Las altas tarifas de energía que enfrenta la región Caribe, especialmente los usuarios de Air-e, por cuenta de diferentes factores entre los que se encuentran los precios que aplican en el mercado las generadoras, se convirtieron en motivo de protesta en Barranquilla, para lo que está siendo convocada una movilización para el próximo 30 de enero. La marcha está siendo liderada por Moden, Movimiento Nacional Constituyente por la Democracia Energética, la cual es una organización que empezó a formarse en julio pasado, con el acompañamiento del Ministerio de Minas, para impulsar cambios en las tarifas de energía a través de procesos de movilización en las calles. Este movimiento incluso fue respaldado por el presidente Gustavo Petro en su pasada visita a la capital del Atlántico. En consecuencia con esto, el presidente Gustavo Petro respaldó esta movilización a través de su cuenta de X, indicando que ante la oposición que ha recibido por su propósito de intervenir el mercado de la energía en bolsa, considera necesaria una movilización masiva a nivel nacional. "Las generadoras eléctricas especulan con los precios de la energía cuando la venden en bolsa. Hemos decidido reducir la cantidad de energía que se vende en bolsa para bajar sustancialmente el precio de la energía al hogar colombiano. Buscan tumbar la medida. Es hora de la movilización nacional de los usuarios de la energía eléctrica", indicó el mandatario a través de su cuenta de X. Para la organización de esta movilización, este miércoles 15 de enero será realizada una reunión en la que estarán las centrales obreras y organizaciones de usuarios, con las que definirán detalles de esta marcha.
A cuatro meses de haber sido realizada la toma de posesión a la empresa Air-e por parte del Gobierno nacional, este jueves 9 de enero fue revisada como una fuerte posibilidad la intervención con fines liquidatorios, debido a los riesgos financieros y operativos que enfrenta la compañía, según un informe entregado por Edwin Palma, agente interventor designado por la Superintendencia de Servicios Públicos para este proceso.Sin embargo, todavía no hay decisión definitiva, debido a que aún faltan otras reuniones que continuarán este viernes, entre otros, con funcionarios de Ministerio de Hacienda, por lo que aún no hay una notificación oficial sobre el tema.De acuerdo con un informe entregado por Palma al superintendente Yanod Márquez, durante la operación de la empresa, previo a la intervención, se habrían cometido irregularidades asociadas a racionamientos justificados como mantenimientos, la pérdida de información contable tras un hackeo, entre otras.A esto, el equipo de accionistas de la compañía respondió en las horas previas a la reunión de deliberación, señalando que se trataba de acusaciones falsas con "defecto estructural" que no ahondaba en las causas de la crisis que afronta la compañía y que serían ajenas a la misma. En caso de tomarse una decisión, esta se acogería a lo que establece la ley 142 de 1994. En caso de corresponder con una intervención con fines liquidatorios, no solo se involucraría una administración temporal de la empresa, para seguir garantizando la prestación del servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena; sino que también involucraría un proceso de "solución empresarial, reestructuración, vinculación de un gestor, de un operador especializado, o de capital".Para esto, Blu Radio conoció que desde la Superintendencia de Servicios Públicos sería ratificado Edwin Palma como el gestor que acompañaría todo este proceso.Por lo pronto, no se conoce una respuesta de los accionistas de la empresa Air-e, quienes solicitaron el pasado 30 de agosto la intervención al presidente de la República por la situación financiera que atravesaba el mercado de energía, los problemas de recaudo de la compañía, entre otros.
