El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín confirmó que el próximo 25 de febrero a la 1:30 p. m. se llevará a cabo una audiencia de cumplimiento entre el abogado que interpuso una acción popular y representantes de la alcaldía de Medellín, Concejo de Medellín y EPM, ¿el motivo? Posibles irregularidades en la enajenación de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en Tigo-UNE.Hay que recordar que hace algunos meses el mismo Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín aceptó la acción popular con la que se busca frenar la venta de las acciones, según el abogado Esteban Manco, porque la decisión se tomó a pesar de que los concejales de la capital antioqueña debían conocer el valor de las acciones a la hora de votar por la enajenación.Precisamente, lo que se alega en la acción popular es que los concejales de Medellín realizaron todo el proceso sin saber el valor que tenía cada acción de EPM en Tigo-UNE, en un hecho que argumenta el abogado debía ser suficiente para que el sufragio no se realizara. Manco explicó por qué se busca suspender el polémico proceso."No cumplieron el procedimiento de enajenación o venta estipulado en la ley, la cual consagra un deber del secretario de Hacienda de enviar al Concejo Distrital el avalúo preliminar de las acciones o de la participación accionaria de EPM", insistió el abogado.Sobre esta problemática en su momento EPM insistió que no se debía dar a conocer el avaluó, ya que esto obedecería a los casos en que el municipio o entidad territorial sea el propietario directo de las participaciones que se quieran vender. No obstante, el proceso habría seguido porque en su defecto quien tomó la decisión fue el Concejo de Medellín, una entidad territorial.Finalmente, en el documento donde se confirma la fecha de la audiencia se afirmar que, "se previene a las partes y demás personas que interviene en esta acción sobre el deber que tiene de comparecer e intervenir en la audiencia so pena de las sanciones establecidas".
El Ministerio de Trabajo anunció el inicio de un proceso administrativo para estudiar la petición de despido masivo en Tigo-Une.La entidad confirmó que Tigo-Une pretende despedir a 81 de sus 745 trabajadores, es decir, al 10.8 % del total, y por eso en las últimas horas la compañía le hizo una solicitud de despido masivo al Ministerio del Trabajo.En el proceso administrativo se va a determinar si se le da vía libre al despido o no.Inicialmente, se verificará el cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud y en caso de que se reúnan, se continuará con las distintas etapas que involucran el decreto y la práctica de pruebas a través de las cuales la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Trabajo, "Se hace un criterio suficientemente informado que le permite tomar la decisión que corresponda".Garantizar el debido proceso a trabajadores de Tigo-UneDicen desde el Gobierno nacional que aquí van a garantizar el debido proceso y los derechos de los trabajadores."El papel del ministerio en estos casos es ser garante de los derechos laborales y en estas situaciones es importante activar los escenarios de diálogo social para la resolución de los conflictos laborales que puedan permitir una solución más armónica a partir de acuerdos que generen la menor afectación posible, es lo que está diciendo en este momento el Ministerio del Trabajo", señaló la entidad.¿Qué se debe cumplir para un despido masivo?Cuando una empresa planea realizar un despido colectivo, debe obtener autorización previa del Ministerio del Trabajo, según lo estipulado en el artículo 57 de la Ley 50 de 1990.La solicitud debe incluir:Una explicación detallada de los motivos detrás del despido colectivo.Las justificaciones correspondientes que respalden la necesidad de esta medida.Una notificación por escrito a los empleados afectados, informándoles sobre la solicitud presentada al Ministerio.
Tigo-Une solicitó este 7 de enero, ante el Ministerio del Trabajo, la autorización de despido colectivo de un grupo de trabajadores "por razones técnicas, operativas y financieras".La compañía de telecomunicaciones informó que la decisión obedece también "al resultado de un análisis estructural para responder a los desafíos económicos de la industria y la gestión eficiente de la sostenibilidad operativa de la compañía”, según se puede leer en la información relevante ante la Superintendencia Financiera.En la red social X circula una carta enviada a los trabajadores afectados con la medida, en la que se indica que fue radicada la mencionada solicitud ante el MinTrabajo por los "cambios de los que constantemente es objeto la industria de las telecomunicaciones, transformaciones que resultan indispensables para adaptar la compañía a la nueva realidad haciendo el negocio sostenible y viable"."Nos lleva a la necesidad de reducir nuestra operación y, por lo tanto, a requerir menos personal de aquel con el que contamos actualmente", se lee en la comunicación.Vale la pena mencionar que todo esto ocurre mientras sigue su curso la venta que autorizó el Concejo de Medellín a EPM para que oferte su participación accionaria del 50 % más uno en esta compañía de telecomunicaciones.Aunque esto se dio en agosto del 2024, tardará por lo menos 18 meses y según detalló EPM se prevé que la primera fase de ejecute en abril de este año, entre julio y septiembre se adelantaría la fase de oferta del público en general, en la que cualquiera puede comprar incluido el mismo Millicom y posteriormente ya siguen derechos de preferencia y la posibilidad de vender conjuntamente toda la empresa.Por lo pronto, en la información relevante ante la Superintendencia Financiera se señala que el resultado de esta solicitud se informará al mercado oportunamente.
