Hace un año, Blu Radio reveló que un concepto en el que Colpensiones le dijo al Congreso que necesitaba presupuesto, personal y tecnología para asumir el nuevo sistema pensional y sugirió que sus capacidades actuales son insuficientes.Sin embargo, a menos de ocho meses para la entrada en vigencia del nuevo sistema, la entidad no tiene decidido cuáles serán las inversiones que llevará a cabo ni cuánto cuestan, pues está esperando los resultados de varias consultorías en curso.Es decir, hoy no está contratado ni en proceso de contratación ningún proceso de mejora relacionado con directamente con la implementación de la reforma pensional, aunque sí hay al menos tres consultorías en curso. Dos de las consultorías se llevan a cabo bajo el régimen especial de contratación de Colpensiones y no están en el Secop, la otra corresponde al fichaje de un experto en blockchain."Se está estructurando un plan tecnológico a 30 años que incluye herramientas de inteligencia artificial que soporten y mejoren la gestión institucional y el manejo de la información de nuestros grupos de interés", respondió la entidad a Blu Radio en respuesta a un derecho de petición.Además del plan tecnológico está la necesidad de ampliar la planta de personal. En ese frente, aunque Colpensiones considera que su equipo humano es idóneo para el reto, "se prepara un proyecto institucional para adecuar la estructura orgánica, la planta de empleos y los procesos de la nueva estrategia pensional". Dentro de ese proceso, el contratista deberá entregar un estudio sobre las cargas de trabajo y la necesidad de nuevo personal y acompañar el trámite.El problema es que los trámites de ampliación de la planta de personal de las entidades públicas pueden tardar meses. Por ejemplo, deben contar con aprobación del Departamento Administrativo de la Función Pública, pero también con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y luego debe hacerse un concurso para elegir a quienes ocuparán las vacantes. Parece poco probable que todo eso se pueda hacer antes del 16 de julio del 2025.La entidad no especificó cuándo recibirá los entregables de los contratistas.¿Por qué Colpensiones necesita tecnología y presupuesto para la reforma pensional?Colpensiones cuenta hoy con 6.8 millones de afiliados y se estima que en el nuevo sistema tendrá que atender a unas 25.9 millones de personas.Cabe destacar que sin importar cuánto gane en el nuevo sistema, la única entidad que atenderá a afiliados y pensionados será Colpensiones y usted deberá contactarlos para todos los trámites, desde los extractos hasta los trámites de pensión.Lo que tiene claro Colpensiones es que no tendrá problemas para financiar sus actividades como administrador del nuevo sistema, pues con los nuevos afiliados llegará también un recurso adicional. A precios de hoy, Colpensiones recibiría hasta 13.000 pesos mensuales por afiliado para y podría usar los recursos que ha recibido para administración del régimen de prima media si es que hace falta.¿Qué va a pasar entonces el 1 de julio con la información de los colombianos?Según el informe del Comité de Transición Operativa se identificaron 58 hitos los cuales se deben trabajar de manera conjunta entre las administradoras y corresponden a procesos de interacción entre Colpensiones, SIAFP (Sistema de Información de los afiliados de los Fondos de Pensión de los Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual) y los fondos privados.Eso quiere decir que en el inicio el nuevo sistema va a aprovechar el sistema informático que ya existe en el modelo pensional actual, en paralelo a sus propios desarrollos (que podrían tardar).El SIAFP es un sistema creado por Asofondos hace varios años con el cual se intercambia información sobre los afiliados, Colpensiones ha estado interactuando por años con ese sistema y está dentro de la caja de herramientas que usará en el futuro próximo.
