denunció recientemente que no ha recibido apoyo del Gobierno. “Es triste que hayan tenido que venir de afuera para salvarnos. El Estado nos abandonó”, afirmó.Ballard concluyó su intervención reafirmando su compromiso en la lucha contra la trata de menores y celebrando los avances judiciales en Colombia, aunque insistió en que queda mucho por hacer para erradicar completamente este flagelo.
Autoridades propinaron un duro golpe a una red de trata de personas que operaba en Medellín y el Valle de Aburrá tras la captura en las últimas horas de su presunto cabecilla y otras dos mujeres que desempañaban ciertos roles en estos procesos.Se trata de alias ‘Juan David’, un hombre que fue sorprendido por el Grupo Investigativo Contra Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en una casa finca de la vereda El Hoyo en el municipio de Barbosa.Las investigaciones de las autoridades indican que ‘Juan David’ lideraba todo un entramado que se encargaba de captar mujeres de escasos recursos, ya fuera de manera virtual o presencial en zonas como el Parque Lleras en Medellín, para mediante engaños y falsas promesas laborales llevarlas desde la capital antioqueña a ciudades como Atenas y Tesalónica en Grecia donde eran sometidas y obligadas a prostituirse.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que la investigación nació a partir de denuncias de víctimas rescatadas, quienes afirmaron que las empezaban a someter a tratos inhumanos, a tal punto de esclavizarlas para que prestaran servicios sexuales con más de 30 hombres al día, incluso si tenían necesidades fisiológicas."La investigación nació a partir de la denuncia de varias víctimas, quienes fueron rescatadas de clubes nocturnos. Les hacían falsas promesas de empleo en el exterior principalmente en Grecia y una vez fuera del país, las víctimas eran despojadas de sus documentos personales y eran notificadas de deudas que superaban los 3.600 euros con la organización criminal", destacó el uniformado.Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien envió a alias 'Juan David' y a una de las mujeres a diferentes centros carcelarios con medidas de aseguramiento privativas de la libertad y a la otra la cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria.La Fiscalía les imputó cargos a cada uno de los capturados con relación a su responsabilidad, por los delitos de trata de personas agravada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Una grave alerta emitió desde Cartagena la procuradora general Margarita Cabello, quien reveló que entre 2020 y 2023 en el país se ha registrado un aumento hasta del 400% en los casos de trata de personas en menores de edad.Según reveló la jefa del Ministerio Público en su intervención en la cumbre en contra de la trata de personas que realiza la Alcaldía de Cartagena, aunque en el país aún hay subregistro en los casos, han podido documentar entre esos años 709 casos de trata.“Sabemos que esa cifra no refleja la magnitud real del problema y tenemos información que el aumento es del 400% en los casos entre menores de 12 y 17 años en los últimos años. Minería iglesia, grupos ilegal, migración, son carne fresca para este aterrador delito”, dijo.La procuradora, además, señaló una conexión de la ocurrencia de este delito con las regiones donde se presenta minería ilegal y la presencia grupos al margen de la ley.“Regiones como La Guajira, el Tapón del Darién y todas esas zonas fronterizas están claramente identificadas como focos críticos donde la pobreza, la migración irregular y el conflicto social, son utilizados por los tratantes para atrapar a sus víctimas”.A su explicó que en el contexto de la migración masiva los riesgo se están multiplicando.“No es solo el Tapón del Darién, es San Andrés, es Cúcuta, es Guanía, es Buenaventura, es nuestra frontera con Ecuador. En el último año, la Procuraduría ha emitido seis informes preventivos en estas regiones detectando múltiples hallazgos relacionados con redes de trata que operan bajo ese manto del tráfico de migrantes. Es todo un negocio, algo en financiación y alto en ingreso, de mucho ingreso para los grupos armados ilegales al margen de la ley”, detalló.En medio de su intervención, la procuradora Cabello también hizo un fuerte llamado a las entidades del Estado a invertir más recursos en la atención de las víctimas, y en la prevención de este delito, del que dijo, no se puede dejar solo en manos de los organismos internacionales.“¿Dónde están los centros especializados?, ¿Dónde están los albergues seguros?, ¿Dónde está la asistencia psicológica, la asistencia jurídica?. Hemos ido mirando en todas las entidades públicas y falta mucha sensibilidad del servidor público y las entidades públicas para ponerse la mano en el corazón y decir, establézcanos y luchemos por la creación de albergues seguros. ¿Dónde están los trabajos de reintegración social?, darle a las víctimas acceso a educación, darles empleo y darles seguridad para no recaer en este tipo de delitos que afectan y golpean la dignidad humana. Ahí estamos como Procuraduría requiriendo, les molesta que molestemos”, sostuvo.La jefa del Ministerio Público enfatizó en que la erradicación de la trata requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional.
El panorama de trata de personas en Antioquia es crítico. Del total nacional que tiene una cifra de más de mil setecientos casos, según cifras del Ministerio del Interior, solo en el departamento hubo 222 casos de tratas de personas, siendo Medellín, el que reporta la mayor afectación por este delito.La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ha mencionado que una de las razones principales de la trata de personas son, en primer lugar la pobreza, donde el 22,6 % de la población en Medellín sufre de pobreza monetaria y el 5,1 % de pobreza montería en un nivel extremo. Además, Medellín reporta este 2024, unas cifras de autores o indicadores implicados en estos delitos, de 320 casos, lo que representa el 69 % sobre el total departamental.En el caso de autores de trata de personas y migrantes, Urabá es una de las subregiones más afectadas, pues del 2005 al 2024, municipios como Turbo tuvieron el 6,6 % sobre del total departamental, además, los números de indiciados (autores) en Antioquia, son de 465, lo que representa el 1.3 % del total nacional. Desde la OIM, mencionaron que se vienen adelantando acciones contra este tipo de delitos, tales como la creación de la app Libertapp que busca consolidar la denuncia y el reporte de la comunidad sobre estos casos.Por último, en lo corrido del 2024, la OIM ha identificado y asistido a 288 personas, de las cuales 120 corresponden a víctimas directas y 168 víctimas indirectas. El 40 % de nacionalidad colombiana, de los 120 casos de víctimas directas se podría decir que, en cuanto a la finalidad, el 60 % corresponde a explotación sexual, 20 % a trabajo forzoso, 10 % a servidumbre, 5 % a mendicidad ajena y 5 % a matrimonio servil.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional de España, la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia, con la colaboración de Interpol, fueron rescatadas 18 mujeres colombianas que eran víctimas de trata y explotación sexual en España. La operación se llevó a cabo en las localidades de Almendralejo y Arrecife, donde se capturaron a 18 personas, seis de las cuales ya han ingresado en prisión.Estas mujeres fueron captadas en Colombia con falsas promesas de una vida mejor en España. Sin embargo, una vez llegaron al país, se les retiró su documentación personal y se les exigió pagar una deuda de hasta 3.400 euros para recuperarla.La investigación comenzó gracias a la colaboración de una de las víctimas con la Policía, lo que permitió desmantelar una organización criminal liderada por una familia que operaba en Badajoz y Lanzarote. Esta organización aprovechaba la vulnerabilidad de mujeres con escasos recursos y les ofrecía una vida mejor en España, solo para obligarlas a ejercer la prostitución sin descanso.Las víctimas eran trasladadas en avión, haciéndolas pasar por turistas, y se les imponían condiciones extremas, como estar disponibles 24 horas, con solo una o dos horas libres al día. Si no cumplían, eran penalizadas económicamente y obligadas a ofrecer drogas a los clientes.