Radicarán acción popular contra el Distrito de Medellín, el Concejo Distrital y EPM, tras la aprobación de la posibilidad de que la empresa paisa venda su participación accionaria en Tigo UNE. También pretenden que se apruebe una medida cautelar que frene, de momento, el proceso de venta de estas acciones en el mercado.Esteban Manco, magíster en Derecho Político y docente universitario, manifestó a Blu Radio, como abogado de este caso, que no se cumplió el procedimiento mediante el cual la Secretaría de Hacienda debía enviar a los concejales el avalúo preliminar de las acciones o de la participación accionaria de EPM en UNE, por lo que ello vicia el acuerdo 012 del 2024.“No cumplieron el procedimiento de enajenación 90 estipulado en la ley 226 de 1995 especialmente el artículo ocho, el cual consagra un deber del secretario de Hacienda de enviar al Concejo Distrital el avalúo preliminar de las acciones o de la participación accionaria de EPM”, aseguró.Según Manco, el avalúo preliminar de las acciones de Tigo UNE y de Invertelco se dieron a conocer por “una declaración política del alcalde Federico Gutiérrez”, de 1.6 billones de pesos, lo que se considera como un valor que no tiene sustento técnico ni económico y que afectan el patrimonio público, si se tienen en cuenta que en la administración anterior, una firma brasileña las estimó en entre 2,3 a 2,8 billones de pesos. Por ello, la acción popular además solicita una medida cautelar que de momento podría ordenar la suspensión de esta venta, mientras se decide el fondo del asunto, lo que pondría en riesgo el normal desarrollo de la venta de estas acciones en el mercado.El abogado manifestó que, de momento, llama la atención la respuesta que dio EPM, ante una solicitud de información que debe hacer como formalismo antes de radicarse la acción popular, pues allí admiten no haber enviado este avalúo previamente, además de que explican de dónde surge el valor de los 1.6 billones de pesos mencionado por Gutiérrez.“Sorprende, por ejemplo, de EPM, que aduce que ese valor de 1, 6 billones era el valor de los libros contables y ese valor no es un avalúo preliminar de estas acciones en el mercado.Vale la pena mencionar que EPM había indicado, a través de su gerente el pasado 12 de septiembre, que el avalúo de las acciones ya la está adelantando una firma, sin especificar cuál ni cuánto tardaría este proceso.