Hay más de 6.000 colombianos listos para pensionarse esperando a que Colpensiones les abra la puerta del régimen de prima media a raíz de la ventana de traslados que abrió la reforma pensional: el problema es que ahora Colpensiones no los recibe.El artículo 76 de la reforma pensional permite que todas los hombres con 900 semanas cotizadas al sistema y las mujeres con 750 semanas puedan trasladarse de régimen incluso si les faltan menos de 10 años para pensionarse.El plazo para ese traslado va hasta el 16 de julio del 2026 y se requiere que hagan un proceso de doble asesoría tanto con Colpensiones como con su AFP.Blu Radio obtuvo, mediante derecho de petición, las cifras con corte a septiembre y el balance es el siguiente: 36.741 personas habían pedido la doble asesoría y 12.945 habían pedido el cambio de régimen, pero cera de la mitad (6.003) no han sido recibidas por Colpensiones y quedaron en 'stand by'.¿Qué es lo que pasa? Según los informes de gestión del Comité de Transición Operativa de la reforma pensional y dos fuentes distintas consultadas por Blu Radio, Colpensiones tiene dudas sobre el artículo 76 y cree que el traslado no aplicaría para quien ya cumplió la edad de pensión. Hoy se está "a la espera de la expedición de la reglamentación, frente a la interpretación del artículo".Fuentes de Blu Radio aseguran que desde septiembre tanto las solicitudes de traslado como el número de personas en la 'cola' para entrar a Colpensiones, siguió creciendo.Uno de los argumentos del Gobierno para defender la ventana de traslado fue que muchas personas estaban logrando ese traslado con demandas contra las AFP y Colpensiones. En efecto hay de todas las personas que pidieron doble asesoría al menos 7.000 tienen demandada su afiliación al sistema de pensiones.¿Por qué se quieren ir a Colpensiones?Muchas de las personas que demandan su afiliación lo hacen porque se dan cuenta que en el sistema de ahorro individual su pensión habría sido más baja que en el régimen de prima media. Esto se debe a que en las condiciones que existían antes de la reforma estas personas recibían un subsidio implícito del Gobierno. Entre más alta es esa pensión más grande también es el subsidio porque las cotizaciones no alcanzan a cubrir el valor de la mesada que otorga el régimen de prima media.Este grupo de más de 6.000 colombianos tocando la puerta de Colpensiones podría ser uno de los últimos que reciba esos subsidios, además de las personas que quedaron en el régimen de transición de la Ley 100.Quienes quedan bajo el nuevo sistema ahora tendrán el límite de los 2.3 salarios mínimos para una pensión estatal. Cualquiera en Colombia que quiera una pensión por encima de ese valor tendrá que complementarla y financiarla con su ahorro individual.
Prosperidad Social, al mando de Gustavo Bolívar, tiene por delante un 2025 complejo, ya que enfrenta el reto de cumplir la promesa del presidente Gustavo Petro de un nuevo subsidio para millones de personas mayores, como resultado de la reforma pensional, pero con un presupuesto que se reducirá a la mitad en comparación con el de este año."Los recursos del Pilar Solidario, a la fecha, no tienen un proyecto de inversión identificado, por lo que Prosperidad Social deberá priorizar los recursos asignados en dicha vigencia", dijo el Ministerio de Hacienda a Blu Radio en respuesta a un derecho de petición.El DPS cuenta con 2 billones de pesos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional (que proviene de los aportes de los afiliados que ganan más de 5.2 millones de pesos) para hacer los pagos de la Renta Básica Solidaria entre julio y diciembre, así como de Colombia Mayor. Lo que no se pueda financiar por esa vía se deberá cubrir con su presupuesto.El gran problema es que, mientras para 2024 el DPS tuvo un presupuesto de inversión total de 10.5 billones de pesos, para el próximo año su presupuesto de inversión pasará a 5.3 billones, lo que representa una caída de más del 50%. Los recursos del Fondo de Solidaridad forman parte de los ingresos de la nación incluidos en el presupuesto de 2025.Priorizar el presupuesto implica que el DPS podría tener que tomar decisiones sobre si recortar otros programas o no. La entidad también podría evaluar con el gobierno la posibilidad de obtener mayores recursos, pero la situación fiscal del país es compleja.El presupuesto de 2025 será firmado por decreto porque el Congreso no lo aprobó, y el gobierno espera que el Congreso apruebe una ley de financiamiento por 12 billones de pesos.Blu Radio contactó al DPS para obtener comentarios, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta sobre los planes para priorizar sus recursos.¿Qué se prometió en la reforma pensional?Durante la campaña, el presidente Gustavo Petro habló de un subsidio de 500 mil pesos para tres millones de personas mayores. Sin embargo, meses después reconoció que el cálculo se "despiporró", y finalmente el Congreso aprobó un subsidio de 223 mil pesos al mes como parte del Pilar Solidario.Hoy, el DPS ya entrega 225.000 pesos a los mayores de 80 años que no tienen pensión y se encuentran en condiciones de pobreza mediante el programa Colombia Mayor. Sin embargo, la promesa de la reforma pensional es que, a partir del primero de julio de 2025, se deberá pagar la Renta Básica Solidaria a los hombres mayores de 65 años y a las mujeres mayores de 60 que cumplan con los requisitos.Los requisitos para acceder al programa incluyen: ser ciudadano colombiano; tener al menos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años en el de las mujeres, o ser hombre mayor de 55 años con discapacidad o mujer mayor de 50 años con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; pertenecer a los grupos de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad; y acreditar residencia en el territorio colombiano en los últimos 10 años.
