La Superintendencia de Salud (SuperSalud) presentó un informe sobre la situación de quejas y reclamos de los usuarios en el país, en el que expresa que, aunque el consolidado de reclamos por atenciones en salud mes a mes para todas las EPS mostró una disminución en los meses de octubre y noviembre de 2024, los reclamos en los últimos cuatros años han mostrado una tendencia creciente.De acuerdo con los registros de la SuperSalud, en los últimos 12 meses, en términos de tasa, (en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 a noviembre de 2024) por cada 10.000 afiliados al sistema de salud, se presentaron 322,03 reclamos. Por otra parte, de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, la tasa a 12 meses fue de 274,65 reclamos por cada 10.000 afiliados. Lo que, de igual forma, representa un aumento en los últimos años."Estamos trabajando para revertir esa tendencia de los reclamos en salud, por medio de acciones tales como ampliar la oferta de servicios, incrementar los giros a la red pública y mejorar la provisión de medicamentos, de manera articulada con las EPS”, indicó Giovanny Rubiano García, superintendente nacional de Salud.Uno de los primeros incrementos corresponde a julio de 2020, con un aumento del 38,49 % de los reclamos respecto el mes inmediatamente anterior, asociados principalmente a citas médicas, pruebas, entrega de resultados y demás atenciones por COVID-19.Un segundo incremento de reclamos se dio en abril de 2024, donde se presentó un aumento del 27,68 % respecto a marzo del mismo año, debido a los procesos de intervenciones de tipo administrativo de Nueva EPS, Sanitas EPS y SOS EPS, entidades con un gran número de afiliados.El último incremento relevante se presenta en octubre de 2024 donde se evidencian más de 170.000 reclamaciones, siendo la cifra más alta de toda la serie. Para este periodo la EPS con mayor tasa de reclamos por cada 10 mil afiliados fue Comfenalco Valle con 73,96 seguida por Servicios Occidentales de Salud con una tasa de 68,14; ambas EPS por encima de la tasa nacional para el mes de octubre de 2024 que se ubicó en 36,15.A nivel departamental, Risaralda presentó la mayor tasa mensual de reclamaciones del mes de octubre con 55,88 reclamos por cada 10.000 afiliados, seguido de Caldas con una tasa mensual de 48,69.
Hay indignación en Barrancabermeja luego de que, de acuerdo con la comunidad, luna clínica de la ciudad no atendiera a una menor que fue víctima de un accidente de tránsito cuando se trasladaba hacia un paseo familiar en un camión conducido por su padrastro que, en hechos que son materia de investigación, terminó estrellándose contra un árbol en el sector 6 del corregimiento El Centro.En el camión se transportaban, además, el padrastro y la madre de la niña, quienes solo tuvieron lesiones leves, sin embargo, tras el accidente quien resultó herida fue la pequeña de 12 años, con fractura en su pierna y demás lesiones en la parte inferior de su cuerpo.Según información publicada en redes sociales, los organismos de Socorro llegaron a auxiliar a la familia y trasladaron de urgencia a la niña en la ambulancia hasta una Clínica, pero el centro médico les negó la atención y permanecieron por más de una hora fuera de la institución. El hecho causó indignación en la comunidad, quienes exigen que las autoridades intervengan la institución médica por violación a la atención inicial de urgencias que no le brindaron a la pequeña.Al enterarse de la negativa, los defensores de derechos humanos interpusieron la denuncia respectiva ante la Súper Salud y esperan respuestas del caso denunciado, mientras la niña fue remitida al Hospital Internacional de Colombia en Floridablanca, donde fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en condición médica estable.
De acuerdo con Kelly Rúa, vocera de los denunciantes, el incumplimiento en los pagos desde el mes de noviembre por parte de la IPS La Roca, es la razón por la que sus hijos y familiares en condición de discapacidad no cuentan con el acompañamiento de enfermeras cuidadoras.Cuestionan que no es la primera vez que ocurre, dejando a la deriva la atención, ya que sus familiares necesitan cuidados permanentes debido a que en su mayoría son pacientes como en el caso de su hijo de seis años, de pacientes con autismo, síndrome de down o retraso mental.“Lo peor es que siempre está el problema con el pago de las enfermeras, les pagan muy poquito, les pagan un sueldo de aproximadamente 800.000 pesos por prestación de servicios, sin prestaciones de salud y pensión, solo ARL. Para que les puedan pagan tienen que obligatoriamente hacer 20 turnos de 12 horas en el mes, y si no lo hacen, le pagan solo los turnos que hagan”, explicó Rúa.Advierte que esta IPS estaría cometiendo un desacato a una orden emitida por un juez de la República quien por una tutela ordenó a la EPS Sura garantizar la atención que le están negando.“Yo personalmente tengo un niño de 6 años de edad cronológicamente, pero neurológicamente tiene 2 años de edad, tiene autismo no verbal, es decir no habla en el momento, también tiene retraso mental moderado a severo, es asmático, entre otros diagnósticos que tiene mi hijo. Mi hijo depende de una enfermera cuidadora, no lo puedo dejar solo ni un minuto”, añadió angustiada la mujer.Los familiares de los afectados hacen un llamado a la personería, defensoría del pueblo y a la Superintendencia de Salud.
El expresidente de Coosalud EPS, Jaime González Montaño, presentó una denuncia penal contra el superintendente de Salud, Helver Giovanni Rubiano García, y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz. La acción legal, interpuesta ante la Fiscalía, se fundamenta en los presuntos delitos de injuria y calumnia agravada, relacionados con declaraciones públicas emitidas durante ruedas de prensa sobre la intervención administrativa de la EPS.Según Julián Quintana, abogado de González, las declaraciones realizadas por Rubiano durante una rueda de prensa el pasado 6 de diciembre de 2024, son “difamatorias y carentes de contexto”. En esa ocasión, Rubiano afirmó que Coosalud había respaldado un contrato de crédito con GNB Sudameris utilizando dineros públicos, y que el representante legal de la EPS, Jaime González, habría incurrido en irregularidades al actuar como fiador de una empresa privada con recursos públicos.El abogado señaló que estos señalamientos son incorrectos, ya que el contrato suscrito con GNB Sudameris no violó ninguna norma. Explicó que Coosalud Inversa S.A., entidad vinculada a la EPS, fue creada para cumplir con las condiciones financieras exigidas por el Decreto 2702 de 2014, y que el negocio jurídico cumplió con los parámetros legales establecidos. “La actividad se ajustó completamente al marco normativo, contrario a las afirmaciones del superintendente”, aseguró Quintana.Además, en la denuncia se incluyen acusaciones contra María José Navarro, quien, junto con Rubiano, presentó nuevos “hallazgos” en otra rueda de prensa el 19 de diciembre de 2024. González alegó que estas intervenciones públicas han dañado su reputación profesional y personal, generando percepciones erróneas sobre su gestión al frente de la EPS.Este caso se suma a una denuncia previa presentada contra el exsuperintendente Luis Carlos Leal, lo que refleja la creciente polémica en torno a las actuaciones administrativas y financieras de Coosalud en medio de señalamientos de corrupción.
Padres de Familia y afiliados a la EPS Coosalud aseguran que a las IPS que son enviados para la atención coincide con la intervención que genera el Gobierno nacional a esta EPS y los servicios no han sido contratados poniendo en riesgo la atención oportuna de los pacientes.Uno de los servicio eliminados es el de atención domiciliaria, que afecta especialmente a niños con condiciones de salud especiales. En total, más de 250 pacientes se han visto perjudicados por la decisión, lo que ha generado gran preocupación entre las familias, especialmente aquellas que dependen de este servicio para el cuidado de sus hijos.Uno de los casos más emblemáticos es el de Matías, un menor de 5 años con parálisis cerebral que desde el 20 de noviembre se encuentra sin la atención domiciliaria que ha recibido durante toda su vida. Su madre, Angie González, expresó su angustia ante esta situación: "Mi hijo siempre ha tenido una enfermera domiciliaria, y ahora me dicen que no necesita la atención, soy del régimen contributivo y si él no tiene cuidadora, yo no puedo ir a trabajar", dijo.El caso de Matías no es aislado, ya que son más de 250 los pacientes que se han visto afectados por la falta de servicios domiciliarios esenciales. Las familias denuncian que, además de la suspensión de la atención, también se ha cerrado una de las IPS que prestaba servicios a los afiliados de Coosalud, lo que agrava aún más la situación.Otra de las situaciones son las terapias esenciales dadas a estos pacientes, las cuales desde hace un mes no se han realizado. Sumado a pacientes que necesitan oxigeno de manera mensual y hasta estos trámites se demoran más de 20 días.Ante la protesta, y demás quejas interpuestas por las familias en la Super Intendencia de Salud, la EPS Coosalud emitió un comunicado en el que asegura que está trabajando para renovar la atención a los pacientes afectados.Dicha situación se debe a una intervención en curso del Gobierno Nacional y son varios los centros de rehabilitación que han cancelado sus servicios a los afiliados por falta de pago.Ante estos hechos, las familias exigen soluciones inmediatas, ya que la falta de atención está afectando directamente la salud y el bienestar de los niños.
El presidente de Coosalud, Jaime González, presentó una denuncia penal contra el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por prevaricato por omisión y falsa denuncia, en respuesta a las acusaciones de presunta corrupción que Leal había dirigido contra la EPS. Según el abogado Julián Quintana, defensor de González, las acciones de Leal estuvieron cargadas de irregularidades que vulneraron los derechos de la entidad.En septiembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud, liderada entonces por Leal, ordenó una auditoría a Coosalud EPS para verificar el flujo de recursos entre las entidades responsables del pago y los proveedores de servicios de salud. Este procedimiento dio lugar a la publicación, el 30 de octubre de 2024, de un comunicado oficial en la plataforma X, en el que se denunciaba una supuesta confabulación para direccionar contratos, liderada por Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud. Sin embargo, según Quintana, la Superintendencia negó posteriormente la existencia del informe preliminar que sustentaba esas afirmaciones.El abogado señaló que el informe filtrado de manera irregular por la Superintendencia, con logotipos oficiales, distorsionó la realidad y causó un impacto mediático negativo. “Estas acciones violaron el debido proceso y afectaron gravemente el buen nombre de la EPS, generando consecuencias financieras adversas para la empresa”, destacó Quintana.A esto se sumó, según la denuncia, que Leal presentó una falsa acusación ante la Fiscalía, afirmando sin pruebas contundentes que existía una trama para defraudar el sistema de salud. Quintana indicó que dichas afirmaciones estaban plagadas de imprecisiones y tenían como único propósito fortalecer la imagen pública de Leal, quien buscaría posicionarse políticamente.En respuesta, Coosalud interpuso una acción de tutela el 5 de noviembre de 2024, para proteger su derecho al debido proceso y a la honra. La acción fue admitida al día siguiente.“La instrumentalización de las instituciones públicas para fines personales o políticos es un acto reprochable que no solo afecta a las empresas, sino también la confianza en el sistema de salud”, concluyó Quintana.
La Superintendencia Nacional de Salud , encabezada por Giovanny Rubiano, y la superintendente de la Superintendencia Económica Solidaria dirigida por María José Navarro, anunciaron la toma de posesión de la cooperativa Coosalud tras detectar irregularidades financieras, especialmente relacionadas con la falta de transparencia en la presentación de los estados financieros.Según la Superintendencia de Salud, Coosalud EPS transfirió 433.000 millones de pesos a Coosalud Inversa, un monto que incluye 203.000 millones de pesos debitados por Sudameris en noviembre, además de préstamos previos que suman más de 229.000 millones de pesos.Conocida por gestionar más de tres millones de afiliados, se ha convertido en el centro de un escándalo por presuntas irregularidades financieras. La Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria han intervenido la cooperativa basada en denuncias de desvío de recursos que alcanzan los 433 mil millones de pesos. El presidente Gustavo Petro ha señalado a familias políticas involucradas en el manejo de la EPS. Jaime González, expresidente de Coosalud y quien fungió en ese cargo hasta noviembre de este año, habló en Mañanas Blu, y defendió su gestión describiéndola como transparente. González enfatizó que su llegada fue en 1996 y que siempre se priorizó la salud de los afiliados. "Aquí no hay corrupción, los señalamientos son producto de mala información", afirmó. Las acusaciones de corrupción se centran en el uso indebido de recursos y la supuesta creación de una red de empresas para desviar fondos. González refutó estas acusaciones apuntando a que la cooperativa fue creada por personas de estratos bajos y que, a pesar de los problemas financieros, nunca se desvió dinero hacia paraísos fiscales. "Fue intervenido por el Gobierno por unas usas que no han podido explicar. Eso es una suposición, dicen que hay plata en islas Caimán, es lo más fácil de demostrar y no han podido. Con base en una suposición dijeron que habíamos llevado recursos de la salud a países fiscales"La situación plantea serios cuestionamientos sobre la calidad de atención y los recursos disponibles para sus cuidados médicos.Escuche aquí la entrevista:
La Superintendencia Nacional de Salud, encabezada por Giovanny Rubiano, y la superintendente de la Superintendencia Económica Solidaria dirigida por María José Navarro, anunciaron la toma de posesión de la cooperativa Coosalud tras detectar irregularidades financieras, especialmente relacionadas con la falta de transparencia en la presentación de los estados financieros.Según la Superintendencia de Salud, Coosalud EPS transfirió 433.000 millones de pesos a Coosalud Inversa, un monto que incluye 203.000 millones de pesos debitados por Sudameris en noviembre, además de préstamos previos que suman más de 229.000 millones de pesos.Adicionalmente, se reveló un préstamo de 10.000 millones de pesos solicitado por la cooperativa para la compra de una vivienda, el cual, según los informes, habría sido obtenido utilizando recursos destinados a la atención en salud de los colombianos.Tanto el Superintendente de Salud como la Superintendente de la Supersolidaria confirmaron que Jaime Gonzales Montaño es el representante legal de la Cooperativa Coosalud, Coosalud Inversa y Coosalud EPS.El presidente Gustavo Petro se pronunció al respectoA través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la toma de posesión de la Cooperativa Coosalud y al desvío de dineros: "No son $200.000 millones los que se han refundido en Coosalud EPS; son 433.000 millones, según la superintendencia de salud, dado que la empresa privada del dueño, también llamada Coosalud, venía contratando con la EPS dineros públicos por cuantía de $230.000 millones más, cuyo paradero se desconoce", señaló el mandatario.También añadió que "Cooasalud EPS escondió, además, 1.5 billones en facturas que no se pagaron, pero tampoco se registraron en contabilidad, escondiendo al público la situación de quiebra en que se encontraban".
La Superintendencia Nacional de Salud presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Coosalud EPS y Coosalud Inversa por presuntos desvíos fiscales que habrían afectado el uso de los recursos destinados a la salud pública. En el marco de esta denuncia, la entidad solicitó que se reconozca al Ministerio de Salud y Protección Social como víctima dentro del proceso penal en curso, debido al grave perjuicio que el actuar de Coosalud podría estar generando.De acuerdo con la denuncia, se trata del caso señalado recientemente por el superintendente nacional de salud, Giovanni Rubiano, quien afirmó que la EPS Coosalud estaría desviando recursos públicos destinados a la salud para cubrir deudas privadas, lo que representa un acto de mal manejo de los fondos públicos y una vulneración a la prestación del servicio de salud.Según el documento, esta situación afecta directamente el Presupuesto General de la Nación, administrado por el Ministerio de Salud, y pone en riesgo la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para toda la población colombiana.En este contexto, se solicitó que al Ministerio de Salud se le reconozca como víctima en el proceso penal que se adelanta por los hechos señalados. Según la solicitud, esta medida busca asegurar que se tomen las acciones correspondientes para reparar los daños causados al sistema de salud y garantizar que los recursos públicos sean utilizados exclusivamente para la atención sanitaria de los colombianos.
Hace unos días, la Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud de retiro presentada por la EPS Sura, el pasado 28 de mayo. Esto significa que la entidad, por ahora, deberá seguir funcionando y presentando su servicio en el sistema de salud como una EPS. Al respecto se pronunció Juana Llano, presidenta de Suramericana de Seguros.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, habló sobre lo que parece ser una contradicción desde el Gobierno, entendiendo lo que está pasando en el sector salud, pues se reconoce la necesidad de las EPS, pero al mismo tiempo impide su reestructuración."Los problemas estructurales y coyunturales del sistema no han cambiado, eso es real. Nosotros seguiremos trabajando de la mano de la red de prestadores en el país, que han sido indispensables para nosotros este año, para poder cumplir con nuestros compromisos con los afiliados. Han sido unos aliados indiscutibles durante este 2024 para poder cumplir con ese compromiso. Estamos analizando obviamente la resolución, viendo entonces qué pasos seguir a raíz de esta resolución", expresó.Pago por Capacitación (UPC)Justamente, habló de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y lo que internamente deberá subir a partir del próximo año luego de esta decisión de la SuperSalud. La presidenta de la entidad insistió en la urgencia de una reforma en la UPC, sugiriendo que se necesita un aumento del 16 al 19% para garantizar la sostenibilidad del servicio.Sin ese ajuste, advirtió que la “crisis podría profundizarse”, aumentando los riesgos para la atención de salud de millones de colombianos.“Hemos empezado a hacer nuestros análisis y realmente estamos viendo un rango del 16 y 19 % de aumento en la UPC, que se requiere para el 2025. Esos son nuestros análisis iniciales”, detalló.Pero, ¿qué es la UPC en Colombia?El Ministerio de Salud define la Unidad de pago por Capitación (UPC) como ese valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), para cubrir las prestaciones del plan obligatorio de salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.En ese sentido, explicó que aumentar la UPC les permite tener una conversación sobre “otras cosas estructurales del sistema” sin “afugias”, porque, recalcó, esto no resuelve todo el problema.“Necesitamos como país hablar del talento humano disponible en el sistema de salud. Necesitamos conversar sobre cómo vamos a llegar a las regiones, sobre qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías en la salud”, insistió Llano.Agregó que EPS Sura permanece en el sistema de salud por disposición de la Superintendencia Nacional de Salud y, por esa directriz, seguirán prestando el servicio y “haciendo el mejor para atender a los usuarios y afiliados”.“Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer para para seguir prestando el mejor servicio", puntualizó.
