El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
El Gobierno colombiano solicitará la anulación del laudo arbitral que le exige pagar cerca de 380 millones de dólares a la empresa española Telefónica. Según el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Mauricio Lizcano, el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aún no está en firme, por lo que existe la posibilidad de impugnarlo.El ministro Lizcano afirmó que ha pedido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que lideró la defensa de Colombia en este proceso, que explique los detalles del caso y revise la información presentada durante el arbitraje. "Nosotros tenemos la teoría desde el Ministerio, que ese es un fallo que se puede pedir la anulación", dijo Lizcano en una entrevista concedida a Mañanas Blu. Además, calificó la decisión del Ciadi como "muy extraña" y enfatizó que, en su opinión, el asunto sigue siendo debatible.El conflicto surgió después de que Telefónica iniciara un procedimiento de arbitraje internacional el 2 de febrero de 2018, argumentando que una serie de decisiones de las autoridades colombianas perjudicaron sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones. La compañía española denunció que el Estado colombiano aplicó medidas que afectaron la reversión de activos relacionados con su negocio de telecomunicaciones, lo que obligó a la empresa a pagar casi 380 millones de dólares en 2017.El 12 de noviembre, el Ciadi emitió un laudo en favor de Telefónica, argumentando que Colombia no proporcionó un trato "justo y equitativo" a las inversiones de la empresa. Como resultado, se ordenó a Colombia pagar la suma mencionada, más un 5 % de intereses compuestos y los honorarios legales de la compañía.Lizcano explicó que el mecanismo de anulación se puede presentar ante la misma corte del Ciadi en un plazo de 120 días. Aunque reconoció que las causales para anular un fallo son muy específicas, el ministro confía en que existen fundamentos jurídicos sólidos para defender los intereses del país. "Estoy consciente que son unas causales muy precisas. El fallo no lo conocemos en detalle. Esta es una decisión que los abogados defensores del Gobierno y la defensa jurídica del Estado están revisando", explicó.El ministro también destacó que el contrato original con Telefónica se firmó en 1994, y en 1998 se introdujo una ley que modificó las condiciones del negocio, sin que se cambiara el contrato. "Apenas nosotros nos adherimos a las competencias en el 2005 y un tribunal colombiano en el 2017 le da la razón a Colombia. Entonces, esto es un fallo en contra de un tribunal colombiano", afirmó.Lizcano subrayó que la defensa jurídica del Estado será la encargada de evaluar los argumentos y presentar la anulación, si corresponde. "No voy a ser yo quien haga esa demanda. Si el Gobierno lo que yo he pedido es en estos momentos no podemos. Tenemos que dar hasta la última pelea y eso será la defensa jurídica del Estado", aseguró.
Telefónica le ganó a Colombia un caso de arbitraje internacional y ahora el Gobierno tendría que pagar 379 millones de dólares, los honorarios de los abogados de Telefónica e intereses.La historia comenzó en 2014 cuando la Corte Constitucional emitió un fallo en el que aseguraba que tanto Claro como Movistar tenían que regresar las antenas al Gobierno cuando vencieran sus contratos porque así lo estipulaban las cláusulas firmadas. En 2017 se dio la reversión de las antenas, pero en lugar de devolverlas, Telefónica tuvo que pagarle al Gobierno unos 379 millones de dólares.La compañía inició entonces un pleito contra el Gobierno ante el Centro Internacional para la resolución de Disputas sobre la Inversión y ayer ese centro notificó a Telefónica del fallo a su favor."La Corte ha establecido que Colombia falló en cumplir con sus obligaciones para garantizar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica bajo el artículo 2 del APRI (Acuerdo de Protección de Inversiones entre Colombia y España)", señaló la compañía en un comunicado.Según la compañía, ya se cumplieron todos los procedimientos arbitrales y no habría lugar a apelaciones por parte del Gobierno colombiano.
La reciente firma de memorando de entendimiento no vinculante entre Millicom y Telefónica que llevaría a una fusión de ambas empresas y así fortalecer la operación de Tigo-Une en el país, ya tiene repercusiones en Medellín a propósito del proyecto de acuerdo ya presentado en el Concejo de la ciudad para enajenar la participación que allí tiene Empresas Públicas de Medellín.En las últimas horas el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que con este escenario “se consolida el mejor momento” para que se lleve a cabo esta transacción sobre la que se ha anunciado una discusión amplia y transparente.Aunque no se ha conocido en cuánto está avaluada actualmente la participación de EPM en Tigo-Une, se ha conocido que Millicom busca realizar una inversión cercana a los mil millones de dólares en efectivo y asumir la deuda.Al respecto se refirió el alcalde Gutiérrez quien destacó que difícilmente se dará un escenario así en el sector de las telecomunicaciones."Difícilmente habrá un mejor momento y un mejor escenario en el negocio de las telecomunicaciones en Colombia para que protejamos el patrimonio público y logremos un buen valor justamente frente a la venta de esas acciones, es un buen momento", dijo GutiérrezPrecisamente en la mañana de este jueves los concejales de la ciudad sostuvieron una reunión con el gerente de EPM, John Maya, para socializar el proyecto de acuerdo ya radicado que busca la enajenación de esa participación. Andrés Tobón, presidente de la corporación aseguró que independientemente del mensaje del alcalde son un órgano independiente y seguirán estudiando la propuesta de una manera responsable y técnica."Más allá de que el alcalde tenga una intención, de que observe un momento favorable en el mercado, el Concejo es un órgano independiente y entre esa independencia hemos decidido discutir esto a detalle con la intención de verificar si es la mejor opción y el mejor momento para la enajenación", destacó.A pesar de este escenario se mantienen posturas contrarias de sindicatos de EPM y de concejales de oposición que opinan que se debe mantener la participación en la compañía que a pesar de un eventual sí del Concejo quien debe tomar la decisión final es la empresa de servicios públicos y antes de Millicom otras instancias tienen preferencia para la compra de acciones.
