Fueron citados a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el escándalo de corrupción en la UNGRD la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el ministro de Hacienda, Diego Guevara.Además, la sala instrucción también citó a dar testimonio como testigos dentro del caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del interior; y a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).Los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda tendrán oportunidad de responder un cuestionario que les enviara la Sala Instrucción de la Corte, caso contrario al de Velasco, Carlos Ramón González y Bonilla, quienes sí deberán comparecer ante el alto tribunal para que den su versión de lo que conocen sobre el cónclave que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), imputado y considerado como uno de los principales testigos ha mencionado en la Fiscalía General de la Nación y la misma Corte.Todo esto en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.
En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la Resolución 142 de 2024, emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ordenaba la transferencia de 186.000 millones de pesos al municipio de Girón, Santander. La decisión se fundamenta en múltiples irregularidades, como la falta de estudios técnicos previos y la inclusión de proyectos sin justificación adecuada.El fallo señala que la Resolución 142 vulneró los procedimientos establecidos en la normativa vigente al omitir la revisión y recomendación del Comité de Contratación de la UNGRD y los informes de viabilidad técnica necesarios. Además, se determinó que las obras incluidas en la transferencia, como un acueducto y otras de mitigación, no estaban contempladas en los decretos municipales de calamidad pública que sustentaban la solicitud.Irregularidades administrativas y técnicasEntre las principales fallas señaladas por el Tribunal, se encuentra la ausencia de un Plan de Acción Específico (PAE) para las obras proyectadas, requisito obligatorio según la Ley 1523 de 2012. La única obra claramente justificada en los decretos de calamidad pública de Girón era la construcción de una subestación de bomberos en la región del Topocoro. Sin embargo, la transferencia también incluía proyectos adicionales que no fueron sustentados técnica ni jurídicamente.Asimismo, el Tribunal cuestionó la motivación de la resolución, calificándola de "falsa e incongruente" por incluir obras no relacionadas con las emergencias declaradas. Además, se determinó que la aprobación del acto administrativo por parte del entonces subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla, excedió sus competencias legales.El Tribunal ordenó la devolución de los recursos a la UNGRD para que puedan ser destinados a iniciativas que cumplan con los lineamientos legales y técnicos en la gestión del riesgo. Además, la sentencia mantiene la suspensión provisional de la transferencia decretada desde julio de 2024, reforzando las medidas para proteger el patrimonio público.La UNGRD y las autoridades municipales de Girón tienen la posibilidad de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso al Consejo de Estado.Este es el fallo:
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra cuatro exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y un contratista por el escándalo de los carrotanques en La Guajira así como por otras irregularidades que se habrían presentado en la entidad relacionada con el direccionamiento de contratos para la atención de desastres naturales en el país.El escrito cobija a Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva junto con el contratista de Impoamericana Roger S.A.S Luis Eduardo López Rosero. En el documento se describe de manera detallada cómo conformaron una “empresa criminal”, según la Fiscalía, para apropiarse de dineros del erario público con los carrotanques adquiridos para abastecer de agua a las comunidades en La Guajira.Sin embargo, se mencionan otras actuaciones en donde se pudieron cometer delitos. Esa arista de la investigación salpica al exdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva y su padrino político, el exdirector de la Función Pública, Cesar Manrique.Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de conocimiento, y César Augusto Manrique Soacha, director administrativo de la Función Pública, habrían jugado roles clave en el escándalo de corrupción en la UNGRD, según la Fiscalía. Ambos son señalados de manipular contratos y desviar recursos públicos con fines ilícitos.El esquema comenzó con la modificación del convenio 9677-CV020-021-2023, firmado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT ). Según las investigaciones, Barreto y Manrique facilitaron una reunión entre Olmedo López, director de la UNGRD, y Gerardo Vega, director de la ANT, donde lograron reducir 100.000 millones de pesos del convenio. Estos fondos, que originalmente estaban destinados a proyectos específicos, fueron liberados y redirigidos al FNGRD, bajo la promesa de direccionar los contratos resultantes hacia empresarios previamente seleccionados.La reducción de los recursos del convenio no fue gratuita. En contraprestación, Olmedo López permitió que Barreto y Manrique direccionaran contratos a favor de empresarios cercanos. Los proyectos involucrados incluían la instalación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagueyes y pozos subterráneos, principalmente para atender necesidades en La Guajira.Desde julio de 2023, Barreto y Manrique comenzaron a coordinar la adjudicación de contratos. Según las pruebas, suministraron a Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, una lista de empresas y contratistas que debían ser favorecidos. Estos contratos, tramitados con los recursos liberados del convenio, estaban condicionados al pago de coimas, que ascendían al 12 % del valor de cada contrato. Las ganancias ilícitas se repartieron entre López, Pinilla y otros funcionarios involucrados.“Esta estrategia le permitió a la organización criminal asegurar que la empresa a la cual se le adjudicaba la orden de proveeduría le perteneciera a un empresario, quien a cambio de ello pagaría la coima pactada. Igualmente, le permitió controlar el precio del contrato, puesto que su valor se establecía del promedio de las tres cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido”.Además, el escrito de acusación asegura que Sneyder Pinilla “tramitó y aprobó” con su firma las órdenes de proveeduría dirigidas a los contratistas seleccionados por Gantiva y Manrique.“Simuló la escogencia aleatoria de las empresas invitadas por la Unidad a cotizar, cuyos propietarios eran previamente alertados de los bienes y suministros que se requerirían, para que alistaran las cotizaciones que presentarían incluyendo la coima a pagar, una vez les cursaran la invitación”, dice el escrito de acusación.
Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de Conocimiento, y César Augusto Manrique Soacha, director administrativo de la Función Pública, habrían jugado roles clave en el escándalo de corrupción en la UNGRD, según la Fiscalía. Ambos son señalados de manipular contratos y desviar recursos públicos con fines ilícitos.El esquema comenzó con la modificación del convenio 9677-CV020-021-2023, firmado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según las investigaciones, Barreto y Manrique facilitaron una reunión entre Olmedo López, director de la UNGRD, y Gerardo Vega, director de la ANT, donde lograron reducir 100.000 millones de pesos del convenio. Estos fondos, que originalmente estaban destinados a proyectos específicos, fueron liberados y redirigidos al FNGRD, bajo la promesa de direccionar los contratos resultantes hacia empresarios previamente seleccionados.La reducción de los recursos del convenio no fue gratuita. En contraprestación, Olmedo López permitió que Barreto y Manrique direccionaran contratos a favor de empresarios cercanos. Los proyectos involucrados incluían la instalación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagueyes y pozos subterráneos, principalmente para atender necesidades en La Guajira.Desde julio de 2023, Barreto y Manrique comenzaron a coordinar la adjudicación de contratos. Según las pruebas, suministraron a Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, una lista de empresas y contratistas que debían ser favorecidos. Estos contratos, tramitados con los recursos liberados del convenio, estaban condicionados al pago de coimas, que ascendían al 12% del valor de cada contrato. Las ganancias ilícitas se repartieron entre López, Pinilla y otros funcionarios involucrados.Manrique, jefe político de Barreto, jugó un papel central en la liberación de los recursos. Pactó con López una cuota de coimas sobre cada contrato firmado con los 100.000 millones de pesos desviados. Por su parte, Barreto, como subdirector de conocimiento, no solo coordinó las reuniones iniciales, sino que también fue pieza clave en la selección de contratistas y la asignación de los proyectos.El resultado de estas acciones fue un peculado a favor de terceros, según la Fiscalía. López, Barreto, Manrique y Pinilla diseñaron un esquema en el que utilizaron recursos oficiales para beneficiar a empresarios aliados a cambio de sobornos. Esto no solo implicó un uso indebido de los fondos públicos, sino que también compromete la transparencia y efectividad de los proyectos destinados a atender emergencias en regiones vulnerables como La Guajira.A la fecha la Fiscalía no ha citado a imputación de cargos a Manrique. Sin embargo, en varias audiencias ha sido mencionado como uno de los integrantes de la “organización criminal” que saqueó dineros del erario público de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Escuche el informe completo aquí:
