Prohibidos quedaron los patrullajes y cualquier tipo de operaciones de seguridad privada que sustituyan la labor de la Policía en Sincelejo, pues así lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a partir de una decisión que tomó la Supervigilancia sobre el frente de seguridad motorizado y armado que puso en operación el alcalde de la capital sucreña, Yahir Acuña.La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizó el pasado 21 de junio una visita extraordinaria de inspección a la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Vipers LTDA, la cual fue contratada por la Alcaldía de Sincelejo para supuestamente proteger colegios, obras de infraestructura y otros espacios que pertenecen o están bajo la administración municipal.En dicha visita, la Supervigilancia revisó la prestación del contrato suscrito entre el municipio de Sincelejo y la empresa mencionada, y a partir de allí ordenó “la suspensión inmediata de actividades de patrullaje y en general de todas aquellas que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional".Después de toda esta polémica, la Supervigilancia aprovechó para “reiterar el llamado tanto al sector de la vigilancia y seguridad privada como a los contratantes a tener en cuenta que la prestación de cualquier servicio de este tipo “debe ceñirse de manera estricta a lo dispuesto en el Decreto Ley 356 de 1994 – Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
Alfonso Manzur Arrieta, hasta ayer 7 de marzo, fue el responsable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pues dejó su cargo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, designó a Raúl Alfonso Gutiérrez Romero como superintendente de Vigilancia encargado en reemplazo de Manzur Arrieta.Alfonso Manzur, es un militar retirado de la Armada Nacional, con especialidad en Inteligencia Naval, y con una destacada carrera académica, ha sido una figura influyente en el ámbito de seguridad y defensa en Colombia. Manzur Arrieta es reconocido por ser el fundador y director general de "Veteranos por Colombia", una organización que ha tenido un papel activo en la defensa de los derechos de los veteranos de guerra.Manzur Arrieta desempeñaba este cargo desde septiembre de 2022 cuando el presidente Gustavo Petro lo nombró.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que se debe revisar la reforma laboral, en especial para el sector público para revisar las desiguales condiciones de garantías laborales y protección sociales de las personas vinculadas a los contratos de prestación de servicios.“Las decisiones presentadas por parte del Gobierno nacional, en mi sentir, deben de manera muy pronta encontrar un punto de convergencia. Para nada le conviene al país un escenario de polarización”, indicó el contralor.Asimismo, Rodríguez dijo que desde la Contraloría ya se ha analizado las modificaciones propuestas al Código Sustantivo del Trabajo y otras normas sociales, que están orientadas a profundizar la conceptualización del trabajo digno y decente.El contralor indicó que esto debe hacerse solo por tres aspectos principales: la protección de los derechos individuales, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la protección y promoción del derecho de asociación sindicalA su vez, Rodríguez puntualizó que, por medio de esta reforma, se debe pretender garantizar la protección laboral y social a los trabajadores rurales y de plataformas.“Desde la Contraloría General de la República observamos la necesidad de fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control, para mejorar la garantía de derechos laborales”, indicó también el jefe del organismo de control.Esta entidad no cuenta, según el contralor, con suficientes inspectores de trabajo para lograr efectividad en la fiscalización de las regulaciones. Según el estándar de la OIT, Colombia debería contar con 1.966 inspectores, a la fecha tiene solo 904.El Contralor mencionó los resultados de las auditorías realizadas en las 3 últimas vigencias fiscales a recursos del Sector Trabajo por $255 billones. En 117 actuaciones de vigilancia y control fiscal desde 2020 hasta 2022, la Contraloría General ha establecido 167 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $87.353 millones.Le puede interesar: ¿Vuelven las vallas a los estadios?
