Según la investigación, la directora de la AUNAP será investigada por presuntas irregularidades que comprometen un monto de $15.000 millones, destinados a mejorar la productividad de las comunidades pesqueras del país.El convenio en cuestión fue diseñado con el objetivo de beneficiar a las comunidades pesqueras, pero, según los resultados, los procedimientos realizados no solo carecían de transparencia, sino que además incumplieron los estándares legales y administrativos requeridos. Uno de los puntos es que los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin la debida licitación, lo que contraviene las normativas sobre la contratación pública.La denuncia que dio origen a la polémica , surgió a partir de alertas en medios de comunicación, que expusieron presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, incluso al momento de firmar el convenio, la entidad no tenía claridad sobre quiénes serían los beneficiarios de los recursos.Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, señaló que la falta de control en la entrega de los recursos y la ausencia de licitación formal son elementos clave dentro de este proceso. En declaraciones recientes, Idarraga expresó que la Secretaría no tolerará ninguna irregularidad y que, dado el monto involucrado, es fundamental que las autoridades correspondientes actúen con rapidez.Como parte de las medidas que se están tomando, la Secretaría de Transparencia ha puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investigue a fondo el posible desvío de recursos. Además, se ha pedido a la Contraloría General de la República que verifique si existió pérdida de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, con el fin de garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera adecuada.
El Departamento Administrativo de Presidencia informó que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, recibió amenazas de muerte en su casa a través de una corona fúnebre.La amenaza fue rechazada por el Gobierno nacional que destacó que estas amenazas “no detendrán la misión de descubrir y exponer actos de corrupción que están alejados de este Gobierno".Desde la Presidencia están llamando a la ciudadanía a apoyar esta investigación, suministrando información a las autoridades que les permitan dar con los responsables de estas amenazas.Estos hechos se dan después de que la Secretaría de Transparencia llamara a las demás entidades del estado a presentar los casos de corrupción que se hallan reportado en los últimos 6 años.El nombre de Andrés Idárraga estuvo en la lupa pública al haber sido mencionado por Olmedo López, quien afirmó que el secretario actuó como facilitador de reuniones, sin embargo, el funcionario aclaró que su única función fue ayudar a conectar a los alcaldes y gobernadores con la antigua cabeza de la Unidad de Gestión del Riesgo.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia puso en conocimiento de la Fiscalía conductas que involucran al viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, así como a otros servidores y contratistas del Ministerio de las TIC, para que se adelanten las indagaciones pertinentes.La oficina a cargo de Andrés Idárraga también solicitó a la Procuraduría investigar hechos relacionados con una denuncia que señala una presunta contratación irregular por 5.000 millones de pesos en el Ministerio de las TIC, vinculada a estudios de conectividad encargados al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel). Según la denuncia, estos estudios habrían sido innecesarios, ya que habían sido donados previamente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.El encargado de aprobar los estudios que Cintel debía entregar al Ministerio de las TIC sería un asesor del viceministro de Conectividad, quien podría tener un conflicto de interés, dado que habría estado vinculado a la empresa que recibió el millonario contrato.En un documento de 19 páginas, la Secretaría de Transparencia expuso los indicios encontrados, entre ellos la presunta ocultación de la participación de José Manuel Acosta.“No se comprende el motivo por el cual el viceministro, presuntamente, quiso ocultar la participación del señor José Manuel Acosta (asesor y gerente a cargo del proyecto) en las reuniones, lo que podría ser indicio de una presunta irregularidad en torno a ello”, dice el documento.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien se vio involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, pero tras una conversación con el presidente Gustavo Petro se quedó en su cargo, se refirió a las delaciones del exdirector de la Unidad que salpican a funcionarios del Gobierno del presidente Petro.El funcionario pidió mayor celeridad a la Fiscalía e invitó a López a mostrar las pruebas de sus acusaciones. “Lo que queremos es que destape todas sus cartas y no dé a pocos porque sentimos que no hay una respuesta frente a la denuncia que pudimos contra él. Si tienes pruebas contra un funcionario público, que las ponga sobre la mesa (…) lo que queremos es que los cuente todos y de una vez, que avance más la justicia y cese el show”, dijo Idárraga.En medio del escándalo de corrupción que rodea al Gobierno, la Secretaría de Transparencia y el Dapre trabajan en presentar un decreto para la estrategia de lucha contra este tipo de casos. El secretario anunció que también buscan proponer al Congreso medidas para ajustar contratación pública y logra que sea “más transparente”.Cabe mencionar que Andrés Idárraga fue uno de los señalados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El presidente Gustavo Petro le solicitó su carta de renuncia a él y a la consejera para las regiones en ese momento, Sandra Ortiz; sin embargo, aunque Ortiz sí salió de su cargo, Idárraga se mantuvo.
