Este 5 de noviembre fue inscrita, ante el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, la “Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención”, la cual busca vigilar la ejecución correcta, legal, efectiva y oportuna de las acciones que se decidan para superar las causas que originaron dicha intervención por parte de la superintendencia de Servicios Públicos.La veeduría la conforman diferentes gremios del Atlántico y Magdalena, además de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico- Magdalena.Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico, habló sobre los puntos críticos que han identificado en el proceso de intervención y que deben ser priorizados. “La caja de la empresa es fundamental, es clave que el Gobierno nacional asegure los recursos para el buen funcionamiento de Aire, nutriendo el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. También el Gobierno nacional debe cancelar esas deudas que tiene por concepto de subsidios con la empresa y también mejorando los niveles de recaudo de la empresa. La compra de energía es otro de los temas críticos, se deben asegurar los contratos de largo plazo para reducir la exposición en bolsa que tiene Aire y que es superior al 50% y afecta a los usuarios por la variabilidad de la bolsa”, indicó el director ejecutivo de Intergremial.Cepeda Tarud indicó que la inversión en infraestructura eléctrica para mejorar el servicio y reducir las pérdida técnicas debe ser otra de las prioridades de la intervención, por lo que estarán vigilantes al tema.La veeduría operará en función de la actual toma de posesión para administración e igualmente en el caso de que se determine la liquidación de la empresa, velará por la celeridad y transparencia de esos procesos.
“Una situación bastante compleja” es la que dice haber encontrado el nuevo agente interventor de Air-e a su llegada a las instalaciones de la compañía en Barranquilla, donde se refirió a los diversos problemas y retos que enfrenta esta empresa en crisis.Palma se pronunció, por ejemplo, a los inconvenientes que ha tenido Air-e con la emisión de los recibos de luz, advirtiendo que una doble factura es la que probablemente les pasarán en noviembre a aquellos usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira a los que no les llegó el cobro en octubre, como consecuencia de esos problemas que aún sigue teniendo la compañía tras haber sido hackeada hace unas semanas.El interventor sostuvo que fue tal la magnitud del hackeo que la empresa aún carece de los servicios de telefonía e internet."Pues en efecto parecería que eso va a suceder, que se junte la facturación, pues todos sabemos que hubo un ataque cibernético. Esto hará parte de las reuniones que tendré para saber cómo va eso, cuándo vamos a tener restablecido todo el área comercial, porque no tenemos ni wifi, ni teléfono fijo, es decir, la situación es bastante compleja", sostuvo.De otra parte, y respondiendo a las críticas que ha recibido Air-e por la ampliación de cargos directivos en medio de la crisis, Palma aseguró que también está revisando este tema y que por lo pronto ha podido constatar que hubo una reducción de salarios en dicho cuerpo directivo."Pasaron de 12 cargos a 16, pero con una igualdad en gasto. He pedido a talento humano que nos ayude para saber cómo fue esto. Lo que sí he podido saber es que hubo reducción de los salarios del cuerpo directivo, algo consecuente con una compañía que está en crisis", dijo.Palma pidió a los usuarios armarse de “mucha paciencia” para esperar las soluciones definitivas, porque los temas que enfrenta Air-e “son bastante complejos y estructurales, con muchas deudas de municipios, departamentos y entidades” pendientes por resolver.“Responderles a los usuarios en un mes y medio de intervención es absolutamente imposible y tampoco vamos a hacer milagros. Nosotros tenemos la obligación de cumplir una misión en el marco de la Ley, pero no se va cumplir rápidamente”, dijo.Agregó que “el reto más importante es garantizar la compra de energía”, porque la empresa está “muy expuesta a la bolsa y el precio de la energía en bolsa está elevado, por las nubes”.“Hay que garantizar la compra de energía y que nuestros proveedores nos sigan prestando los servicios, es decir, estamos funcionando hoy en los mínimos y, bueno, confío en que todos los actores del sistema nos ayuden”, dijo.Otro de los temas que estará revisando el nuevo interventor son los polémicos cobro de terceros que el Gobierno busca retirar de los recibos de luz, para lo que espera reunirse en los próximos días con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en busca de acuerdos.
