En una decisión controversial, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva Durán para ocupar cargos públicos, señalando faltas graves en un proceso de licitación. Ernesto Espinosa, presidente de la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, defendió en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la decisión aludiendo a que la actuación de Leyva al declarar desierta la licitación de pasaportes, donde el único oferente cumplía con los requisitos, no se ajustó a los principios de contratación estatal establecidos en la ley.“La falta del excanciller no fue no adjudicarle a Thomas Greg, sino en la forma como declaró desierta la licitación”, precisó Espinosa.La decisión: "Un proceso autónomo de la Procuraduría"En respuesta a las declaraciones de Leyva, quien aseguró que la procuradora Margarita Cabello actuó con criterios políticos, Espinosa aclaró que la decisión fue tomada por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, integrada por tres delegados y en la que Cabello no intervino. Según el procurador Espinosa, la Cancillería había definido previamente un conjunto de reglas para la licitación, las cuales fueron cumplidas por el único oferente, la empresa Thomas Greg & Sons. Sin embargo, Leyva optó por declarar desierta la licitación argumentando irregularidades en el proceso, pero, para la Procuraduría, sus razones no estaban debidamente justificadas según la normativa.“El ministro reasume la dirección de la actividad contractual y declara desierta la licitación sin un fundamento que cumpliera con los presupuestos legales”, explicó Espinosa.La falta de adjudicación como causal de destituciónUno de los puntos cruciales del fallo fue la presunta falta de justificación de Leyva para declarar desierta la licitación, un proceso en el cual, según la ley colombiana, si un único oferente cumple con los requisitos, se le debe adjudicar el contrato. Espinosa insistió en que, al existir un solo proponente que cumplía con los requisitos, Leyva estaba en la obligación de asignar el contrato.“La norma no dice que se puede adjudicar, dice que se debe adjudicar si cumple con los requisitos”, subrayó Espinosa.Este incumplimiento llevó a que la Procuraduría calificara la falta de Leyva como “gravísima”, ya que, de acuerdo con Espinosa, “participó en la actividad contractual desconociendo los principios que rigen la contratación estatal en Colombia”. La ley, explicó, determina qué conductas se consideran gravísimas en el ámbito disciplinario, y la Sala de Juzgamiento determinó que el comportamiento de Leyva encajaba en esa clasificación.¿Corrupción o errores de planeación?El argumento de Leyva de que los pliegos de la licitación estaban amañados a favor de Thomas Greg & Sons fue otro tema de discusión en la entrevista. Espinosa señaló que en la investigación disciplinaria no se encontró evidencia de corrupción. Según el procurador, aunque hubo deficiencias en la planeación del proceso, estas no se hicieron con el fin de favorecer a un proponente en particular.“No se probó corrupción, quedó en el mundo de la especulación”, puntualizó Espinosa.Espinosa explicó que, a pesar de que Leyva y su defensa insistieron en la existencia de irregularidades en los pliegos de la licitación, los testimonios de los funcionarios de la Cancillería que participaron en la elaboración del proceso no corroboraron esta teoría. Así, la Procuraduría concluyó que no había elementos suficientes para respaldar la acusación de corrupción.La decisión de la Procuraduría no está exenta de críticas. Leyva argumentó que el organismo no tiene la facultad de cuestionar la legalidad de sus decisiones administrativas y que esta competencia corresponde exclusivamente a un juez administrativo. Sin embargo, Espinosa aclaró que la Procuraduría no está declarando la ilegalidad del acto administrativo de declarar desierta la licitación, sino que cuestiona la responsabilidad disciplinaria de Leyva en ese acto.“No estamos diciendo que el decreto es ilegal; estamos diciendo que incurrió en falta disciplinaria porque declaró desierta la licitación sin justificar en debida forma sus razones”, aseguró Espinosa.Esta decisión de la Procuraduría podría tener implicaciones significativas en otros procesos legales. Por un lado, Thomas Greg & Sons mantiene una demanda contra el Estado colombiano por la anulación de la licitación, un caso que podría enfrentar al gobierno a nuevas responsabilidades legales y financieras. No obstante, Espinosa enfatizó que la decisión tomada en el proceso disciplinario es independiente de los litigios en la jurisdicción contenciosa administrativa.Leyva ha anunciado que apelará la sanción, y el caso será revisado en segunda instancia por el despacho de la procuradora. En ese escenario, se evaluarán nuevamente los argumentos de su defensa, que sostienen que la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación estaba justificada por un intento de preservar la moralidad pública y evitar posibles actos de corrupción en la adjudicación.
