Las autoridades colombianas ocuparon con fines de extinción de dominio 17 bienes valuados en 30.645 millones de pesos (unos 7,5 millones dólares) que estaban a nombre de miembros de las disidencias de las FARC, informó este domingo la Fiscalía.Las propiedades, detalló la Fiscalía en un comunicado, están en las poblaciones de Puerto Rico, San Vicente del Caguán y en Villavicencio, la capital departamental.La información agregó que supuestamente esos terrenos "eran usados para observar los movimientos de la Policía Nacional e informar al grupo armado ilegal y así evadir los controles de las autoridades".Las acciones desplegadas por fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio indican que los bienes "pertenecerían a presuntos colaboradores de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC".Las propiedades afectadas con medidas cautelares fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes incautados a narcotraficantes y guerrilleros.La Columna Móvil Teófilo Forero hace parte de la "Segunda Marquetalia", disidencia encabezada por alias "Iván Márquez" que pese a firmar el acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla no lo cumplió y volvió a las armas en 2019.Marquetalia es un caserío de Planadas, municipio del departamento del Tolima (centro), donde se gestó a mediados del siglo pasado una "república independiente" de campesinos liberales que dio origen a la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).¿No sabe quién lo llama? Estas aplicaciones podrían ayudarlo a identificar los números desconocidos
Luego de que el Juzgado 35 civil del circuito de Bogotá negara una acción de tutela interpuesta por la esposa del excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, que buscaba frenar el operativo de desalojo de la lujosa mansión en la que vivían, la cual es objeto de extinción de dominio por parte de la Sociedad de Activos Especiales desde el 2019, la SAE por fin recuperó el inmueble que se encontraba ocupado irregularmente por la familia del ex contralor desde finales del 2022.Según Mauricio Urquijo, gerente regional de occidente de la SAE, en la tutela que perdió, la esposa del excontralor pedía al juez salvaguardar el derecho de vivienda digna para sus dos pequeñas hijas."Nosotros contestamos la acción de tutela argumentando que ellos tenían capacidad económica porque aparecían en bases de datos de seguridad social como personas cotizantes al régimen de seguridad social, han tenido contratos con la administración pública y que hay suficiente oferta institucional de la Alcaldía y el ICBF para atender a sus hijos si quedaban en condición de calle", le contó a Blu Radio el gerente regional de occidente de la SAE.Cabe recordar que el excontralor Zuluaga fue destituido de su cargo por la Procuraduría en 2021, dos años después de que la Fiscalía le imputara delitos contra el patrimonio público.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación identificaron y ocuparon 12 inmuebles y 4 establecimientos comerciales donde presuntamente se comercializaban partes robadas de carros y motos. Luego de varios meses de investigación dice el ente acusador que, en algunos de estos lugares, incluso, se alteraban las series de los motores, chasis y otros elementos para evadir los controles de las autoridades.El coronel Herbert Benavidez comandante encargado de la policía de Bogotá dio detalles de la operación.“Los bienes ocupados tienen un valor cercano a los 14.500 millones de pesos, además este año hemos recuperado 247 vehículos y 335 motos que habían sido hurtadas”Los bienes ocupados con fines de extinción de dominio fueron ubicados en las localidades de Los Mártires, Kennedy, Antonio Nariño, Barrios Unidos y Suba. Todos los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Contraloría General de la Nación le pidió explicaciones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) porque de un billón de pesos de bienes que prometieron entregar las Farc en 2017 a sus víctimas, en este solo se cuenta con 43.202 millones de pesos. Sebastián Montoya, delegado para el sector Justicia del ente de control fiscal, habló de la situación en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.“En 2017 se redactaron unas actas, participó el MinInterior, la Presidencia y toda la misión de la ONU en materia de verificación del proceso de paz, donde las Farc se comprometía a entregar unos bienes casi por un billón de pesos”, recordó Montoya.No obstante, el compromiso, que tenía en cuenta inmuebles, caletas, ganado, infraestructural y armamento, entre otras, la SAE solo cuenta con actas de entrega por un patrimonio que ronda los 43.000 millones.“La SAE solo recibe un número muy inferior de estos bienes, estamos hablando de 43.000 millones de pesos. ¿Qué pasó con el billón de pesos?, ¿con todo lo que tenían que dar? Esto es una responsabilidad del Gobierno para saber qué pasó con esto”, sostuvo el funcionario."Es un poco indignante, la diferencia es gigantesca. El Gobierno debe dar una línea sobre cómo va a actuar para darle una claridad al país", agregó Montoya. De acuerdo con la Contraloría, ocho años después de recibida la información de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con respecto a deudores, “no ha recuperado ni saneado estos deudores que datan del año 2014, generando posible futura afectación negativa patrimonial”
