En entrevista con Mañanas Blu, el nuevo Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, habló sobre la situación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno. Durante la entrevista, Rubiano admitió que, a la fecha, los indicadores de estas entidades no han mostrado mejoras significativas, a pesar de los esfuerzos realizados por su administración y las anteriores.Cambios en la supervisión: nuevos interventores para las EPSEl anuncio incluyó la designación de siete nuevos interventores para EPS bajo medida especial, quienes asumirán el reto de redireccionar la administración de estas entidades. Los nombres destacados son:Diana Constanza Rodríguez Posso - Savia Salud EPSGloria Libia Polanía Aguillón - Asmet SaludGabriel Enrique Castilla Castillo - Emssanar EPSJorge Arturo Suárez Suárez - FamisanarCarlos Eduardo Franco Muñoz - SOS (Servicio Occidental de Salud)Bernardo Armando Camacho Rodríguez - Nueva EPSKemer Ramírez Cárdenas - SanitasRubiano defendió la idoneidad de estos nombramientos y aclaró que la selección se realizó bajo la normativa que otorga al superintendente la discrecionalidad para elegir candidatos más allá del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO). Rubiano también habló de la decisión de realizar auditorías forenses en todas las EPS intervenidas. Según el funcionario, el objetivo es obtener claridad sobre las circunstancias que enfrentan estas organizaciones. “Esto no implica sospechas de corrupción en todas las entidades, pero necesitamos evidenciar, en blanco y negro, qué está ocurriendo al interior de cada EPS”, subrayó. La auditoría busca analizar el estado financiero, el manejo de recursos y los indicadores de atención, elementos clave en la prestación del servicio de salud, según dijo.La intervención: ¿administrar o liquidar?En relación con la posibilidad de liquidación de algunas EPS, Rubiano fue enfático al afirmar que la administración actual prioriza medidas para mejorar indicadores y garantizar la continuidad del servicio. “Este Gobierno interviene para administrar, no para liquidar como ocurrió en gobiernos anteriores, que dejaron deudas impresionantes a la red pública y privada”, aclaró.Sin embargo, no descartó que el Comité de Medidas Especiales pueda decidir la liquidación en casos específicos, dependiendo del resultado de las investigaciones. Al ser consultado sobre las EPS más críticas, como Emssanar, Asmet Salud y S.O.S, Rubiano sostuvo que el enfoque sigue siendo estabilizar la operación y asegurar servicios adecuados para los usuarios.Indicadores: una crisis persistenteRubiano admitió que la situación heredada era “dramática” y “caótica”, lo que ha dificultado los avances esperados, por lo que justificó así la no mejora de los indicadores de las EPS intervenidas"Estamos buscando redireccionar el riesgo, siempre pensando en la gente. Nuestra prioridad es que los pacientes reciban medicamentos y atención oportuna, además de garantizar que las EPS contraten con IPS cercanas a las comunidades”, afirmó.Ante preguntas directas sobre el empeoramiento de la calidad del servicio, el Superintendente expresó su compromiso de revertir esta tendencia: “Espero que en los próximos meses podamos mostrar evidencia de mejora. Por ahora, es innegable que enfrentamos una gran oportunidad de cambio”.En el caso de Kemer Ramírez Cárdenas, interventor designado para Sanitas, surgieron cuestionamientos por investigaciones previas relacionadas con $32,000 millones en la Subred Centro Oriente de Bogotá. Rubiano aseguró que estas investigaciones fueron cerradas sin hallazgos significativos: “Lo importante es que las personas seleccionadas cumplen con los requisitos legales y éticos para asumir estos roles”.
