La intervención de Air-e, la empresa encargada del servicio eléctrico en el Caribe colombiano, ha generado incertidumbre sobre su futuro. Con una administración temporal por parte del agente interventor Edwin Palma, designado por la Superintendencia de Servicios Públicos, se busca evitar su liquidación inmediata y encontrar alternativas que garanticen el suministro de energía a más de cinco millones de personas en Atlántico, Guajira y Magdalena.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, enfatizó la necesidad de establecer “reglas claras” para definir el camino de la compañía y destacó que la Gobernación está dispuesta a asumir un rol activo si es necesario.¿Cuál es la situación de Air-e?Según la Superintendencia, las pérdidas de Air-e para este año se estiman en 2 billones de pesos, atribuibles al robo de energía y la baja tasa de recaudo. Esta crisis ha llevado a revisar los modelos de gestión, tanto públicos como privados, que han sido implementados sin resultados satisfactorios en la región Caribe.“La situación es muy compleja. No podemos improvisar una solución si no tenemos cifras claras y un esquema definido por el Gobierno Nacional”, señaló el gobernador Verano, dejando claro que cualquier propuesta dependerá del apoyo y la coordinación con el Ejecutivo.El mandatario del Atlántico resaltó la importancia de que las gobernaciones de Atlántico, Guajira y Magdalena participen activamente en las discusiones sobre el futuro de Air-e. "Es nuestro máximo interés resolver el tema del servicio de energía eléctrica en nuestra región", afirmó Verano.La propuesta que se ha venido estructurando en conjunto con otros mandatarios de la región Caribe incluye la posibilidad de crear una empresa energética enfocada en la transición hacia energías renovables. "Creemos que es esencial promover energías como la solar y otras fuentes limpias, aprovechando el potencial de la región para liderar esta transformación", añadió.Finalmente, Eduardo Verano hizo énfasis en que la transición energética es fundamental no solo para superar la crisis actual, sino también para garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo. “Esta es una etapa compleja y difícil, pero también una oportunidad para establecer un modelo que permita resolver los problemas estructurales del servicio eléctrico en la costa Caribe”, explicó.Sin embargo, el gobernador advirtió que cualquier plan deberá ser precedido por una revisión detallada de las condiciones actuales de la empresa y las proyecciones de inversión necesarias. “Hasta ahora, todo está en manos de la Superintendencia, y necesitamos claridad en los criterios para poder construir el esquema que vendrá”, reiteró.
Este jueves se conoció que el Gobierno administrará Air-e hasta por un año, pero con el fin de liquidarla. Según la Superservicios, la administración temporal permitirá promover la recuperación de la empresa y que, durante todo este periodo, el agente interventor Edwin Palma será el encargado de administrar la compañía.Ante esta posición, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, propuso que la compañía regrese a lo público y que está dispuesto a intervenir si hay la necesidad.“No hemos sido partícipes del proceso de cómo se va a manejar Air-e hacia el futuro. Ojalá que nosotros nos den la oportunidad a futuro, de incluso, si es necesario, hasta de invertir. Yo creo que vamos a tener que regresar nuevamente lo público y si es necesario nosotros estamos dispuestos a invertir”, dijo Verano.El mandatario también se refirió al cobro de la tasa de seguridad que se hace a través de la factura de Air-e intervenida. Frente a esto señaló que insistirán ante la compañía de energía para que no sea retirado este cobro pues de hacerlo, el recaudo del impuesto se reduciría a la mitad y con ello, dijo, el número de obras e inversión en el departamento.