El Tribunal Superior de Bogotá falló el proceso de extinción de dominio de Drogas La Rebaja, dejando la cadena farmacéutica en manos de la Nación. El proceso duró cuatro años en tribunales y fue resuelto en segunda instancia por las múltiples investigaciones que se registran por, al parecer, tener vínculos con el narcotráfico desde 2014.Con ponencia del magistrado Pedro Oriol Avella, el 28 de diciembre de 2016 de Bogotá, el tribunal confirmó el fallo proferido por el juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio “El fallo proferido por el juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)”, señala la decisión del pasado 11 de julio de 2022.Después de esta decisión no procede ningún recurso, por lo que ahora es la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la encargada de administrar Drogas La Rebaja, por lo que el Estado tendrá que definir si se mantiene como administrador de la cadena farmacéutica o la vende.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
Este lunes será un día clave en el proceso que se lleva por el homicidio del estilista Mauricio Leal. Por un lado, se define la apelación de su medida de aseguramiento y por el otro, se acreditará cuáles son los familiares que podrían quedarse con los objetos de valor que fueron incautados en la casa de La Calera y que hoy están en poder de la Sociedad de Activos Especiales.El juzgado 51 de conocimiento de Bogotá deberá resolver el recurso que interpuso la defensa de Yhonier Leal por la medida de aseguramiento en su contra. Es decir, deberá decidir si el confeso homicida debe continuar preventivamente en una cárcel hasta que se dicte la condena en su contra (vía preacuerdo), o si, por el contrario, le da otro tipo de medida privativa de la libertad como prisión domiciliaria, o si, lo deja en libertad.Ambos escenarios son casi improbables teniendo en cuenta que está siendo procesado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Es decir, lo más probable, es que se confirme la decisión de primera instancia.Por otro lado, según fuentes del proceso, ya son 5 familiares los que han aparecido para reclamar los objetos de valor que fueron incautados en la casa de Mauricio Leal, en La Calera. Tres de ellos son Carlos Andrés García, medio hermano del estilista y quien permanece recluido en la cárcel de Jamundí, y María Diner y María Nelly Hernández, hermanas de la fallecida Marleny Hernández, madre del estilista. Al parecer, los otros dos familiares serían reclamantes del lado de Yhonier Leal.Ese proceso de bienes está ante un juez civil que tiene la última palabra sobre quiénes serán los herederos de los objetos como joyas, electrodomésticos, cuadros, entre otros, que eran del famoso peluquero y que hoy están bajo protección de la SAE. Si entre los familiares no llegan a un acuerdo sobre cómo se repartirían, la entidad los mandaría a una bodega. Los otros bienes como la casa, las sociedades, entre otros, tienen medidas cautelares por parte de la Fiscalía y entonces no serán entregados, por ahora.Escuche detalles de la audiencia de Yhonier Leal:
BLU Radio conoció detalles de las irregularidades que detectó la Contraloría General de la Nación en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), del Ministerio de Hacienda.Se trata de un funcionario al servicio de la SAE que suscribió una sociedad aparte denominada APVA S.A., que asumió la función de depositario, es decir, arrendó cuatro edificios en Cali, 12 en Bogotá y uno en Villavicencio, y era responsable de entregarle mensualmente el dinero a la Sociedad de Activos Especiales.Los bienes fueron arrendados a las entidades educativas Intenalco (Instituto Técnico Nacional de Comercio), la Fundación CIDCA y Uniandina. En total son 28 inmuebles de la sociedad APVA S.A.Estas son algunas de las direcciones que se lograron identificar:Cidca: Carrera 13 # 60-34, Edif PAMP- Bogotá, este no tiene sede en Cali.Uniandina: Carrera 5 # 23-16, Edif las Mercedes- Bogotá.Intenalco: Calle 5 # 22-21, Cali.La Contraloría logró identificar a la sociedad APVA S.A., adscrita a la SAE, como responsable del manejo de estos bienes.Durante seis años APVA S.A. le dijo a la SAE que nunca recibía los pagos mensuales por el arriendo de los bienes. Desde 2012 hasta 2018, APVA S.A. se ‘embolsilló’, presuntamente, 5.689 millones de pesos.El modus operandi de la estafa a la Sociedad Activos Especiales fue tan sencillo como cuando se queda ‘a paces’ con el señor de la tienda.En vez de cobrar las deudas por arrendamiento, el depositario reportó a la SAE que no se ha podido cobrar, por lo cual procedió a perdonar la deuda por medio de la figura del deterioro de la cartera. Es decir, un cruce de cuentas acordado para cancelar una deuda.Sin embargo, la estafa de los supuestos arrendatarios ‘mala paga’ no se concretó con éxito.Una de las entidades educativas, Intenalco, entregó todos los comprobantes de pago luego de que fueran requeridos por la Contraloría General, que buscaba a estos supuestos deudores.Con estas pruebas el Instituto Técnico Nacional de Comercio demostró ante el organismo de control que sí pagó juiciosamente el arriendo del bien que había sido incautado a la Sociedad de Activos Especiales.Escuche más detalles de la noticia en Meridiano BLU:
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) canceló el proceso de desalojo de un inmueble donde funciona el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (Care) en San Carlos, oriente de Antioquia. Este procedimiento se cumpliría en diez días, pues la SAE notificó que el 31 de enero se haría el operativo de desalojo de esta vivienda ubicada en la calle 19 #20-43 y que es, a su vez, un espacio que hace parte de los 28 sitios de la Red Colombiana de Lugares de Memoria y donde tienen sede doce organizaciones de víctimas del Oriente antioqueño.Luego de las voces de rechazo de la Comisión de la Verdad, la Alcaldía de ese municipio y demás organizaciones de víctimas, la entidad estatal comunicó de la suspensión de este procedimiento y pide a los ocupantes que hagan caso omiso a la notificación del 18 de enero.Según el documento notificado, “lo anterior, considerando que se analizará por parte de esa entidad el estado del proceso de comercialización que se viene adelantando sobre dicho inmueble”.Pastora Mira, reconocida líder de víctimas de San Carlos, señaló que esta cancelación no significa que ya se evite el proceso, pero sí da más tiempo para tomar acciones legales."Ya hay asignada una asesoría jurídica con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para la tutela amparando el derecho a la verdad y la memoria. Llegamos a una meta pero sí es un avance porque nos da tiempo para realizar acciones jurídicas", sostuvo Mira.El lunes se hará una reunión entre la SAE, las autoridades del municipio, la Personería y representantes de víctimas para buscar algún acuerdo sobre este inmueble que hoy es un bien para la memoria histórica del Oriente antioqueño.
Doce organizaciones de víctimas del Oriente antioqueño denuncian que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) comenzó un proceso de desalojo del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (Care), un espacio que hace parte de los 28 sitios de la Red Colombiana de Lugares de Memoria.Este inmueble, que funcionó como un hotel pero que los paramilitares usaron para las mayores barbaries de la violencia, fue entregado por la Alcaldía de San Carlos para guardar archivos, elementos, dibujos y demás artículos que representan la memoria de las víctimas del conflicto armado en esa región del departamento. Sin embargo, este lugar estaba en extinción de dominio y la SAE empezó su reclamo.Pastora Mira, reconocida líder de víctimas en ese municipio, sostuvo que desde hace años han estado ubicados sin líos ahí, hasta este 18 de enero, cuando fueron notificados del desalojo voluntario o se procedería con un operativo."Nos encontramos con que el 18 hay una notificación que dicen que hay que desalojar por las buenas el 26 o sino el lanzamiento el 31 de enero; y eso es lo que nos tiene preocupados hoy", alertó Mira.Sin embargo, la SAE indicó en un comunicado que esta orden de desalojo se emitió porque es un inmueble que estaba en extinción de dominio, pero fue ocupado de manera irregular. Por eso desde agosto de 2021 se hizo una visita técnica, pero los ocupantes impidieron cumplir con esa actividad.Este desalojo cayó como un baldado de agua fría para la Comisión de la Verdad y exhortó a la SAE a que suspenda este procedimiento. Según Marta Villa, coordinadora territorial Antioquía de la comisión, se deben buscar acuerdos para que este espacio se mantenga para las víctimas."Lo que decimos desde la Comisión de la Verdad es que hay que buscar una salida institucional, que el país está frente a esto, de cuáles son las garantías de no repetición, cuál es el deber de memoria del Estado y claramente un deber de memoria del Estado es preservar estos lugares", sostuvo Villa.La Alcaldía de San Carlos rechazó ese procedimiento y pidió, de manera pública, que se entregue la propiedad a la comunidad. Sin embargo, la SAE aseguró que a la fecha, “no ha recibido una solicitud de destinación provisional por parte de la Alcaldía Municipal para el uso y disfrute del inmueble”.La organizaciones señalan que este inmueble fue vendido antes de ordenar el desalojo, pero la SAE no confirmó este cuestionamiento a pesar de la consulta y señaló que se debe hacer un derecho de petición para esa consulta puntual.