En medio del escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tras las revelaciones realizadas por Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, aparecen nombres de dos alcaldes y varios contratistas de Santander.Sneyder Pinilla Álvarez fue alcalde de Sabana de Torres, entre 2026 y 2019. Después trabajó como asesor en la Alcaldía de Girón, la Gobernación de Santander y el Invías, en temas de infraestructura, ya que es ingeniero civil.El congresista santandereno, Fabián Diaz, denunció que, desde la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, habría logrado que un millonario contrato fuera adjudicado para obras de mitigación en Sabana de Torres, donde fue alcalde, en plena época electoral en 2023.Pinilla Álvarez logró ser alcalde de Sabana de Torres con el apoyo del partido conservado y el Clan Aguilar, según fotografías de la época que circulan en redes sociales.“Si Sneyder Pinilla, exsubdirector Ungrd, pretende obtener un principio de oportunidad, debe delatar a sus patrones, no a unos simples firmones”, afirmó el senador Fabían Díaz. Veedores y sectores políticos de Santander han señalado que el actual alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, salió electo con el apoyó del cuestionado exalcalde y exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.El mandatario aparece en una lista de invitados a una reunión que, al parecer privado, que organizó Pinilla en Barranquilla, con unas 70 personas donde había varios alcaldes del país.Darío Buchenicow Caballero, también sostuvo una reunión en un restaurante, en ese entonces, con el director de la UNGRd, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Fabián Oviedo, excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, y otras dos personas.Sneyder Pinilla aparece en varias fotografías en fiestas y de tipo social con el alcalde de Sabana de Torres.“Aquí en Sabana de Torres se habla de que el alcalde recibió el apoyo directo del exalcalde Sneyder Pinilla, quien estuvo todo el fin de semana de elecciones en el municipio”, dijo un dirigente comunal de Sabana de Torres.Blu Radio buscó al alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, a través de uno de sus asesores para preguntarle sobre su cercanía y nexos con Sneyder Pinilla, pero hasta el momento no han dado respuesta a los interrogantes.El otro alcalde que aparece es el de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez, quien fue referenciado en un cruce de mensajes por Whatsapp entre el exdirector de la Ungrd, Olmedo López y el exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga.La defensa de Olmedo López entregó otras conversaciones de Whatsapp en donde este aparece pidiéndole que atienda al alcalde de Barrancabermeja (Jhonatan Vásquez) en la entidad, siendo esto un posible delito por tráfico de influencias.“La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Desde recepción han llamado 1.000 veces hace 40 minutos”, dice un mensaje de Idárraga a López.Veedores cuestionan el proceder de Andrés Idárraga, al llevar a varios alcaldes a la Ungrd para que hablaran con Olmedo López, cuando esa no era su misión desde la Oficina de Transparencia.Cuestionan contratos con empresas de Santander para atender emergencias en CórdobaDos millonarios contratos entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, cuando eran altos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a empresarios de Santander están siendo investigados tras ser cuestionados en el proceso de adjudicación.El primer es el contrato por más de $129.000 millones para contener las inundaciones en la región de La Mojana, en el sector de ‘caregato’. El ganador fue el consorcio RGC conformado por las empresas de Santander, Petrobalin, Valco Holding, EBM Construcciones e Interventorías y Contrusego.