La familia dueña de los Supermercados Supercundi y Merkandrea, investigados por supuestamente lavar millonarios activos de la extinta guerrilla de las Farc, entró a la justicia transicional como víctima de secuestro en medio del conflicto armado.El pasado 24 de mayo, la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó a Luis Alirio Mora Urrea como víctima directa de la extinta guerrilla de las Farc por su secuestro en 1999.Así mismo, aceptó a sus hermanos Norberto, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea porque fueron víctimas de extorsión cuando Luis Alirio estaba en cautiverio.La JEP tuvo en cuenta versiones de exfarc que rinden cuenta sobre el secuestro de Luis Alirio, así como las pruebas que existen en la Fiscalía sobre su secuestro (una de ellas, un reporte médico de una herida de bala que tenía Luis Alirio antes de ser liberado) y la certificación de la Cruz Roja Internacional cuando le brindó la asistencia al momento de su liberación.Lea también: Hermanos Mora Urrea, presuntos testaferros de Farc, quedan de nuevo en libertadEn diálogo con BLU Radio, Alejandro Carranza, abogado de Luis Alirio Mora Urrea, confirmó que ya fueron notificados por la JEP y agregó que ahora solicitarán la verdad del secuestro ante el sistema de justicia transicional.“Queremos saber por qué lo torturaron, establecer quién fue el que le disparó en el intento de fuga, por qué no lo auxiliaron con el disparo que le metieron, por qué tuvieron que amarrarlo al árbol y dejarlo al lado de una cascada con la que tuvo un desgaste mental y emocional tremendo que hoy en día ha ocasionado crisis emocionales en Alirio”, precisó Carranza.Así mismo, confirmó que están a la espera de una fecha para que Alirio se presente ante la Sala de Reconocimiento y cuente toda la verdad dentro del caso.Frente a la investigación que hay contra los hermanos por lavado de activos, Carranza explicó que la Fiscalía tendrá que evaluar si el proceso de lavado de activos sí tiene una fuente legal.Agrega que “va a haber una discusión procesal en búsqueda de la verdad porque la Fiscalía General de la Nación montó ese caso en contra de la familia. Hay una cosa muy particular y es que el supuesto testigo fue ubicado por Herbin Hoyos”.Según Carranza, con la aceptación de la JEP se demuestra que “hasta ahí llegó el montaje que quieren hacer contra la paz”.
Fuentes diplomáticas de la embajada confirmaron a Blu Radio que Norberto Mora Urrea, dueño de Supercundi y acusado por la Fiscalía de lavar dineros de las Farc a través de ese supermercado, hizo una solicitud de asilo en ese país pero que, contrario a lo que dice su defensa, aún no se le ha otorgado. Norberto no estuvo en la audiencia en la que un juez les otorgó la libertad a sus hermanos Luis Alirio, y Uriel Mora Urrea, socios de los Merkandrea, también señalados de ser presuntamente testaferros de las Farc. Por eso, tomó la decisión de buscar que las autoridades de otro país lo protegieran. Ver también: Investigan a exdirectora de extinción de dominio de Fiscalía por caso Supercundi Los tres hermanos fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que negaron desde el principio. El Tribunal Superior de Bogotá remitió el proceso de los hermanos Mora Urrea a la Justicia Especial para la Paz, para que sea ese tribunal el que los juzgue.