La crisis energética en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de tensión con un reciente enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, centrado en una deuda de 4.4 billones de pesos del Gobierno Nacional con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Gutiérrez ha denunciado públicamente que esta deuda, que incluye subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, está llevando a empresas como AFINIA, filial de EPM, al borde del colapso.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en dialogo con Ricardo Ospina en el programa El Radar, señaló que "la deuda a EPM de parte del Gobierno nacional sumando opción tarifaria y sumando subsidios de estrato de 1, 2 y 3 por la energía son 4.4 billones de pesos."En respuesta, Petro negó que las deudas actuales sean responsabilidad de su administración, argumentando que la propuesta de convertir la deuda en pública fue rechazada por sectores políticos que respaldan a Gutiérrez. Sin embargo, el alcalde de Medellín acusó al presidente de no cumplir con los pagos de subsidios y de no haber concretado la opción tarifaria como deuda pública, situación que, según Gutiérrez, podría desencadenar una crisis energética nacional.Gutiérrez instó al Gobierno a buscar soluciones conjuntas para evitar el colapso del sector eléctrico, mientras la Alcaldía de Medellín ha comenzado a enviar cartas a AFINIA para exigir el pago de la deuda. Este conflicto se produce en un contexto de creciente preocupación por la estabilidad del sistema energético del país y la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos financieros con empresas clave como EPM.
Más de 1.300.000 usuarios de energía en la región Caribe que son atendidos por la intervenida empresa Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira no tendrán aumento en sus tarifas durante el próximo mes, ya que en enero el costo unitario del kilovatio/hora permanecerá en $907.La buena nueva la compartió la misma empresa Air-e este lunes como un alivio para el bolsillo de los usuarios, quienes suelen tener gastos adicionales en diciembre por las celebraciones de la temporada.“A pesar de los desafíos del sector energético y de los altos costos de la generación a nivel nacional, desde la Agencia Especial de Air-e estamos adelantando acciones, de manera estructural, para lograr en el mediano plazo tarifas justas y pagables que alivien el bolsillo de los usuarios y usuarias. Por tanto, se logra mantener la estabilidad en las tarifas sin generar incrementos para el próximo mes”, indicó al respecto el agente interventor, Edwin Palma.Air-e hizo un comparativo respecto al año anterior y expuso que “en diciembre de 2023 el valor del kilovatio hora fue de $1.137, lo que refleja una reducción superior al 20%” en comparación con este año.Agregó que “en agosto de 2024, el mes anterior a la intervención de Air-e, el kilovatio hora estuvo por el orden de los $1.072, lo que evidencia una disminución en el costo de la energía durante este proceso” que adelanta el Gobierno.La compañía también destacó que “cerca de un millón de usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira fueron beneficiados con recursos por $1,6 billones, durante los años 2023 y 2024, por concepto de subsidios vía tarifa de energía”.“Para 2023, se otorgaron subsidios a este grupo de usuarios residenciales superiores a $860.000 millones. En lo que respecta al 2024, a corte del mes de octubre, se han otorgado subsidios a usuarios de estratos 1, 2 y 3 por más de $813.000 millones”, indicó.
Basado en los graves problemas financieros a los que se enfrenta la empresa, Afinia le solicitó en las últimas horas al Gobierno Nacional por medio de un comunicado que asuma la operación energética en el Cesar y en otros 11 municipios del Magdalena.La Filial de EPM apuntó que esta sería la solución más viable, puesto que actualmente no tiene garantizada su sostenibilidad ni, por ende, la prestación del servicio a futuro.Recordemos que en medio de la Asamblea Popular de la Democracia Energética que se llevó a cabo en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro ya había hablado de la posibilidad de asumir la energía en el Cesar. Algo a lo que le dio luz verde sin pensarlo mucho.“Afinia nos quiere entregar Cesar, yo digo que sí, asumimos el reto del Cesar”, fueron las palabras que mencionó en su tiempo en la capital del Atlántico.Afinia describió que la falta de recursos financieros se debe a la acumulación del saldo de la operación tarifaria, los altos incrementos de los costos de la operación comercial con los agentes de la cadena eléctrica, sumado a la falta de pagos de los subsidios del Gobierno nacional que cubren estratos 1, 2 y 3.Esto sin mencionar la creciente cartera de entidades públicas como escuelas, hospitales y cárceles, entre otros, que han tenido un fuerte impacto en la liquidez de la empresa.La misiva termina destacando que pese a las millonarios inversiones de EPM para salvar la compañía, “los esfuerzos realizados han sido insuficientes en la recuperación de la cartera, revertir los indicadores de recaudo y pérdidas y la satisfacción de las expectativas generadas en la comunidad”.Por ende, se espera que en los próximos días se agende una reunión con representantes del Gobierno para discutir y “encontrar una solución para la prestación del servicio de energía eléctrica en el área atendida por esta empresa en la región Caribe y, en particular, en la alternativa planteada”.