El Gobierno nacional exigirá un capital mínimo de 20.217 millones de pesos a las entidades financieras que quieran administrar una parte de los ahorros para pensión de los colombianos que más ganan. Esto cuando entre a regir la nueva reforma en julio del 2025.Según la reforma pensional, las personas que ganan más de 3'000.000 de pesos en la actualidad deben enviar una parte de sus ahorros a una ACCAI.Las ACCAI no solo serán fondos privados de pensiones, también se pueden postular sociedades fiduciarias, compañías de seguros de vida, comisionistas de bolsa, entre otras.Sin embargo, para que esas entidades puedan recibir esos ahorros necesitan un permiso especial y para obtener ese permiso deben poner sobre la mesa 20.217 millones de pesos en capital. Según el borrador de decreto del Ministerio se Hacienda, pueden usar el capital que ya tienen o poner más sobre la mesa.Además, deben tener en cuenta que en su junta directiva debe haber espacio para dos representantes de los afiliados. Esos representantes no van a ser seleccionados por derecha, sino que tiene que haber elecciones y una convocatoria a una asamblea de afiliados para que se decida quiénes van a ser esas personas. Lo único que se les va a pedir a los representantes de los afiliados es que tengan al menos dos años de experiencia en asuntos relacionados con las finanzas y no tengan relaciones con la entidades financieras.Con esta medida, el mercado de las pensiones privadas pasaría de cuatro empresas en la actualidad, a casi 63 que pueden cumplir los requisitos de capital, según los cálculos del Gobierno.
La veedora del partido Conservador Colombiano, María Eugenia Correa, emitió una dura sanción contra los representantes a la Cámara Jorge Alexander Quevedo, Gerardo Yepes Caro, Alfredo Ape Cuello, Ruth Amelia Caycedo, Daniel Restrepo, Ciro Rodríguez y Fernando Niño, por cuenta de su respaldo a la reforma pensional durante el debate en la plenaria de la corporación.Los congresistas se enfrentan a una suspensión de voz y voto en el Congreso de la República y al interior de la colectividad por el término de 90 días, prorrogables por otros 90 más; ya que al haber revisado las gacetas correspondientes a la votación de la reforma en la plenaria de Cámara, los congresistas sancionados habrían respaldado la proposición de acoger el texto tal y como llegó del Senado y votado a favor del título y la pregunta del proyecto de ley, lo cual, a consideración de la veeduría, constituyó una posible infracción a las normas éticas del Congreso.La veeduría también hace referencia a un supuesto “acuerdo de bancadas” que habría sido presentado por los congresistas como justificación para su voto favorable. Sin embargo, al indagar sobre este documento, la veeduría solicitó una certificación al secretario general del Partido, Adolfo Pineda, para verificar si dicho acuerdo había sido oficializado por la bancada. En respuesta, el secretario Pineda desmintió la existencia de dicho acuerdo, aclarando que el documento en cuestión no correspondía a un acuerdo oficial, sino a una convocatoria que nunca fue formalizada ni llevada a cabo.En cuanto al proceso de defensa de los investigados, la veeduría informó que, aunque se les citó a una diligencia para ejercer su derecho a la defensa, estos no se presentaron. Posteriormente, solicitaron el aplazamiento de la diligencia, lo que llevó a la veeduría a programar una nueva cita para garantizar el debido proceso. Además, se citará al vocero de la bancada, Nicolás Barguil, para que rinda testimonio bajo juramento, en respuesta a una solicitud de los propios investigados.En virtud de los hallazgos y los fundamentos probatorios que permiten inferir la posible comisión de una falta disciplinaria, la veeduría decidió aplicar el artículo 85 del código de ética del partido Conservador, que establece la suspensión temporal de los militantes involucrados en faltas disciplinarias. Dicha suspensión, de acuerdo con el artículo, puede extenderse hasta por 180 días, en caso de que los elementos probatorios lo justifiquen.