Aunque en el Atlántico hay confianza en el papel que desempeñará el líder sindical Edwin Palma Egea, quien fue designado este viernes como el nuevo agente interventor de la empresa Air-e por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, diferentes sectores —tanto políticos como económicos— han salido 'al paso' para manifestar que la salida de Carlos Diago, entre otras cosas, deja más preguntas que respuestas.En breve diálogo con BLU Radio durante la mañana de este sábado, el gobernador Eduardo Verano aseguró que ojalá se tenga la posibilidad de garantizar mejoras en el servicio de energía eléctrica con tarifas justas, destacando la experiencia de Palma Egea, a quien catalogó como una persona preparada y que “conoce muy bien el sector”.Sin embargo, señaló que quisiera “entender qué fue lo que pasó” a la luz de las declaraciones entregadas en su momento por el saliente agente interventor Carlos Diago. "Pues quisiera entender qué fue lo que pasó, a la luz de las declaraciones y todo lo que dijo en su momento, pero yo creo que lo que corresponde es seguir avanzando". Por su parte, Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, lamentó que el “compás de espera” no fuera suficiente para que Carlos Diago ejecutara las acciones requeridas, por lo que no descarta que, en efecto, sus posiciones hayan motivado su salida."De todas maneras entró en una cantidad de polémicas respecto a unos temas que de pronto lo desgastaron. Pero habíamos dicho que había que darle tiempo al tiempo para ver qué iba a ocurrir, y en ese transcurso precisamente de tiempo fue que el Gobierno decidió hacer el cambio del agente interventor", dijo Alarcón.Así las cosas, Alarcón reiteró que la intervención de Air-e debe darse con fines de liquidación, pues no ve posible que se intervenga una empresa para devolvérsela, según dijo a BLU Radio, a quienes defraudaron los recursos del Estado con maniobras “irregulares”.Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia.El nuevo agente especial trabajó para Ecopetrol en diferentes roles durante más de 20 años y, hasta agosto de 2024, se desempeñó como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo.Como se recordará, la intervención de la empresa Air-e, con fines administrativos, inició el pasado 12 de septiembre con la llegada a Barranquilla del entonces superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, siendo que ese mismo día asumió como agente interventor el ingeniero Carlos Diago, en medio de un acto protocolario de posesión en las oficinas administrativas de Air-e.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios posesionó este viernes en Bogotá al abogado Edwin Palma Egea como agente interventor de la Empresa Air-e, en reemplazo de Carlos Diago, quien ocupaba el puesto desde el pasado 13 de septiembre cuando se anunció la intervención de la compañía encargada del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado estudios para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla–La Mancha, en España. Además, ha sido docente universitario y columnista.El nuevo agente especial trabajó para Ecopetrol en diferentes roles por más de 20 años y, hasta agosto de 2024, se desempeñó como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.: “Palma Egea llega a liderar la intervención de la empresa Air-e, en toma de posesión por la Superservicios desde septiembre de 2024, cuando se determinó que no contaba con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para prestar el servicio de energía a los habitantes de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.”, informó la empresa Air-e.Entre los principales retos que enfrentará están la estabilización del servicio y la implementación de tarifas justas para la región.
Los ánimos volvieron a caldearse en el Caribe frente a la operación de la empresa Air-e, luego de que, por una decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, fueran suspendidos de manera temporal los términos de atención, quejas, reclamos y peticiones de los usuarios, así como aquellas que se encuentren en trámite por la vía administrativa.Así las cosas, la empresa Air-e tendrá más tiempo para responder las solicitudes que hagan los usuarios entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico frente al suministro del servicio de energía eléctrica, facturación y planes de intervención, siendo que esta suspensión se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.Esto, como consecuencia del hackeo al sistema que sufrió la empresa a inicios del mes de septiembre que llevó, inclusive, a que 15.000 facturas se emitieran sin el descuento del 20,3 % por concepto de opción tarifaria este mes de octubre, pese a lo prometido por el agente interventor Carlos Diago.Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, aseguró que esto era un claro incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa en el contrato de condiciones uniformes, además de la ley 142 de 1994.Inclusive, pidió que la intervención de la empresa sea con fines de liquidación. "Eestamos pidiendo desde la Liga Nacional de Usuarios que se tenga en cuenta que la intervención de Air-e por la Superintendencia de Servicios debe ser con fines liquidatorios, pues creo que esta empresa no merece que se le inyecten recursos de los colombianos para devolvérselas a los mismos dueños". No obstante, la compañía indicó que hizo uso de las facultades establecidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, la resolución de la Creg 108 de 1997, el Contrato de Condiciones Uniformes y el estatuto orgánico del sistema financiero para tomar esta decisión.La entidad comunicó que, en caso de que no se logre restablecer el sistema, se anunciará la posible extensión de la medida.