El pasado 18 de noviembre, la Fiscalía anunció que había firmado un preacuerdo con seis personas, entre funcionarios y particulares, involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD.Entre quienes firmaron este preacuerdo, aceptando delitos y devolviendo los dineros que le robaron al Estado, están Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. En el caso de López, si este preacuerdo es avalado por un juez, pagará 7 años, un mes y 12 días de cárcel y devolverá $724 millones de pesos. Por su parte, Sneyder Pinilla pagará 6 años, seis meses y nueve días de prisión y reintegrará $618 millones de pesos.Hasta ahora, no se habían conocido los detalles de los términos de los preacuerdos con la Fiscalía, también suscritos por el exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, el exasesor de la dirección de UNGRD, Pedro Rodríguez Melo, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el abogado Edgar Riveros.Blu Radio revela la teoría que tiene la Fiscalía sobre el entramado criminal que estuvo operando en la UNGRD desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, con sus protagonistas y las conductas delictivas que habría cometido cada uno de los participantes en este entramado. La empresa criminalSegún la Fiscalía, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique Soacha, a la fecha director del Departamento Administrativo de la Función Pública, otros servidores públicos y contratistas de la UNGRD así como particulares entre ellos Luis Eduardo López Rosero, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública, logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos, sobre el general”.En los preacuerdos redactados por la Fiscalía se dividen los nombres en dos partes: los participantes en la empresa criminal creada en torno a la UNGRD y quienes eventualmente pudieron cometer delitos de manera colateral, relacionados con algunos de los integrantes de la empresa criminal.En el primer listado aparecen: Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto y el entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique.En el segundo listado están: la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González, el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y su exasesora, María Alejandra Benavides.Qué hizo cada uno de los involucrados, según la Fiscalía:Olmedo López:- “Dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a congresistas”. -“Delegó en Sneyder Pinilla y Pedro Rodríguez, entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicaría las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros”“Coordinó con Sneyder Pinilla la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo, al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al Presidente de la Cámara Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre”. “Acordó con Sneyder Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que estos pagaran coimas a favor de ambos”.“Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha, entonces director administrativo de la Función Pública, la modificación del convenio N 9677-CV020-021-2023 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres FNGRD y la Agencia Nacional de Tierras – ANT con el propósito de reducir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar y trasladar los recursos restantes a favor del FNGRD”.“En contraprestación, Olmedo López permitió que los funcionarios Barreto Gantiva y Manrique Soacha, direccionaran a empresarios cercanos, la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagueyes, pozos subterráneos y los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas”.“Por la colaboración de Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, realizó en la reducción y liberación de los 100 mil millones de pesos, que el FNGRD tenía en el convenio con la ANT, acordó con Manrique Soacha el pago de una coima, en todos los contratos y órdenes de proveeduría que se celebrarían con la cuantía objeto de reducción y liberación, esto es, los 100 mil millones de pesos”.“Coordinó con Ricardo Bonilla González, Ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del Ministro y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República: Julio Elías Chagui Florez, Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”.Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres de la entidad“Tramitó y aprobó con su firma las órdenes de proveeduría dirigidas a los contratistas seleccionados por Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública”. “Gestionó todo el proceso contractual, desde las invitaciones a cotizar hasta el desembolso del pago por la Fiduprevisora, para ello suscribió documentos públicos con información que no correspondía a la realidad, como el recibo a satisfacción de bienes o suministros, a fin de que la Fiduprevisora girara el dinero sin haberse cumplido el objeto contractual”.“Coordinó para el mes de octubre de 2023 con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova en su apartamento ubicado en suite Tequendama de Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Alta Consejera Presidencial para las Regiones y 1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por Pinilla Alvarez en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del DAPRE, a Olmedo López”.“Dinero que fue obtenido por préstamo realizado a una persona de su confianza de nombre Pedro Castro quien le facilitó los 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2,3% mensual y que fue entregado en tres cuotas, las dos primeras por 1.500 millones de pesos cada una y la tercera por 1.000 millones de pesos en la ciudad de Montería, Córdoba”.“Ese préstamo de 4.000 millones de pesos con sus intereses de 276 millones fue cancelado en los primeros días de enero de 2024 luego de que recibiera el pago de la coima pactada con Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero”. “Coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla tanto a Olmedo López como a Pinilla Álvarez”. ¿Cómo se repartieron el dinero de la corrupción en la UNGRD?Olmedo y Sneyder le entregaron el contrato a cambio del pago de una coima equivalente al 14% del valor del contratoLuego de impuestos, quedó un total del contrato de $37.764.060.503Los sobrecostos fueron de $14.163.213.723 ¿Cómo se repartieron la torta? - 6.342.000.0001.000 millones a Pedro Rodriguez5.342 millones a Sneyder Pinilla5.342 millones distribuidos así4.276 millones al prestamista Pedro Castro (Name y Calle)724 millones a Olmedo López342 millones a Sneyder PinillaLuis Eduardo López Rosero se quedó con 7.821 millones de pesosPedro Rodríguez Melo, asesor jurídico del director general de la UNGRD“Para julio de 2023, previo al inicio del proceso contractual con la UNGRD, le suministró al empresario y contratista Luis Eduardo López Rosero, información de los bienes y servicios que la entidad requeriría para que de manera anticipada realizara las cotizaciones de vehículos tipo carrotanque”.“Organizó con Olmedo López y Sneyder Pinilla el direccionamiento de las órdenes de proveeduría a las empresas de Luis Eduardo López Rosero a cambio de coimas por cada contrato adquirido”. “Para finales de diciembre de 2023 y comienzos de enero de 2024, recibió de Luis Eduardo López Rosero 1.000 millones de pesos como contraprestación por el direccionamiento de la orden de proveeduría N 192-2023”. Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de conocimiento de la UNGRD“Su rol en la organización consistió en conseguir, en acopio con César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de conseguir la reducción de los recursos del convenio N 9677- celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras de los cuales lograron reducirse 100.000 millones de pesos, liberando y trasladando la diferencia a favor del FNGRD a cambo de que Barreto Gantiva y Manrique Soacha direccionaran la contratación que se realizaría con dichos recursos”.“Desde julio de 2023 pactó con Olmedo López, César Manrique y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos relacionados con adquisición de carrotanques, mantenimiento de molinos, mantenimiento de pozos subterráneos, construcción de plantas desalinizadoras, adquisición de tanques de almacenamiento de agua y similares, con destino al departamento de La Guajira, a cambio del pago de coimas a favor propio y de terceros”.“Desde julio de 2023 coordinó con César Manrique la selección de los contratistas a quienes se adjudicarían los contratos tramitados a través de la subdirección de manejo de desastres a cargo de Sneyder Pinilla”. “En compañía de César Augusto Manrique Soacha suministraron a Sneyder Pinilla el nombre de las empresas y contratistas que debían ser favorecidos en los trámites contractuales y órdenes de proveeduría celebradas con los recursos reducidos del convenio realizado con la Agencia Nacional de Tierras”.