La reforma pensional, que ha sido uno de los logros del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de su compleja relación con el Congreso, ahora enfrenta otro proceso que podría impedir su puesta en marcha.La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la totalidad de Ley 2381 de 2024 que da respaldo legal a esa reforma, es decir, que se tumbe esa ley, argumentando que la Cámara de Representes no cumplió el debido proceso y evadió el debate, pues adoptó, sin deliberación, el mismo texto que había pasado por el Senado.Y es que lo ocurrido el pasado 21 de junio, cuando la Cámara, en el límite, respaldó el proyecto sin revisarlo o hacer cambio alguno, ha sido el motivo de discusiones entre expertos y voces de la oposición que ya habían criticado también los cambios que implicará la Ley que el presidente sancionó un mes después de ese polémico momento.Por eso, la Procuraduría le está advirtiendo al alto tribunal que fue una aprobación apresurada al acoger el mismo texto, pese a que se habían planteado más de 60 modificaciones y más de 500 propuestas por parte de distintas bancadas.Insisten, en que fue la mesa directiva de ese momento, liderada por el representante Andrés Calle, la que definió que la votación fuera en bloque y no artículo por artículo, lo cual “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.Todo eso se sumó a la falta de plazos razonables para revisar los posibles cambios y disposiciones, así como para que los voceros de cada partido político, en especial la oposición, intervinieran en un proyecto que afectaría los derechos fundamentales.En el oficio que la Procuraduría envió a la Corte Constitucional, el órgano de control aseguró que hubo un vicio de trámite que en otros casos el alto tribunal ya ha declarado como insubsanable.“En la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes”, concluyó la Procuraduría.
Colpensiones está contratando expertos en en blockhain y en biología computacional para involucrar esos conocimientos en la implementación de la reforma pensional que entrará a operar por completo en el segundo semestre del 2025.Mauricio Tovar, uno de los asesores, recibirá 180 millones pesos en honorarios por una consultoría que dura menos de 6 meses.Tovar es reconocido en el mundo de la tecnología y particularmente en temas como BlockChain y criptomonedas. Ha tenido varias TedTalks sobre el tema y también ha sido conferencias en eventos organizados por el MinTic. Tovar es CEO de Tru3Web una firma que asesora a compañías en la implementación de tecnologías asociadas a blockchain.El trabajo de Tovar es decirle a Colpensiones en qué debería invertir para que sus sistemas tecnológicos le den la talla al nuevo esquema de pensiones.No es la única tecnología innovadora en la que está pensando Colpensiones. La entidad también apuntó a la biología computacional y firmó un acuerdo marco con Bios.Bios es un centro de innovación en ciencia y tecnología creado con recursos del Gobierno nacional pero también aportes de Microsoft, HP y la participación de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional. Aunque Bios aún no ha recibido recursos el convenio es el primer paso para que Colpensiones pueda asignarle presupuestos sin necesidad de llevar a cabo una licitación (ya que serían contrataciones directas).Lo que no aparecen por ahora en el panorama son contrataciones directamente relacionadas con la ampliación de las capacidades en tecnología o atención al cliente de Colpensiones.Hasta ahora lo que está haciendo la entidad es cotizar el costo de un nuevo almacenamiento de datos para construir una posible licitación.El almacenamiento de datos será uno de los puntos operativos críticos de la reforma pensional ya que Colpensiones será la cara del sistema y tendrá que atender a unos 24 millones de afiliados (lo que duplica y más el número actual).La cotización incluye la posibilidad de que el almacenamiento pueda crecer o encogerse, según las necesidades del sistema.Por ahora, Colpensiones está conectada a un sistema de información junto a las administradoras privadas de pensiones lo que le ha permitido intercambiar información sobre sobre afiliados, sus saldos y sus historias laborales en los últimos años.