Giovanny Rubiano García, el nuevo Superintendente Nacional de Salud en Colombia, anunció en la noche del viernes 15 de noviembre drásticas medidas decisivas para enfrentar los problemas financieros que aquejan al sistema de salud del país. Que incluyen, entre otras, a Nueva EPS, entidad del Estado.A través de una extensa comunicación, Rubiano confirmó la designación de nuevos agentes interventores para las siete EPS que actualmente están bajo intervención gubernamental; luego de las duras denuncias de presunta corrupción al interior de las mismas, hechas por el anterior superintendente, Luis Carlos Leal.Son ellas: Savia Salud EPS, Asmet Salud, Emsannar EPS, Famisanar EPS, Servicio Occidental de Salud (SOS), EPS Sanitas y Nueva EPS: al sacar a Julio Rincón, tras varios informes, auditorías y reportes que motivaron a hacer el trascendental cambio; debido al creciente deterioro en la prestación de serrvicios."Esta medida hace parte de un cambio integral a la entidad” explicó el funcionario, que confirmó el remezón en las entidades promotoras de salud que están bajo intervención del Gobierno.Asimismo, el superintendente enfatizó la necesidad de transformar la forma en que se percibe el actual sistema en el país. “La salud debe dejar de ser vista como un negocio y garantizarse como un derecho humano fundamental”, expresó, en un mensaje dirigido tanto a las EPS, como a las IPS y demás prestadores públicos y privados. RAdemás, el funcionario hizo un llamado "urgente" a los órganos de control para priorizar sus investigaciones y encontrar a los culpables de los desfalcos que afectan al sistema.Según la Supersalud, las dificultades financieras de las EPS, que llevaron a la intervención, son atribuibles al incumplimiento de los indicadores básicos para su funcionamiento. Estos problemas se intensificaron desde la pandemia de COVID-19, lo que obligó al Gobierno a tomar duras determinaciones.Cabe destacar que en el caso de Nueva EPS y EPS Sanitas, las intervenciones se llevaron a cabo con solo 24 horas de diferencia en abril de este año. La Superintendencia de Salud tomó el control de estas debido al "incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores”, como el exceso de peticiones y quejas de los usuarios.Sobre esta última, el grupo Keralty, de origen español, rechazó la medida contra Sanitas y culpó al Gobierno de provocar la crisis financiera al no hacer "los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y el "no reconocimiento de la deuda acumulada.Pese a esto, Rubiano defendió la intervención como una responsabilidad crucial para asegurar que los colombianos sigan recibiendo servicios de salud adecuados. La Supersalud afirmó que su intervención busca "tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos" para garantizar una prestación de servicios más efectiva.En consecuencia, los nuevos agentes interventores para las EPS bajo medida son:-Savia Salud EPS: Diana Constanza Rodríguez-Asmet Salud: Gloria Libia Polanía Aguillón-Emsannar EPS: Gabriel Enrique Castilla Castillo-Famisanar EPS: Jorge Arturo Sánchez Suárez-Servicio Occidental de Salud, SOS: Carlos Eduardo Franco Muñoz-Nueva EPS: Bernardo Armando Camacho Rodríguez-EPS Sanitas: Kemer Ramírez Cárdenas
El recién nombrado superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ya tomó una de sus primeras decisiones en el cargo: retirar a Julio Rincón del cargo de interventor de la Nueva EPS en medio de varias alertas por problemas en la facturación de la entidad y el aumento de las quejas y reclamos por parte de los afiliados.En una resolución publicada este viernes, el nuevo superSalud reseñó varios informes, auditorías y reportes que motivaron a hacer el cambio y a nombrar en reemplazo a Bernardo Armando Camacho.Uno de ellos tiene que ver con un seguimiento que hizo el equipo técnico logrando hallazgos como que había falencias en el proceso de control interno y de gestión de riesgo de la institución, prácticas contables y administrativas que no eran confiables para almacenar toda la información financiera afectando los resultados, así como falta de control con el estado de la facturación y los pagos realizados a los prestadores, poniendo en riesgo el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Estos hallazgos llevaron a que la entidad realizara otro seguimiento, donde encontraron faltas como que no cumplía con la entrega oportuna y clara de información que la Supersalud solicitaba, así como otras irregularidades con circulares internas.Por otra parte, dice la Supersalud que, contrario a las pretensiones de una intervención, la atención de la Nueva EPS se deterioró y esto lo respalda con cifras como que al comparar los registros de octubre 2022 a septiembre 2023 y octubre 2023 a septiembre 2024, hubo un incremento del 12,88 % en las reclamaciones para el régimen subsidiado y de 26,53 % para el contributivo.Además, al revisar los indicadores del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales Fénix Nueva EPS al último corte aprobado, en julio 2024, había logrado el cumplimiento de 13 de 3.923 indicadores.Con estos y otros motivos, el superintendente cambió al interventor y le ordenó al saliente presentar en los siguientes cinco días un informe con todas las actividades ejecutadas durante su paso por el cargo, así como pasar al nuevo intervenir todos los activos, libros de contabilidad, los registros y demás elementos relacionados con la administración de bienes y asuntos de la entidad.