“Fue conocedor de que a cambio de permitir el direccionamiento de los contratos a través de la subdirección de manejo de la UNGRD, Olmedo López y César Manrique pactaron una coima del valor de cada contrato con destino a López Martínez, Pinilla Alvarez y demás funcionarios de la entidad que participaron en el trámite contractual”.Olmedo López y el peculado a favor de terceros“Dispuso de los recursos oficiales a través de la celebración de una orden de proveeduría para lo cual acordó con César Augusto Manrique Soacha, Luis Carlos Barreto y Sneyder Pinolla, direccionar el contrato al empresario designado por Manrique Soacha y Barreto Gantiva a cambio del pago de una coima del 12% del valor del contrato, el cual cubriría su porcentaje”.Sneyder Pinilla “fue el encargado de tramitar y adelantar el proceso contractual, (…) suscribiendo con su firma las actas de invitación y selección de las empresas previamente señaladas por Luis Carlos Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha”.“El valor del sobrecosto de la orden de proveeduría asciende a la suma de 12.065.829.434, dinero que fue apropiado por Luis Carlos Barreto Gantiva, Cesar Augusto Manrique Soacha, el particular Edgar Eduardo Riveros Rey, terceras personas y funcionarios”.¿Cuándo fueron posesionados los funcionarios mencionados en el escándalo de la UNGRD?Olmedo López fue posesionado por el presidente Petro el 1 de mayo de 2023 en reemplazo de Javier Pava. Petro hizo campaña con Olmedo en 2018, Petro a la Presidencia, Olmedo al SenadoCésar Manrique fue posesionado por el presidente Petro el 24 de agosto de 2022 y fue coordinador del equipo de empalme para la función pública.Sandra Ortiz fue posesionada por el presidente Gustavo Petro el 12 de mayo de 2023 como alta consejera presidencial para las regiones en reemplazo de Luis Fernando Velasco.Carlos Ramón González fue posesionado por el presidente Gustavo Petro fue anunciado el 26 de abril. Se posesionó el 1 de mayo de 2023 en reemplazo de Mauricio Lizcano.Ricardo Bonilla fue posesionado por el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo de 2023 en reemplazo de José Antonio Ocampo.
El testimonio ante la Fiscalía de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, puede complicar la situación jurídica del ministro Ricardo Bonilla y de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz.Benavides confirmó lo que ya habían declarado ante la justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla y encaja en el análisis de bitácoras y del registro de las cámaras de seguridad que permitieron documentar varias reuniones del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla con los parlamentarios que a partir de hoy tendrán que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.Según los testimonios de Benavides, Olmedo y Sneyder corroborados con evidencias técnicas, el gobierno del Presidente Gustavo Petro, a través de dos de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, habría montado una operación de “compra” de la decisión de seis congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes estaban dilatando su voto, poniendo en riesgo el otorgamiento a la Nación de por lo menos siete créditos concedidos por organismos multilaterales, por cerca de mil millones de dólares.De acuerdo con los elementos que tienen en su poder la Fiscalía y la Corte Suprema, los ministros Bonilla y Velasco les habrían ofrecido a los seis parlamentarios, vía Olmedo López y Sneyder Pinilla, el control de tres contratos de mitigación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Cotorra, Córdoba, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca, por 92 mil millones de pesos, a cambio de que emitieran su concepto sobre los empréstitos pendientes. En este punto vale la pena recordar que ese es un trámite meramente formal y que los congresistas podrían incluso votar en contra, sin efectos negativos para el Gobierno.Según los testimonios y pruebas técnicas recaudadas, los congresistas destrabaron el trámite y emitieron una serie de conceptos represados, a mediados de diciembre de 2023, coincidiendo con el ofrecimiento de los contratos de la UNGRD para que ellos pusieran los contratistas de su confianza, para gestionarlos. Sin embargo, el desembolso no alcanzó a realizarse porque en febrero de este año estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que le costó el puesto a Olmedo López.Se debe respetar la presunción de inocencia y por supuesto la justicia tendrá que definir con prontitud si considera que hay o no elementos para determinar que tanto los funcionarios del gobierno como los congresistas, pudieron cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer.Este escándalo desde ya tiene un costo político alto para el gobierno del presidente Gustavo Petro, primero porque llegaron al poder con la bandera anticorrupción y con la supuesta idea de cambiar las costumbres políticas y segundo, porque el ambiente está muy enrarecido en el Congreso, lo cual podría terminar hundiendo varios proyectos de iniciativa del Ejecutivo, entre ellos la polémica Ley de Financiamiento y la reforma a la Salud.