María Paulina Aguinaga, exconcejal de Medellín y experta en finanzas y economía, ha hecho un seguimiento detallado de las inversiones y decisiones tomadas en EPM a lo largo de los años. En una entrevista para Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Aguinaga explicó los errores históricos en las inversiones de EPM, destacando la fusión realizada en el año 2014 como uno de ellos. "Hoy estamos pagando las consecuencias de habernos juntado con ese mal socio", afirma. Aguinaga también aborda el tema de la enajenación de la participación de la Alcaldía de Medellín en Tigo Une. Señala que el peor momento para vender la empresa fue escogido, ya que ha perdido mucho valor en los últimos tiempos. Además, critica que el Concejo haya aprobado la venta sin tener una valoración actualizada de la empresa y sin especificar la destinación de los recursos. "El Concejo le dio un cheque en blanco a la Alcaldía sin exigir ninguna garantía", sostiene. En cuanto a la propuesta de vender la empresa en el presente, Aguinaga expresa su preocupación por las malas condiciones del mercado y la incertidumbre de que la empresa pueda ser vendida por un precio muy bajo en un futuro cercano. En relación al control de la empresa, Aguinaga mencionó que la Alcaldía de Medellín no tiene el control de EPM, sino que es Millicom quien lo tiene. También destacó la cláusula de protección del patrimonio público y los trámites que deben cumplirse para la venta de las acciones. Escuche la entrevista completa aquí:
El Concejo de Medellín dio luz verde, finalmente, para la venta o, como lo llaman, enajenación de acciones de EPM en Tigo-Une, un negocio que el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) quiere que sea de Millicom, es decir, que este las compre. Con esta aprobación, se da inicio al proceso que podría demorarse hasta dos años.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el gerente de EMP, Jhon Maya, recalcó que esto significa un acuerdo o negocio de gran magnitud, pues se estima que la valoración de la empresa ronda los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, explicó que su valor se ha visto afectado en los últimos años debido a varios factores, como el costo del capital y la pandemia del COVID-19.Pese a eso, espera que la venta de la participación en Tigo-UNE permita a EPM obtener unos recursos significativos. En ese sentido, cuando se le preguntó sobre el comprador natural, Maya mencionó a Millicom como un gran jugador en el mercado de las telecomunicaciones y señaló que su interés en adquirir las acciones de Tigo podría beneficiar a la competencia en Colombia.“Eso sería lo ideal y voy a decir por qué es esto. Porque en este mundo de las telecomunicaciones, en esta industria, estoy muy convencido, si bien puede haber varias empresas que están en el medio, en el mercado, los grandes jugadores para hacer inversiones de esta magnitud son muy pocos. Entonces si Millicom, que es un gran jugador a nivel mundial, tiene apetito por comprar esas acciones, pues puede hacer competencia al otro, al otro jugador que hay en Colombia y que es muy fuerte, detalló.En cuanto al uso de los recursos obtenidos, destacó que EPM tiene planes claros para invertirlos en varios rubros, como becas, valorización de residuos sólidos, innovación, tecnología y mejora de la conectividad.Además, Maya afirmó que el precio de venta de la participación en Tigo-UNE no está fijo en 400 millones de dólares, sino que es una base de negociación y se espera que la valoración final sea mayor.Al ser cuestionado sobre las críticas a este proceso, el gerente de EPM defendió las decisiones tomadas y aseguró que se busca generar beneficios significativos para la ciudad de Medellín y para la empresa en el largo plazo.
La reciente aprobación del Concejo de Medellín para que Empresas Públicas de Medellín (EPM) proceda con la venta de su participación en Tigo-UNE marca el inicio de una potencial revolución en el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Esta decisión se da en el marco de un proceso que podría transformar significativamente el panorama del mercado.¿Qué viene para Tigo UNE?De acuerdo con la normativa, EPM debe ofrecer sus acciones primero a sectores solidarios. Si no se concreta una venta en este ámbito, las acciones podrán ser ofrecidas a grandes inversionistas. Millicom, que controla Tigo-UNE, tiene el derecho de preferencia para adquirir estas acciones. Este derecho le da una ventaja significativa en el proceso de adquisición.El proceso de venta podría extenderse de uno a dos años o incluso más, dada la magnitud y complejidad de la transacción. En este contexto, Millicom ha manifestado un interés activo en adquirir la participación de EPM. Esto podría ser un paso crucial para Millicom, que no solo está enfocada en esta adquisición, sino que también está negociando con Telefónica y el gobierno colombiano para adquirir Movistar, otra importante empresa del sector en Colombia.La estrategia de Millicom se centra en fusionar Tigo con Movistar, creando un operador de gran envergadura que podría rivalizar con Claro, uno de los principales jugadores en el mercado de telefonía móvil. La fusión tiene el potencial de crear una entidad dominante en el sector, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la concentración del mercado. El presidente Gustavo Petro ha expresado sus reservas en redes sociales, cuestionando el impacto que esta concentración podría tener en la competencia y en los consumidores.Por otro lado, la determinación del precio de venta por parte de EPM es un factor crítico. Millicom ha estimado que la participación accionaria de EPM podría valer cerca de $400 millones. Este valor será clave para definir los términos finales de la transacción.Concejo de Medellín aprueba enajenación de acciones de EPMEn el segundo debate sobre la enajenación de las acciones de EPM en Tigo-UNE, el Concejo de Medellín aprobó el proceso con 16 votos a favor y 5 en contra. Con esta aprobación, la Junta Directiva de EPM será la encargada de llevar a cabo el procedimiento de venta. Según el gerente de EPM, John Maya, este proceso podría tardar hasta dos años en completarse, dada la complejidad y las negociaciones involucradas.Este proceso no solo tiene implicaciones para EPM y Tigo-UNE, sino que también podría reconfigurar el panorama de las telecomunicaciones en Colombia, afectando a los principales actores del mercado y a millones de usuarios en el país.