El Gobierno nacional, a través del agente interventor Edwin Palma, administrará a Air-e hasta por un año mientras se liquida a la compañía.La Superintendencia de Servicios Públicos tomó la decisión de establecer que la modalidad de toma de posesión de la empresa Air-e será con fines liquidatorios. Sin embargo, incluyó una etapa de administración temporal.Según el comunicado oficial de la entidad, el objetivo de esa administración temporal es que se ”dé la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.Esto quiere decir, en términos prácticos, que la compañía va a seguir operando como hasta ahora bajo la administración del agente interventor Edwin Palma.Durante esta etapa, Palma tiene el reto de garantizar el servicio de energía para la costa y de revertir una situación financieramente compleja.De acuerdo con los informes que le entregó Palma a la Superintendencia de Servicios Públicos, el año pasado Air-e perdió 1,4 billones de pesos y este año sus pérdidas podrían llegar a los 2,5 billones de pesos. El faltante de caja, hacia el año 2026, podría llegar a los 6 billones.Según el reporte, Air-e tiene un elevado endeudamiento y dificultades para generar caja de forma sostenible. Mientras tanto, las inversiones, serían insuficientes para garantizar la prestación del servicio.Lo que concluye la Superintendencia de Servicios Públicos es que “se observa la incapacidad de Aire para desarrollar su objeto social y prestar los servicios a su cargo”, conforme a la normativa que actualmente la rige. Por tanto, la referida empresa requiere una solución estructural e integral de corto y largo plazo.Este viernes el agente interventor y la Superintendencia de Servicios Públicos adelantarán una reunión con el Ministerio de Hacienda en la que, muy posiblemente, se va a hablar de cuánto puede destinar el Gobierno de Gustavo Petro a soportar o acompañar a Aire para que preste el servicio de electricidad en los próximos meses y así evitar que la mitad de la costa, incluida Barranquilla, se apague.
Este 5 de noviembre fue inscrita, ante el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, la “Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención”, la cual busca vigilar la ejecución correcta, legal, efectiva y oportuna de las acciones que se decidan para superar las causas que originaron dicha intervención por parte de la superintendencia de Servicios Públicos.La veeduría la conforman diferentes gremios del Atlántico y Magdalena, además de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico- Magdalena.Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico, habló sobre los puntos críticos que han identificado en el proceso de intervención y que deben ser priorizados. “La caja de la empresa es fundamental, es clave que el Gobierno nacional asegure los recursos para el buen funcionamiento de Aire, nutriendo el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. También el Gobierno nacional debe cancelar esas deudas que tiene por concepto de subsidios con la empresa y también mejorando los niveles de recaudo de la empresa. La compra de energía es otro de los temas críticos, se deben asegurar los contratos de largo plazo para reducir la exposición en bolsa que tiene Aire y que es superior al 50% y afecta a los usuarios por la variabilidad de la bolsa”, indicó el director ejecutivo de Intergremial.Cepeda Tarud indicó que la inversión en infraestructura eléctrica para mejorar el servicio y reducir las pérdida técnicas debe ser otra de las prioridades de la intervención, por lo que estarán vigilantes al tema.La veeduría operará en función de la actual toma de posesión para administración e igualmente en el caso de que se determine la liquidación de la empresa, velará por la celeridad y transparencia de esos procesos.
“Una situación bastante compleja” es la que dice haber encontrado el nuevo agente interventor de Air-e a su llegada a las instalaciones de la compañía en Barranquilla, donde se refirió a los diversos problemas y retos que enfrenta esta empresa en crisis.Palma se pronunció, por ejemplo, a los inconvenientes que ha tenido Air-e con la emisión de los recibos de luz, advirtiendo que una doble factura es la que probablemente les pasarán en noviembre a aquellos usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira a los que no les llegó el cobro en octubre, como consecuencia de esos problemas que aún sigue teniendo la compañía tras haber sido hackeada hace unas semanas.El interventor sostuvo que fue tal la magnitud del hackeo que la empresa aún carece de los servicios de telefonía e internet."Pues en efecto parecería que eso va a suceder, que se junte la facturación, pues todos sabemos que hubo un ataque cibernético. Esto hará parte de las reuniones que tendré para saber cómo va eso, cuándo vamos a tener restablecido todo el área comercial, porque no tenemos ni wifi, ni teléfono fijo, es decir, la situación es bastante compleja", sostuvo.De otra parte, y respondiendo a las críticas que ha recibido Air-e por la ampliación de cargos directivos en medio de la crisis, Palma aseguró que también está revisando este tema y que por lo pronto ha podido constatar que hubo una reducción de salarios en dicho cuerpo directivo."Pasaron de 12 cargos a 16, pero con una igualdad en gasto. He pedido a talento humano que nos ayude para saber cómo fue esto. Lo que sí he podido saber es que hubo reducción de los salarios del cuerpo directivo, algo consecuente con una compañía que está en crisis", dijo.Palma pidió a los usuarios armarse de “mucha paciencia” para esperar las soluciones definitivas, porque los temas que enfrenta Air-e “son bastante complejos y estructurales, con muchas deudas de municipios, departamentos y entidades” pendientes por resolver.“Responderles a los usuarios en un mes y medio de intervención es absolutamente imposible y tampoco vamos a hacer milagros. Nosotros tenemos la obligación de cumplir una misión en el marco de la Ley, pero no se va cumplir rápidamente”, dijo.Agregó que “el reto más importante es garantizar la compra de energía”, porque la empresa está “muy expuesta a la bolsa y el precio de la energía en bolsa está elevado, por las nubes”.“Hay que garantizar la compra de energía y que nuestros proveedores nos sigan prestando los servicios, es decir, estamos funcionando hoy en los mínimos y, bueno, confío en que todos los actores del sistema nos ayuden”, dijo.Otro de los temas que estará revisando el nuevo interventor son los polémicos cobro de terceros que el Gobierno busca retirar de los recibos de luz, para lo que espera reunirse en los próximos días con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en busca de acuerdos.