Este viernes, 29 de noviembre, se realiza la imputación de cargos a la exacta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es señalada de haber cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de una investigación sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria jugó un papel clave en el traslado de grandes sumas de dinero ilícito, obtenido de dineros de la UNGRD fraudulentos hacia el presidente del Senado, Iván Leonidas Náme Vázquez.Según la Fiscalía, Ortiz estuvo involucrada en el transporte de un total de 3.000 millones de pesos en efectivo en dos ocasiones distintas. Estos montos provinieron de funcionarios de la UNGRD, como Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la entidad, y Sneyder Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres. El dinero, que fue presuntamente obtenido a través de delitos como el interés indebido en la celebración de contratos y el peculado por apropiación agravado, tenía como destino final la entrega al presidente del Senado.Asimismo, la Fiscalía corroboró que la orden que recibió Sandra Ortiz de entregar dineros a Iván Name y Andrés Calle provino del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.La fiscal del caso detalló el modus operandi de los implicados, indicando que el 12 de octubre de 2023, en horas de la tarde, Sandra Ortiz recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en Residencias Tequendama, en Bogotá. Dicho dinero fue transportado por ella y Pinilla Álvarez en vehículos oficiales asignados a Ortiz por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRI). El dinero fue entregado a Iván Náme Vázquez, en su residencia, en el norte de Bogotá.Al día siguiente, el 13 de octubre, Pinilla Álvarez regresó con otra suma idéntica de 1.500 millones de pesos, que fue entregada nuevamente a Ortiz en el mismo apartamento. El total de los 3.000 millones de pesos fue transportado y entregado por Ortiz al presidente del Senado, quien presuntamente recibiría los fondos de origen ilícito.La Fiscalía considera que estos actos constituyen una clara violación de la ley, al involucrar el transporte y ocultamiento de dinero obtenido por medios ilegales. La imputación de cargos contra Sandra Ortiz responde a la necesidad de investigar y sancionar el entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno y el Congreso de la República, en una trama que ha afectado gravemente la confianza en las instituciones públicas.
Los investigadores que tienen en sus manos el expediente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), revelarán este viernes los documentos, testimonios y pruebas técnicas, con las que sustentarán la solicitud ante un juez de la República, para que la exalta Consejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz sea enviada a la cárcel por haber presuntamente entregado 3.000 millones en efectivo al expresidente del Senado Iván Name.Hay dos elementos clave que podrían poner en aprietos a Sandra Ortiz: el rastreo de las celdas de telefonía celular que permiten conocer la ubicación de una persona en determinada fecha y hora, y la maleta que habría sido la que utilizó para transportar el dinero en efectivo para cumplir con lo prometido al senador Name.Según las declaraciones ante la Corte Suprema, del exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo Sneyder Pinilla, la entrega de los 3.000 millones de pesos a Sandra Ortiz se habría producido en dos entregas, cada una de 1.500 millones de pesos, los días 12 y 13 de octubre de 2023.Los investigadores han logrado corroborar el testimonio de Pinilla con elementos técnicos que serán revelados en detalle este viernes durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Ortiz: el exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo aseguró ante la Corte Suprema, que le entregó el dinero a la exconsejera presidencial en un apartamento ubicado en el edificio de Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá.Pinilla también reveló que, por instrucción de su jefe, Olmedo López, acompañó a Sandra Ortiz a un edificio ubicado en el norte de Bogotá a hacer la entrega de los primeros 1.500 millones de pesos en efectivo, en hechos ocurridos el 12 de octubre de 2023.Coincidiron en edificioAquí viene la clave: de acuerdo con los análisis hechos por medio de la ubicación de los teléfonos celulares gracias a las celdas que amplifican la señal, el día de la presunta entrega de ese dinero, Sandra Ortiz, Sneyder Pinilla e Iván Name habrían estado en el mismo sitio durante varios minutos, coincidiendo en un edificio ubicado en el norte de Bogotá.La misma coincidencia de ubicación de los teléfonos celulares de Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla se dio durante los días 12 y 13 de octubre de 2023, cuando según dijo el exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, se habría dado la entrega de los 3.000 millones de pesos.La trazabilidad de la coincidencia de ubicación de Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla fue corroborada con videos de cámaras de seguridad y aplicaciones de ubicación y mapas, usadas durante esos días por los investigados.El otro elemento clave que tiene en su poder la justicia es la trazabilidad de la maleta utilizada por Sneyder Pinilla para entregarle el dinero a Sandra Ortiz, desde el sitio de la compra, el modelo, las fotos con el efectivo y otros detalles que corroboran que el hecho descrito por Pinilla sí sucedió.De acuerdo con lo que han podido establecer los investigadores con base en testimonios y otros elementos, la orden de la entrega del dinero a Iván Name, se la habría dado el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.Aspirarían al Congreso en 2026Hay un dato adicional y no menor y es que varios de los involucrados en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tenían un proyecto político para llegar al Congreso en las elecciones de 2026 y pretendían apalancar sus campañas con los dineros de la corrupción de la UNGRD.Olmedo López pretendía aspirar al Senado, así como Sandra Ortiz pretendía regresar a esa corporación, mientras que Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto y Víctor Meza querían aspirar a la Cámara de Representantes.