Hoy, martes 12 de noviembre, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo la lectura del fallo en el juicio disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva Durán. La audiencia tendrá lugar en la Sala de Audiencias del cuarto piso de la torre A de la Procuraduría.El proceso disciplinario abierto contra Leyva se centra en las irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023. La diligencia, inicialmente programada para el 5 de noviembre, fue reprogramada a petición de la defensa.El 24 de enero, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Leyva Durán por sus actuaciones irregulares en la licitación del contrato para la expedición de pasaportes, lo que llevó a su suspensión del cargo. Nueve meses después, se conocerá la decisión final, que determinará si es absuelto o sancionado.>>> Lea también: Canciller por trámite de pasaporte: "Ya pueden agendar a cualquier hora del día"Durante el juicio, se escucharon varios testigos y se presentaron numerosas pruebas documentales que apuntan a la posible actuación irregular del exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro. Leyva, en su defensa, rindió versión libre de los hechos y justificó sus actuaciones.Siga en vivo la lectura del fallo contra Álvaro LeyvaLa Procuraduría formuló cargos contra Leyva por declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons, a pesar de las advertencias y observaciones. Esta decisión generó polémica y afectó la operación para la expedición de pasaportes, revelando improvisaciones en los planes de transición contractual del Gobierno Petro.La Procuraduría advirtió que Leyva incurrió en faltas disciplinarias gravísimas al declarar desierta la licitación sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, transgrediendo los principios de la contratación estatal. Leyva, por su parte, afirmó que actuó de buena fe y que sus resoluciones estuvieron motivadas conforme a la ley y la jurisprudencia, pensando en los derechos de los ciudadanos y aplicando principios de interés general, económico, transparencia y responsabilidad.
Luego de que la Secretaría de Transparencia considerara presentar una denuncia por posible incumplimiento de requisitos legales e intereses indebidos sobre este contrato. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que fue la Procuraduría, quien estuvo vigilando todo este proceso e incluso llegaron a la conclusión de que dichos señalamientos no tienen fundamento.“La Procuraduría estuvo en el proceso de la convocatoria y estuvo incluso acompañando y haciendo verificación(…) el procurador delegado dijo claramente que luego de revisado los documentos del proceso no se encontraron riesgos que dieran lugar a observaciones", aseguró.Dichas declaraciones se dieron dentro la VI Asamblea General de la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales (A-WEB), que se realiza en la capital del país, donde Colombia asumió la presidencia de este organismo de carácter mundial dedicado a la gestión electoral que reúne 121 organismos electorales de cinco continentes.Dentro de este marco, Penagos también envió mensaje al secretario Andrés Idárraga “los funcionarios públicos responden ante los órganos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario de un Gobierno no puede sentenciar quién comente actos legales o ilegales”.Además, añadió que no es justo que se cuestione a una entidad que viene trabajando con juicio, pero que, según él, además tiene que ser sustento de la democracia.En cuanto a las elecciones del año 2026 aseguró que el proceso se debe organizar con antelación teniendo en cuenta que el panorama de seguridad en Colombia siempre ha sido complejo “eso es lo que queremos, que sea el Gobierno y la fuerza pública los que nos vayan identificando los lugares en los que tenemos que prender las alarmas”. Por último, hizo énfasis en que no se puede tener ninguna duda de la integridad de este proceso electoral. "Vamos a publicar todas las actas electorales. Todos los documentos serán de acceso de todos los ciudadanos. Vamos a estrenar un portal web para hacer seguimiento a detalle del calendario electoral. No podemos tener ninguna duda de la integridad del proceso electoral.Aclaró que espera que el Ministerio de Hacienda apropie los recursos de la Registraduría con celeridad una vez se expida el decreto. "La Registraduría deberá solicitar a Hacienda que apropie y autorice la utilización de los recursos. Si nos autorizan de manera rápida, vamos a tener un proceso amplio con el suficiente tiempo", indicó.