BLU Radio conoció que España le concedió asilo político a Norberto Mora Urrea, dueño de Supercundi y acusado por la Fiscalía de lavar dineros de las Farc, a través de los supermercados Supercundi.Vea también: Investigan a exdirectora de extinción de dominio de Fiscalía por caso Supercundi Norberto Mora Urrea no estuvo en la audiencia en la que un juez le otorgó la libertad a sus hermanos Luis Alirio, y Uriel Mora Urrea, socios de los Merkandrea, también señalados de ser presuntamente testaferros de las Farc. Por eso, tomó la decisión de buscar que las autoridades de otro país lo protegieran.Los tres hermanos fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que negaron desde el principio. El Tribunal Superior de Bogotá remitió el proceso de los hermanos Mora Urrea a la Justicia Especial para la Paz, para que sea ese tribunal el que los juzgue.Escuche este informe:
El pasado 16 de mayo Alejandro Carranza, abogado de la familia Mora Urrea puso una queja en la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra Andrea Malagón, exdirectora de extinción dominio de la Fiscalía, porque según el togado, le hizo un daño irreparable a los Mora Urrea indicando que eran testaferros de las Farc, vulnerando así la presunción de inocencia.Vea también: "Remiten a la JEP proceso contra familia Mora Urrea, socios de SupercundiLa entidad citó para este miércoles al abogado para que ratifique esos hechos que puso en conocimiento y que ya son producto de investigación.“Indicando que la familia Mora era testaferro de las Farc, de alias Romaña; indicando que las incautaciones y los bienes equivalían a más de 650.000 millones de pesos; indicando los supermercados eran del frente 53 de las Farc; indicando que se le había aplicado extinción de dominio a los bienes de la familia, antes de que los integrantes de la familia fueran puestos a disposición de un juez”, dijo Carranza.El abogado, además, aseguró que la exfiscal “promovió los desmanes de la población contra los supermercados en varias zonas del país (Bogotá, Facatativá y Melgar)”.“Ella promovió, propició de manera indirecta esos desmanes por los que la población en diferentes partes del país se tomaron los supermercados. La población salió a atacar los supermercados y a quedarse con todos los objetos porque entendieron que los bienes eran de las Farc y eso tiene como origen las palabras de Malagón”, le dijo a Blu Radio.El abogado aseguró que la familia espera que se le aplique la máxima sanción posible a la exfiscal, que es la pérdida de la tarjeta profesional “por orquestar un falso positivo judicial”.Blu Radio contactó a Malagón quien aseguró que no ha sido notificada de ninguna investigación en su contra.
El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al Juzgado Quinto Especializado y estableció que el proceso por lavado de activos contra los hermanos Luis Alirio, Edna, Uriel y Norberto Mora Urrea, socios de Supercundi y supuestos testaferros de las FARC, pasará a la Jurisdicción Especial para la paz.Vea también Caso Supercundi: llaman a juicio a los hermanos Mora UrreaHoy compulsó el proceso al Tribunal de Paz y ahora el futuro del proceso lo deberán definir los magistrados del mismo. La familia, además de ser tercera en el conflicto armado, ha recalcado que uno de ellos, Luis Alirio, fue víctima de secuestro por parte de las FARC.Hay que recordar que, según la Fiscalía, los hermanos Mora Urrea, se habrían prestado para lavar activos de la exguerrilla, de los supermercados Supercundi y Merkandrea. De esta manera, supuestamente, habrían generado un patrimonio injustificado.
Blu Radio conoció la carta con la que Luis Alirio Mora Urrea, a nombre suyo y de su familia, le pide a la JEP que permita su vinculación voluntaria a esa justicia transitoria como tercero del conflicto armado.“Por presuntos hechos ocurridos con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y en los que, según la fiscalía, fueron presuntamente cometidos por el suscrito y su grupo familiar en favorecimiento del en otrora grupo armado ilegal FARC”, dice la misiva fechada este 3 de agosto.Con esta carta, Alejandro Carranza, abogado de los Mora Urrea, logró que este mismo lunes no se realizara la audiencia de acusación que le daba inicio formal al juicio y que el juez decidiera enviar copias del proceso al Tribunal Superior de Bogotá para que este, a su vez, decida el futuro del caso, es decir, si se queda en la justicia ordinaria o si va a la JEP.Por ahora, el documento dice que acepta la solicitud para revisión, lo cual no quiere decir que la aprueba.“Hemos solicitado en varias oportunidades a la JEP para que reciban el caso de Luis Alirio Mora Urrea, para que sea atendida la petición que se ha hecho en torno de que fue víctima de un secuestro y tortura por parte del frente 22 de las Farc, en el año 99. La primera petición se hizo en marzo de este año y hoy hemos reiterado esa petición”, dijo Carranza.Hay que recordar que la Fiscalía los pretende acusar por el delito de lavado de activos pues, según sus investigaciones, lavaron miles de millones de pesos de las extintas Farc, específicamente, del frente que comandaba alias ‘Romaña’, a través de sus supermercados Súpercundi y Merckandrea.