Aunque en el Atlántico hay confianza en el papel que desempeñará el líder sindical Edwin Palma Egea, quien fue designado este viernes como el nuevo agente interventor de la empresa Air-e por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, diferentes sectores —tanto políticos como económicos— han salido 'al paso' para manifestar que la salida de Carlos Diago, entre otras cosas, deja más preguntas que respuestas.En breve diálogo con BLU Radio durante la mañana de este sábado, el gobernador Eduardo Verano aseguró que ojalá se tenga la posibilidad de garantizar mejoras en el servicio de energía eléctrica con tarifas justas, destacando la experiencia de Palma Egea, a quien catalogó como una persona preparada y que “conoce muy bien el sector”.Sin embargo, señaló que quisiera “entender qué fue lo que pasó” a la luz de las declaraciones entregadas en su momento por el saliente agente interventor Carlos Diago. "Pues quisiera entender qué fue lo que pasó, a la luz de las declaraciones y todo lo que dijo en su momento, pero yo creo que lo que corresponde es seguir avanzando". Por su parte, Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, lamentó que el “compás de espera” no fuera suficiente para que Carlos Diago ejecutara las acciones requeridas, por lo que no descarta que, en efecto, sus posiciones hayan motivado su salida."De todas maneras entró en una cantidad de polémicas respecto a unos temas que de pronto lo desgastaron. Pero habíamos dicho que había que darle tiempo al tiempo para ver qué iba a ocurrir, y en ese transcurso precisamente de tiempo fue que el Gobierno decidió hacer el cambio del agente interventor", dijo Alarcón.Así las cosas, Alarcón reiteró que la intervención de Air-e debe darse con fines de liquidación, pues no ve posible que se intervenga una empresa para devolvérsela, según dijo a BLU Radio, a quienes defraudaron los recursos del Estado con maniobras “irregulares”.Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia.El nuevo agente especial trabajó para Ecopetrol en diferentes roles durante más de 20 años y, hasta agosto de 2024, se desempeñó como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo.Como se recordará, la intervención de la empresa Air-e, con fines administrativos, inició el pasado 12 de septiembre con la llegada a Barranquilla del entonces superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, siendo que ese mismo día asumió como agente interventor el ingeniero Carlos Diago, en medio de un acto protocolario de posesión en las oficinas administrativas de Air-e.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios posesionó este viernes en Bogotá al abogado Edwin Palma Egea como agente interventor de la Empresa Air-e, en reemplazo de Carlos Diago, quien ocupaba el puesto desde el pasado 13 de septiembre cuando se anunció la intervención de la compañía encargada del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado estudios para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla–La Mancha, en España. Además, ha sido docente universitario y columnista.El nuevo agente especial trabajó para Ecopetrol en diferentes roles por más de 20 años y, hasta agosto de 2024, se desempeñó como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.: “Palma Egea llega a liderar la intervención de la empresa Air-e, en toma de posesión por la Superservicios desde septiembre de 2024, cuando se determinó que no contaba con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para prestar el servicio de energía a los habitantes de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.”, informó la empresa Air-e.Entre los principales retos que enfrentará están la estabilización del servicio y la implementación de tarifas justas para la región.