La Fiscalía del estado de Veracruz confirmó la captura de un hombre conocido como Julio César, quien también estaría involucrado en el caso de las 6 jóvenes colombianas de Cúcuta, Pereira, Bogotá y Medellín, que fueron llevadas a México con engaños sobre propuestas laborales como modelos que finalmente terminaron en una red de trata de personas. Esta es la segunda captura que se da luego del avance en las investigaciones por parte de las autoridades internacionales tras el rescate de las mujeres. La primera capturada fue Yésica Anahí Ramírez Marín, alias 'Lilith', que fue la responsable de reclutar a las jóvenes en Colombia, la mujer también era la encargada de comunicarse con los familiares de las mujeres cuyas edades oscilan entre los 20 y 25 años para extorsionarlos pidiéndoles altas sumas de dinero por su supuesta liberación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que la lucha contra estas redes de tráfico de personas debe continuar y que también ya avanzan las investigaciones para dar con los que lideran estas redes desde Colombia, esto de la mano con el trabajo que se avanza en la ciudad para eliminar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.Este nuevo capturado está siendo investigado por el delito de trata de personas y su presunta responsabilidad en este caso, por lo pronto, las autoridades no han revelado el rol que este hombre tenía en esa organización.
La Fiscalía General del estado de Veracruz confirmó que capturó a Yesica Anahí Ramírez, también conocida como ‘Lilith’, por su presunta implicación en el secuestro y trata de seis mujeres colombianas que llegaron a México bajo falsas promesas de trabajo.Y es que las familias, por ejemplo de las dos jóvenes de Medellín, habían identificado a esta mujer, que sería la pieza clave, pues las habría buscado para hacerles ofertas de trabajo para modelaje en ese país, además de que, incluso, las esperó en Migración el día que cada una de ellas viajó a allí. Así lo relató Duván Paneso, hermano de Derlys Dayana Paneso."La contactan y le ofrecen un empleo, supuestamente para modelaje, en México para eventos. Y entonces ya la conversación con mi hermana era muy poca", dijo Paneso.Kelly Giraldo, hermana de la otra mujer paisa que también vivió este flagelo, narró que el sábado 27 de septiembre ‘Lilith’ manifestó a los familiares que las mujeres estaban secuestradas y que pedían una alta suma de dinero por su rescate, pero luego de ello, dejó de responder sus mensajes. Las sospechas comenzaron a recaer sobre esta mujer, pues manifestó que no se hacía responsable por lo que le ocurriera a ninguna de las víctimas.Según contaron los parientes de las mujeres que cayeron en esta red de trata de personas, Yesica fue quien les retuvo los pasaportes y les exigió altas sumas de dinero por los tiquetes aéreos, hospedaje y comida."No les quieren entregar el pasaporte, ya que hasta que ella no les pagaba la plata que ella se invirtió en ellas tanto en pasajes, hospedajes, comida y muchas cosas más, entonces ella es la responsable totalmente de la desaparición de las muchachas, tampoco nos quiere dar información de dónde están, quién las tiene, nada de eso", detalló Giraldo.La familiar manifestó, además, que la ahora capturada les advirtió que no podían dar aviso a las autoridades, que no publicaran su desaparición en redes sociales porque harían más grave la situación. De hecho, así quedó grabado en una llamada a uno de los familiares, donde se hizo pasar por una integrante de las autoridades mexicanas, material que también sería tenido en cuenta en esta investigación."Yo sé que en grupos han estado hablando, han estado diciendo y todo. Ustedes, por favor, no publiquen en redes sociales que las buscan o que publiquen en grupos. Lo único que yo necesito es que, por favor, pidas que borren todo reporte, toda foto, todo, todo, todo de ella, hasta que aparezca con vida", se escucha en la grabación.Mientras que la mujer capturada en México será presentada ante el juez para determinar su situación legal y enfrentará graves cargos por su presunta participación en el reclutamiento de las seis mujeres colombianas, aún no se sabe cuándo regresarán al país y si todas lo harán.