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso de las especulaciones sobre la salida del superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, y aclaró que su desplazamiento de la Superintendencia hacia el cargo de director general del FOMAG es una decisión del presidente Gustavo Petro, sin relación con las investigaciones que había denunciado recientemente el saliente superintendente. Jaramillo, expresó durante sus declaraciones un firme respeto por la honestidad y profesionalismo de Leal.“Yo tengo un gran respeto por el doctor Leal, es una persona íntegra y transparente”, afirmó Jaramillo, descartando que su salida tenga algo que ver con las recientes denuncias de corrupción que habrían sido reportadas en su gestión hacia 4 EPS. Según el ministro, los movimientos en el Gobierno son parte de una estrategia más amplia de reestructuración y Leal continúa siendo un actor valioso para el desarrollo de la salud en Colombia.En cuanto a las inquietudes sobre la influencia de un informe en la salida de Leal, el ministro fue categórico: “No, de ninguna manera. El presidente de la República nos tiene a todos en alta estima”, asegurando que, tanto él como Leal, están comprometidos con los cambios que el gobierno desea implementar en el país.El ministro también se refirió a las intervenciones a las EPS, explicando que son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema de salud, dada la crisis financiera de las entidades prestadoras. Según Jaramillo, estas intervenciones buscan poner a las EPS “en cuidados intensivos” para que, tras la reforma, salgan fortalecidas y puedan continuar contribuyendo al sistema de salud colombiano.
Luis Carlos Leal, quien hasta hace poco se desempeñaba como superintendente nacional de Salud, no asumirá finalmente el cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS), como se había especulado. En su lugar, Leal ocupará una nueva posición como gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una entidad que ha enfrentado diversos desafíos desde el cambio de modelo de salud para los docentes.De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, Leal decidió no aceptar la oferta de dirigir el INS, y esta decisión fue confirmada por él mismo durante el acto de posesión presidido por Gustavo Petro, donde reveló que no aceptaría el cargo. Sin embargo, existe otra versión sobre su nombramiento. Algunos indican que no se trata de una decisión de Leal, sino de una determinación del propio presidente Petro, quien decidió asignarle el nuevo cargo de gerente del Fomag, en lugar de la dirección del INS.A partir de hoy, el cargo de director encargado del INS será asumido por Tomás Prasca, quien hasta ahora ocupaba el puesto de director de redes del instituto.Recordemos que la salida de Luis Carlos Leal de su cargo como superintendente de Salud se produce en medio de varias polémicas, denuncias y escándalos. Uno de los principales fue la controversia generada por la expedición de una resolución relacionada con la afirmación de género en niños y niñas trans.Además, Leal se vio envuelto en otro intenso debate debido a las intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS), en el contexto de la discutida reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Estas acciones habrían alimentado las presiones de diversos sectores que demandaban su salida del cargo.Hasta el momento, Luis Carlos Leal no ha hecho declaraciones públicas sobre estos cambios.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió el miércoles 6 de noviembre a la denuncia hecha días atrás por la Superintendencia de Salud sobre posibles irregularidades en la gestión de los recursos en cuatro EPS a nivel nacional. Se trata de Coosalud y otras tres EPS intervenidas: Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud y Emssanar.Específicamente en Coosalud, la Supersalud encontró una presunta confabulación liderada por un particular, Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas; lo anterior, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud. El jefe de Estado entregó nuevos detalles de esta denuncia y pidió intervenir esta EPS."Una especie de acción muy subterránea en donde hay personas con nombre propio vinculadas, incluso a escándalos anteriores como Caprecom, que han construido una red de empresas que logran sacar dineros de las IPS, Hospitales, clínicas, de las EPS en general y los trasladan hacia paraísos fiscales. Es dinero que se roban al pueblo colombiano", dijo durante la posesión del nuevo superintendente de Salud, Giovanni Rubiano García.A su vez, el mandatario pidió al nuevo superintendente que implemente auditorías permanentes en todas las EPS intervenidas para identificar y remover a los funcionarios con malas prácticas.Y, por último, destacó la importancia de mejorar los indicadores de estas entidades y la calidad de sus servicios, además que expresó que debe prevalecer la atención primaria como prioridad, así como el derecho de los pacientes a elegir a su médico.