La Procuraduría General de la Nación desmintió al Gobierno Nacional por el polémico contrato entregado a la Unión Temporal Disproel, de la cual hace parte Thomas Greg, para manejar la logística de la elección a las Juntas Administradoras Locales (JAL) de 42 municipios y la votación para conformar dos Áreas Metropolitanas. Según el ente de control, el convenio de 41 mil millones de pesos entre esa entidad y la Registraduría se realizó bajo los términos correctos.En primer lugar, es necesario recordar que fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien pidió al registrador, Hernán Penagos, suspender el contrato porque, según la denuncia, se habían identificado “posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección”. Además, el secretario Idárraga aseguró incluso que la Procuraduría no cumplió con la ley y, por el contrario, sirvió de garante de los negocios privados. “Fueron a lavarle la cara al registrador, abandonando el ejercicio de sus funciones”, afirmó Idárraga.Frente a esto, desde el Ministerio Público aseguraron que ejercieron vigilancia sobre el proceso de selección No SA 06 de 2024, solicitado por la Registraduría, y no encontraron riesgos en los documentos revisados. “Participamos en la audiencia de divulgación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta, convocada públicamente a través del Secop. Durante la audiencia, ni la Secretaría de Transparencia ni ninguna entidad, veeduría o ciudadano intervino para hacer pronunciamientos o reparos sobre el procedimiento y la decisión de la Registraduría”, informó el ente de control.Bajo dicho panorama, la Procuraduría reitera que, en su momento, no hubo ningún acto irregular dentro del convenio. De igual forma, cabe recordar que Thomas Greg ha sido contratada por la Registraduría desde 2010 y ha ganado prácticamente todas las convocatorias para la logística de las elecciones sin contar con competidores.
Pese los reparos del Gobierno nacional, la Registraduría adjudicó el contrato por $41.000 millones para la logística preelectoral de dos elecciones atípicas que se realizarán en noviembre a la Unión Temporal DISPROEL de la que hace parte Thomas Greg & Sons. La Secretaria de Transparencia había pedido suspender la licitación apelando falta de objetividad y supuestos conflictos de interés, pero con esta decisión, endurecen esa postura. Blu Radio conversó con el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, quien anunció que alista una denuncia penal contra el registrador Hernán Penagos."La procedencia, una denuncia penal por la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Adicionalmente, vamos a solicitar investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de los principios de contratación estatal establecidos en la ley ochenta. Vamos a solicitarle una auditoría a la Contraloría General de la República por la estimación de los valores en el análisis del sector, que en nuestra consideración carecen en el proceso", dijo.Los requisitos que dice que no se cumplieron son el deber de selección objetiva y los principios de economía y transparencia en la contratación pública. Cabe mencionar que la procuraduría acompañó este proceso e incluso las condiciones fueron modificadas para que pudieran participar también empresas extranjeras y aun así solo se presentó disproel, que cumplió con las pruebas técnicas, jurídicas y financieras e incluso sacó un puntaje de 100 puntos según el Comité Evaluador.Sin embargo, el secretario de transparencia dice que el pliego de condiciones fue hecho para un único oferente y también cuestionó a la Procuraduría."Fue a la hora de la cara del señor registrador. Nosotros nos parece muy desafortunado que la Procuraduría no vaya a garantizar el cumplimiento de la ley, la ejecución transparente de los recursos públicos y vaya a legitimar un negocio que alertamos, reitero, con debida antelación", agregó Idarraga. Por ahora, la Registraduría no se ha pronunciado.Este es el contrato
Pese las críticas del presidente Gustavo Petro y las cartas enviadas por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en las que denunciaban que no habían garantías ni pluralidad en los oferentes; en la mañana de este viernes, 18 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el contrato por $41.000 millones de pesos para la realización de dos procesos electorales el 17 y el 24 de noviembre próximos a la Unión Temporal DISPROEL 2024 conformada por el Grupo ASD, Thomas Greg & Sons y la compañía colombiana de seguridad Transbank.La convocatoria pública del contrato que tiene por objeto “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL), y las Consultas Populares para la conformación del área metropolitana del Suroccidente de Colombia, y el área metropolitana Piedemonte Amazónico”, tuvo varias modificaciones hechas por el registrador nacional Hernán Penagos buscando flexibilizar los requisitos y ampliar la posibilidad de presentación de más ofertas por parte de empresas nacionales e internacionales; al final sólo se presentó el consorcio al que fue adjudicado el contrato.Para la realización de la audiencia de adjudicación, el registrador Penagos insistió en garantizar la transparencia del proceso y para ello tuvo presencia un delegado de la Procuraduría General de la Nación.