En el artículo final de la reforma a la salud, que será discutido en el congreso el próximo 24 de abril, hay un artículo del proyecto que le otorga mayores atribuciones a la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud).Con este artículo, el superintendente podría actuar con funciones de juez cuando a los usuarios se les niegue algún servicio o procedimiento que suponga riesgo para su salud. Además, este podría adelantar los procesos de liquidación judicial de las empresas que vigila así como intervenir en casos en los que socios y accionistas de las empresas de salud incurran en actos defraudatorios.El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, aseguró el Gobierno busca levantar el velo corporativo en esos casos en los que se evidenció fuga de recursos: "Ha sido cometido por los dueños de estas empresas que se han ido y que dejaron en muchos líos y dificultades a los prestadores de los servicios de salud”.“Estamos viendo el texto que pasa al Congreso: que la Superintendencia pueda ir detrás del levantamiento del velo corporativo, en especial de las EPS que se han llevado la plata y que no les han permitido a los usuarios beneficiarse de los derechos que tienen con los servicios derivados de los recursos públicos para su protección”, indicó Beltrán.De esta forma, la entidad podría sancionar a los responsables de parte de la crisis del sistema y no solo a las entidades.Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reveló que Bucaramanga es la ciudad del país que presenta el mayor número de empresas de vigilancia que operan de manera ilegal prestando sus servicios a conjuntos residenciales y otro tipo de negocios. Según Alfonso Manzur Arrieta, superintendente de Vigilancia, este tipo de situaciones afecta directamente a los usuarios y a los guardias.“En esta visita de cinco días, evidenciamos 22 empresas de vigilancia y seguridad privada que no cumplen con los requisitos para prestar este servicio. Se le van a iniciar trámites e investigaciones a estas empresas y a los conjuntos residenciales que han contratado a estas empresas”, afirmó Manzur.Independiente de esa cifra de 22 empresas ilegales, en Bucaramanga hay 55 empresas de seguridad privada que trabajan dentro de la ley. Pero además de eso el superintendente aclaró que hay otro tema que les preocupa y es que los vigilantes terminen convertidos en recaudadores de dineros de los taxistas al cobrar por los servicios que llegan a los conjuntos residenciales, algo que Manzur calificó como ilegal.“Nosotros no podemos estimar un número de empresas ilegales en el país, pero digamos que, con este resultado, esta primera visita a nivel Bucaramanga, que nos deja 22 empresas informales, podemos estar hablando que el sector puede estar entre el 40% de una informalidad y esto tiene una línea concurrente con la ilegalidad”, resaltó Manzur.Otra de las observaciones que señaló Manzur fue la utilización de armas traumáticas por parte de una empresa que presta servicios de vigilancia en la capital de Santander, algo que también está prohibido.“Cabe destacar, por ejemplo, que en Bucaramanga encontramos en el conjunto residencial Alcalá, donde tienen un servicio de administración, conserjería, pero encontramos un arma traumática. Entonces, esto es un hecho grave porque no tienen licencia para aportes de armas, ni para prestar estos servicios y cuentan con armas. Esto para nosotros es muy grave porque puede tener una vinculación con el paramilitarismo en la ciudad”, aseguró el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia.Le puedo interesar:
El concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en medio de un debate de control político por la ola de inseguridad que vive la ciudad afirmó que "los bumangueses están en riesgo cada vez que hay eventos masivos".Señaló en Blu Radio que cuando se realizan conciertos, eventos deportivos y encuentros empresariales, los organizadores contratan es a la Policía Nacional y no a las empresas privadas de seguridad."Mientras los policías prestan servicios de seguridad en eventos privados, los delincuentes hacen de las suyas en diferentes sectores de Bucaramanga, porque están desprotegidos, por ese tema y otros existe una ausencia de liderazgo en el tema de seguridad en la ciudad", aseveró Jaime Andrés Beltrán.El concejal propuso que sean las empresas de seguridad privada las responsables de la seguridad de los eventos privados masivos como los megaconciertos, partidos de fútbol que se realizan en el estadio o en cualquier otro sitio de la ciudad."De esta manera se asegura el bienestar de los ciudadanos y no se descuida la seguridad en sectores que suelen ser neurálgicos, epicentros de episodios de violencia y delincuencia organizada. Cada organizador de evento privado debe velar por su seguridad y así no se dispone de la Policía para brindar ese servicio. No podemos descuidar la ciudadanía, más en las actuales circunstancias de inseguridad que vivimos, por eso es vital articular esfuerzos con las empresas privadas para que sean ellos quienes presten dicho servicio con su experiencia", manifestó el concejal.El superintendente de la Supervigilancia, Alfonso Manzur, señaló que actualmente en el país existen más de 450.000 vigilantes que trabajan en empresas de seguridad privada."Es momento de fortalecer los frentes de seguridad en la ciudad, contemplando la unión de esfuerzos de la comunidad, los administradores de conjuntos, la Policía y la seguridad privada. Es la única manera como podemos enfrentar la delincuencia y detener su operación criminal en Bucaramanga", manifestó el funcionario.Le puede interesar:
A raíz de los recientes accidentes de tránsito en la operación de rutas escolares, que en algunos casos han dejado varios niños muertos, crece en el país la preocupación por la seguridad en este tipo de transporte.Darío Hidalgo, experto en movilidad, habló en Sala de Prensa sobre los problemas de seguridad en las rutas escolares.“Desafortunadamente las instituciones de vigilancia de transporte y movilidad no existen o son muy débiles (...) La vigilancia tiene que estar acompañada de las instituciones educativas y los padres de familia”, indicó el experto.Según cifras de la SDM, en promedio, siete (7) rutas escolares son sancionadas diariamente por no cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 431 del 2017.Hidalgo habló de algunas medidas que se deberían tomar para minimizar los riesgos en estos vehículos.“Solicitar al colegio los contratos y exigir a la empresa transportadora que comparta la revisión técnico-mecánica del vehículo”, finalizó Hidalgo.Se debe tener en cuenta que los padres deben exigir a los conductores y a los colegios que la ruta o vehículo que le presta el servicio se encuentre autorizado. Esto podrá ser verificado en la página del RUNT con el documento de identidad del conductor y el número de la placa.