La Fiscalía General de la Nación alcanzó importantes preacuerdos con algunos de los implicados en el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En el marco de las investigaciones, los involucrados aceptaron su responsabilidad en diversos delitos y se comprometieron a restituir parte de los recursos desviados. Estos acuerdos deberán ser presentados ante un juez para su aprobación final.Los seis exfuncionarios que llegaron a preacuerdosEntre los implicados figura Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, quien aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. López cumplirá una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión, además de reintegrar 724 millones de pesos al Estado.Por su parte, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD, fue señalado por los mismos delitos y enfrentará una condena de 6 años, 6 meses y 9 días, además de devolver 618 millones de pesos.En el caso del contratista Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía documentó delitos adicionales como falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Su pena será de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión, junto con la obligación de reintegrar 7.722 millones de pesos, la cifra más alta entre los implicados.Asimismo, el exasesor de la UNGRD, Pedro Andrés Rodríguez Melo, acordó una pena de 4 años, 10 meses y 19 días por concierto para delinquir y peculado por apropiación, con un reintegro de 1.000 millones de pesos.En un preacuerdo aparte, el exdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, aceptó cargos por peculado por apropiación y soborno. Deberá cumplir una condena de 3 años, 7 meses y 13 días, y devolver 150 millones de pesos.Finalmente, Édgar Eduardo Riveros Rey, implicado por soborno, enfrentará una pena de 5 años y 3 meses de prisión.Estos acuerdos serán socializados con las víctimas antes de ser presentados a un juez de la República para su respectivo control. La Fiscalía destacó que estos compromisos incluyen tanto la reparación económica como el reconocimiento de los hechos ilícitos.
Siguen las diligencias en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la Corte Suprema ya definió las fechas en las que los seis congresistas deberán declarar tras ser nombrados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.Karen Manrique deberá asistir el 2 de diciembre; Wadith Manzur, el 3 de diciembre; Liliana Bittar, el 4 de diciembre; Julián Peinado, el 9 de diciembre; Juan Pablo Gallo, el 10 de diciembre; y Juan Diego Muñoz Cabrera deberá asistir al alto tribunal el 11 de diciembre.Además, se pudo establecer que las diligencias no se realizarán en la sede norte (Sala de Instrucción) de la Corte Suprema de Justicia, como es habitual, sino que serán llevadas a cabo en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá por temas de seguridad, según indicaron fuentes de la Corte.La Corte Suprema abrió investigación formal a los congresistas, quienes son señalados de presuntamente incurrir en el delito de cohecho impropio por los presuntos acuerdos ilegales que estarían relacionados con aparentes irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la entidad.El alto tribunal resaltó que, para esta decisión, la Sala de Instrucción consideró más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimonios, los cuales se obtuvieron mediante órdenes de policía judicial.La Corte también tuvo en cuenta los testimonios de María Clara Name, hija del expresidente del Senado Iván Name, quien es objeto de investigaciones por este entramado de corrupción.