Para 2060, Colombia enfrentará un desafío poblacional significativo, pues un estudio estima que el 20 % de sus habitantes tendrá más de 60 años, es decir, unos 18,6 millones colombianos superarán la mencionada edad.Según Emilio Carrasco, director del CIESS, entidad que desarrolló el estudio en compañía de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Corporación para el desarrollo de la Seguridad Social, (CODESS), el estudio busca ser una herramienta que guíe a los formuladores de políticas públicas."(El estudio) se presenta para convertirse en una herramienta valiosa para los formuladores de políticas públicas en Colombia, quienes deberán considerar en la estructuración del sistema las marcadas diferencias demográficas, económicas, entre otras, que existen en las diversas regiones del país", explicó Emilio Carrasco, Director Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.El documento, subraya, además, que el actual sistema de pensiones es insuficiente y debe transformarse en un modelo integral que asegure no solo la seguridad económica de los mayores, sino también el acceso a servicios básicos como salud, vivienda y cuidado especializado. Por lo anterior también plantea la necesidad de formar a personal capacitado en cuidado geriátrico, ya que actualmente unos 4 millones de colombianos trabajan en esta área en condiciones de informalidad.Dinero que debería ser destinado a la tercera edad en ColombiaCon esa proyección de envejecimiento en Colombia, el estudio también estima que Colombia deberá destinar cerca de 42,4 billones de pesos solo para cubrir las necesidades actuales de la población mayor, una cifra que "crecerá proporcionalmente al aumento de personas mayores en las próximas décadas".¿Qué tanta población en Colombia está pensionada?Este envejecimiento poblacional también evidencia, resalta el informe, la precariedad de los ingresos para este sector de los habitantes, pues actualmente solo el 29.5 % de los mayores de 60 años cuenta con una pensión. De ellos, agregan, un alto porcentaje se ve obligado a seguir trabajando por la falta de cobertura adecuada. Adultos mayores en la informalidad laboral en ColombiaEl estudio concluye señalando que un 77.8 % de los hombres y un 70.3 % de las mujeres mayores de 60 años ejercen sus labores en el sector informal, situación que agrava la vulnerabilidad económica y social de este grupo.
La reforma pensional, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, ha generado múltiples interrogantes entre los ciudadanos, especialmente en lo relacionado con la cantidad que recibirán los herederos de las pensiones. Uno de los cambios más relevantes de esta reforma está relacionado con la pensión de sobrevivientes, la cual es un derecho para los familiares del pensionado por vejez o invalidez que fallece.Teniendo en cuenta los nuevos ajustes aprobados por el Congreso, si una persona cotizante fallece antes de haber recibido su pensión o de haber tramitado una indemnización sustitutiva de vejez, los familiares podrán heredarla bajo ciertas condiciones.Para que esto sea posible, la persona fallecida debe haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres últimos años antes de su muerte. Si se cumplen estos requisitos, los herederos podrán acceder al 80% del valor que le habría correspondido al fallecido en su pensión.No obstante, para heredar la pensión de un familiar tras su fallecimiento, se deberá tener en cuenta este orden: los primeros en la lista son el cónyuge o pareja permanente, seguidos por los hijos, los padres que dependan económicamente del fallecido, y, finalmente, los hermanos con invalidez. Estos beneficiarios recibirán diferentes porcentajes de la pensión, según lo estipulado en la reforma.¿Cuánto recibirán de pensión los herederos?En caso de que la persona fallecida ya estaba pensionada, los familiares recibirán el 100% de la pensión que estaba disfrutando. No obstante si, por el contrario, el fallecido aún no estaba pensionado, pero era afiliado al sistema, la pensión de sobrevivientes se calculará a partir del 45% del ingreso base de liquidación.A ese porcentaje se le sumará un 2% por cada 50 semanas adicionales de cotización a partir de las primeras 500 semanas, sin que el valor total pueda exceder el 75% del ingreso base de liquidación.Además, la reforma establece que, en ningún caso, el monto de la pensión de sobrevivientes podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, garantizando así una protección mínima para los herederos.