La Superintendencia de Servicios Públicos calcula que son los estratos 1 y 2 los que menos están ahorrando agua en medio del racionamiento que vive Bogotá debido a la falta de lluvias en el sistema Chingaza.Según el reporte, un hogar de estrato 2 consumió 20 metros cúbicos entre junio y julio, lo que implicó una reducción del 3.9 % frente al año pasado. Mientras tanto, un hogar de estrato 1 consumió 20.8 metros, lo que implicó una reducción del 3.9 %.En contraste, el estrato más ahorrador de la ciudad es el estrato 5, donde el consumo pasó de 18.5 metros a 17.2 metros, lo que implica una reducción del 7.3 % frente al año pasado.En el estrato 3, el ahorro es del 5.6 %, en el 4 es del 6.7 % y en el 6 del 6.6 %."Es importante considerar que el sobreabastecimiento de agua por parte de los usuarios el día previo al turno de racionamiento o el consumo ininterrumpido de los tanques de abastecimiento de las copropiedades puede afectar los tiempos de restablecimiento del servicio, en consideración a la demora que puede presentarse en el llenado de las redes por el suministro de agua a los tanques", aseguró la Superintendencia en un comunicado.Según Superservicios, se han presentado únicamente 10 quejas contra la empresa de acueducto por problemas con el abastecimiento de agua en la ciudad.
La Gobernación del Cesar considera que la sobretasa del 5% impuesta a los contratos de obras del departamento se ha quedado corta para mantener el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y por eso presentó ante la Asamblea Departamental un proyecto que busca incluir una nueva tasa en el recibo de energía que permita recaudar más recursos para este frente.Llama la atención que, mientras el Gobierno nacional anunció que reglamentará los cobros de terceros en las facturas de servicios públicos, la Gobernación del Cesar planea cobrar en los recibos de Afinia dicha tasa de seguridad, equivalente al 9% para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, y del 10% para los clientes comerciales e industriales.El proyecto, desde luego, ha despertado las críticas y molestias entre los usuarios, quienes dicen que ahora tendrán que decidir entre comer y pagar más impuestos en la ya elevada tarifa de energía."Nos oponemos contundentemente a que se instaure un nuevo impuesto. De hecho, estamos dispuestos a movilizarnos todas las fuerzas vivas de Valledupar y del departamento del Cesar para que esa proposición sea negada", expresó Anibal Barros, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Cesar."No es justo que en medio de la crisis más profunda de nuestra historia, en la que el sector agrario, industrial y comercial está padeciendo una situación sin precedentes y una alta tasa de desempleo, les vengan a sumar un impuesto", añadió. La gobernación asegura que la tasa de seguridad solo se les cobrará al 18% de los cesarenses y se calculará a través de un porcentaje, a diferencia de los usuarios del Atlántico quienes pagan un monto fijo mensual.
Luego de la renuncia de Dagoberto Quiroga Collazos, en medio de la intervención de SuperServicios a la empresa energética Air-e y tras conocerse de supuestas interceptaciones ilegales de uno de sus asesores al sector energético, el presidente Gustavo Petro ya eligió su remplazo y será uno de sus viejos conocidos.Yanod Márquez será el nuevo Superintendente de Servicios Públicos en reemplazo de Dagoberto Quiroga. El exfuncionario de la Alcaldía Bogotá llegará a este cargo cuando el presidente Gustavo Petro firme el decreto de su nombramiento.>>> Lea también: Presidente Petro es declarado en desacato por no nombrar integrantes de Creg; pagará multaYanod Márquez Aldana es docente investigador y subgerente económico de TransMilenio entre el 3 de abril de 2012 y el 11 de marzo de 2013. Su gestión estuvo marcada por presuntas irregularidades sobre las que puso el ojo la Procuraduría. En ese momento, el concejal Juan Carlos Flórez acusó al funcionario de estar cometiendo posibles infracciones disciplinarias graves.La acusación se fundamentó en la asesoría que Márquez habría brindado a la empresa Coobus del SITP. Según Flórez, una de las posibles infracciones de Márquez fue haber asesorado a una empresa privada (Coobus) en temas que conoció durante su cargo como funcionario, sin que hubieran pasado los dos años requeridos tras su salida, lo cual está prohibido por el artículo 35 del Código Disciplinario Único.Márquez llegaría a reemplazar a Dagoberto Quiroga, quien presentó su carta de renuncia sorpresivamente y estaba esperando que el presidente Petro la aceptara.
