El embajador designado en Chile, Temístocles Ortega, se mostró confiado en que la investigación en su contra por aparentes irregularidades en contratación, cuando fue gobernador del Cauca, terminará archivada.“Ya me enteré de la actuación de la Fiscalía de que terminará con un archivo”, puntualizó en diálogo con Mañanas Blu.De acuerdo con la Fiscalía, el exgobernador estaría involucrado en anomalías en el trámite y celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).El proyecto, aclara la Fiscalía, habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de alcantarillas y otros elementos necesarios para el desarrollo de las obras, pero tampoco los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras.Al respecto, el exgobernador manifestó que el proyecto de terminar la pista fue iniciativa del alcalde, como continuidad de un proyecto realizado por la Aeronáutica Civil, y que este fue ejecutado y realizado, tanto así que el Departamento de Planeación Nacional lo recibió.“Se hicieron todos los trámites para hacer esta inversión por el mecanismo fondo de regalías, que nació en 2012. El alcalde presentó el proyecto, la Secretaría de Obras Públicas del Cauca lo revisa, lo envía a la secretaría técnica Transporte le dio el aval”, dijo.El ahora embajador en Chile dijo que, según la Fiscalía, el proyecto no tenía un certificado de la Aeronáutica Civil para ejecutarse y de ahí la investigación por la que lo llamará a juicio.“El comunicado de la Fiscalía, al final, dice que por los supuestos delitos de peculado por apropiación, la Fiscalía está pidiendo la preclusión. Cuando la Fiscalía dice que hay posibles fallas en los suelos lo precluye sobre mí”, puntualizó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:Le puede interesar:
A juicio deberá ir el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega, nuevo embajador en Chile, por presuntas irregularidades en contratos en Cauca, según informó la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con la Fiscalía, el exgobernador estaría involucrado en anomalías en el trámite y celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).El proyecto, aclara la Fiscalía, habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de alcantarillas y otros elementos necesarios para el desarrollo de las obras, pero tampoco los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras.“Para la Fiscalía, el gobernador de Cauca entre 2012 – 2015, como ordenador del gasto y representante del departamento, desatendió de manera libre, consciente y voluntaria los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal. Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había vinculado al exmandatario, a través de indagatoria realizada el 6 de julio de 2022, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, en razón a su condición de senador de la República en ese momento”, detalló la Fiscalía.El nombramiento oficial de Temístocles Ortega como embajador se dio el pasado 14 de febrero.
El actual gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío significativo en sus negociaciones con las organizaciones sindicales, sobre todo en lo que respecta al aumento del salario mínimo para el 2025. Desde el principio, se había anticipado que estas negociaciones se llevarían a cabo de manera más fluida, dada la afinidad ideológica política que existe entre el gobierno y los sindicatos. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba, y recientes anuncios han evidenciado una creciente discordancia. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un aumento del 6.2% para el salario mínimo en 2025, lo que sorprendió a los líderes sindicales. Fabio Arias, presidente de la CUT, expresó su descontento con esta propuesta en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señalando que era inusual que un ministro de Hacienda se pronunciara sobre el tema antes de que la Comisión Nacional de Concertación se reuniera. La reacción de los sindicatos fue inmediata y fuerte. Durante la reunión de la Comisión Nacional de Concertación, las centrales obreras mostraron su inconformidad ante el anuncio del ministro Bonilla. Arias subrayó que este tipo de intervenciones solo complican las negociaciones, sugiriendo que el gobierno parece ir en contra de los principios de concertación.Propuestas alternativas y la informalidad laboral Arias también abordó la necesidad de revisar el modelo actual de negociación. Aseguró que el sistema tradicional ha fallado en abordar los graves problemas de desempleo e informalidad que enfrenta el país. "La informalidad laboral es un verdadero desastre, y los empresarios han tenido décadas para solucionar estos problemas sin resultados", afirmó. A pesar de las diferencias en las opiniones individuales, Arias enfatizó que el movimiento sindical está comprometido a presentar propuestas de manera unificada ante el gobierno. Dijo que han acudido a reuniones previas y se han comprometido a hacer su propuesta en un plazo determinado, buscando mantener la cohesión entre las centrales obreras.
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