En el segundo debate para discutir la enajenación de las acciones de las Empresas Públicas de Medellín en Tigo-UNE, el Concejo de Medellín votó a favor de que se realice el proceso con 16 votos a favor y 5 en contra. Ahora será la Junta Directiva de EPM la encargada de realizar el procedimiento de enajenación que según el gerente, John Maya, podría demorarse hasta 2 años.Los concejales de votaron a favor fueron: Alejandro de Bedout, Andrés Rodríguez, Andrés Felipe Tobón, Carlos Alberto Gutiérrez, Claudia Carrasquilla, Damián Pérez, Juan Carlos de la Cuesta, Leticia Orrego, Luis Guillermo Vélez, Paulina Suárez, Miguel Iguarán Osorio, Santiago Narváez, Santiago Perdomo, Sebastián López, Janeth Hurtado y Alejandro Arias García. Mientras que los votos en contra fueron los de: Juan Carlos Upegui, José Luis Marín, Farley Macías, Juan Ramón Jiménez y Brisvani Arenas.Con la aprobación del Concejo de Medellín, el Proyecto de Acuerdo 12 de 2024 será trasladado para sanción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y posterior publicación en la Gaceta Oficial del Distrito. Una vez se surta este trámite se comenzará con la ejecución de dos etapas para lograr la enajenación y que podría demorarse hasta 18 meses.Además, uno de los temas que más preocupaba a los concejales que votaron negativo era el precio de esas acciones, por ello EPM explicó que el valor de venta base de las acciones se sustentará en un estudio técnico que harán acompañados de diferentes asesores independientes.Según Empresas Públicas de Medellín este análisis, que considerará el valor de la inversión de EPM en ambas compañías, será el insumo principal para que la Junta Directiva de EPM decida el precio de venta base de sus acciones en Tigo-UNE.
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por las recientes decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Gutiérrez planteó un paralelismo inquietante entre lo que, según él, está ocurriendo en ISA y lo que sucedió anteriormente con Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país.Según el mandatario local, existe un patrón de intervención estatal que podría tener consecuencias negativas para el futuro energético y financiero de Colombia.Nombramiento de Jorge Carrillo en ISAUno de los puntos más controversiales mencionados por Gutiérrez es la reciente elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, una decisión que fue respaldada mayoritariamente por los representantes del Gobierno nacional en la junta directiva de la empresa."Nuestro delegado, Carlos Raúl Yepes, votó en contra de ese nombramiento", afirmó Gutiérrez, quien agregó que la oposición no solo provino de su lado, sino también de otros tres integrantes de la junta.Esta postura se fundamenta en la preocupación sobre el historial de Carrillo y su relación cercana con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien Gutiérrez ha criticado duramente.Gutiérrez expresó que Carrillo y sus aliados dejaron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) en una situación financiera delicada, con un déficit de 5 billones de pesos, y enredados en un escándalo de presunta corrupción relacionado con la filial Afinia.Dudas sobre el proceso de selección de CarrilloUno de los aspectos que más inquietan a Gutiérrez y a EPM es la falta de claridad sobre cómo Jorge Carrillo llegó a ser candidato para la presidencia de ISA."Nos preguntamos si realmente pasó por todos los filtros necesarios", afirmó el alcalde, refiriéndose a una carta enviada por John Maya, gerente de EPM, en la que se solicita a ISA que explique el proceso de selección. Esta incertidumbre ha llevado a Gutiérrez a cuestionar las verdaderas intenciones del Gobierno nacional, sugiriendo que podría estar utilizando a ISA de manera similar a cómo ha manejado Ecopetrol.La sombra de Ecopetrol y la estrategia del GobiernoFederico Gutiérrez no se quedó corto en sus críticas al comparar la situación de ISA con la de Ecopetrol e insinuó que el Gobierno podría estar intentando replicar un modelo de control estatal que, a su juicio, ha sido perjudicial para la compañía petrolera.“¿Quieren hacer lo mismo en ISA del desastre que están generando hoy en Ecopetrol?", preguntó retóricamente el alcalde, dejando entrever su temor de que la intervención del gobierno en estas empresas estratégicas podría no estar motivada por el bien común, sino por intereses políticos. Gutiérrez fue enfático en la necesidad de que el Gobierno proponga un líder para ISA que no esté involucrado en controversias, uno que pueda generar confianza en todos los sectores."Propongan un nombre que deje tranquilo al país", instó el alcalde, haciendo eco de la preocupación generalizada sobre la transparencia y la idoneidad en la gestión de los activos estratégicos del país.