Desde Barranquilla, durante la Asamblea Popular de la Democracia Energética en el Caribe, el presidente Gustavo Petro se refirió al hundimiento de su ley de financiamiento reconociendo que casi lleva al país a la cesación de pagos, esto a pesar de que horas antes su ministro de Hacienda, Diego Guevara, desmintiera la posibilidad.“Esto es grave. Nos llevaron casi al Default, que es la cesación de pagos del Gobierno, pensando que si caemos en eso no financiamos el programa de Gobierno y, en 2026, ellos llegarán de nuevo a volver a aprobar lo que durante 20 años fue testigo: ponerle IVA al pueblo mientras aprobar exenciones a los ricos”, dijo el mandatario.Además, pese a que el Gobierno había eliminado del texto final de la reforma tributaria el IVA a plataformas de juegos de azar y apuestas en internet, el presidente Gustavo Petro aseguró que ese proyecto se había caído porque “la clase política tradicional de Barranquilla ha mentido y traicionado al pueblo porque le pareció más valioso proteger los intereses de los juegos de suerte y azar, que defiende el señor Vargas Lleras, por lo cual casi que le puso bozal a los congresistas costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su propio pueblo y electores”.Durante este mismo evento, el mandatario también se refirió a las tarifas de energía y a la opción tarifaria que había dicho el ministro Andrés Camacho, de que no se podría asumir esa deuda por el hundimiento de la ley de financiamiento. El mandatario culpó a las generadoras de energía de los altos precios y las comparó con los paramilitares, diciendo que tienen más poder en el Estado que estos mismos grupos que él en el pasado denunció.“Dos años llevo intentando cambiar la fórmula tarifaria y no he podido. Lo primero que hicieron fue quitarme las facultades constitucionales en el Consejo de Estado de mi papel al frente del control de los servicios públicos. El poder de las generadoras en el estado es mayor que el de los paramilitares que yo mismo denuncié”, afirmó.
Los valores finales en la factura de energía para los usuarios de Barranquilla seguirán registrando bajas, a partir de la medida que tomó la Alcaldía de ordenar el traslado del cobro del impuesto de alumbrado público, que podía oscilar desde $15.000 hasta $100.000 mensuales por usuario, a la factura de la empresa Triple A, responsable de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado.La medida, que empezará a verse reflejada desde el próximo 23 de diciembre, además incluye una exoneración en el pago para los usuarios de los estratos 1 y 2, lo que quiere decir que solo los usuarios de estratos 3, 4, 5 y 6 seguirán realizando estos pagos, de la misma manera que los de zonas industriales y comerciales. "Con el recaudo del impuesto de alumbrado público se financia el mantenimiento y mejora de este servicio en la ciudad, teniendo en cuenta que es fundamental para promover entornos en los que se garantice la seguridad, movilidad, accesibilidad, actividad comercial y prevención de delitos", señaló la empresa Triple A a través de un comunicado. Es importante recordar que la empresa Triple A pertenece en su mayoría a la Alcaldía de Barranquilla, por lo que el manejo del recurso será directo entre entidades. "Cabe destacar que el alumbrado público de Barranquilla es de última tecnología, con luminarias tipo led, que a su vez son amigables con el medioambiente", agregó en su comunicado la empresa Triple A.