El paisaje de las telecomunicaciones en Colombia podría experimentar una transformación significativa tras el anuncio de un acuerdo preliminar entre Telefónica y Millicom. Esta alianza estratégica no solo alteraría la estructura del mercado, sino que también promete redefinir la competencia, poniendo a prueba la posición de Claro, actual líder del sector.El Ministerio de Hacienda, como accionista relevante con un 32,5% de participación en Colombia Telecomunicaciones (operada por Telefónica), confirmó haber recibido información sobre las intenciones de Telefónica Hispanoamérica.La empresa madre busca explorar una fusión o venta con Millicom, que opera bajo la marca Tigo en el país. Este movimiento estratégico podría resultar en la venta de la participación de Telefónica en el mercado colombiano, lo cual indica un cambio potencialmente significativo en la dinámica del mercado de telecomunicaciones.Repercusiones regulatorias y económicas de la operaciónAntes de que se concrete cualquier transacción, es esencial la aprobación por parte de entidades regulatorias, incluyendo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este organismo evaluará detalladamente las implicaciones de mercado y la protección de los consumidores, asegurando que la fusión no perjudique la competencia ni a los usuarios finales.El Gobierno colombiano, a través del ministro de Tecnologías, Información y Telecomunicaciones, Mauricio Lizcano, expresó su optimismo respecto al acuerdo. Según Lizcano, esta alianza no solo refleja la confianza de los inversionistas en el clima económico del país, sino que también fortalecerá el sector al crear entidades más robustas, capaces de realizar inversiones significativas y mejorar la oferta de servicios.Impacto potencial en la competencia y beneficios para los consumidoresSi la fusión se realiza con éxito, podría crear un contendiente de peso que desafíe el dominio de Claro en Colombia. Un actor más grande en el mercado no solo favorece la competencia, sino que también puede resultar en mejores precios, más opciones y servicios innovadores para los consumidores. Además, la consolidación de activos y recursos entre Telefónica y Millicom podría acelerar el desarrollo de infraestructuras críticas como la fibra óptica y redes 5G, esenciales para el avance tecnológico del país.El mercado de telecomunicaciones en Colombia, que creció un 3,8% el último año, alcanzando un valor de 48,7 billones de pesos, muestra un potencial considerable para futuras inversiones y desarrollo tecnológico. La posible integración entre Telefónica y Millicom podría catalizar este crecimiento, ofreciendo nuevas oportunidades tanto para los negocios como para los usuarios finales.
La reciente noticia sobre la posible fusión entre Movistar y Tigo ha generado diversas reacciones entre los usuarios y expertos del sector de telecomunicaciones en Colombia. El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, abordó este tema durante su entrevista en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales. Ofreció detalles sobre el impacto potencial de esta operación en el mercado y en los usuarios.Este fue el anuncio de TelefónicaTelefónica Hispanoamérica firmó un acuerdo no vinculante con Millicom para explorar la combinación de sus operaciones en Colombia. Este acuerdo prevé la venta de las acciones de Telefónica, así como la extensión de la oferta por parte de Millicom al Gobierno nacional. Sin embargo, esta transacción está sujeta a la firma de los acuerdos definitivos entre las compañías y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes."Telefónica Hispanoamérica ha firmado un acuerdo no vinculante con Millicom para explorar la combinación de nuestras operaciones en Colombia", detalló Telefónica en su comunicado.Impacto en los usuarios y tarifas de Movistar y TigoUna de las principales preocupaciones que surge entre los usuarios es el efecto que esta posible fusión podría tener en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Actualmente, el mercado colombiano cuenta con tres grandes operadores: Claro, Movistar y Tigo, con Wom teniendo una participación más pequeña y enfrentando dificultades financieras.El ministro Lizcano explicó que la consolidación de Movistar y Tigo podría reducir la competencia en el mercado, lo cual usualmente conduce a un aumento en las tarifas debido a la menor oferta."Entre más oferta haya, mayor diversidad de precios. La gente se pregunta si un mercado más concentrado podría impactar hacia arriba los precios que pagamos los usuarios", señaló el ministro.El papel del Gobierno y los entes reguladoresEn cuanto al rol del Gobierno, Lizcano mencionó que la participación del Estado en Coltel, que es el socio de Telefónica en Colombia, aún no ha sido vendida."Esa es una decisión que no está tomada, habrá que consultarla con el señor presidente. Esas acciones están en cabeza del ministro de Hacienda y es una decisión que tendrá que tomar