Un nuevo pulso entre el Gobierno nacional y Thomas Greg and Sons, esta vez por la licitación de un contrato por 41.000 millones de pesos que tiene que ver con procesos electorales y que se ganaría esta compañía al ser única oferente. La Secretaria de Transparencia de Presidencia ha cuestionado a la registradores por supuestos conflictos de interés y falta de objetividad en este proceso. Blu Radio conversó con el secretario Andrés Idarraga, quien anunció que en caso de que Thomas Greg se quede con el contrato tomaría acciones legales.“Pues estamos esperando las respuestas aún del señor registrador. Dos, dependiendo de ellas, pues, procederemos a actuar o no, y esa actuación podrá llevar desde una denuncia penal en la Fiscalía por algún delito asociado a presunto incumplimiento de requisitos legales, un interés indebido a la celebración de contratos, o algo que conlleve una posible lesión a los intereses públicos, esto es, delitos contra la administración del Estado, establecidos en el Código Penal”, dijo.Advirtió que Sintrareginal, el sindicato de la Registraduría, ha calificado como injerencias indebidas del Gobierno a la independencia de la entidad electoral.Según fuentes cercanas a la Registraduría, este proceso sigue su curso a pesar de que la secretaría le pidió al registrador suspenderlo. Este jueves se cierra el proceso de este contrato para la logística de las elecciones de juntas administradoras locales en más de 40 municipios, que se realizarán el próximo 17 de noviembre.El secretario de Transparencia señaló que le pondrían la lupa a los procesos licitatorios que puedan abrirse de cara a las elecciones de 2026 y en los que esté involucrado Thomas Greg and Sons, empresa que ha sido criticada por el presidente Gustavo Petro.
Aunque el Gobierno nacional ha llegado recientemente a acuerdos con Thomas Greg and Sons, la empresa encargada ahora de la impresión y personalización de los pasaportes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en cabeza de Andrés Idárraga, pidió al registrador suspender una audiencia que se realizaría este martes 8 de octubre, para adjudicar un contrato por más de 41.000 millones para la solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales.Según Andrés Idárraga, identificaron algo similar a lo que ocurría con la licitación de pasaportes según el Gobierno y es la falta de pluralidad en los oferentes y las condiciones para beneficiar a uno solo, dice la Secretaría de Transparencia que uno de estos beneficiados sería Thomas Greg, la empresa que ha cuestionado el presidente Gustavo Petro por según el tener el control de los datos de los colombianos. En la denuncia también mencionan a Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S y Prosegur de Colombia S.A. entre otros.Cabe recordar que se trata de una convocatoria pública, no una contratación directa, y que para esta ocasión se abrió a proponentes nacionales e internacionales. Además, de que se exigen unas condiciones técnicas mínimas para procesos de este tipo.Entre los argumentos de la secretaria para afirmar esto se encuentra que los tiempos para la ejecución del contrato benefician solo a los oferentes que ya hayan desempeñado tareas relacionadas con el proceso electoral como parametrización del software, pruebas y aislamientos previos al escrutinio, y es que se da un plazo de solo dos meses previos a las elecciones, lo que según la secretaria no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad.Dice además que identificaron que la experiencia específica requerida podría cerrar las condiciones de acceso, ya que, al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría.Según aclaró Carvajal Tecnología y Servicios no participan en procesos electorales y que desde hace más de 3 años no intervienen en los procesos citados anteriormente.
