Blu Radio conoció el caso de decenas de estudiantes que aspiraban a realizar sus prácticas en el Congreso de la República, quienes se vieron afectados luego de que el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) no cumpliera con la cobertura de riesgos laborales. Muchos de ellos no solo perdieron sus prácticas, sino también grandes sumas de dinero.La situación se originó en abril, cuando la Secretaría del Senado y el Cael abrieron una convocatoria para prácticas laborales, pasantías y judicaturas en el Congreso. Más de 450 estudiantes se postularon, y 115 fueron seleccionados. Estos recibieron inducción, capacitaciones y recorridos en el Capitolio, con la promesa de que las prácticas serían "ad honorem" (sin remuneración), y que el Cael gestionaría y asumiría el seguro de ARL (Administradora de Riesgos Laborales) para todos los estudiantes.Pasaron los días y, aunque se entregaron carnés a los seleccionados, la fecha de inicio fijada para el 1 de agosto de 2024 no se cumplió. Los estudiantes recibieron escasa comunicación por parte del Cael, y finalmente se les informó que el retraso se debía a la implementación de la Ley 2366 de 2024, que otorgaba al Cael el carácter de ente público adscrito a la rama legislativa. Este cambio en las directivas del Cael modificó las condiciones de vinculación de los estudiantes, lo que incluyó la evasión del compromiso de asumir la ARL, aduciendo que no contaban con los recursos del Ministerio de Hacienda. En cambio, se indicó que las universidades debían cubrir el costo del seguro.El problema se agravó cuando muchas universidades se negaron a asumir la ARL, alegando que era responsabilidad del Cael. Esto dejó a los estudiantes sin prácticas y con importantes pérdidas económicas, especialmente aquellos que habían viajado desde otras regiones del país para realizar las prácticas en Bogotá, incurriendo en gastos de arriendo, manutención y otros.Blu Radio conoció el relato de Luisa Lozano: “Yo renuncié a mi trabajo solo por hacer prácticas con el CAEL y ellos me dijeron que no se podía hacer nada. De hecho, aún tengo el audio donde mencionan que lamentan todo lo que pasó, pero que tengo la oportunidad de presentarme el otro semestre”.Luisa señala que, luego de una larga búsqueda, logró conseguir prácticas en otro lugar, ya que, de lo contrario, a raíz de lo ocurrido con el CAEL, se habría quedado sin este requisito de grado.Así también fue el caso de otra joven que prefirió mantener su nombre en el anonimato: “La afectación realmente ha sido muy grande en el tema académico porque no pude iniciar a la par con todos mis demás compañeros de la universidad. Fue un mes y medio en el que no pude iniciar mi proceso de práctica; eso quiere decir que se atrasa el tema académico, y había proyectado graduarme hasta diciembre. La afectación económica también fue grande; fue un mes y medio en el que tuve que pagar arriendo, alimentación, servicios, y al venirme de una región hasta Bogotá, el tema económico es muy evidente”.Además, añadió que “por ese retraso estuve un mes sin hacer nada y dos meses en donde nos tuvieron a la expectativa de cuándo íbamos a iniciar. Incluso nos dieron explicaciones donde nos aseguraban que sí se iba a dar el inicio de prácticas y que nos darían una solución inmediata”.Por su parte, el argumento que da el CAEL es que, según ellos, se puede llegar a un acuerdo entre las partes con el tema de la ARL, es decir, con la universidad, para que esta se haga cargo. Sin embargo, varios estudiantes afirman que fue contrario a todo lo que les habían dicho inicialmente.Blu Radio intentó comunicarse con las directivas del CAEL, pero se obtuvo respuesta.
El excongresista del partido Conservador, Alirio Villamizar Afanador, fue llamó a juicio por la Corte Suprema de Justicia tras ser acusado por los delitos de lavado de activos y peculado. Según la investigación, el dirigente político del departamento de Santander habría presuntamente presionado contratos a través de una empresa que prestaba servicios adicionales en la sede del antiguo Instituto de Seguro Social de Bucaramanga.La decisión la adoptó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al hallar méritos para considerar que presuntamente el excongresista Villamizar Afanador estuvo “interesado” en la contratación del Seguro Social en Santander.Los magistrados de la alta corte tienen testimonios de seis personas que cobraron millonarios contratos a través de la Unión Temporal Servir, que prestaba servicios al Seguro Social en Santander, sin ir a trabajar. Es decir, eran cuotas del exsenador Alirio Villamizar. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008.En este expediente, la acusación de lavado de activos contra Alirio Villamizar se habría configurado al tener material probatorio que permite acreditar que el dinero de esos seis empleados fue usado en la compra de inmuebles que realizó el excongresista.“Esos títulos valores terminaban en manos de un arquitecto y sus empleados, a quienes se les pagaba la mano de obra de una casa que estaba construyendo el senador en Bucaramanga”, explicó la Corte Suprema en medio del proceso judicial contra el exsenador.El expediente contra el excongresista ahora pasa a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que determinará se condena o no al político santandereano que ya había sido judicializado por corrupción en medio del escándalo de las notarías.
El nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, habló sobre los desafíos que tendrá al frente de la cartera, en momentos en que se discute la reforma a la salud.El cirujano y exsecretario de Salud en la alcaldía de Petro afirmó que la mayoría del proyecto, propuesto por el Gobierno ante el Congreso, está consensuado. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de considerar otras alternativas que surjan durante las discusiones.Jaramillo mencionó que es importante debatir, conciliar y buscar alternativas en el Congreso. Agregó que continuarán trabajando con un propósito claro que es la salud de los colombianos, con relación a la reforma y lo propuesto por el Gobierno.“Uno muy bien sabe que en el Congreso hay que debatir, conciliar y buscar alternativas. Lo único con lo que vamos a continuar con un propósito claro que es la salud de los colombianos”, dijo sobre la reforma.En relación con quienes dicen que la reforma busca acabar con las EPS, Jaramillo señaló que no se puede ir a los extremos y decir que todo lo público es malo y que lo privado es bueno. Dijo que al Seguro Social, que operó antes de 1993, cuando entró en vigencia la Ley 100, se le ha juzgado mal.“Aquí se ha juzgado mal al seguro social. Yo defiendo al Seguro Social. Cuando no aceptamos que (César) Gaviria que acabara con el Seguro Social, lo marchitaron, no le dejaron reclutar ningún nuevo paciente, no dejaron ni siquiera que ningún régimen subsidiado entrara al seguro social”, señaló.Señaló que al Seguro Social no le dejaron reclutar nuevos pacientes, ni siquiera a los que tenían régimen subsidiado. Jaramillo aseguró que en ese entonces al seguro social se le dejó la carga de todas las enfermedades crónicas, hasta que lo atiborró y lo borró del mapa.Aunque Jaramillo no pidió que se vuelva al anterior modelo de salid, defendió regímenes eminentemente públicos, como los de Suecia y Canadá, funcionan perfectamente.“Yo no estoy pidiendo que volvamos al seguro social (…), pero yo viví y trabajé 7 años y medio en un régimen eminentemente público en Suecia y funciona perfectamente bien, el sistema en Canadá es absolutamente público y funciona bien”, argumentó.Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, en medio del revolcón de su gabinete y del trámite en el que se encuentra en el Congreso la reforma a la salud.¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo?Jaramillo, quien llega a esta cartera, es graduado como médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario. Además, estudió cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Welfare (Suecia) y cirugía cardiopediátrica en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).También ha tenido experiencia en la política, siendo representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.Escuche aquí la entrevista:
