Según la entidad esta práctica lesionó los intereses patrimoniales del Estado por sobrescostos en los servicios de salud a su cargo y por recibir pagos por servicios no prestados. De acuerdo con el fallo proferido por la Contraloría, "el médico Sebastián Ramírez Mendoza actuó con plena conciencia de que causaba un daño a los recursos parafiscales de la salud, al intervenir en la falsificación de historias clínicas y fallos de tutelas y, adicionalmente, aumentar indebidamente los costos de los servicios prestados por la IPS de la que era propietario, hechos sucedidos entre 2007 y 2010". Según la Contraloría, el daño patrimonial causado asciende a los 4 mil millones de pesos por tutelas inexistentes y servicios no prestados y más de 800 millones por sobrecostos en los servicios prestados.