Blu Radio conoció en primicia la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso entre Thomas Greg and Sons y el Estado colombiano. Ambas partes acordaron suspender la demanda por 117.000 millones de pesos, interpuesta por la empresa de pasaportes, hasta enero de 2025. Esta decisión fue comunicada oficialmente por el tribunal, pero está separada de los acuerdos sobre la impresión de pasaportes, que se lograron tras reuniones entre la Cancillería y Thomas Greg en la Procuraduría.El documento del tribunal indica: “Los suscritos, apoderados del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Unión Temporal Pasaportes 2023 (UT), solicitamos de común acuerdo la suspensión del proceso por un término de 60 días hábiles”. Este plazo inicial podría extenderse hasta el próximo año, en función de las negociaciones en curso.>>> Lea también: Cancillería entregó más dinero a Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportesLa continuidad de la impresión de pasaportes no está relacionada con esta suspensión judicial. En septiembre de 2024, la Cancillería y Thomas Greg llegaron a un acuerdo durante reuniones en la Procuraduría, mediante el cual la empresa seguirá produciendo pasaportes hasta septiembre de 2025. Este acuerdo busca evitar un colapso en el servicio mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores implementa un nuevo modelo de pasaporte.El conflicto entre Thomas Greg y el Gobierno se originó en 2023 cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la impresión de pasaportes, lo que motivó la demanda de la empresa. Sin embargo, el Gobierno, ante la urgencia de asegurar la continuidad del servicio, prorrogó el contrato de Thomas Greg bajo urgencia manifiesta hasta el 2 de octubre, y luego extendió el acuerdo hasta 2025.Cabe mencionar que el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con Portugal para la cooperación en la producción de pasaportes que influirá en el desarrollo del nuevo modelo que inicia el otro año. La suspensión por 60 días de mutuo acuerdo terminará el próximo 25 de enero de 2025.
Mediante una respuesta a un derecho de petición enviado por Blu Radio, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó los detalles sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes y visados colombianos que comenzará a operar a partir del próximo 3 de octubre de 2024. Asimismo, entregó el convenio 006 de 2024 suscrito entre el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.En el documento, la Cancillería reitera que el proceso contará con tres fases, según lo anunciado y explicado en varias ocasiones por el canciller, Luis Gilberto Murillo: una primera fase que finaliza este miércoles 2 de octubre correspondiente al actual modelo de expedición del documento de identificación y que está a cargo por la empresa Thomas Greg & Sons correspondiente al contrato 356 de 2023.La segunda fase, que comprende entre el 3 de octubre y el 31 de agosto de 2025, y que corresponde a un periodo de transición en el que la Cancillería asume el control de seis procesos (asignación de citas, atención al usuario, verificación documental, autorización, formalización y entrega del documento), y la contratación de un socio estratégico privado que solo operará la producción de libretas; además del inicio del paquete de cooperación entre el Gobierno colombiano y el aliado público extranjero (Gobierno de Portugal) que comprende acompañamiento, fortalecimiento y transferencia de tecnología e infraestructura para las entidades del Estado colombiano intervinientes en el proceso.Para esta fase, el Gobierno ya suscribió el contrato 368 de 2024 con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, conformada nuevamente por tres empresas de Thomas Greg & Sons, con un costo de 206.000 millones de pesos. En la respuesta a Blu Radio, la Cancillería deja claro que se trata de un nuevo contrato, no la prórroga del contrato 356 de 2023, y que para ello se expidió la resolución 0943F de 2024, que declara un nuevo estado de urgencia manifiesta por once meses.La tercera fase, que inicia a partir del 1 de septiembre de 2025, será la consolidación del nuevo modelo, en donde el aliado extranjero inicia operación para la producción de libretas de pasaportes en la planta de la Imprenta Nacional durante 10 años y el Gobierno Colombiano (Cancillería, Migración Colombia e Imprenta Nacional) asumen los procesos de atención, formalización y captura de data, personalización y control de calidad.Al revisar las condiciones del contrato, Blu Radio pudo identificar un memorando enviado el pasado 4 de septiembre de Solalgen Ortiz Mejía, directora encargada de asuntos migratorios, consulares y servicio ciudadano de la Cancillería, dirigido a la secretaria general de la entidad Paola Andrea Vásquez Restrepo, en el que señala que para la implementación del nuevo modelo se requiere hacer cuatro contrataciones correspondientes a: (1) Contrato de producción y personalización de libretas, entregado a Thomas Greg & Sons, por valor de $206.878.840.200; (2) Contrato del proceso de formalización desde el tres de octubre hasta el 31 de julio de 2026, a cargo del Gobierno, por $10.498.372.489; (3) Contrato de producción y suministro de libreta de pasaportes desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026 y el tiempo de duración de la fase cooperación, a cargo del Aliado Extranjero, por $122.388.816.895; (4) Contrato de personalización de libretas y documentos de viaje y visas para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, por $76.380.888.048.Señala el documento que el total de estos cuatro contratos tendrá un valor hasta la vigencia de 2026, por $416.146.917.633.Escuche información completa: