El registrador Nacional, Hernán Penagos, expresó su preocupación por lo que considera una presión indebida hacia la Registraduría por parte del Gobierno, en medio de las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).Precisamente, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, defendió las acciones de la SIC en entrevista con Mañanas Blu. Según Rusinque, la SIC tiene la autoridad de solicitar información y aplicar sanciones en caso de obstrucción, y aclaró que la entidad no actúa de forma arbitraria. “No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia”, subrayó.En respuesta a esta situación, Hernán Penagos, también en Mañanas Blu, defendió la transparencia de la Registraduría y cuestionó la legitimidad de la presión ejercida por la SIC. “La Superintendencia es un órgano que está adscrito al Ministerio de Comercio. Pero, además, la Constitución dice que la Superintendencia actúa por funciones delegadas del Presidente de la República”, explicó el registrador, argumentando que no es razonable que estas entidades puedan inspeccionar y vigilar a la Registraduría, una institución electoral que debe ser independiente en un estado democrático.Penagos también aseguró que la Registraduría ha proporcionado toda la información solicitada y está dispuesta a seguir colaborando, aunque subrayó la sensibilidad de ciertos datos que requieren una orden judicial para ser entregados. “Todo el proceso precontractual, contractual, las actas, los pagos están en poder de la Superintendencia”, mencionó, indicando que la entidad no se ha negado a colaborar.Sin embargo, el registrador fue enfático al señalar que la forma en que se ha manejado el asunto no es justa ni con la Registraduría ni con la democracia colombiana. “La Registraduría ha sido sustento de la democracia por décadas. No es justo que mediáticamente la arrinconen de esa manera”, expresó, enfatizando que la entidad está abierta a la supervisión de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pero no a lo que él percibe como un acto unilateral y desproporcionado.Penagos concluyó su intervención reiterando su disposición a seguir entregando información, pero hizo un llamado a que se respete la autonomía de la Registraduría. “Díganos qué más requieren, la entregamos toda. Pero lo que no puede ocurrir es que después de que la Procuraduría anuncia una investigación por irregularidades en la visita, ahora quieran sancionar a los funcionarios”, señaló. Para él, este tipo de acciones no corresponden a la estructura del Estado colombiano, donde los órganos constitucionales son independientes.
En medio de la controversia suscitada por la reciente imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional de Colombia, la Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, aclaró en una entrevista con Mañanas Blu la legalidad y necesidad de estas actuaciones. Según Rusinque, el proceso está amparado en la Ley 1340 de 2009, que otorga a la SIC la facultad de exigir información en sus investigaciones administrativas y proceder con sanciones si se impide el acceso a dicha información.“No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia,” afirmó Rusinque.La funcionaria dijo que la SIC no está actuando de manera discrecional ni arbitraria, sino bajo los lineamientos legales y constitucionales que rigen la libre competencia en el país.¿Qué motivó la intervención de la SIC en la Registraduría?La acción de la SIC se centra en presuntas irregularidades en los contratos que han beneficiado a la firma Thomas Greg & Sons, la cual ha ganado repetidamente licitaciones en la Registraduría. Desde 2019, la SIC ha recibido denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas en las contrataciones de esta entidad. Rusinque mencionó que incluso organizaciones ciudadanas han manifestado preocupaciones sobre la falta de competencia en estos procesos.“Desde hace varios años, los medios y la ciudadanía han señalado eventuales irregularidades en estos contratos”, explicó la superintendente. Este proceso investigativo, como detalló Rusinque, ha seguido procedimientos rigurosos y se han tomado precauciones para solicitar únicamente la información relacionada con estos contratos. La negativa de la Registraduría a proporcionar la información solicitada, específicamente el acceso a ciertos dispositivos de trabajo, fue el desencadenante de los cargos, no una arbitrariedad de la SIC.Comparaciones con otras investigaciones: la polémica en CancilleríaDurante la entrevista, la superintendente también destacó la cooperación de otras entidades en investigaciones similares, en particular en el caso de la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La SIC realizó visitas administrativas a ambas instituciones por contratos cuestionados, y en ambos casos, las entidades facilitaron la información requerida sin polémicas.“En Cancillería, incluso los mismos funcionarios facilitaron el acceso a la información requerida,” señaló Rusinque, argumentando que la resistencia por parte de la Registraduría a la inspección de la SIC es lo que verdaderamente resulta llamativo.La SIC ha realizado más de 125 visitas administrativas en los últimos años, principalmente en organismos del Estado, sin incidentes de resistencia similares al de la Registraduría. Esto, para la superintendente, demuestra que la actuación de la SIC no es una intervención extraordinaria, sino un ejercicio regular de vigilancia que abarca tanto al sector público como al privado.Independencia de la SIC y rumores sobre interferencia electoralAnte las críticas de que la investigación podría tener motivaciones políticas, específicamente con miras a las elecciones de 2026, Rusinque fue enfática en defender la independencia de la SIC y el carácter técnico de su equipo. Subrayó que la intervención se basa en denuncias recibidas desde hace años y no en una acción reciente o motivada políticamente.“Esta investigación no comenzó hace ocho días. Las denuncias datan de 2019, y en marzo de este año ya habíamos hecho visitas a la Registraduría,” aclaró. “Nuestro trabajo es vigilar el cumplimiento de la ley sin importar de quién se trate. Este es un mandato que nos compete a todos los colombianos”.La superintendente también mencionó el respaldo de exfuncionarios y expertos en el tema, quienes han defendido la competencia de la SIC para investigar presuntas irregularidades en contratos públicos. Recordó que la Corte Constitucional ha validado las facultades de la SIC en estas materias, dejando sin fundamento las objeciones sobre la falta de jurisdicción.Protección de datos: otro frente de investigaciónEn la misma línea de su labor, la Superintendencia mantiene investigaciones paralelas respecto a la protección de datos en los contratos de la Registraduría. Aclaró que varias empresas privadas que manejan información de ciudadanos están bajo escrutinio, y algunas han facilitado la información sin dificultades. No obstante, destacó la gravedad de las denuncias sobre posibles ventas de datos personales a estructuras criminales, situación que la SIC investiga en colaboración con la Fiscalía.“Estamos trabajando con la Fiscalía para esclarecer las responsabilidades en posibles vulneraciones al derecho de protección de datos. Esto incluye riesgos serios como la suplantación de identidad”, añadió Rusinque.La superintendente concluyó afirmando que la labor de la SIC es técnica y no afecta el censo electoral o la autonomía de la Registraduría en temas electorales. Los procedimientos de la SIC están orientados únicamente a asegurar la transparencia y la libre competencia en el ámbito de la contratación pública, protegiendo así los derechos de los ciudadanos en un sistema económico justo y equitativo.
Luego de la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en contra de 12 compañías procesadoras de leche, Alquería defendió su cumplimiento en los pagos a los productores que le proveen este insumo.Sin embargo, la superintendente, Cielo Rusinque, le respondió y aseguró que la gran cantidad de quejas respaldan esta decisión.“Hubo reacciones de otros agentes dentro de esta cadena como por ejemplo proveedores y campesinos que ven con buenos ojos esta medida porque había muchas quejas en cuanto a la falta de cumplimiento de esta reglamentación expedida por el ministerio de agricultura para un pago de precio justo en la leche cruda. Nosotros ahí tenemos la competencia que estamos cumpliendo de verificación” aseguró.Recordemos que la controversia radica en una sanción por 1.117 millones de pesos por un presunto incumplimiento en la liquidación de los pagos a los productores primarios de leche.Además, en su declaración oficial, Nestlé enfatizó que “no comparte la decisión emitida” y ha tomado las acciones legales necesarias para controvertir la medida. La empresa subrayó que el proceso de pagos a los ganaderos se realiza “con total apego a la reglamentación vigente en el país, dando cumplimiento estricto a la resolución 0017 del 2012”.Incluso, reiteró su compromiso con el sector lácteo colombiano, asegurando que “a cabalidad los acuerdos comerciales y pagos a sus proveedores, conforme a la norma colombiana”, y que todos sus procesos se realizan “apegados al respeto y la transparencia”
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que investiga a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y a nueve hoteles de Cali por "posibles conductas anticompetitivas en el mercado de la prestación" de su servicio para los días en que se celebrará en esa ciudad la COP16.La SIC señaló en un comunicado que ordenó medidas cautelares contra Cotelco y los establecimientos tras analizar la información y las pruebas que recogió la Delegatura de Protección de la Competencia en sus visitas administrativas a los hoteles en junio pasado.En diálogo con Mañanas Blu, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, entregó detalles de la investigación que avanza con el fin de garantizar los derechos y la elección de hospedaje con precios justos de los asistentes en la ciudad en el marco de la COP16. Durante las visitas de inspección, se encontraron indicios de posibles prácticas anticompetitivas, como conversaciones de WhatsApp entre los agentes del mercado y el intercambio de información sensible a través de una plataforma creada por Cotelco. Esto afectaba la disponibilidad de habitaciones, las tarifas y la capacidad hotelera día tras día, en perjuicio de los consumidores y visitantes del evento. "Debemos garantizar que los visitantes tengan acceso a precios justos y calidad en los servicios. Esto solo se logra protegiendo el libre mercado y la libre competencia. Hay un cálculo inicial que indica un aumento de más del 700 % en las tarifas", reveló. En cuanto a las sanciones, se establecen montos pecuniarios y posibles órdenes administrativas. Las sanciones pueden llegar hasta cien mil salarios mínimos mensuales para personas jurídicas y dos mil salarios mínimos para personas naturales. Se espera que a la cumbre asistan más de 12.000 visitantes internacionales de más de 190 países, organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, sociedad civil, académicos y público en general que negociarán y discutirán sobre la importancia que tiene la protección y restauración de la naturaleza a través de 23 metas para 2030 y cuatro objetivos para 2050. Escuche aquí la entrevista:
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia interpuso este jueves una multa de 4.192 millones de pesos (unos 980.000 dólares) a la aerolínea Avianca y 882 millones de pesos (unos 210.000 dólares) a la compañía Price Res por violaciones al régimen de libre competencia.El organismo detalló que en 2018 autorizó a ambas empresas una "operación de integración" para prestar los servicios de agencia de viajes a través de la marca Avianca Tours con varias condiciones, una de las cuales que la aerolínea "no podía ofrecer ni suministrar tiquetes aéreos" aplicando "condiciones discriminatorias" que pusiera a sus competidoras en desventaja.La SIC "pudo demostrar que Avianca y Price Res incumplieron dicho condicionamiento, toda vez que Avianca ofreció promociones donde se otorgaba un bono de 150.000 pesos (36 dólares) a los clientes que realizaran compras de tiquetes aéreos en su página web, pero este únicamente podía ser redimido en Avianca Tours"."Con este comportamiento se pudo constatar que Avianca usó su posición en el mercado de transporte aéreo para apalancar Avianca Tours, aplicando condiciones discriminatorias a sus competidores", expresó la Superintendencia.Esta aerolínea es líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, y el Grupo Avianca comprende además a Avianca Cargo y la participación en LifeMiles.
La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación preliminar por la venta de boletas para el partido de eliminatorias al mundial 2026 entre Colombia - Chile que se jugará el próximo 15 de octubre. La entidad adelantó varias visitas este viernes 27 de septiembre a las sedes de las compañías encargadas de emitir los tiquetes. La SIC estuvo en las oficinas de TICKET FAST S.A.S. (Tuboleta), con el fin de revisar los procedimientos relacionados con la venta de boletería para ese partido, que se jugará en Barranquilla.Esta acción se enmarca dentro de la fase de averiguaciones preliminares que adelanta la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Delegatura para la Protección del Consumidor, con el propósito de salvaguardar los derechos de los consumidores. "En esta visita, se verificó si la información proporcionada a los consumidores a través de los canales oficiales autorizados por la Federación Colombiana de Fútbol sobre las políticas de adquisición de la boletería es completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, precisa e idónea", señaló la SIC. Es importante aclarar que, en el marco de estas inspecciones, la Superintendencia está facultada para decretar y practicar pruebas, así como para recabar toda la información pertinente que permita verificar el cumplimiento de las normativas del régimen de protección al consumidor.Precisamente este mismo día Tuboleta anunció la venta de las boletas para este partido donde hay 19.379 tickets disponibles.
Sanciones que ascienden a los 339 millones de pesos son las que, en primera instancia, impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad Clínica de la Costa S.A.S. en Barranquilla “por incumplir, en su condición de IPS, con los precios máximos de venta para algunos medicamentos que se comercializan en el país”.La Superintendencia explicó que adoptó tal decisión “después de haber solicitado de manera oficiosa información de facturación de la Clínica, expedida durante la vigencia de la Circular 12 de 2021”.La SIC informó que, “después de cruzar estos datos con las operaciones comerciales efectuadas por la IPS, se encontró que esta realizó la venta de 15 medicamentos en diferentes presentaciones, a precios que superaban los máximos fijados por el Gobierno Nacional”.“Los medicamentos que se vendieron por encima de los precios regulados son utilizados en tratamientos contra la epilepsia, cáncer de pulmón, infecciones severas, leucemia, esquizofrenia, entre otros”, detalló la SIC.De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio enfatizó en que seguirá aplicando el régimen de control directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos “para asegurar que los recursos públicos asignados al sector salud sean utilizados de manera eficiente y que los medicamentos y dispositivos médicos estén disponibles a precios justos y accesibles para toda la población, con el fin de garantizar una protección efectiva a derechos fundamentales tales como la salud y la vida”.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC - Movistar con una multa de $718.229.188, equivalente a 740 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta sanción se impuso debido a irregularidades en el proceso de portabilidad numérica móvil, afectando los derechos de información y elección de los usuarios.La investigación fue liderada por la Dirección de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC, luego de recibir denuncias sobre problemas en el proceso de portabilidad numérica. Durante el análisis del caso, se evidenciaron dos situaciones clave que motivaron la sanción:Activación de línea sin SIM: Se detectó que Movistar activó una línea móvil objeto de portación sin haber entregado la tarjeta SIM correspondiente al usuario.Portación no solicitada: En otro caso, se inició un trámite de portación para una usuaria sin su consentimiento.>>> Lea también: Gobierno no descarta vender a Millicom participación en Movistar si "la pagan bien"La SIC concluyó que estas acciones infringen las normativas sobre portabilidad numérica, además de violar el derecho de los usuarios a elegir libremente su proveedor de servicios de telecomunicaciones y a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios ofrecidos.La sanción está contenida en la Resolución N.º 50933 de 2024, y Movistar tiene la opción de presentar un recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones o apelar ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.Cómo consultar un proceso de portabilidad numéricaLa Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene habilitado un servicio en línea para verificar el estado de la portabilidad numérica. Sigue estos pasos:Visita el sitio web https://www.portabilidadcolombia.com.co/Ingresa el número de teléfono móvil que deseas consultar.El sistema te indicará el estado de la portabilidad y el operador al que está asociado.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación a la empresa Worldcoin luego de la polémica que se desató por la práctica que realizan y se popularizó: pagan a ciudadanos que permitan que se les escanee el iris. Hay alerta por lo que supone y es una presunta violación a la privacidad y protección de datos en el país. A través de un comunicado, se pronunciaron y aseguraron que sus métodos son “transparentes”.“No es extraño que ideas innovadoras y nuevas tecnologías planteen interrogantes. La Fundación Worldcoin siempre ha estado dispuesta a colaborar con organismos gubernamentales y reguladores, y sigue comprometida con mantener prácticas transparentes y justas”, dice la masiva que compartieron este viernes, 23 de agosto.De acuerdo con la compañía, están desarrollando “herramientas que la humanidad necesita para prepararse para la era de la inteligencia artificial”. El objetivo, añadieron, es empoderar a personas con acceso a sistemas financieros y oportunidades “que de otro modo no tendrían, mientras preserva la privacidad individual”.¿Qué pasa con la protección de datos?En el comunicado subrayaron que defienden los más altos estándares de protección de la privacidad de datos. Además, afirmaron que operan cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables en los mercados en los que operan.“La Fundación Worldcoin otorga alta prioridad a la interacción con individuos y organizaciones para abordar cualquier pregunta que puedan tener y asegurar transparencia en nuestras operaciones y en todos los casos considera importante que los reguladores busquen información o aclaraciones sobre sus inquietudes”, agregaron.Cabe recordar que la SIC, en su comunicado, advirtió que el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial requiere de una debida “observancia de lo establecido en materia de protección”. En el mismo, explicaron que la ley colombiana permite el uso de estas tecnologías, pero, exigiendo que se haga de manera “respetuosa del ordenamiento territorial”.
Recientemente, las empresas Worldcoin y Tools for Humanity se han popularizado en Colombia al presentar una iniciativa mediante la cual le pagan a los ciudadanos un monto que va desde los 40.000 pesos a cambio del escaneo del iris de sus ojos.Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió intervenir ante la preocupación por el tratamiento de estos datos y las posibles repercusiones para la privacidad de los ciudadanos.No obstante, este fenómeno no es exclusivo de Colombia pues, en meses anteriores, ha generado controversia en otros países de la región.De acuerdo con la superintendente Cielo Rusinque, "el iris es un dato biométrico extremadamente sensible, comparable al ADN".¿Para qué sirve escanear el iris de los ojos?Según han explicado las empresas promovedoras de esta iniciativa, el escaneo del iris es una medida de seguridad que confirma la identidad de cada usuario, asegurando que solo personas reales participen en la plataforma. En el mundo de las criptomonedas, la verificación de identidad es crucial para prevenir fraudes y garantizar la seguridad de las transacciones.¿Cuáles son los datos sensibles que pueden obtener las empresas al escanear el iris de los ojos?Si bien el acto de "vender el iris" puede parecer una opción atractiva para aquellos que enfrentan dificultades económicas, el riesgo a largo plazo podría ser considerable teniendo en cuenta el tema del tratamiento de datos biométricos.De acuerdo con el médico Andreas Di Luciano, el iris de los ojos es “un tejido neurosensorial, el cual se viene formando desde antes de nacer, estamos hablando de la época embrionaria”. Por su parte, según Gabriel Bergel, especialista en seguridad informática de 8,8 Computer Security Conference, se trata de un “dato antropométrico valiosísimo para temas de ciberseguridad, ya que es mucho más difícil conseguir que la huella digital”.Por lo tanto, este dato al ser tan sensible debe tratarse con una serie de garantías para evitar, entre otras cosas, posibles suplantaciones de identidad o acceso indebido a sistemas protegidos.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