“Son empresas muy cercanas a cuestionados políticos de Santander y al Clan Aguilar”, dijo un veedor ciudadanoSobre este contrato el director actual de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló que “se le seguirá pagando al Consorcio RCG en la medida que la interventoría lo permita, para la ejecución de obras complementarias, que deben completar la interventoría para noviembre de 2024 dentro del presupuesto asignado previamente. La UNGRD ha destinado, hasta el momento, casi $26 mil millones para la zona”, dijo el funcionario.El segundo contrato cuestionado para Córdoba fue a la empresa santandereana Maquisabana Rentall S.A.S, registrada en Cámara de Comercio de Barrancabermeja y que tiene como domicilio el municipio de Sabana de Torres, la misma localidad de la que fue alcalde el exdirector de UNGRD, Sneyder Pinilla.Según reposa en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la empresa Maquisabana Rentall SAS, no estaría habilitada para prestar el servicio de transporte de carga.El contrato de alquiler de carrotanques fue por $6.500 millones y por un período de tres meses para abastecer a las poblaciones con problemas de agua, debido a la intensa sequía en el departamento de Córdoba.Dice el documento de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja que “la persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga”.Presidente Petro anticipa que más funcionarios saldrán por polémica de carrotanquesLo anterior, según líderes sociales de Sabana de Torres, pone en duda si la empresa podía prestar este servicio y, más allá de esto, si detrás de la contratación estaría el exalcalde y exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, pues la empresa Maquisabana Rentall SAS tiene como domicilio principal una dirección de ese municipio, como fecha de matrícula aparece el 23 de mayo de 2023 y la última renovación fue el 9 de febrero de 2024.“Lo que pasa en Sabana de Torres hay que enlazarlo con el tema de contratistas, de empresas ficticias, los recursos que se están utilizando, los recursos que se están invirtiendo porque la plata que dicen que hubo en Sabana de Torres por $12.000 millones de pesos donde están. Sabana de Torres requiere un Jarillón en el río Lebrija y arreglo de vías y eso en donde está que las obras no se ven”, denunció el líder social y exconcejal de Sabana de Torres, Pablo Avendaño.Al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le han cuestionado el nombramiento de Ana María Martínez, exesposa de Sneyder Pinilla, como gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja. El exdiputado de Santander, Ferley Sierra, pidió su renunciaTras los cuestionamientos a la gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, el gobernador de Santander la respaldo."Toda mi solidaridad con la doctora Ana María, quien tiene todos los méritos profesionales para el cargo que hoy ostenta. No podemos permitir que políticos machistas sigan invisibilizando a las mujeres", dijo.“Mi nombre es Ana María Martínez Galvis soy administradora financiera especialista en gerencia financiera y gerencia de proyectos, actualmente soy la gerente del Hospital Regional de Magdalena Medio de Barrancabermeja, yo quiero alzar la voz como mujer, como madre y como profesional que soy ante los múltiples señalamientos y juzgamientos que se me vienen haciendo en redes sociales y quiero decirles a las mujeres se les debe catalogar por su profesionalismo, por su idoneidad y si estoy en ese hospital no es por cuotas políticas ni por nadie”, dijo Martínez.