el Gobierno", aclaró el ministro.Adicionalmente, destacó la importancia de la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para asegurar que, de aprobarse la fusión, se mantenga una competencia plena en el mercado."La CRC tendrá que tomar medidas regulatorias para que se mantenga la plena competencia", aseguró Lizcano.Reacomodamiento del sectorEl ministro también habló sobre el reacomodamiento de la industria de telecomunicaciones a nivel global y señaló que las empresas con menos del 30% del mercado en cualquier país no son rentables."Empresas que tengan menos del 30% del mercado en cualquier país del mundo no son rentables. Por eso tanto Movistar, como Tigo, como Wom han dado pérdidas en los últimos años", explicó Lizcano.Según el ministro, Claro tiene actualmente el 52% del mercado, Movistar el 19.6%, y Tigo el 17.5%. Este reacomodamiento, según Lizcano, podría llevar a una mejor prestación de servicios, mayores inversiones y empresas más sólidas, aunque también aumentaría la concentración del mercado.Lizcano destacó que cualquier medida regulatoria futura se anunciará una vez que se tenga más claridad sobre la operación. "Dada esa situación, si lo aprueba la SIC, la CRC tendrá que acomodar su regulación para que se mantenga la plena competencia", indicó.El desafío principal será asegurar que la fusión no perjudique a los usuarios en términos de tarifas y calidad de servicio. "Entre dos actores puede haber plena competencia, pero ese será un debate que tendrá que dar el mercado de las telecomunicaciones en Colombia frente a este nuevo reacomodamiento que se presenta", concluyó el ministro.
Telefónica Hispanoamérica anunció un acuerdo no vinculante con Millicom para explorar la combinación de sus operaciones en Colombia. Este movimiento, que podría cambiar radicalmente el panorama de las telecomunicaciones en el país, está sujeto a la firma de acuerdos definitivos y la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.En respuesta a este anuncio, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, ofreció declaraciones en el programa Mañanas Blu.Detalles del acuerdo con MilliconTelefónica informó que el acuerdo con Millicom prevé la venta de sus acciones en Colombia, así como la posibilidad de que Millicom extienda una oferta al Gobierno nacional. Este acuerdo ha suscitado preguntas sobre el impacto potencial en las tarifas de telecomunicaciones y la estructura del mercado.“Telefónica Hispanoamérica ha firmado un acuerdo no vinculante con Millicom para explorar la combinación de nuestras operaciones en Colombia. Esta potencial transacción está sujeta a la firma de los acuerdos definitivos entre las compañías y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes”, señaló Telefónica en un comunicado oficial. Impacto en el mercado de telecomunicacionesLa consolidación de Movistar y Tigo bajo el paraguas de Millicom generaría un mercado más concentrado, con solo dos grandes operadores dominando la escena: Claro y el nuevo conglomerado Millicom-Telefónica. Esta concentración podría afectar las tarifas y la calidad del servicio, según analistas del sector. “La gran pregunta es el impacto en las tarifas. Pasaríamos de un mercado con tres grandes compañías a solo dos, lo que podría llevar a un aumento en los precios para los usuarios debido a la menor competencia”, dijo Víctor Grosso, periodista económico de Blu Radio.La respuesta del GobiernoEl ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, abordó estas preocupaciones y las posibles implicaciones para el Gobierno en la entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.“Esta es una decisión que no está tomada y deberá ser consultada con el presidente. Millicom ha manifestado su voluntad de comprarle al Gobierno, así como a Telefónica y a EPM. Esta es una decisión que tomaremos con el presidente”, dijo Lizcano Regulación y competenciaEl ministro también destacó la necesidad de medidas regulatorias para garantizar la competencia plena en el mercado. La posible fusión de Movistar y Tigo, si se aprueba, podría requerir ajustes en la regulación para evitar un monopolio de facto.“El mercado de las telecomunicaciones, tanto en Colombia como en el mundo, se está reacomodando. Empresas con menos del 30% del mercado no son rentables, y tanto Movistar como Tigo han tenido pérdidas. La cara positiva es que se podrán prestar mejores servicios y hacer mayores inversiones. La cara negativa es la mayor concentración del mercado”, señaló Lizcano.Aunque el ministro no especificó las medidas regulatorias que podrían implementarse, subrayó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrán roles cruciales en este proceso.“Dada la posible aprobación de la fusión por la SIC, la CRC tendrá que ajustar su regulación para mantener la competencia. Aunque dos actores pueden sostener plena competencia, este será un debate que deberá enfrentar el mercado de telecomunicaciones en Colombia”, afirmó Lizcano.
