La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Olímpica S.A., Bella Piel S.A.S., Bigfoot Colombia S.A.S. que es la firma detrás de Dafiti, Huawei Technologies Colombia S.A.S. y Nalsani S.A.S., marca de Totto.Uno de los principales hallazgos tras las inspecciones es que estas sociedades no habrían incluido en las publicidades la totalidad de los términos y condiciones esenciales y aplicables que debían tener en cuenta los clientes para las compras.Tampoco entregaron con claridad cuáles eran, por ejemplo, en qué caso no aplicaban las causales de exoneración de responsabilidad de la garantía de los productos ofrecidos por el canal electrónico o el periodo de duración de dicha garantía.Además, no hay evidencia de haber suministrado, antes de la venta, el derecho de reversión que tienen los consumidores, es decir que sí podía solicitar el reembolso del dinero pagado si consideraba que se había tratado de un fraude o el producto o servicio no correspondía con lo solicitado.¿De cuánto serían las sanciones?En caso de confirmarse que se cometieron estas irregularidades, las sanciones podrían ascender hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una de las sociedades investigadas, lo que se traduce en más de $2.500 millones.¿Qué es el Black Friday y cómo funciona?El Black Friday, traducido como "Viernes Negro", es uno de los eventos comerciales más esperados del año. Su esencia radica en ofrecer grandes descuentos en una amplia gama de productos, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para adquirir artículos a precios reducidos.Aunque su origen está documentado en Estados Unidos, lleva varios años siendo implementado en Colombia, por lo que es uno de los días más esperados del año para hacer compras. Estos descuentos masivos se llevan a cabo, normalmente, el último viernes del mes de noviembre.Es así como las tiendas tanto físicas como en línea ofrecen descuentos significativos en una amplia gama de productos, desde electrónica y moda hasta artículos para el hogar y viajes.Para muchos colombianos, diciembre es el mes de mayor gasto, siendo una de las épocas del año con más actividad comercial. Es por eso que el Black Friday o Viernes Negro, permite acceder a varios productos con algunos descuentos favorables. No obstante, también es una fecha que se asocia con problemas en algunos almacenes, pues algunos compradores han denunciado a lo largo de los años precios elevados, falsos descuentos y falta de grantías.
En octubre del 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó a Movistar y Tigo a compartir su infraestructura de red, como también los derechos de uso del espectro radiofónico. Es decir, las dos empresas iban a compartir sus “autopistas” para operar, pero comercialmente iban a seguir siendo en teoría empresas independientes y que iban a competir.Mucha gente en el sector de telecomunicaciones sospechaba que ese era el primer paso para lograr un propósito final: integrar a la segunda y tercera empresa más grande del sector.Las autoridades durante el 2024 lo negaron, pero en Mañanas Blu 10:30 a.m, pudo confirmar en exclusiva que las empresas radicaron el pasado 20 de diciembre formalmente la solicitud de integración ante la SIC. La ley indica que, si la cuota de mercado de las empresas solicitantes supera el 20 %, la operación de integración debe recibir la aprobación de la SIC para que se concrete.Lo llamativo es que a menos de que las empresas soliciten la reserva de la solicitud, la SIC está obligada a publicarla tres días hábiles después de haberla recibido en “un diario o medio de alta circulación”, para que terceros interesados o asociaciones de consumidores puedan enterarse y mandar comentarios. Esto, hasta el momento, no ha pasado.Recordemos que Millicom, empresa fundada en Luxemburgo, actualmente controla el 49 % de Tigo-UNE y EPM el otro 51 %. Mientras que la empresa española Telefónica tiene el 68 % de Coltel (Movistar en Colombia) y el Estado el 32 %. A finales del 2024 trascendió que Millicom había ofrecido 400 millones de dólares para adquirir Coltel. La solicitud de integración indica que el Gobierno nacional ya habría aceptado la oferta para vender su parte de Movistar.Para el proceso de integración, Tigo contrató al bufete de abogados Brigard Urrutia y Movistar al abogado Pablo Márquez, quien es experto en derecho de la competencia y trabajó en la SIC. Si se concreta la operación, Claro tendría el 45 % del mercado, Movistar-Tigo el 40 % y WOM el 7 %. ¿La SIC de Cielo Rusinque le negaría una solicitud de integración al gobierno de Gustavo Petro? Eso estará por verse.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la multa de 2.645.000.000 millones de pesos a la empresa de telecomunicaciones Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A-Claro por hechos relacionado la desobediencia de los derechos de los usuarios. De acuerdo con la dirección de investigaciones de protección de usuario de la SIC, la sanción se da por vulnerar el derecho de información de los usuarios, incumplimiento en las promociones ofertadas, la ejecución de cobros por servicios no autorizados, no prestar servicios de manera continua y con calidad y relacionar más de un periodo de facturación dentro de una misma factura.Esta multa se dio por las 3 denuncias presentadas por usuarios a la SIC. Entre tanto, la conclusión de la investigación dejó en evidencia que hubo incumplimiento en disposiciones legales y regulatorias, falta de información en términos y condiciones sobre los servicios pospago de Netflix, facturación elevada dentro del proceso de fidelización, activación de la plataforma “Netflix” sin autorización del usuario, desactivación de la línea móvil bajo el argumento de realización de acciones de control y prevención de fraude y la facturación de más de un periodo en una sola cuenta.Hasta el momento, la empresa de comunicaciones no ha emitido ninguna respuesta sobre la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Una mujer parqueó su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial para ir a comer. Al regresar, encontró que el parabrisas estaba roto y algunos objetos de valor que había dejado en el interior habían desaparecido. Ante esta situación, surgieron varias preguntas: ¿quién responde por los daños?, ¿qué pasos debe seguir para obtener una compensación?¿Qué hago si roban el carro en un parqueadero?De acuerdo con el Ministerio de Justicia, los establecimientos que prestan servicios de custodia, como los parqueaderos, tienen responsabilidades específicas cuando se producen daños o robos. Estos son los pasos que un usuario puede seguir en estos casos:Presentar una reclamación formalEl primer paso es informar lo ocurrido al administrador del parqueadero o del establecimiento, lo que debe hacerse por escrito, detallando los hechos y describiendo el estado en el que se entregó el vehículo y cómo se encontró al momento de retirarlo.El establecimiento tiene la obligación de responder a la reclamación en un plazo máximo de 15 días hábiles, tiempo que permite evaluar los hechos y determinar si asumirán o no la responsabilidad.Buscar una conciliaciónSi el establecimiento no responde de manera favorable o el usuario no está de acuerdo con la solución ofrecida, se recomienda optar por la conciliación, mecanismo que busca una solución amigable entre las partes antes de recurrir a instancias legales.Acudir a instancias legales si no hay acuerdoCuando no se llega a un acuerdo, el usuario puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, o a un juzgado civil, entidades que tienen la potestad de ordenar la reparación de los daños y perjuicios causados.¿Qué tener en cuenta si le pasa algo a mi carro en un parqueadero?Contrato de depósito: el servicio de parqueadero se considera un contrato de depósito, donde el establecimiento asume la custodia del bien a cambio de un pago o de forma gratuita.Recibo del parqueadero: es fundamental conservar el recibo entregado por el parqueadero, el cual debe incluir el nombre del establecimiento, su NIT, dirección, fecha y hora de ingreso, valor del servicio, y el estado del vehículo al momento de ser entregado.Depósitos gratuitos: si el servicio es gratuito, el establecimiento solo será responsable en casos de dolo o culpa grave, como negligencia evidente o mala fe.¿Cuánto puedo demorarme en presentar una demanda a un parqueadero?En caso de conflicto, el usuario tiene un plazo de un (1) año para presentar una demanda ante la SIC. Además, esta entidad puede imponer multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al establecimiento que incumpla con sus responsabilidades.Recomendaciones para prevenir problemasReportar cualquier objeto de valor que se deje dentro del vehículo al momento de ingresarlo al parqueadero.Revisar cuidadosamente el estado del vehículo antes de retirarlo.Conservar siempre el recibo original y hacerle una copia en caso de requerirla para futuros trámites.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado en respuesta a las críticas surgidas por el caso de Alberto Merlano Alcocer, exgerente general de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). El pronunciamiento busca esclarecer las versiones que apuntan a presuntas irregularidades en la revisión de la sanción impuesta a Merlano en 2012, cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de la capital.En el centro de la polémica están las renuncias de Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos. Ambos presentaron su dimisión tras mostrar desacuerdos sobre el manejo del caso en el Comité de Conciliación de la SIC. La situación se agravó después de que la directora de la entidad, Cielo Rusinque, solicitara a los delegados informes de gestión, lo que algunos interpretaron como una represalia.La sanción en cuestión asciende a $249 millones y fue impuesta por prácticas restrictivas de la competencia, según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. La SIC encontró que Merlano, entonces miembro de la junta directiva de la EAB, facilitó actos contrarios a la libre competencia. Desde 2018, este caso está en revisión en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se estudia una solicitud de nulidad de la sanción.En su comunicado, la SIC afirmó que “no es necesario caer en especulaciones frente a hechos que no admiten interpretación” y subrayó que la entidad no tiene facultades para levantar unilateralmente sanciones impuestas. La revocatoria directa de la multa está sujeta a un control de legalidad por parte de los jueces, quienes decidirán si existen fundamentos para anular la sanción con base en un análisis independiente.La entidad desestimó las acusaciones de presuntas presiones ejercidas sobre los funcionarios renunciantes, calificándolas como “falsamente motivadas”. Según el comunicado, las renuncias obedecen a intereses ajenos al buen desempeño de la administración. “Lo dicho refleja la posición sin fundamento de funcionarios desleales que, traicionando la confianza, tendieron una sombra de sospecha sobre actos honestos”, señala el texto.El comunicado también defendió la transparencia en las actuaciones de la SIC, asegurando que “la justicia es la encargada de impartir la última palabra” en este caso. Además, reiteró que las decisiones se han tomado en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. Finalmente, la SIC lamentó lo que consideró un intento de debilitar su gestión a través de “medidas extrajurídicas”.
La Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una investigación contra 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes, para determinar si estos habrían ejecutado un acuerdo colusorio en el marco de 21 procesos de selección adelantados por la Unidad Nacional de Protección, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de 3 billones de pesos.De acuerdo a la comunicación de la SIC, estas empresas "habrían ejecutado un acuerdo que podría ser ilegal, con el objeto de repartirse entre ellos los grupos y/o las regiones ofertadas para evitar presiones competitivas. Además, habrían presentado ofertas económicas iguales y/o muy cercanas a los precios techos señalados por la Entidad".Las empresas investigadas son:Arrendadora De Vehículos Blindados Armati Ltda.Alliance Security Rent Car Ltda.Blinsecurity De Colombia Ltda.M.I. Blindajes Ltda.Nacional Rent Car Ltda.Neostar Seguridad De Colombia Ltda.Gmw Security Rent A Car Ltda.Vehículos Blindados De Colombia Ltda.Vector Ltda.Alquiler De Vehículos BlindadosEstas habrían coordinado la presentación de observaciones y la no presentación de propuestas para presionar a la Entidad sobre distintos aspectos del proceso. Además de haber coordinado entre ellos, incluso, durante la etapa de ejecución de los contratos derivados de los procesos de selección objeto de análisis.Dice la Superindustria que encontró comportamientos que evidenciarían la existencia de un presunto acuerdo colusorio entre los actores ya mencionados.
La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a la sociedad Pagos Automáticos de Colombia, operador Gopass, aplicación que es utilizada por los conductores para facilitar los procesos de pagos y compras en servicios como peajes o parqueaderos, después de analizar una serie de quejas relacionadas con sus servicios.¿Por qué investigan a Gopass?Según la SIC, Gopass no estaría suministrando a los consumidores información clara, suficiente, oportuna y precisa respecto de los precios de las membresías y tarifas aplicables para el uso del dispositivo de identificación electrónica vehicular, mismo que es instalado en los vehículos de los conductores que acceden al servicio.Además, no estaría dando cumplimiento a los deberes legales que le corresponden por ofrecer sus servicios a través de la modalidad de ventas a distancia, teniendo en cuenta que no dispone de un mecanismo para que los consumidores puedan presentar y hacer seguimiento a sus PQR´S ni tampoco informan sobre el procedimiento para ejercer la reversión del pago del servicio.Gopass, destaca la SIC, no habría atendido tampoco los requerimientos de información ordenados por la Dirección que buscaban verificar el cumplimiento de la ley de Protección al Consumidor. Por eso, en caso de encontrarse probada la vulneración de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la Superintendencia podrá imponer a la sociedad investigada una multa hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.“Adicionalmente, las recientes denuncias presentadas en relación con Gopass, se encuentran siendo objeto de análisis por la Dirección de Investigaciones, por lo que invitamos a la ciudadanía a poner en conocimiento de la entidad, las irregularidades que considera que deben ser estudiadas y analizadas por la autoridad”, añadió la SIC.
El registrador Nacional, Hernán Penagos, expresó su preocupación por lo que considera una presión indebida hacia la Registraduría por parte del Gobierno, en medio de las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).Precisamente, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, defendió las acciones de la SIC en entrevista con Mañanas Blu. Según Rusinque, la SIC tiene la autoridad de solicitar información y aplicar sanciones en caso de obstrucción, y aclaró que la entidad no actúa de forma arbitraria. “No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia”, subrayó.En respuesta a esta situación, Hernán Penagos, también en Mañanas Blu, defendió la transparencia de la Registraduría y cuestionó la legitimidad de la presión ejercida por la SIC. “La Superintendencia es un órgano que está adscrito al Ministerio de Comercio. Pero, además, la Constitución dice que la Superintendencia actúa por funciones delegadas del Presidente de la República”, explicó el registrador, argumentando que no es razonable que estas entidades puedan inspeccionar y vigilar a la Registraduría, una institución electoral que debe ser independiente en un estado democrático.Penagos también aseguró que la Registraduría ha proporcionado toda la información solicitada y está dispuesta a seguir colaborando, aunque subrayó la sensibilidad de ciertos datos que requieren una orden judicial para ser entregados. “Todo el proceso precontractual, contractual, las actas, los pagos están en poder de la Superintendencia”, mencionó, indicando que la entidad no se ha negado a colaborar.Sin embargo, el registrador fue enfático al señalar que la forma en que se ha manejado el asunto no es justa ni con la Registraduría ni con la democracia colombiana. “La Registraduría ha sido sustento de la democracia por décadas. No es justo que mediáticamente la arrinconen de esa manera”, expresó, enfatizando que la entidad está abierta a la supervisión de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pero no a lo que él percibe como un acto unilateral y desproporcionado.Penagos concluyó su intervención reiterando su disposición a seguir entregando información, pero hizo un llamado a que se respete la autonomía de la Registraduría. “Díganos qué más requieren, la entregamos toda. Pero lo que no puede ocurrir es que después de que la Procuraduría anuncia una investigación por irregularidades en la visita, ahora quieran sancionar a los funcionarios”, señaló. Para él, este tipo de acciones no corresponden a la estructura del Estado colombiano, donde los órganos constitucionales son independientes.
En medio de la controversia suscitada por la reciente imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional de Colombia, la Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, aclaró en una entrevista con Mañanas Blu la legalidad y necesidad de estas actuaciones. Según Rusinque, el proceso está amparado en la Ley 1340 de 2009, que otorga a la SIC la facultad de exigir información en sus investigaciones administrativas y proceder con sanciones si se impide el acceso a dicha información.“No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia,” afirmó Rusinque.La funcionaria dijo que la SIC no está actuando de manera discrecional ni arbitraria, sino bajo los lineamientos legales y constitucionales que rigen la libre competencia en el país.¿Qué motivó la intervención de la SIC en la Registraduría?La acción de la SIC se centra en presuntas irregularidades en los contratos que han beneficiado a la firma Thomas Greg & Sons, la cual ha ganado repetidamente licitaciones en la Registraduría. Desde 2019, la SIC ha recibido denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas en las contrataciones de esta entidad. Rusinque mencionó que incluso organizaciones ciudadanas han manifestado preocupaciones sobre la falta de competencia en estos procesos.“Desde hace varios años, los medios y la ciudadanía han señalado eventuales irregularidades en estos contratos”, explicó la superintendente. Este proceso investigativo, como detalló Rusinque, ha seguido procedimientos rigurosos y se han tomado precauciones para solicitar únicamente la información relacionada con estos contratos. La negativa de la Registraduría a proporcionar la información solicitada, específicamente el acceso a ciertos dispositivos de trabajo, fue el desencadenante de los cargos, no una arbitrariedad de la SIC.Comparaciones con otras investigaciones: la polémica en CancilleríaDurante la entrevista, la superintendente también destacó la cooperación de otras entidades en investigaciones similares, en particular en el caso de la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La SIC realizó visitas administrativas a ambas instituciones por contratos cuestionados, y en ambos casos, las entidades facilitaron la información requerida sin polémicas.“En Cancillería, incluso los mismos funcionarios facilitaron el acceso a la información requerida,” señaló Rusinque, argumentando que la resistencia por parte de la Registraduría a la inspección de la SIC es lo que verdaderamente resulta llamativo.La SIC ha realizado más de 125 visitas administrativas en los últimos años, principalmente en organismos del Estado, sin incidentes de resistencia similares al de la Registraduría. Esto, para la superintendente, demuestra que la actuación de la SIC no es una intervención extraordinaria, sino un ejercicio regular de vigilancia que abarca tanto al sector público como al privado.Independencia de la SIC y rumores sobre interferencia electoralAnte las críticas de que la investigación podría tener motivaciones políticas, específicamente con miras a las elecciones de 2026, Rusinque fue enfática en defender la independencia de la SIC y el carácter técnico de su equipo. Subrayó que la intervención se basa en denuncias recibidas desde hace años y no en una acción reciente o motivada políticamente.“Esta investigación no comenzó hace ocho días. Las denuncias datan de 2019, y en marzo de este año ya habíamos hecho visitas a la Registraduría,” aclaró. “Nuestro trabajo es vigilar el cumplimiento de la ley sin importar de quién se trate. Este es un mandato que nos compete a todos los colombianos”.La superintendente también mencionó el respaldo de exfuncionarios y expertos en el tema, quienes han defendido la competencia de la SIC para investigar presuntas irregularidades en contratos públicos. Recordó que la Corte Constitucional ha validado las facultades de la SIC en estas materias, dejando sin fundamento las objeciones sobre la falta de jurisdicción.Protección de datos: otro frente de investigaciónEn la misma línea de su labor, la Superintendencia mantiene investigaciones paralelas respecto a la protección de datos en los contratos de la Registraduría. Aclaró que varias empresas privadas que manejan información de ciudadanos están bajo escrutinio, y algunas han facilitado la información sin dificultades. No obstante, destacó la gravedad de las denuncias sobre posibles ventas de datos personales a estructuras criminales, situación que la SIC investiga en colaboración con la Fiscalía.“Estamos trabajando con la Fiscalía para esclarecer las responsabilidades en posibles vulneraciones al derecho de protección de datos. Esto incluye riesgos serios como la suplantación de identidad”, añadió Rusinque.La superintendente concluyó afirmando que la labor de la SIC es técnica y no afecta el censo electoral o la autonomía de la Registraduría en temas electorales. Los procedimientos de la SIC están orientados únicamente a asegurar la transparencia y la libre competencia en el ámbito de la contratación pública, protegiendo así los derechos de los ciudadanos en un sistema económico justo y equitativo.
Luego de la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en contra de 12 compañías procesadoras de leche, Alquería defendió su cumplimiento en los pagos a los productores que le proveen este insumo.Sin embargo, la superintendente, Cielo Rusinque, le respondió y aseguró que la gran cantidad de quejas respaldan esta decisión.“Hubo reacciones de otros agentes dentro de esta cadena como por ejemplo proveedores y campesinos que ven con buenos ojos esta medida porque había muchas quejas en cuanto a la falta de cumplimiento de esta reglamentación expedida por el ministerio de agricultura para un pago de precio justo en la leche cruda. Nosotros ahí tenemos la competencia que estamos cumpliendo de verificación” aseguró.Recordemos que la controversia radica en una sanción por 1.117 millones de pesos por un presunto incumplimiento en la liquidación de los pagos a los productores primarios de leche.Además, en su declaración oficial, Nestlé enfatizó que “no comparte la decisión emitida” y ha tomado las acciones legales necesarias para controvertir la medida. La empresa subrayó que el proceso de pagos a los ganaderos se realiza “con total apego a la reglamentación vigente en el país, dando cumplimiento estricto a la resolución 0017 del 2012”.Incluso, reiteró su compromiso con el sector lácteo colombiano, asegurando que “a cabalidad los acuerdos comerciales y pagos a sus proveedores, conforme a la norma colombiana”, y que todos sus procesos se realizan “apegados al respeto y la transparencia”