A través de emisarios, clientes como el Clan Úsuga y grupos narcotraficante y de extorsionistas de menor magnitud, contactan a sujetos como Rojas para poder transportar el dinero en vehículos oficiales y así pasar desapercibidos y no levantar sospecha ante las autoridades. (Lea también: Alcalde Char y gobernador Verano rechazan propuesta de negociación de Clan Úsuga) La labor de las personas contactadas es recoger el dinero, y movilizarlo hasta algunas de las caletas creadas por estas organizaciones en Cali, Bogotá o Medellín, para luego devolverlo a los responsables o a quien les ordenen. Las autoridades informaron que otros implicados en estas estructuras serán capturados en las últimas horas. El carro que era conducido por Luis Javier Rojas Morera permanece en los parqueaderos del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Aclaraciones desde la Superintendencia de Vigilancia El superintendente de Vigilancia, Carlos Alfonso Mayorga, dijo este miércoles que el vehículo en el que fueron hallados los 614 millones de pesos y que estaba adscrito al Congreso de la República no era blindado y que por lo tanto no estaba bajo la competencia del organismo. “Este es un vehículo identificado con la placa OBH 651 no es un vehículo blindado y luego no estaba bajo la labor e incluso el permiso de esta superintendencia”, dijo. (Lea también: Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco) El funcionario aseguró que hasta el momento la Superintendencia de Vigilancia ha cancelado la licencia a 95 vehículos blindados.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió.
Con más de cuatro décadas de historia, AutoStok, histórica empresa concesionaria de vehículos nombrada por Sofasa como servicio autorizado de Renault en Colombia, entró a proceso de reorganización empresarial, según un documento de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.La SuperSociedades detalló que dicha solicitud fue presentada el pasado 30 de septiembre de 2024 y posteriormente aprobada el pasado 31 de octubre del mismo año. ¿Qué significa reorganización empresarial?Esta medida, contemplada en la Ley 1116 de 2006, busca permitir la reestructuración de los pasivos de la compañía y la negociación con sus acreedores para asegurar su continuidad operativa, lo que no implica la quiebra, sino que representa una herramienta legal para preservar su viabilidad financiera y cumplir con las obligaciones adquiridas.Además, la Superintendencia de Sociedades ordenó a AutoStok la presentación de una actualización detallada de su inventario de activos y pasivos, incluyendo información financiera conforme a las normas internacionales de información financiera (NIIF).En ese sentido, la compañía deberá entregar un listado de bienes, indicar los bienes en garantía y explicar inconsistencias en partidas específicas de sus estados financieros.Qué es AutoStokFundada en 1982 por Alirio Alarcón, AutoStok S.A.S. inició como una empresa de venta de vehículos y dos años más tarde fue reconocida por Sofasa S.A. como un servicio autorizado para Renault en Colombia. Desde entonces, la empresa ha expandido su presencia en el país con sedes en Bogotá, Barranquilla y Fusagasugá, y ha diversificado sus servicios incluyendo repuestos y talleres autorizados bajo el sello Renault Minuto.AutoStok opera actualmente en cuatro sedes de venta ubicadas en Bogotá (La Felicidad, Madelena y Morato, que es la principal) y Fusagasugá. En 2023, la empresa reportó un total de 198 empleados, distribuidos entre 66 mujeres y 132 hombres.Cómo van las ventas de Renault en 2024De acuerdo con los datos más recientes del Runt, recopilados por Fenalco y la ANDI en su informe de matrículas en Colombia, Renault es la segunda marca más vendida en los primeros 10 meses de este 2024.Son 19.199 unidades nuevas las que la empresa francesa ha vendido en lo corrido del año. Sin embargo, registra una variación anual negativa, que asciende al 13.8 %, en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las cifras de Renault contrastan con las de otras marcas en el mercado automotor colombiano. Por ejemplo, Toyota que va en primer lugar con matrículas tiene una variación anual positiva del 8.2 %, mientras que Kia, que completa el top 3, ha crecido 52.1 % en el mismo periodo.Por su parte, dentro del portafolio de Renault, el carro más vendido en este 2024 ha sido la Duster con 5.32 unidades y una reducción del 8.3 % respecto a las mismas matrículas que registró en los primeros diez meses del 2023.