La renovación de la licencia de conducción es un trámite obligatorio para garantizar que los conductores en Colombia cumplen con las condiciones legales, físicas y psicológicas necesarias para operar un vehículo de manera segura.Este proceso debe realizarse periódicamente, dependiendo del tipo de licencia y la edad del conductor, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, un alto número de conductores en el país podría enfrentarse a la suspensión de este documento antes de que termine este 2024.Cuántos conductores deben renovar la licencia antes de que acabe el 2024Según OlimpIA, empresa de tecnología experta en identidad digital consultada por Blu Radio, a nivel nacional hay 347.359 licencias de conducción que aún no han sido renovadas. De estas, un 77 % pertenece a hombres y el 23 % a mujeres.Para saber si tiene su licencia vencida, o no, basta con mirar el reverso de esta y ahí dirá para cada categoría que tenga en su documento la fecha de vencimiento correspondiente. Si no la tiene física, puede consultar por la página del Runt.Cada cuánto se tiene que renovar la licencia de conducirEl Ministerio de Transporte establece que las licencias de conducción tienen una vigencia diferente dependiendo del tipo de vehículo y la edad del conductor.Vehículos de servicio particular10 años de vigencia para conductores menores de 60 años.5 años para conductores entre 60 y 80 años.1 año para conductores mayores de 80 años.Vehículos de servicio público3 años para conductores menores de 60 años.1 año para conductores mayores de 60 años.Si un conductor no renueva su licencia dentro de los plazos establecidos, no podrá continuar manejando legalmente y estará sujeto a sanciones y multas por parte de las autoridades de tránsito y transporte de cada ciudad.Cuál es la multa por no renovar la licencia de conducciónDe acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir con una licencia vencida constituye una infracción en Colombia y puede acarrear las siguientes sanciones:Multa de $347.000 por conducir con la licencia vencida.Multa de $347.000 por no portar la licencia.Multa de $650.000 por presentar una licencia adulterada o ajena.Multa de $1.300.000 por conducir sin haber obtenido una licencia válida.Además, en algunos casos, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo del infractor.Requisitos para renovar la licenciaPara renovar la licencia de conducción en Colombia, los conductores deben cumplir con los siguientes pasos:Estar registrado en el RUNT.Presentar un examen médico: este examen evalúa la aptitud física, mental y de coordinación motriz, y debe ser realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.No tener multas pendientes: el conductor debe estar a paz y salvo por infracciones de tránsito.Portar el documento de identidad original.Cómo renovar la licencia de conducción en ColombiaDependiendo de la secretaría de Tránsito que haya expedido la licencia, los conductores pueden realizar el proceso de renovación, por ejemplo en Bogotá, a través de las Ventanillas Únicas de Servicios de Movilidad.Cumplir con los requisitosAgendar cita a través de la aplicación ‘Mi Movilidad a un clic’ o en el sitio web www.ventanillamovilidad.com.co .Asistir a la cita y presentarse en la fecha y hora programada en el punto de atención seleccionado.Entrega de documentos.Asegurarse de que los datos personales en la licencia son correctos.En reiteradas ocasiones, las autoridades de tránsito y organismos como la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá han lanzado campañas para recordar a los ciudadanos la importancia de mantener al día su licencia de conducción.
El Gobierno nacional le pidió a ‘Iván Márquez’ que aparezca personalmente para expresar su voluntad de continuar o no en las conversaciones de paz, afirmó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la segunda marquetalia.“Nosotros vamos a insistir en avanzar en las mesas de diálogos con quienes están presentes y quieren avanzar, en cuanto a Márquez hemos pedido que nos diga si está interesado en avanzar, que aparezca y podamos tener una reunión con él porque los mensajes que nos han llegado no nos ofrecen certeza ni sobre su autoría ni sobre el contenido de los mismos”, dijo.Estas declaraciones surgen tras confirmarse la ruptura dentro de la organización conocida como la Segunda Marquetalia. En un comunicado, se anunció que los grupos denominados ‘Comandos de la Frontera’ y la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ decidieron desvincularse de la Segunda Marquetalia para continuar negociaciones independientes con el Gobierno de Gustavo Petro. Esto ocurrió luego de que ‘Iván Márquez’, líder principal de la organización, desconociera los avances alcanzados en las mesas de paz.El comunicado menciona una carta enviada por ‘Iván Márquez’ a los países garantes y a la ONU, en la que deslegitima los acuerdos logrados por sus delegados en los diálogos, encabezados por ‘Walter Mendoza’. Según este sector, la postura de Márquez representa “un claro rompimiento con el mecanismo de coordinación y unidad que se había consolidado en la búsqueda de la paz”.