La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) se prepara para un cambio, pues Luis Carlos Leal, actual superintendente, dejará su cargo tras ocho meses en la dirección. En un movimiento que ha generado gran interés se ha publicado la hoja de vida de Leal para aspirar al cargo de director del Instituto Nacional de Salud (INS). Simultáneamente, Giovanni Rubiano García, actual director del INS, presentó su hoja de vida para convertirse en Superintendente Nacional de Salud.La publicación de estas hojas de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República sugiere un intercambio inminente entre ambos funcionarios. Este cambio de roles plantea preguntas sobre el futuro de la gestión sanitaria en el país y los retos que enfrentará la nueva administración.La salida de Leal del cargo se produce en un contexto marcado por controversias, denuncias y escándalos. Uno de los más destacados fue la resolución emitida sobre la afirmación de género en niños trans, que generó un intenso debate público.Además, Leal estuvo involucrado en polémicas relacionadas con intervenciones administrativas forzosas en las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Estas acciones coinciden con las discusiones sobre la controvertida reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Petro en el Congreso, lo que podría haber aumentado la presión para su destitución.
En medio de la salida de Luis Carlos Leal de Supersalud, la Asamblea de Antioquia señala que las cifras de Savia Salud no coinciden, tras más de un año de intervención. Mientras que el agente interventor dice que la EPS gira como mínimo el 80 % de los recursos a las entidades, los afiliados no son atendidos y persisten las dificultades financieras.La intervención a la EPS Savia Salud se hará hasta junio de 2025, tras haber cumplido más del 70% de los indicadores por lo que se considera que no es viable para liquidación, pero a la par, sigue habiendo problemas para la atención de los 1.7 millones de afiliados en Antioquia.La entidad enfrenta un complejo panorama financiero y de atención, a pesar de los esfuerzos de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Edwin Rodríguez, agente interventor, la EPS gira como mínimo el 80% de las unidades de pago por capacitación reconocidas y Savia Salud con la administración interventora ha llegado en el año 2024 a girar a través de la Adres para impactar la red prestadora en servicios de salud, hasta el 93.12% mejorando la atención de los afiliados.“Entonces el resultado es positivo debemos seguir conversando y mejorando, pero percibo de los Diputados esa voluntad de que Savia siga adelante que salvia mejor y los veo más participativos para este”, aseguró.Sin embargo, las cifras expuestas durante la plenaria en la asamblea de Antioquia no concuerdan con la realidad de los usuarios, por lo que el diputado citante Jorge Correa, recordó que en pasadas intervenciones se manifestó que en junio quedaba saneada Savia Salud y hoy está peor.“Más del billón de pesos de pasivos se han aumentado los costos administrativos del 3.7 antes de la intervención al 5 % y realmente no se está teniendo control sobre el tema de atención al usuario como las tutelas como los derechos de petición y demás también han aumentado”, aseguró Correa.Savia Salud atiende a diversas poblaciones vulnerables, incluyendo 119 mil niños entre 0 y 5 años y 330.000 adultos mayores. Sin embargo, la situación actual revela un aumento considerable en las reclamaciones por parte de los usuarios, lo que pone de manifiesto la crisis en la atención. Edwin Basurto, Presidente de SintraSaviaSalud.“La gestión del riesgo es una manera de cambiar el sistema de salud de buscar que mejore y la parte económica con la manera como se está generando el sistema no va alcanzar nunca, vamos a tener siempre problemas económicos que es lo que está demostrando en Savia Salud”, insistió.Desde su intervención en 2023, según la interventoría, Savia Salud ha implementado 76 acciones de mejora, abarcando componentes técnicos, financieros y jurídicos.Pese a esto, desde la Seccional de Salud de Antioquia, reiteraron que no se han logrado superar las amenazas, según dijo Juan David Berrio, director de aseguradoras y prestadores de servicios. “Vemos riesgos en la sostenibilidad financiera en la red pública hospitalaria; no garantía en accesos efectivos a servicios de salud corroboradas en las reclamaciones que realizan los usuarios. Insistimos en el trabajo articulado porque en Antioquia necesitamos que a Savia Salud le vaya bien”, indicó.La diputada Verónica Arango invitó a la Contraloría a auditar las cifras porque no concuerdan con lo que se publica, pues la crisis contempla ineficiencia en atención, aumento de tutelas, déficit de profesionales, insatisfacción por parte de los usuarios.
La Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en cuatro EPS del país, a raíz de una denuncia recibida el 22 de septiembre de 2024. Esta denuncia señala la posible injerencia de Mario Andrés Urán en la administración y manejo de recursos de salud en varias entidades.Tras una revisión, la Superintendencia ha emitido cuatro actos administrativos que ordenan la realización de auditorías específicas a Coosalud EPS S.A. y a tres EPS intervenidas: Servicio Occidental de Salud S.A. (S.O.S.), Asmet Salud EPS S.A.S. y Emsanar EPS S.A.S. Ya que, durante el proceso se han identificado diversas presuntas irregularidades que han puesto en tela de juicio la gestión de estas entidades.Entre las irregularidades detectadas, se destaca la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación, lo que ha afectado el flujo de recursos hacia otras entidades de salud. También se ha observado el pago a terceros para llevar a cabo funciones que deberían ser realizadas por los agentes interventores, lo que ha generado sobrecostos en la intervención. Además, se ha identificado una solicitud de autorización previa a Mario Andrés Urán para la postulación de giros directos de recursos, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.Otro aspecto preocupante para la Supersalud es el presunto favoritismo hacia laboratorios y marcas específicas, evidenciado en un plan de compra direccionado por Urán, lo que podría comprometer la equidad en la prestación de servicios de salud.Ante estas evidencias, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
En un movimiento clave en el sector salud, Luis Carlos Leal, actual superintendente de Salud, dejará su cargo para asumir la dirección del Instituto Nacional de Salud (INS). Este cambio se produce en un momento de gran relevancia para el sistema de salud en Colombia, en medio de la crisis por la escasez de medicamentos y tras la radicación de un nuevo proyecto de reforma a la salud, presentado por el Gobierno y el Pacto Histórico ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.Luis Carlos Leal, quien previamente se desempeñó como concejal de Bogotá liderará ahora el INS, organismo encargado de la investigación y control de enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas en el país. Por su parte, Giovanny Rubiano, actual director del INS, asumirá el rol de superintendente de Salud en una transición que promete traer cambios importantes para el sector.La oficialización de este enroque se espera en las próximas horas, según fuentes del Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo. Este ajuste se suma a una serie de cambios estratégicos en el Gobierno para bsucar fortalecer el sistema de salud y enfrentar los desafíos actuales, especialmente en un contexto de reformas estructurales y de acceso a medicamentos esenciales.Luis Carlos Leal llegó al cargo el pasado mes de febrero y su administración no estuvo exenta de polémicas. Una de las principales se relacionó con la normativa sobre la autorización de procedimientos de afirmación de género para menores de edad, algo que negó el funcionario en diálogo con Blu Radio."De ninguna manera. Es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios", sostuvo Leal en la entrevista.Aclaró que la circular se basa en el marco legal vigente y busca garantizar que todos los actores del sistema de salud, desde hospitales hasta gestores farmacéuticos, puedan brindar atención sin barreras ni discriminación a la población trans, incluyendo niños y adolescentes.
En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.