La pensión por sobrevivencia es una prestación económica que Colpensiones otorga a los familiares de una persona afiliada que ha fallecido. Esta pensión tiene como objetivo garantizar la subsistencia de aquellos dependientes económicos del fallecido, brindándoles un apoyo financiero. Con la reforma pensional quedó estipulado todo un apartado para este punto. Además, Colpensiones explica qué pasará con su pensión en caso de que fallezca si no tiene pareja ni hijos. La entidad explica que los miembros del grupo familiar del beneficiario de la pensión tendrán derecho a solicitar la Pensión de Sobrevivientes, es el caso del conyugue siempre y cuando dicha(o) beneficiaria(o), a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En el caso de los hijos, recibirán la pensión los hijos(as) menores de 18 años; los(as) hijos(as) mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitadas(os) para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del(a) causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los(as) hijos(as) inválidos(as), mientras subsistan las condiciones de invalidez. ¿Qué pasa con mi pensión si no tengo ni pareja ni hijos? Según la reforma laboral y la explicación de Colpensiones, a falta de cónyuge e hijos, serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los padres del causante si dependían económicamente de este. Pero en caso de que tampoco tengan padres, los hermanos del pensionado fallecido podrá solicitar la pensión siempre y cuando tengan alguna invalidez y dependían de él económicamente o los hermanos(as) menores de edad que dependían económicamente del(a) pensionado(a) fallecida(o) hasta los 18 años.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, sigue este martes, 3 de diciembre. La Fiscalía pide que la exfuncionaria sea enviada a prisión mientras avanza el juicio en el que le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.Siga EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz aquí:¿Por qué acusan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD?Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía , cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
En medio de la fuerte polémica por la jugada que definió el empate (1-1) entre Atlético Nacional y Millonarios, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, y que tuvo como protagonista al delantero visitante Radamel Falcao García, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó una radical decisión.El ente, ante los duros señalamientos en contra del trabajo del juez central Carlos Betancurt, y del VAR Nicolás Gallo, reveló en la mañana del martes 3 de diciembre los audios de la conversación que ambos silbatos sostuvieron durante la revisión de la acción que marcó el rumbo del partido.La jugada polémicaFue a los 84' que una falta cometida por el defensa Felipe Aguirre derribó al veterano atacante, la cual fue sancionada como Betancur como penal. Sin embargo, la polémica se centró en un aparente fuera de lugar previo, justo cuando Falcao bajó el balón en el área y se prestaba para definir.De acuerdo con las grabaciones que dio a conocer la comisión, fue una acción que generó una serie de análisis adicionales, pero en la que se concluyó que no había fuera de lugar, por lo que se decretó el penalti que 'El Tigre' transformó en gol, para el empate final en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.Revisión del VAR"El VAR confirma la infracción e inicia de inmediato la revisión de la APP (acción de pelota parada)", fue lo primero que se aclaró en el video publicado, por parte de quién presenta a continuación la jugada.En el proceso se usó un trazado de líneas en triangulación para determinar si el atacante de Millonarios estaba o no adelantado.Una de las conclusiones, según el relato, es que el artillero azul se encuentra a la misma altura del penúltimo defensor de Nacional, es decir, William Tesillo.
Después de concretar el estado de alerta el pasado 15 de octubre del 2024, en la que el Gobierno le aseguró a los trabajadores de Migración Colombia y la Cancillería que llegarían a concertación para definir las condiciones de trabajo y reajustes salariales, la Organización Sindical de Empleados Migración Colombia, Osemco, y la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Relaciones Exteriores, citaron a los servidores de las entidades y al Ministerio del Interior a una mesa de concertación para poner en marcha la ruta de trámite para las peticiones. De acuerdo con las peticiones, la cita está pactada para este martes 3 de diciembre a las 6:00 p.m. sería definida como “la hora cero”.“Las bases expresan completo rechazo a la suerte de burla con la que los representantes del Gobierno del cambio han sostenido varias reuniones con los representantes de los empleados de la UAEMC y del MRE, sin que ese diálogo social haya surtido efectos tangibles que pongan límite a las precarias condiciones salariales de los trabajadores del Estado en Migración Colombia y la Cancillería, así como, una solución de fondo e inmediata a la sobrecarga de trabajo que se disiparía con la expedición del Decreto de ampliación de planta sobre el cual el Gobierno tiene una tardanza inexcusable de más de un año y finalmente la falta de determinación sobre los asuntos que rodean la crisis de gobernanza de la entidad”, aseguran los sindicatos.Los trabajadores que emiten la carta, aseguran que el estado de alerta emitido en el mes de octubre está dispuesto a convocar al Gobierno nacional para que asuma las responsabilidades y con prontitud las demandas expuestas por el sector. Asegura que es necesario que actores como Relaciones Exteriores, Dapre, MinHacienda y DAFP y Migración Colombia aclaren la realidad de la creación de la “bonificación de mejora salarial”, en la que se prometió un porcentaje de pago y periodicidad, aspecto que, según los sindicatos, no se ha cumplido.Concluyen que con las medidas que los sindicatos piensan tomar, se podrían presentar inconvenientes en los vuelos durante la temporada navideña e incluido para el año entrante si el Gobierno no es oportuno.