La construcción del metro de Bogotá es la obra de infraestructura más ambiciosa en desarrollo en Colombia, no solo por su impacto en la movilidad de millones de ciudadanos, sino también por su trascendental contribución al desarrollo urbanístico de la capital. Fuera del viaducto que atraviesa de sur a norte la ciudad, se construyen también las 16 estaciones que además de prometer espacios comerciales, se conoció recientemente un ambicioso plan que busca la construcción de un proyecto inmobiliario y comercial en la estación 16 del metro ubicada en el sur de Bogotá, exactamente en la avenida Primera de Mayo con avenida Boyacá. El megaproyecto que se construirá en la estación 16 del metro de BogotáEste ambicioso proyecto de desarrollo inmobiliario de la Empresa Metro de Bogotá se basa en la utilización de un predio remanente de las obras de infraestructura y de la Estación 6 del sistema. Ubicado en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Primero de Mayo, este terreno representa una oportunidad para la revitalización urbana, aprovechando suelo público para desarrollar un proyecto de usos mixtos que se integrará con la principal infraestructura de transporte de la ciudad. Este modelo busca mejorar significativamente la calidad de vida de miles de residentes y usuarios de la zona.La Estación 6 del Metro de Bogotá abarca un área de influencia con una población potencial de 130.000 personas en un radio de 1,5 km. En este sector se encuentran aproximadamente 45.000 hogares con un promedio de tres integrantes cada uno. Para 2028, año en que iniciará la operación comercial del metro, se estima un flujo de 55.000 pasajeros diarios.El proyecto inicial contempla una estructura mínima con uso comercial distribuida en tres pisos y un sótano, mientras que el diseño máximo dependerá del aliado empresarial dentro de los parámetros normativos de la ciudad. El éxito de este modelo será clave para fomentar futuros desarrollos asociados al transporte público sostenible, con beneficios financieros y urbanísticos de largo alcance.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó durante un encuentro con promotores, desarrolladores, operadores inmobiliarios e inversionistas:Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, subrayó que el suelo permanecerá en propiedad de la EMB y no será objeto de venta, garantía o hipoteca por parte del aliado empresarial. Además, el desarrollo inmobiliario estabilizado será revertido a la Empresa Metro.
Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados "falsos positivos", por "graves violaciones" a los derechos humanos."Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos "no tienen derecho a entrar a Estados Unidos"."Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando "una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes".Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para "poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto".El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
La emergencia se registra en la vía principal que de Piedecuesta conduce a Málaga, Santander, específicamente entre los municipios de San Andrés y Guaca. Las lluvias debilitaron las bases que sostienen el puente vehicular, conocido como ‘Primero’, que empezó a abrirse y a colapsar.Esta situación deja incomunicados a 13 municipios del oriente de Santander con Bucaramanga, por la vía principal Curos - Málaga. Según denuncian las autoridades locales, el puente ya venía presentando problemas estructurales, los cuales no fueron atendidos a tiempo.Fredy Ramírez, alcalde de San Andrés, expresó su preocupación y tristeza ante la situación. "Es otra noticia triste porque nos afecta profundamente. Este puente Primero ya había tenido varias afectaciones previas, especialmente fisuras en la parte estructural y metálica. En su momento, el consorcio contratista de Invías que se encargaba de su mantenimiento decidió colocar costales llenos de arena como solución para estabilizarlo. Yo nunca estuve de acuerdo con esa medida, se los manifesté en varias reuniones", explicó Ramírez.El alcalde también destacó que, tras la detección de los primeros daños, se realizaron reuniones con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y otros alcaldes de la región para alertar sobre la necesidad urgente de reparar el puente. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el colapso se produjo a principios de esta semana, cuando los habitantes de la zona escucharon un fuerte estruendo, lo que les hizo temer lo peor."El consorcio nos informó que tenían un presupuesto de $1.200 millones para atender la emergencia. No obstante, los daños eran tan graves que no se pudo evitar el colapso", indicó el mandatario local, quien también reveló que hace una semana se había reunido con el ingeniero del consorcio, quien le había confirmado que las soldaduras del puente se estaban despegando.Las autoridades locales solicitaron a Invías y al Gobierno Nacional una solución inmediata, pues los impactos en el transporte, la economía local y la seguridad de los habitantes son graves.