¿Dónde trabaja la hermana de Federico Gutiérrez?El debate sobre ISA también se ha visto envuelto en acusaciones de conflicto de intereses. El presidente Petro y su predecesor en la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, han sugerido que Gutiérrez no debería opinar sobre el tema debido a que su hermana, Catalina Gutiérrez Zuluaga, trabaja en una filial de ISA. Sin embargo, Gutiérrez desmintió estas acusaciones, aclarando que su hermana no tiene ninguna injerencia en los asuntos que él critica."No hay inhabilidad alguna, no hay motivo por el cual yo me tenga que quedar callado", aseveró.El alcalde denunció que estos señalamientos son una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas problemáticas que afectan a ISA y a otras empresas públicas. Según Gutiérrez, su voz crítica pone en riesgo las "pretensiones" del gobierno de controlar estas empresas, lo cual, a su juicio, explica los ataques en su contra.
En medio de la discusión y confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez por Tigo UNE, el secretario de Transparencia de la Presidencia, le solicitó a las Superintendencias de Comercio y Sociedades, claridad sobre la venta de activos estratégicos de la compañía de telecomunicaciones.Mientras que pasó el primer debate en el Concejo de Medellín, sin problemas, con una mayoría casi absoluta de seis votos a favor y uno en contra, que generó recordemos que se generar una discusión en X entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, debido a que el proyecto de acuerdo que busca autorizar a la Junta Directiva de EPM para enajenar las acciones que tienen en Tigo-Une.El presidente Petro aseguró que la decisión se trataba de la dilución del patrimonio público y que antes que salir de esta posibilidad se debería pensar en una fusión de compañías públicas nacionales de la industria como ETB y Emcali para fortalecer estos servicios en Colombia.Federico Gutiérrez, quien en un extenso mensaje además de volver a exponer la razones para la venta de las acciones aprovechó para cuestionar el cuidado del patrimonio público por parte del presidente mencionando escándalos de corrupción como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero además lo que ahora viene pasando en ISA.Ahora, se ha conocido que el secretario de transparencia, Andrés Ibarra Franco, le solicitó a las Superintendencias de Industria y Comercio y además a la Sociedades, que investigue cómo se adelanto el negocio entre Tigo Une y la empresa Towernex Colombia SAS, por presuntas prácticas que atentan contra el cumplimiento de la protección del patrimonio social de las empresas señaladas, debido a que se trata de la venta de activos estratégicos del patrimonio pasivo de Tigo UNE, que según se ha conocido se trata de torres, un negoció que se cerró el pasado mes de enero de este año, con la venta de 1.132 antenas por 76 millones de dólares, al parecer, según el ex alcalde Daniel Quintero y algunos sindicatos de la empresa, se habrían vendido a la mitad del precio del mercado.Además, el secretario Idárraga insistió en que se debe investigar la participación de las compañías KKR y Álamo Spainco S.L, en el mercado de telecomunicaciones relacionados con sus recientes operaciones financieras y corporativas que podrían haber comprometido el patrimonio público de Tigo-UNE, debido a las dudas que deja esta operación por el posible incumplimiento normativo (Ley 222 de 1995) y eventual inobservancia del principio de transparencia en la actuación de las sociedades implicadas.Por último, el secretario de Transparencia, aseguró que esta petición es para que las autoridades evalúen la situación administrativa, contable, económica y jurídica de Tigo UNE, antes y después de la venta de sus activos estratégicos, del patrimonio pasivo, que se discute en el Concejo de Medellín.El primero en celebrar la solicitud del Gobierno Nacional, fue exalcalde Daniel Quintero:También, se debe recordar que la iniciativa de venta de acciones de parte del alcalde Gutiérrez se da por la situación económica de la empresa donde se tuvo el año pasado pérdidas por 2,3 billones de pesos y se tuvo un deterioro de las acciones de 1,3 billones de pesos.