Un juez de garantías otorgó, por segunda vez, libertad a los hermanos Uriel y Luis Alirio Mora Urrea, presuntos testaferros de las Farc.Esto a pesar de que se habían entregado el pasado viernes en el búnker de la Fiscalía para cumplir una orden de captura que había en su contra y que, desde ese momento, fueron enviaron tras las rejas.Este lunes, el juez consideró que no representan un peligro para la sociedad y que han comparecido al proceso, por lo que no hay riesgo de fuga.Así las cosas, los Mora Urrea, que están siendo investigados por lavado activos y enriquecimiento ilícito de particulares por, supuestamente, lavar dineros de la extinta guerrilla a través de sus supermercados Supercundi y Merkandrea, podrán continuar su proceso en libertad.
Teniendo en cuenta que, la semana pasada, el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá revocó la libertad de los hermanos Uriel, Norberto y Alirio Mora Urrea, investigados por supuestamente ser testaferros de la extinta Farc y que a la fecha ninguno se ha entregado a las autoridades, hoy la Fiscalía evalúa solicitar a la Interpol circular roja. Los tres hermanos quedaron en libertad en abril de este año porque un juez en primera instancia aseguró que la Fiscalía no había argumentado cuál era el riesgo de fuga en este caso.Vea también: Revocan libertad a hermanos Mora Urrea, investigados por lavar activos de Farc Los tres capturados ya fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues, según el ente acusador, a través de sus supermercados Supercundi y Mekandrea, lavaron dineros del narcotráfico del extinto grupo guerrillero. Los hermanos, por su parte, siempre han dicho que se trata de un falso positivo judicial y que son inocentes y víctimas de las Farc.
En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el juez 28 de conocimiento revocó la libertad a Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, investigados por presuntamente lavar activos de las Farc a través de supermercados Supercundi y Merkandrea, que son de su propiedad. Así las cosas, la única que queda en libertad es Edna, una de sus hermanas.Uno de los argumentos del juez es que no existían elementos nuevos para decretar la libertad y que, si bien algunos elementos probatorios de la defensa servían para atacar la inferencia razonable del delito de lavado de activos, supuestamente, no servían para revocar la medida de aseguramiento.En abril, un juez de garantías los había dejado en libertad con el argumento de que la Fiscalía no había presentado pruebas suficientes de que los capturados podrían obstruir el proceso en libertad. Vea aquí: Caso Supercundi: llaman a juicio a los hermanos Mora UrreaEn ese momento la Fiscalía apeló y hoy un juez de conocimiento le dio la razón. Con esa decisión los hermanos deberán demostrar su supuesta inocencia, pero tras las rejas. Según el ente acusador, la familia Mora Urrea tuvo una relación estrecha con alias ‘Romaña’ y a partir de ahí inició el lavado de activos. Además, los fiscales aseguran que los hermanos tienen un patrimonio que asciende los 650.000 millones de pesos y que no está debidamente justificado. Por su parte, la defensa de la familia dice que todo se trata de un falso positivo de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación informó que radicó el escrito de acusación contra los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Lo cual quiere decir que son llamados formalmente a juicio. “El ente investigador cuenta con nuevas e importantes evidencias recopiladas a través de diferentes labores investigativas las cuales reafirman la tesis expuesta en las audiencias de imputación, respecto a la presunta responsabilidad de los hermanos Mora Urrea en actividades de blanqueo de capitales de público conocimiento”, dice la Fiscalía en un comunicado. Las evidencias del proceso serán expuestas ante un juez de conocimiento que llevará el caso hasta el final del juicio donde deberá decidir si los encuentra culpables o no de lavar, supuestamente, activos de las Farc a través de sus supermercados Supercundi y Merkandrea.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías, y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, y las calificó de inconsistentes y contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