La Corte Constitucional reconoció el impacto del aumento en las tarifas de energía eléctrica sobre el acceso a tratamientos médicos en el hogar, pues amparó los derechos a la salud, a la vida digna y al mínimo vital de un adulto mayor de 60 años y un niño de 12 años, quienes dependen de concentradores eléctricos de oxígeno debido a enfermedades crónicas y huérfanas respectivamente.La Corte argumentó que aunque el servicio de energía eléctrica no se considera una prestación de salud, su uso es indispensable para dispositivos médicos como los concentradores de oxígeno, en estos casos, el incremento en las tarifas energéticas genera una barrera económica para acceder al tratamiento, afectando directamente a los pacientes y sus familias.Por ello la Nueva EPS deberá valorar si es más eficiente y sostenible cubrir los costos de energía generados por los concentradores o suministrar oxígeno mediante cilindros, si se opta por el concentrador eléctrico, la EPS asumirá los costos derivados de su consumo energético.Incluso la Corte también ordenó la colaboración entre las empresas de energía de Norte de Santander y Boyacá, junto con la Nueva EPS, para medir y liquidar mensualmente el consumo de energía relacionado con estos dispositivos.Esta sentencia establece criterios claros para determinar la cobertura del consumo eléctrico en tratamientos médicos: la falta de capacidad económica del paciente, la prescripción médica que respalde el uso exclusivo del concentrador, y un consumo energético significativo asociado al dispositivo.
Un total de 78.000 millones de pesos desembolsó la empresa Air-e intervenida para el pago de la energía correspondiente al mes de octubre.La compañía destacó que el desembolso, realizado a 98 agentes del mercado eléctrico, se cumplió con recursos propios y representa un importante paso hacia el saneamiento financiero que busca la empresa tras ser intervenida por el Gobierno nacional.De esta manera, Air-e indicó que ha respondido al 90% de sus acreedores, es decir, de 109 acreedores, solo 11 quedaron pendientes de los pagos, con quienes “se adelantarán procesos financieros apoyados por entidades del Gobierno nacional para cumplir los acuerdos pertinentes".El agente Especial Edwin Palma manifestó que con esto esperan ganar “un importante voto de confianza al proceso de intervención” y mejorar el servicio de energía a los más de 5 millones de usuarios que tiene en Atlántico, Magdalena y La Guajira.“Desde el primer momento de la intervención estamos haciendo esfuerzos inalcanzables para cumplir las obligaciones financieras y garantizar la sostenibilidad de una de las empresas de servicios más importantes del país”, expresó Palma.
Por medio de la resolución Creg No. 101 066 de 2024 se confirmaron los ajustes para la energía con los que se negocia en la bolsa de energía y está justamente modificado para las plantas que utilizan fuentes renovables y del carbón en el país. En el documento de 41 artículos se establecen los nuevos precios de escasez del cargo por confiabilidad que modifica la resolución Creg 071 de 2006 que justificaba la remuneración para la remuneración en el mercado.“Hasta ahora, los precios en bolsa eran altamente ineficientes al estar determinados por las plantas menos competitivas, haciendo que la energía hídrica y solar se pagara a precios hasta 10 veces más altos de su costo real de producción", indicó Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía.Dentro de los cambios se observa que la nueva medida consiste en diferencias de tipos de plantas para concretar el precio en dos nuevos grupos.Grupo de plantas con precios altos: plantas que operan con gas, gas importado o combustibles líquidos (ACPM, Fuel Oil, etc) y que tienen un costo de operación alto. La mayoría requieren del uso de combustibles importados (cuyo precio lo fijan variables exógenas al mercado colombiano) y son requeridas para abastecer la demanda en periodos de sequía o por restricciones de la red.Grupo de plantas con precios bajos: plantas que operan con recursos renovables (agua, sol, viento) o carbón como recurso principal. Este grupo de plantas son aquellas cuyo costo de operación es el más económico y la mayoría del tiempo son usadas para abastecer a la demanda.Con esto, se permite que los usuarios sean acreedores a dos precios diferentes; uno con un tope mucho más bajo que estaría relacionado con las plantas que generen energía por medio de carbón y fuentes renovables; Así mismo, existe el grupo en el que el precio de escasez tradicional solo se aplicará para las tecnologías más costosas y estén relacionados con precios internacionales.