El propósito del Gobierno nacional de deslindar las facturas de los servicios públicos con el cobro de impuestos o créditos está próximo a volverse realidad, pues, según explicó el superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, la CREG está trabajando para depurar los cobros finales, para lo que vienen trabajando en la expedición de una resolución que estaría lista en las próximas semanas.Según los detalles que pudo conocer Blu Radio, esto permitirá que, en un término no superior a estos meses, se inicie el retiro de dichos cobros en las facturas de los servicios públicos para la costa norte colombiana.“Tras de que las tarifas son bien caras y se le cargan al recibo un poco de servicios que no tienen nada que ver con lo que se les está cobrando, entonces la CREG está estudiando para dejar como depurada las facturas de servicios públicos a los usuarios”, manifestó el superintendente desde la Feria de Economías para la Vida que se desarrolla en Barranquilla.Asimismo, manifestó que “porque los usuarios muchas veces tienen inconvenientes en pagar, entonces si les llega un ‘razimo’ de cobros y el usuario no tiene ni siquiera para pagar el recibo, ahora mucho menos esos cobros; creo que es apenas justo”.No obstante, la situación empieza a preocupar a mandatarios de las regiones como es el caso del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, siendo que, a través de de recibos como el del servicio de energía, se recauda mes a mes una sobretasa de seguridad, a la que se suma el impuesto de alumbrado público.La supresión de estos cobros en dichos recibos pondría en riesgo la continuidad de varios proyectos por lo menos en el Atlántico, según advirtió el mandatario, que están financiados a partir del flujo de caja que se obtiene con el recaudo a través de dicha modalidad.
Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos, se pronunció este lunes en el programa Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, respecto a la intervención de la empresa Air-e y sobre las posibles diferencias personales con sus directivos.Quiroga señaló que la empresa había solicitado la intervención, al reconocer que no tenían capacidad para seguir prestando el servicio más allá del 2 de septiembre de 2023.El superintendente aclaró que, aunque la decisión final la tomó el Gobierno Nacional, Air-e ya había expresado su incapacidad operativa. "Como el Estado es quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, si alguien dice que no puede prestar los servicios, el Estado tiene que tomar decisiones" , explicó.Frente a la acusación de supuestos malos manejos dentro de la empresa, Quiroga fue tajante al señalar que no se ha realizado un análisis sobre este aspecto: "Nosotros no hemos entrado a analizar si hay malos manejos o no" , afirmó. Sin embargo, indicó que la situación financiera de Air-e era delicada, agravada por un ataque informático que complicó la recuperación de información crucial.Además, durante la entrevista, Quiroga habló sobre el complicado escenario que enfrentan las comercializadoras de energía en el país. Según él, el sistema de bolsa, en el que Air-e se vio obligado a comprar energía, es "perverso" , ya que "el precio lo impone el más ineficiente" .Asimismo, confirmó que varias empresas generadoras decidieron no seguir vendiéndole energía a Air-e debido a los retrasos en los pagos.En cuanto a las declaraciones de la periodista María Jimena Duzán, quien sugirió en su columna que la intervención beneficiaría a los propietarios de Air-e al sanear financieramente la empresa para luego devolvérsela, el superintendente fue claro."No vamos a entregar una empresa con unas inversiones que haga el Estado porque el Estado no puede regalarle plata a una empresa privada" . Quiroga dejó en claro que cualquier inversión realizada por el Estado deberá ser pagada por la empresa.Y agregó, “Con Laura Sarabia no tuvimos mayor acercamiento, el presidente me dijo que debíamos escoger un interventor intachable y se estudiaron varias hojas de vida y designé, sin recomendación de nadie, a Carlos Diago”, enfatizando en que no hubo ningún enfrentamiento con Sarabia.Finalmente, Quiroga se refirió a los rumores de su renuncia, que, según él, se filtraron desde la Presidencia de la República."Presenté mi renuncia protocolaria en enero, como lo hago cada seis meses. No hubo enfrentamientos ni con el presidente ni con Laura Sarabia" , afirmó.Además, desmintió cualquier conflicto en la designación del agente interventor, Carlos Diago, quien fue elegido "sin recomendación de nadie".Con estas declaraciones, el Superintendente busca aclarar la situación que rodea la intervención de Air-e, subrayando que las decisiones se han tomado en base a evaluaciones técnicas y que el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