El doctor Andrés Alberto Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) S.A.S, enfrenta amenazas contra su vida, la de sus hijos y otros familiares familiares.Según se conoció en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, las amenazas, al parecer, son producto del trabajo del presidente Ávila, pues en reiteradas oportunidades ha denunciado estafas contra personas interesadas en adquirir bienes de la SAE.Presuntamente, delincuentes afirman ser depositarios de los bienes y piden consignaciones a personas interesadas en adquirirlos.“La Sociedad de Activos Especiales S.A.S informa a la opinión pública sobre reportes anónimos de personas que manifiestan haber sido estafadas y a las cuales les han exigido dinero por anticipado para ser beneficiarios de arriendos o ventas de inmuebles y sociedades”, señaló la entidad, a través de un comunicado.El texto, además, añade: “Cualquier duda sobre el trámite para arrendar o vender un inmueble o sociedad en específico o sobre la identidad de personas que dicen ser empleados o representantes de la Entidad pueden consultarla en el correo atencionalciudadano@saesas.gov.co”.Y es que la preocupación para Ávila aumenta, pues la base de datos de los estafadores podría estar saliendo de la misma SAE, ya que se comunican con personas que ya han manifestado estar interesados en este tipo de bienes o por lo menos los conocen.Las denuncias del presidente Ávila, tanto de la modalidad de estafa como de las amenazas de muerte, ya están bajo seguimiento de la Policía y la Fiscalía.Escuche la noticia completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
El actual gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío significativo en sus negociaciones con las organizaciones sindicales, sobre todo en lo que respecta al aumento del salario mínimo para el 2025. Desde el principio, se había anticipado que estas negociaciones se llevarían a cabo de manera más fluida, dada la afinidad ideológica política que existe entre el gobierno y los sindicatos. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba, y recientes anuncios han evidenciado una creciente discordancia. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un aumento del 6.2% para el salario mínimo en 2025, lo que sorprendió a los líderes sindicales. Fabio Arias, presidente de la CUT, expresó su descontento con esta propuesta en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señalando que era inusual que un ministro de Hacienda se pronunciara sobre el tema antes de que la Comisión Nacional de Concertación se reuniera. La reacción de los sindicatos fue inmediata y fuerte. Durante la reunión de la Comisión Nacional de Concertación, las centrales obreras mostraron su inconformidad ante el anuncio del ministro Bonilla. Arias subrayó que este tipo de intervenciones solo complican las negociaciones, sugiriendo que el gobierno parece ir en contra de los principios de concertación.Propuestas alternativas y la informalidad laboral Arias también abordó la necesidad de revisar el modelo actual de negociación. Aseguró que el sistema tradicional ha fallado en abordar los graves problemas de desempleo e informalidad que enfrenta el país. "La informalidad laboral es un verdadero desastre, y los empresarios han tenido décadas para solucionar estos problemas sin resultados", afirmó. A pesar de las diferencias en las opiniones individuales, Arias enfatizó que el movimiento sindical está comprometido a presentar propuestas de manera unificada ante el gobierno. Dijo que han acudido a reuniones previas y se han comprometido a hacer su propuesta en un plazo determinado, buscando mantener la cohesión entre las centrales obreras.
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