Los ánimos volvieron a caldearse en el Caribe frente a la operación de la empresa Air-e, luego de que, por una decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, fueran suspendidos de manera temporal los términos de atención, quejas, reclamos y peticiones de los usuarios, así como aquellas que se encuentren en trámite por la vía administrativa.Así las cosas, la empresa Air-e tendrá más tiempo para responder las solicitudes que hagan los usuarios entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico frente al suministro del servicio de energía eléctrica, facturación y planes de intervención, siendo que esta suspensión se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.Esto, como consecuencia del hackeo al sistema que sufrió la empresa a inicios del mes de septiembre que llevó, inclusive, a que 15.000 facturas se emitieran sin el descuento del 20,3 % por concepto de opción tarifaria este mes de octubre, pese a lo prometido por el agente interventor Carlos Diago.Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, aseguró que esto era un claro incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa en el contrato de condiciones uniformes, además de la ley 142 de 1994.Inclusive, pidió que la intervención de la empresa sea con fines de liquidación. "Eestamos pidiendo desde la Liga Nacional de Usuarios que se tenga en cuenta que la intervención de Air-e por la Superintendencia de Servicios debe ser con fines liquidatorios, pues creo que esta empresa no merece que se le inyecten recursos de los colombianos para devolvérselas a los mismos dueños". No obstante, la compañía indicó que hizo uso de las facultades establecidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, la resolución de la Creg 108 de 1997, el Contrato de Condiciones Uniformes y el estatuto orgánico del sistema financiero para tomar esta decisión.La entidad comunicó que, en caso de que no se logre restablecer el sistema, se anunciará la posible extensión de la medida.
La Superintendencia de Servicios Públicos calcula que son los estratos 1 y 2 los que menos están ahorrando agua en medio del racionamiento que vive Bogotá debido a la falta de lluvias en el sistema Chingaza.Según el reporte, un hogar de estrato 2 consumió 20 metros cúbicos entre junio y julio, lo que implicó una reducción del 3.9 % frente al año pasado. Mientras tanto, un hogar de estrato 1 consumió 20.8 metros, lo que implicó una reducción del 3.9 %.En contraste, el estrato más ahorrador de la ciudad es el estrato 5, donde el consumo pasó de 18.5 metros a 17.2 metros, lo que implica una reducción del 7.3 % frente al año pasado.En el estrato 3, el ahorro es del 5.6 %, en el 4 es del 6.7 % y en el 6 del 6.6 %."Es importante considerar que el sobreabastecimiento de agua por parte de los usuarios el día previo al turno de racionamiento o el consumo ininterrumpido de los tanques de abastecimiento de las copropiedades puede afectar los tiempos de restablecimiento del servicio, en consideración a la demora que puede presentarse en el llenado de las redes por el suministro de agua a los tanques", aseguró la Superintendencia en un comunicado.Según Superservicios, se han presentado únicamente 10 quejas contra la empresa de acueducto por problemas con el abastecimiento de agua en la ciudad.
La Gobernación del Cesar considera que la sobretasa del 5% impuesta a los contratos de obras del departamento se ha quedado corta para mantener el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y por eso presentó ante la Asamblea Departamental un proyecto que busca incluir una nueva tasa en el recibo de energía que permita recaudar más recursos para este frente.Llama la atención que, mientras el Gobierno nacional anunció que reglamentará los cobros de terceros en las facturas de servicios públicos, la Gobernación del Cesar planea cobrar en los recibos de Afinia dicha tasa de seguridad, equivalente al 9% para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, y del 10% para los clientes comerciales e industriales.El proyecto, desde luego, ha despertado las críticas y molestias entre los usuarios, quienes dicen que ahora tendrán que decidir entre comer y pagar más impuestos en la ya elevada tarifa de energía."Nos oponemos contundentemente a que se instaure un nuevo impuesto. De hecho, estamos dispuestos a movilizarnos todas las fuerzas vivas de Valledupar y del departamento del Cesar para que esa proposición sea negada", expresó Anibal Barros, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Cesar."No es justo que en medio de la crisis más profunda de nuestra historia, en la que el sector agrario, industrial y comercial está padeciendo una situación sin precedentes y una alta tasa de desempleo, les vengan a sumar un impuesto", añadió. La gobernación asegura que la tasa de seguridad solo se les cobrará al 18% de los cesarenses y se calculará a través de un porcentaje, a diferencia de los usuarios del Atlántico quienes pagan un monto fijo mensual.