El lío de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira no termina.Este 29 de febrero, el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, radicó una denuncia penal contra el director de la UNGRD, Olmedo López, sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los 40 carrotanques.El secretario dice que, para ellos, es claro que hay una red de contratistas que pudieron haber concertado ese contrato por más de 46.000 millones de pesos.El funcionario también procedió a hacer una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría y la Contraloría; agregó que el objetivo es que se aclare lo que ocurrió con la compra de estos vehículos que comenzaron cómo una iniciativa para llevar agua al departamento, pero terminaron en una polémica por presuntos sobrecostos y retrasos para que entraran en operación.Esto ocurre luego de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ratificará que Olmedo López continuaría en frente de la entidad, a pesar de los rumores sobre su salida.Le puede interesar:
La Fiscalía desmintió al secretario de Transparencia de Presidencia frente a la denuncia presentada sobre presuntas irregularidades y omisiones en el manejo del caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por presunto saqueo que dio a conocer el pasado jueves 1 de febrero durante una entrevista que dio en RTVC. Asegura el ente que son “infundados” los señalamientos entregados por Andrés Idárraga frente a las demoras que enfrenta el proceso desde septiembre de 2022 y a la no ejecución de dos órdenes de captura que vencerán el próximo 24 de febrero, pues, según explican, las demoras se ajustan al trámite procesal porque no pueden actuar por “decisiones caprichosas”. Apunta el ente, a través de un comunicado publicado este 5 de febrero, que las investigaciones por presunta desviación de recursos de la Universidad y del Hospital Metropolitano están activos y avanzando en manos de un fiscal especializado de Administración Pública de la Delegada para la Seguridad Territorial de la Seccional Atlántico, para lo que se reportan avances como que el próximo 4 de abril habría audiencia preparatoria de juicio oral contra dos procesados y que ya fueron imputados cargos contra Jorge Luis Hernández Cassis. "En contra de Carlos Jorge Jaller Raad, exrector de la Universidad de Barranquilla, e Ivonne Acosta Acero, hay órdenes de captura vigentes, las cuales fueron prorrogadas por petición de la Fiscalía el 27 de febrero de 2023. La pareja tendría nacionalidad estadounidense y no ha comparecido a los llamados de la justicia. En ese sentido, se radicó solicitud de audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Las diligencias se realizarán el 15 de febrero", indicó el ente en el comunicado. Es de recordar que Idárraga cuestionó al lentitud con la que presuntamente avanza esta investigación que comprometería a unos $16.500 millones, entre esos, $8.000 millones que pertenecerían al Adres.
Al parecer, el proceso de investigación que adelanta la Fiscalía sobre la presunta desviación de recursos de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y del hospital adjunto a esta, se encuentra engavetado y sin avances desde septiembre de 2022, al punto que hay dos órdenes de captura a punto de vencerse el próximo 24 de febrero, sin que al respecto se haya producido alguna diligencia. La situación fue alertada por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Presidencia, quien indicó que, de acuerdo con la investigación que realizaron, fueron "desaparecidas de las arcas de la universidad (Unimetro)" unos $8.500 millones, sumado a que del hospital también habrían sido retirados unos $8.000 millones que correspondían a recursos de Adres, por lo que pidió a la entidad que adelante el trámite para convertirse en víctima procesal de este caso. Al frente de estas actuaciones, habrían estado presuntamente vinculados Jorge Raller Raad, Dorina Tapia, Manuel Raad, Jorge Luis Hernández, Javier Cuartas Jaller, Carlos Jorge Jaller Raad, Ivonne Acosta de Jaller, entre otros. Sin embargo, en medio de una entrevista que Idárraga dio a RTVC no especificó contra quienes está a punto de vencerse dicha orden, pero sí señaló que estas personas se encuentran en Estados Unidos desde hace varios años, para lo que pidió que se activaran todas las herramientas internacionales al respecto. "Es una orden de captura contra dos personas ligadas estrechamente a la pérdida de recursos de Adres y de la universidad que se encuentran libres y gozando de los privilegios propios del estatus con el que se fueron huyendo de la justicia. Le pedí a la justicia que activen todas las herramientas internacionales para no permitir que estas personas se pierdan. En ese mismo sentido, pido que hagan uso de todas las herramientas que tengan la Dijín para capturarlos y evitar que se llegue a volver a vencer", explicó el funcionario. Aunque no mencionó nombres, posiblemente se refiere a la orden de captura que el 25 de febrero de 2022 fue expedida contra Carlos Jaller Raad e Ivonne Acosta, quienes estarían desde esta época prófugos de la justicia, tras haber ingresado a Estados Unidos. De acuerdo con Idárraga, una de las actuaciones que encontró en medio de su investigación da cuenta de un millonario retiro por ventanilla de $1.800 millones de la cuenta del hospital que recibía giros del Adres, siendo que el recurso habría sido entregado a Jaller Raad, tras haber sido retirado del banco Serfinanza. "Estamos hablando de una denuncia de diciembre de 2021. Encontramos cheques donde aparece cómo el señor cuartas Jaller entrega al parecer a su tío, el señor Jaller Raad, tres cheques que fueron retirados por ventanilla de Serfinanza. Aunque no aparece en el proceso, estos recursos estaban en el banco BBVA, pero en vista de la dificultad para retirarlos en efectivo, los movieron a una cuenta en Serfinanza", manifestó. Otro de los puntos que cuestionó el secretario tiene que ver con el cambio de fiscal en el caso, el cual se produjo en septiembre de 2022, una noche antes a la imputación de cargos. "Lo cual, si bien es legal, nos parece sospechoso, pues producto de ese cambio, el caso no se mueve", indicó el funcionario, quien señaló al fiscal 16 seccional de Bogotá, Luis Andrés Pinilla, por la lentitud en este proceso.
En una carta enviada por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, pidió a la Procuraduría que investigue la presunta inhabilidad del candidato a la Contraloría de Santander, Reynaldo Mateus Beltrán.Según la carta, el candidato no podría aspirar al cargo por su vinculación como jefe de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant.“Le he solicitado respetuosamente a la señora procuradora regional de Santander, doctora Magda Liliana Buendía Chacón, estar alerta ante una presunta inhabilidad en cabeza del señor Reynaldo Mateus Beltrán, quien aspira a ser elegido contralor departamental de Santander. Lo anterior, fundamentalmente, por su vinculación como jefe de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P y la celebración de contratos de forma simultánea”, escribió el funcionario en la red social X.La petición, hecha por la Secretaría de Transparencia, llega después de que la Procuraduría diera luz verde a la Asamblea de Santander para que se avanzara en el proceso de elección de contralor departamental tras declarar infundadas las recusaciones interpuestas por los congresistas Cristian Avendaño y Fabián Díaz.“No resulta suficiente que en los escritos de recusación se indicara, de manera superficial, sin prueba alguna, que los diputados tenían interés a partir de la eventual contradicción de sus actuaciones con la vigilancia fiscal del candidato ternado en la elección de contralor departamental de Santander”, dice el auto de la Procuraduría del 20 de noviembre.Vea también:
De los 553 nombres revelados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que tendrían alguna inhabilidad para las elecciones regionales, un total de 101 están en el departamento de Antioquia. De ellos, 9 aspiran a alcaldías y los restantes a concejos municipales.A este total de aspirantes los enredan 152 procesos de contratación que, según los análisis de esa entidad, podrían generar un conflicto en caso de ser electos para esos cargos por parte de los ciudadanos.“La razón de ser de este tipo de inhabilidad está en la conveniencia pública y la transparencia para garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. Además de brindar condiciones de igualdad en la contienda electoral y evitar que los recursos públicos ingresen a las campañas político-electorales”, explicó el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.Por el momento en el que se reveló el listado, a menos de dos semanas de los comicios del 29 de octubre, muchos de los implicados en él han expresado su rechazo y asegurado que se trata de ataques que buscan desprestigiar sus campañas.Uno de ellos fue Julio Cesar Serna, candidato a la Alcaldía de Marinilla, quien en el listado figura con cuestionamientos en 7 contratos que ascienden a 433 millones de pesos: "Quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que nos han expresado su apoyo y solidaridad ante los ataques que estamos viviendo a diario. Tenemos conocimiento de que vienen más ataques, más mentiras y nosotros seguiremos trabajando con la tranquilidad y el amor de llevar las ideas que es lo que está pidiendo la gente", manifestó.En este mismo sentido, lo propio hizo Edgar Augusto Villegas, otro de los aspirantes a esa localidad del oriente de Antioquia con presuntas irregularidades en tres contratos por más de 75 millones de pesos."Se están inventando una supuesta inhabilidad para gobernar a Marinilla en los próximos cuatro años. Yo quiero llamar la atención de la opinión pública y rechazar que nuestros malquerientes hagan actos tendientes a llevar a equívocos páginas nacionales", se defendió Villegas.El listado entregado por la Secretaría ha generado revuelo incluso en otros sectores del mismo Gobierno nacional en medio de un episodio catalogado como de “fuego amigo”, pues el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró en el Congreso que esa dependencia no es el organismo idóneo para referenciar este tipo de situaciones, que sí deben quedar en manos de autoridades debidamente establecidas como el Consejo Nacional Electoral (CNE).Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
